Expresar su más enérgico repudio por la detención del dirigente villero Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien fue encontrado en poseso de estupefacientes para consumo personal. Una semana después, el dirigente continúa privado de su libertad, en un claro intento de criminalizar un problema que debe ser abordado desde la salud.

Señor presidente:

El día 21 de junio el dirigente villero Alejandro “Pitu” Salvatierra fue detenido por la Policía Federal tras haber sido encontrado con estupefacientes para consumo personal. A una semana del hecho, el dirigente permanece privado de su libertad, cuando debería haber sido liberado a las pocas horas, en consonancia con el accionar habitual a partir desde la doctrina fijada por el fallo “Arriola” de la Corte Suprema de la Nación. La detención de Pitu Salvatierra vulnera sus derechos, tratando como un problema penal lo que a las claras es un tema de salud y por lo tanto merece un tratamiento en ese plano, con todas las garantías legales y de acceso al derecho de atención y respeto por la singularidad.

En los últimos años nuestro país logró un marco normativo en lo que hace al tema de las adicciones, situándolas sin margen de dudas en el marco de actuación de la salud, en particular de la salud mental. Así quedó definido por ejemplo en el art. 4 de la Ley Nacional de Salud Mental: “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”. En el mismo sentido se pronuncia la ley IACOP, en su art.9: “Derechos y garantías de los pacientes. Los consumos problemáticos deben ser abordados como parte integrante de las políticas de salud mental, por lo que los sujetos que los padecen tienen, en relación con los servicios de salud, todos los derechos y garantías establecidos en la Ley N. 26.657 de Salud Mental”.

Hace años que nuestro sistema penal va hacia ese camino, por lo tanto no podemos dejar de encuadrar la detención de Pitu en otra clara persecución política que está sufriendo nuestro espacio político. Alejandro es un militante que desde hace años puso su vida al servicio de la integración urbana de las villas, transformándose en un referente no sólo para su barrio sino también para muchos otros que levantan esa misma bandera. Queda claro que Pitu padece un problema de salud que debe ser tratado como tal, no criminalizado. Consideramos que su detención ilegítima se enmarca en un contexto de persecución política, en un momento en que algunas instituciones del Estado están actualmente dispuestas a violar las garantías constitucionales para disciplinar a quienes poseen un compromiso político y un accionar disidente con el gobierno de turno.

Es por las razones expuestas es que les pido a mis colegas diputados que me acompañen con este proyecto de resolución.