Expresar el más enérgico repudio ante la represión protagonizada por la policía bonaerense contra los y las trabajadoras despedidas de la empresa de alimentos y bebidas PepsiCo Argentina, el miércoles 13 de julio del corriente año.

Instamos a que las autoridades competentes investiguen e individualicen a sus responsables, con el objetivo de condenar estos lamentables episodios de violencia institucional, que representan una grave afectación a los Derechos Humanos.

Señor presidente:

La respuesta llevada adelante por los gobiernos de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Mauricio Macri a nivel nacional, a los y las 600 trabajadoras despedidas de la empresa de bebidas y alimentos PepsiCo, es la represión.

Las 600 personas que junto a sus familias quedaron en la calle, fueron removidas de su cargo sin previo aviso y fueron notificadas mediante un cartel al intentar ingresar a sus puestos laborales.

No conformes con esto, las autoridades nacionales en la mañana del 13 de julio decidieron reprimir el reclamo de los y las trabajadoras. En la mañana de hoy pudimos vivir en carne propia la brutal actitud de las fuerzas de seguridad, quienes en nombre de una “orden judicial” no nos permitieron a los y las legisladoras allí presentes poder dialogar con las y los trabajadoras.

Las imágenes de la represión en el desalojo de la planta de PepsiCo están profundamente relacionadas con la enorme ola de despidos que se vienen suscitando en la Argentina desde el 10 de diciembre del 2015, con la arremetida del presidente Mauricio Macri contra la justicia laboral a la que él pretende descalificar como "la mafia de los juicios", y contra el sistemático hostigamiento que desde el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra padeciendo la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, entre otras tantas medidas antipopulares.

Instamos a que las autoridades competentes investiguen e individualicen a sus responsables, con el objetivo de condenar estos lamentables episodios de violencia institucional, que representan una grave afectación a los Derechos Humanos. Las autoridades nacionales no pueden calificar a las y los trabajadores de violentos y peligrosos, bajo ningún aspecto y menos cuando se organizan para recuperar sus puestos de trabajo.

Por los motivos expuestos, solicito a los y las colegas de esta Honorable Cámara que me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.