SEGURIDAD INTERIOR
Comisión Permanente
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PROYECTO DE LEY
Expediente: 6227-D-2015
Sumario: PLAN ESTRATEGICO PARA UNA ARGENTINA SEGURA POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. REGIMEN.
Fecha: 02/12/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 163
Artículo 1°.- El Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad
principal, indelegable y concurrente de proveer la seguridad de todos los
habitantes de la Nación, a cuyo fin elaborarán y ejecutarán conjuntamente el
denominado "Plan Estratégico para una Argentina Segura".
Artículo 2°.- Dicho Plan tendrá por
objeto enmarcar y coordinar las acciones de prevención, investigación y
conjuración de conductas delictuales que desarrollen las distintas
jurisdicciones, a efectos de reducir las tasas de criminalidad y violencia social
registradas en el país.
Artículo 3°.- La elaboración del Plan
deberá adecuarse a los quince ejes que se detallan a continuación:
1) El fortalecimiento de las policías
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promoviendo su
democratización, la potenciación de sus capacidades de investigación, su
equipamiento adecuado, la formación y profesionalización de sus agentes, la
mejora de las condiciones de servicio y el perfeccionamiento de las estructuras
salariales vigentes.
2) La implementación de proyectos
institucionales dirigidos a desarrollar el perfil comunitario de las policías
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporando nuevos
agentes a esa función con miras a alcanzar la cantidad que se establezca
como necesaria de acuerdo al número de habitantes y las características
particulares de cada jurisdicción.
3) La redistribución territorial de las
fuerzas de seguridad federales, brindando especial cobertura a las zonas del
país comprometidas por el crecimiento de los macro delitos y el crimen
organizado, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 13 de la Ley
24.059.
4) La conformación de oficinas
civiles de control y seguimiento del accionar policial a efectos de erradicar las
prácticas corruptas del seno de las fuerzas de seguridad federales, provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo mecanismos de
protección de los denunciantes y testigos.
5) La confección periódica de
encuestas ciudadanas sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad
federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, favoreciendo
la detección de casos de corrupción y falencias de funcionamiento.
6) La organización de campañas de
difusión masiva que apunten a favorecer la realización de denuncias de hechos
criminales por parte de la población, revisando el funcionamiento de los
sistemas de emergencia.
7) El establecimiento
descentralizado de centros de atención a las víctimas de delitos que ofrezcan
contención jurídica, social y psicológica, desarrollando protocolos de abordaje
específicos con particular énfasis en la situación de las personas vulnerables.
8) El requerimiento de información
de inteligencia a los organismos encargados de producirla, fomentando la
celebración de acuerdos de colaboración para la detección y
desmembramiento de las redes de crimen organizado que operan en el
territorio nacional.
9) La recomendación de crear
nuevos juzgados federales y reforzar los existentes en aquellas jurisdicciones
que registren mayores niveles de narcotráfico, agilizando la tramitación de los
expedientes respectivos.
10) La mejora de la
infraestructura de los servicios penitenciarios nacional, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la construcción de nuevas
unidades y la readecuación edilicia de las existentes.
11) El monitoreo
pormenorizado del funcionamiento de los servicios penitenciarios nacional,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impulsando la
erradicación de conductas corruptas, prácticas violentas y vejatorias de los
derechos humanos.
12) La reducción de los
niveles de reincidencia delictual, generando alternativas eficaces de
seguimiento, contención y reinserción social de las personas que fueron
detenidas, en conjunto con el Patronato de Liberados.
13) La ejecución de planes
que de desarme y control de armas de fuego.
14) La concreción de
intervenciones urbanas en espacios públicos especialmente degradados,
propiciando su puesta en valor y su recuperación con fines de integración y
recreación.
15) La implementación
interdisciplinaria de proyectos de inclusión prioritariamente destinados a niños y
jóvenes en situación de riesgo delictual.
