Expresar enérgico repudio a las manifestaciones públicas que realizara la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich contra el pueblo Mapuche, al referir que "De ninguna manera vamos a permitir una república mapuche en medio de la Argentina".

Hacemos igualmente extensivo el repudio al accionar y despliegue represivo que fuera llevado adelante por las fuerzas de Gendarmería Nacional contra comunidad mapuche en Cushamen, Esquel, a consecuencia del cual desapareciera el joven Santiago Maldonado, sin que hasta al fecha, desde el Gobierno Nacional se dieran datos ni explicaciones sobre las acciones encaradas para el esclarecimiento y aparición del joven desaparecido.

Sin lugar a dudas, las manifestaciones temerarias de la Ministra de Seguridad, revelan una postura y un accionar sistemático cuyo objetivo es criminalizar y someter a los miembros de las comunidades, en este caso la indígena, cada vez que levantan su voz en defensa de sus derechos vulnerados.

Señor presidente:

El 1 de agosto ppdo. la comunidad Mapuche Lof en Resistencia Depto. Cushamen, en Esquel fue víctima de una fuerte accionar represivo por parte de la Gendarmería Nacional, a consecuencia del cual despareciera el joven Santiago Maldonado. En esa oportunidad más de 100 agentes dispararon contra miembros de la comunidad, encontrándose en el lugar mujeres y niños, quienes no sólo debieron soportar violencia física sino además la perdida de sus pertenencias.

En este marco las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien depende Gendarmería Nacional, revela un proceder inequívoco del Poder Ejecutivo de no respetar los derechos humanos y lo que es más grave de promover acciones de represión que afectan y atentan contra la integridad y vida de los miembros de la comunidad indígena, ello es contra hombres, mujeres y niños.

De esta manera el Estado actúa en contrario a lo establecido por la Organización de Naciones Unidas en la nueva Declaración sobre los derechos de los pueblos Indígenas, en la cual se estableció expresamente que los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, empleo, la salud y la educación. Asimismo en dicho instrumento se destaca el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades.

También se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, incluido su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social.

Por ello el accionar del Poder Ejecutivo, a través de la Ministra de Seguridad, viola e incumple de forma manifiesta el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que importa la consagración de derecho al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos implica que, no podemos desconocer o contrariar la herencia que hoy tienen sus comunidades y en nuestra sociedad.

En función de la manda constitucional el Honorable Congreso de la Nación debe intervenir y promover acciones efectivas en pos de garantizar el desarrollo humano, asegurando el derecho a la tierra como espacio para el crecimiento y la integración, la cultura diferencial y la convivencia de las comunidades aborígenes.

Por lo expresado, consideramos oportuno expresarnos en sentido contrario al accionar temerario de funcionarios públicos, que tienen por obligación cumplir con la Ley, hecho que nos motiva a expresar las consideraciones antes referidas, y en consecuencia repudiar enérgicamente toda accionar que violente derechos humanos fundamentales.

Por ello, solicitamos el acompañamiento de los Sres. Legisladores, al presente Proyecto.

Atentamente.-