Expresar su enérgico repudio a la violenta represión y brutal cacería desatada por parte de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al finalizar la multitudinaria movilización en la Plaza de Mayo el pasado viernes 1 de septiembre, a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería.

Rechazar el maltrato policial físico y verbal sufrido por los 31 detenidos y los graves delitos que se les imputan que implican la profundización de la política de criminalización de la protesta social. Rechazar asimismo las provocaciones montadas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, sus servicios de inteligencia y fuerzas represivas, con el objetivo de desviar la atención pública sobre el masivo reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y acrecentar el clima represivo.

Señor presidente:

El pasado viernes 1 de septiembre a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado una multitud colmó la Plaza de Mayo. En todo el país, organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, culturales y personas que se acercaron en forma individual, exigieron aparición con vida de Santiago Maldonado, denunciaron la responsabilidad de la Gendarmería Nacional y exigieron la renuncia de Patricia Bullrich.

La respuesta del gobierno nacional frente a este reclamo que se hace sentir a lo largo y ancho del país, fue montar una nueva provocación como las mil y una operaciones que vienen montando con el objetivo de desviar atención pública y acrecentar el clima represivo.

Desde que desapareció Santiago Maldonado, familiares, organismos de derechos humanos y todos los sectores sociales y políticos que exigen su aparición con vida ya, denunciaron las operaciones montadas por el gobierno nacional y los servicios de inteligencia con pistas falsas, desvío de la investigación, encubrimiento de sus responsables, demonización del pueblo mapuche e investigaciones sobre la víctima en lugar de poner la lupa sobre los denunciados.

El viernes al mediodía empezaban a preparar el escenario represivo con la publicación en algunos medios que señalaban que “extremistas mapuches” habrían realizado un ataque en Neuquén (lo cual fue descartado). Anteriormente, el ministro Cristian Ritondo había mentido descaradamente diciendo que organizaciones de izquierda habían atacado la Legislatura bonaerense o el escandaloso allanamiento de múltiples locales políticos y culturales en Córdoba.

Tras finalizar la multitudinaria movilización la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires montaron con una brutal represión por todo el centro porteño, una verdadera cacería de decenas de cuadras contra transeúntes y manifestantes, entrando en bares y llevándoselos detenidos en forma violenta. Esta represión armada terminó con la detención de 31 personas y decenas de heridos por las balas de goma, los gases y palazos de la policía.

Abogados y referentes de organismos de derechos humanos denunciaron que los detenidos fueron víctimas de violencia verbal y física por parte de los integrantes de las fuerzas represivas. Quienes ingresaron a los Tribunales de Comodoro Py durante el día domingo pudieron certificar que fue enorme el maltrato que sufrieron quienes estaban detenidos: en celdas individuales se hallaban detenidas hasta dos o tres personas, en un fuerte hacinamiento. Las celdas tienen 1.50 m. por 1.50 m. A mujeres que pidieron un mejor trato se les contestó cosas del estilo de “te voy a agarrar del pelo y te voy a meter el buzón”, en referencia a espacios reducidos. A otra de las personas detenidas, a pesar de sus insistentes pedidos, se le impidió ir al baño. A una joven que usa lentes de contacto, a pesar de haber sido gaseada, no le dejaron limpiar los mismos. Otra joven, que tiene un bebe y está amamantando, no pudo estar con su hijo. A esto se sumaron amenazas permanentes.

A los detenidos se les imputa el delito de “intimidación pública”, que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión, además del clásico “resistencia a la autoridad”. Se trata de una figura que claramente es utilizada en este caso para aumentar las penas, a sabiendas de que de ninguna manera los manifestantes realizaron ninguna acción de intimidación pública sino que fueron víctimas de una cacería bestial montada luego de una provocación gubernamental.

Consideramos preocupante la escalada represiva por parte del gobierno nacional y el salto en la política de criminalización de la protesta social y de violación a los derechos humanos.

Por los motivos expuestos, y por los que expondremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.