La ley N° 23.308 del año 1985 creó en el Articulo N°5, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien como entidad descentralizada dependía del ex Ministerio de Saludo y Acción Social de ese momento. Esta institución contaba con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor.

El Articulo N°6 dispone que le corresponde al INAE, actuar como organismo de aplicación de la ley 23.308, velando por su cumplimiento; también dictar su reglamento y normas de aplicación, llevar un registro nacional de comunidades indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que así lo soliciten, elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud. Por ultimo proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.

En esa inteligencia se sanciono en el año 2006 la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. En su artículo 1 Declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, por el termino de cuatro (4) años. En su artículo 2 se suspendía por el plazo señalado, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación.

En el artículo 3, ordenó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en los tres (3) primero años debía realizar el relevamiento técnico –jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Mientras que en su artículo 4° Creó un “Fondo Especial para la asistencia de la comunidades indígenas”, por un monto de treinta millones de pesos AR$ 30.000.000.Dicho monto estaría destinado a afrontar los gastos que demanden. a) el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que, en forma tradicional, actual y publica ocupan las comunidades indígenas; b) las laborales profesionales en causas judiciales y extrajudiciales y c) los programas de regularización dominial.

Por ultimo estableció en su artículo 5° que el fondo sería asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su implementación.

Como es sabido, esta ley sancionada en el 2006 se prorrogó en el año 2009 mediante la ley N°26.554 y el año 2013 mediante la ley N°26.894 y actualmente en el Honorable Senado se ha dado el correspondiente debate y la media sanción al proyecto de ley que prorroga los plazos establecidos, con base en los expedientes S-1777/17 y S-1957/17 del Senador Lovera y la Senadora Fernández Sagasti.

Ahora bien, resulta claro que el cometido de la ley 26.160 y las sucesivas prórrogas no han sido cumplidos materialmente, siendo recurrentes y visiblemente notorias las dificultades que persisten al no contar con un catastro de tierras que tradicionalmente ocupan y se encuentran en litigio.

En este orden de ideas, y a fin de garantizar y reconocer como lo establece el Artículo N° 75 inc. 17 de la Constitución Nacional “la personería jurídicas de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, a través de una Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación del Fondo destinada a la Asistencia de Comunidades Indígenas que precisamente ubica nuestra ley suprema en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, ni más ni menos que una función esencial que no se agota únicamente en el control de los actos de gobierno.

Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Señor presidente:

El pasado 3 de octubre mientras se desarrollaba un paro docente estudiantil y un acto en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, convocados por la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional de Rosario, una camioneta de Gendarmería Nacional ingreso al predio de la ciudad universitaria de Rosario.

La presencia de la fuerza de seguridad acusada por los testigos presentes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en el mismo momento en el que se desarrollaba el acto, exigiendo su aparición con vida, constituye una clara actitud intimidatoria y un gravísimo hecho institucional.

Este hecho no es fortuito sino que cuenta con el antecedente de lo ocurrido en las universidades nacio-nales de Mar del plata y Jujuy, con el ingreso de la misma fuerza sin que medie una orden escrita y fun-dada de juez competente, o solicitud de la autoridad Universitaria legítimamente constituida, como establece el artículo 31 de la ley 24521, de Educación superior; como también y de mayor gravedad, el ocurrido frente al instituto superior Olga Cossettini el pasado 7 de septiembre, con la presencia de efectivos de Gendarmería, mientras se desarrollaba una clase pública respecto al caso Maldonado.

La Federación universitaria de Rosario repudió enfáticamente este hecho y afirmó en un comunicado que constituye un claro amedrentamiento la organización estudiantil como también una violación a la autonomía Universitaria.

En ese sentido, dicha Federación convocó para el día miércoles 4 de octubre a las 13 horas a un acto en el ingreso a la ciudad universitaria, en el repudio por los hechos ocurridos y pidiendo la aparición de Santiago Maldonado.

Dado la gravedad de lo ocurrido considero necesario que la Ministra de Seguridad, Sra. Patricia Bullrich, concurra a esta Honorable Cámara en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el ar-tículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que informe sobre el ingreso de la Gendarmería Nacional a la Universidad Nacional de Rosario.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.