Expresar su preocupación por las irregularidades que atraviesa la causa en la que se investiga el homicidio del joven Sebastián Antonio “Nino” Largueri, que tramita ante el Juzgado de Instrucción Correccional y de Menores de la localidad Monte Caseros de la provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Eduardo Alegre.

Manifestar asimismo su solidaridad con el reclamo de sus familiares y amigos, que a ocho meses del hallazgo de su cuerpo sin vida en el Río Miriñay Chico, y habiendo testimonios que dan cuenta de la participación de agentes de la policía provincial en estos hechos, exigen el cambio de carátula de esta causa para que se reconozca y se investigue su desaparición forzada.

Señor presidente:

Sebastián Antonio “Nino” Largueri era un joven de 23 años que vivía en la localidad Monte Caseros de la provincia de Corrientes, en la que desapareció el pasado 14 de agosto de 2015 tras ser privado ilegalmente de su libertad por parte de policías de la Departamental de esta ciudad, siendo hallado el 30 de agosto del mismo año con su cuerpo flotando sin vida en un inhóspito paraje del kilómetro 506 del Río Miriñay Chico.

Según la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la provincia de Corrientes, Nino murió el 23 del mismo mes víctima de una “asfixia por sumersión”, hecho por el que éste es considerado uno de los casos más brutales de asesinatos denunciados a manos de las fuerzas represivas de la provincia.

Como destacan los familiares del joven, es imposible que Nino hubiera llegado por sus propios medios hasta ese paraje del Río Miriñay. “Al contrario, quienes lo llevaron deberían contar con una logística importante, un conocimiento avezado de lo inhóspito del lugar y por lo tanto apto para arrojar un cuerpo, para no descubrirlo fácilmente”, sostienen al mismo tiempo que denuncian que Sebastián, quien sufría una afección psiquiátrica y problemas de adicciones que nunca tuvieron la debida contención por parte del Estado, era víctima habitualmente de persecución policial, demoras e intimidaciones por el solo hecho de deambular por las calles con modalidades propias de su patología. Tanto es así que poco antes de un mes de los hechos que terminaron con su vida, el joven ya había sido aprehendido por agentes de la policía local, quienes lo amenazaron y le anticiparon que sería un “NN”.

Los datos aportados posteriormente por diversos testigos, que han permitido reconstruir buena parte de los hechos, indican también que bajo tormentos y torturas y sin orden judicial alguna un móvil de la mencionada policía detuvo a Sebastián en la noche del 14 de agosto de 2015, siendo trasladado a una seccional rural de esta fuerza lindera a la ciudad de Monte Caseros y conocida como “Campo Ávalos”, perteneciente al Ejército Argentino. Allí nuevamente fue sometido a golpes y torturas, siendo luego librado a su suerte, lastimado y confuso.

También de acuerdo a esos testimonios, se sabe que Sebastián lo vieron en esas condiciones puesteros y personal del Ejército, a quienes el joven confirmó que le pegó la policía, quedando este hecho registrado en los libros de guardia de esta fuerza, aunque sin que se reconociera su identidad. El día 15 de agosto fue nuevamente capturado por fuerzas de seguridad.

En un extenso documento, la familia de Sebastián, la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (CO.DE.JU.) y otras organizaciones sociales y políticas de la provincia denuncian por ello que existe una clara responsabilidad policial e institucional en la detención y la muerte del joven. Entre otras cosas, advierten sobre la historia de hostigamiento policial que sufría Largueri y manifiestan que la familia jamás fue comunicada sobre su detención. Recién cuando su hermana, Anahí Andrade, fue a realizar la denuncia por su desaparición ante la comisaría local, le mostraron unas zapatillas y le hicieron reconocer -sólo fotográficamente- el cuerpo de su hermano.

Como también se destaca en ese documento, el asesinato de Sebastián debe enmarcarse en la situación de violencia institucional, detenciones arbitrarias y apremios ilegales que sufren fundamentalmente los jóvenes de la provincia, con numerosos casos de gatillo fácil policial que permanecen impunes. Al respecto, los familiares de Sebastián destacan que, como ha sucedido ante otros casos similares, la causa abierta tras el hallazgo sin vida de su cuerpo estuvo plagada de irregularidades desde su inicio. Tal es así que, como subrayan, se desconoce hasta el momento en qué circunstancias la Prefectura Naval halló su cuerpoflotando en una zona del río que habitualmente no se rastrilla ni se patrulla, si fue una inspección de rutina o fueron alertados por alguien. Asimismo, se desconoce todavía qué avisos -si los hubo- realizó el Ejército sobre este joven que “deambulaba” en terreno militar sin ser identificado, ni si la justicia local tomó declaraciones al perfecto Adolfo Ramón Aranda, funcionario de la fuerza naval a cargo del destacamento Monte Caseros.

