Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos que correspondan, y ante la posibilidad concreta de una flagrante violación del estado de derecho, informe:

1- Si se ha dispuesto un mecanismo de vigilancia sobre el ciudadano mencionado en la nota firmada por el periodista Mariano Obarrio en el portal del Diario La Nación del día 22 de septiembre de 2017 .

2- Si miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y/o de los organismos de inteligencia desarrollan esas tareas.

3- Informe la autoridad judicial competente y en el marco de que causa judicial se ha ordenado el cumplimiento de la medida antedicha.

Señor presidente:

En el día de la fecha, en el portal del Diario La Nación, el periodista Mariano Obarrio, en la nota titulada: “La muerte de Nisman: dispositivo discreto para evitar que el técnico se profugue” , señala que “El gobierno monitorea a Lagomarsino para avisar a la Justicia ante sospechas”.

Sigue: “ (…)se dispuso un mecanismo discreto de vigilancia para que no se pueda profugar en caso de que avance la causa. Según pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno, ese operativo de monitoreo a Lagomarsino se efectúa con efectivos de fuerzas de seguridad vestidos de civil y en forma muy discreta para evitar que el técnico informático pueda esconderse”.

"Los efectivos están de civil, lo monitorean a distancia prudencial, no es algo oficial ni pedido por el juzgado, pero es algo que hay que hacer para prevenir una eventual fuga", dijo a LA NACION un funcionario que está al tanto de esas decisiones en la Casa Rosada. "Esa es una obligación de las fuerzas de seguridad", señaló ese informante”.

Ante la gravedad de las informaciones vertidas por el Sr. Periodista, hechos los cuales violan de manera flagrante el estado de derecho, es que me veo en la obligación de solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que correspondan informe al pleno de este Cuerpo la veracidad de la información publicada por el portal de noticias.

Nuestra Carta Magna, los Tratados Internacionales los cuales nuestro país a incorporado a la Constitución, las leyes que regulan el accionar de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, prohíben expresamente el accionar de sus integrantes en tareas represivas o de investigación, salvo ante un requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta.

Como representante del pueblo me veo en la obligación de defender el estado de derecho que la administración gobernante pretende socavar diariamente.

En virtud de lo expuesto solicitamos el acompañamiento y la aprobación del presente pedido de Informes al Poder Ejecutivo Nacional.