Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los organismos que estime corresponder, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación las razones por las cuales se rechazó el apoyo de una misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para que colabore con la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.

Señor presidente:

Luego de 79 días de su desaparición, agentes de la Prefectura Naval encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut. Si bien el hallazgo puso fin a su búsqueda, muchos interrogantes quedan abiertos, tanto acerca de las circunstancias de su fallecimiento como de las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo, a pocos metros del lugar en donde había sido visto con vida por última vez.

Desde que se inició su búsqueda, el proceso de investigación despertó múltiples suspicacias. Por un lado, el primer juez de la causa, Guido Otranto, condujo las pesquisas con lentitud, en medio de sospechas sobre su parcialidad, que llevaron finalmente a su recusación por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Por otro lado, los funcionarios del gobierno nacional, aun cuando afirmaban estar abiertos a todas las hipótesis, insistían sistemáticamente en aquellas interpretaciones que desligaban a la Gendarmería Nacional de cualquier responsabilidad en su desaparición.

En un contexto signado por la mutua desconfianza de todos los actores involucrados en la causa, no son claras las razones por las cuales se frenó el acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para que un grupo de expertos internacionales colabore con la investigación. Un veedor internacional con experiencia en este tipo de investigaciones podría haber agilizado la búsqueda y contribuido a generar confianza en los esfuerzos del gobierno por la búsqueda de la verdad. En ese sentido, la ayuda internacional podría haber contribuido a reducir tensiones y facilitado el trabajo mismo de la justicia.

De acuerdo información periodística, este acuerdo, que contaba con el visto bueno del Germán Garavano y el apoyo de la familia de Santiago Maldonado, comenzó a tejerse el 29 de agosto, cuando el joven llevaba cuatro semanas desaparecido y Otranto aun conducía la investigación. Si bien Américo Incalcaterra, el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, viajó en dos oportunidades al país y se reunió con distintos funcionarios para avanzar con la firma de un convenio, finalmente desde el gobierno nacional optaron por no aceptar la colaboración internacional.

De este modo, una decisión que podría no sólo haber acelerado la búsqueda, sino también contribuido a disminuir la conflictividad que todavía acompaña la investigación, generó los efectos contrarios. Rechazar el arribo de la misión de expertos aumentó la desconfianza de los familiares de la víctima y de diferentes sectores de la sociedad sobre las reales intenciones del gobierno nacional de conocer la verdad detrás de la desaparición de Santiago Maldonado.

Para no dar por válidas las interpretaciones periodísticas, que sostienen que la decisión se vinculó a especulaciones sobre los impactos que la labor del equipo internacional podría tener en las elecciones y en la imagen del país en el exterior, solicitamos explicaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre las razones que llevaron a rechazar la asistencia de la ONU. En un caso en donde los medios periodísticos aportaron más confusión que información, es indispensable convocar a los responsables directos de esta decisión para que den las explicaciones pertinentes. Es por eso que solicito a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de resolución.