De igual manera, los familiares de Sebastián refieren haber pedido informes al Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Monte Caseros, José Rodríguez, a quien solicitaron –por nota- que provea las imágenes de las cámaras de seguridad disponibles en el centro de monitoreo de él dependiente, pedido que hasta la fecha carece de respuestas. Manifiestan asimismo que se desconoce si la justicia tiene en su poder material fílmico de relevancia para la investigación del asesinato, al tiempo que denuncian no haber encontrado ni la celeridad ni el acompañamiento judicial que la gravedad de estos hechos impone, como lo demuestra entre otras cosas la demora por parte del Juzgado de Instrucción, a cargo del Dr. Eduardo Alegre, para tomar declaración a los testigos de los hechos aportados por la familia.

Como si esto fuera poco, también advierten sobre la impunidad con la que se manejan los agentes de la Departamental de Monte Caseros a cargo del comisario Pedro Correa, la que ha quedado al descubierto en diversas oportunidades. Entre ellas, destacan que a las repudiables declaraciones de Correa, quien acusó públicamente a los familiares de abandono de Sebastián, se sumaron también en este marco las amenazas a quienes participan de las manifestaciones en reclamo de justicia. Como ejemplo, destacan particularmente los hechos que tuvieron lugar el pasado 11 de septiembre de 2015 frente a las oficinas de la fiscalía local, en momentos en que se realizaba la “Jornada contra la impunidad y por el esclarecimiento del asesinato de Sebastián Largueri”. Tal como registraron algunos medios periodísticos, una serie de vehículos particulares conducidos por conocidos agentes de civil, que prestan servicio a la policía provincial, se apostaron ese día en distintos puntos e intersecciones de la zona, a modo de observantes de los hechos y en clara actitud intimidatoria. Como señalan, entre los agentes presentes en ese acto se destacó el miembro de la Brigada de investigación de este cuerpo de apellido Santillán, quien instigó y amenazó a los manifestantes desde su auto Senda color bordó. Hechos de similares características se desplegaron en camionetas y autos oficiales con los que los agentes se presentaron a la concentración para evidenciar amedrentamiento. Estas y otras prácticas de amedrentamiento han sido denunciadas ante la fiscalía de la ciudad de Monte Caseros en su oportunidad y constan en el expediente.

Actualmente, la causa que se desarrolla por el asesinato de Sebastián cuenta con numerosos testimonios que reflejan la participación de agentes de la policía local en los hechos que terminaron impunemente con su vida. Pese a que el fiscal Oscar Soto asegura que los integrantes de esta fuerza Cristian Íbalo, Ramón Goin, Walter García y Roberto Aguirre “detuvieron a Sebastián Largueri, lo golpearon y abandonaron poniendo en peligro su vida”, hechos por los que solicitó su imputación por “privación ilegítima de la libertad y abandono de persona seguida de muerte”, el juez Eduardo Alegre dispuso el cambio de carátula en la causa, de manera que ésta reviste a la fecha bajo la forma de “inicio de oficio por la prevención, averiguación de causa de muerte - Monte Caseros”.

Esta decisión judicial ha sentado un nuevo y preocupante precedente para la causa en curso. Mientras los policías imputados y procesados continúan en funciones, prestando servicios normales y de adicionales en bancos, casinos y espectáculos públicos, la decisión del Juez Alegre abrió las puertas para la excarcelación bajo coacción juratoria del oficial a cargo de la detención ilegal de Nino, Cristian Fabián Íbalo, hecho que abona más todavía la denuncia de impunidad que sostienen los familiares y amigos del joven.

Por todos estos hechos, el reclamo de justicia por Sebastián se ha convertido en un emblema de la pelea contra la impunidad que encubre los asesinatos de la juventud de la provincia, despertando un amplio apoyo social que durante todos estos meses se ha expresado tanto en las masivas movilizaciones convocadas por su familia como en la multiplicación de las denuncias por casos similares, vinculados al “abuso” y el gatillo fácil policial.

En este marco, nos vemos en la obligación de denunciar, una vez más, que la llamada violencia institucional y la impunidad que encubre la participación de numerosos agentes de las fuerzas de seguridad, tanto en ésta como otras provincias, tiene como correlato el accionar del Estado y sus instituciones, como la justicia, que colaboran con la segregación social de la juventud sin condenar a los responsables, perpetuando la impunidad.

Es por ello que también denunciamos, junto a los familiares y amigos de Sebastián, que existe un entramado judicial, policial y estatal que encubre y sostiene estas prácticas nefastas de persecución, desaparición y muerte por parte de las fuerzas represivas, de la que es víctimas particularmente la juventud estigmatizada y vulnerada de derechos.

Con el objeto de aportar a fortalecer esta incansable lucha contra la impunidad, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.