Artículo 4°.- Conformase una mesa
de trabajo permanente para la elaboración, ejecución y evaluación del Plan que
será presidida por el Ministro/a de Seguridad de la Nación e integrada por las
máximas autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de la misma área.
Artículo 5°.- La mesa de trabajo
dictará su propio reglamento de funcionamiento y se reunirá mensualmente o
en intervalos menores a requerimiento de al menos cinco (5) de sus
integrantes.
Para el diseño del Plan utilizará
como insumo los diagnósticos surgidos del Sistema Nacional de Estadística
Criminal y a efectos de su implementación articulará acciones con las distintas
dependencias nacionales y provinciales que resulten competentes.
Podrá requerir el asesoramiento de
representantes de universidades nacionales, especialistas y organizaciones
sociales de reconocida trayectoria en la materia.
Artículo 6°.- El Plan se actualizará
cada dos (2) años, oportunidad en la que se publicará el nivel de concreción de
las metas de corto, mediano y largo plazo fijadas a través del mismo, además
de reformularlas para el nuevo período.
Artículo 7°.- Crease un fondo
especial que estará destinado a financiar las acciones que la mesa de trabajo
acuerde desplegar en el marco del Plan, complementando los recursos que a
tal fin destinen las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Tal fondo funcionará en el ámbito
del Ministerio de Seguridad de la Nación y se integrará anualmente con los
recursos nacionales que resulten de incrementar en un diez por ciento (10%),
como mínimo, el presupuesto total de dicha área.
Artículo 8°.- Con carácter semestral,
la mesa de trabajo presentará en audiencia pública un informe sobre el estado
del Plan ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y
Actividades de Seguridad Interior.
Artículo 9°.- El Ministro/a de
Seguridad de la Nación convocará la primera reunión de la mesa de trabajo
dentro de los quince (15) días de promulgada la presente ley.
Artículo 10°.- Comuníquese,
etc.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos años, el
flagelo de la inseguridad se ha agudizado en nuestro país. Los testimonios que
dan cuenta del crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico a lo largo y
ancho del territorio nacional, las noticias sobre homicidios y secuestros, y el
convertirse en víctimas de delitos contra la propiedad, se han vuelto parte de
nuestra cotidianeidad.
No es extraño que diferentes
encuestas de opinión expresen cómo la población la identifica como su
principal preocupación, desplazando a un segundo plano la inflación, la
pobreza y la corrupción.
Sin embargo, no se trata sólo de
una percepción social. Aun cuando desde hace más de cinco años, el Gobierno
Nacional ha discontinuado la publicación de las estadísticas criminales, las
mediciones privadas y las cifras parciales que se dan a conocer son
contundentes a la hora de ratificar a la inseguridad como un fenómeno actual y
extendido.
En el transcurso del 2014, sólo en la
Provincia de Buenos Aires, la tasa de homicidio en ocasión de robo se elevó a
uno cada treinta horas; y se estima que en la ciudad de Rosario, las bandas
criminales venden anualmente cerca de doscientos cincuenta millones de
dólares en droga.
Frente a esta realidad compleja y
multicausal, el Poder Ejecutivo Nacional ha recurrido - como en otras áreas - a
un discurso fuertemente negador sostenido en el ocultamiento de información,
el ataque a los medios de comunicación por la instalación del tema en la
agenda pública y el deslinde de responsabilidades en los gobiernos locales.
El grave conflicto protagonizado por
diferentes policías provinciales hacia fines del año 2013, fue un factor que vino
a poner al descubierto las severas dificultades que, para su abordaje, enfrentan
las jurisdicciones provinciales.
Tampoco contribuyó a enfrentar
esta problemática con la seriedad que merece, el hecho de manejar con una
absoluta discrecionalidad el auxilio de las fuerzas de seguridad federales a los
distintos distritos.
En reiteradas ocasiones hemos
sostenido que la seguridad democrática constituye un valor social exigido por la
convivencia pública, un requisito básico para que las personas puedan
desarrollar su vida y satisfacer sus necesidades, un derecho fundamental que
tiene como contrapartida el deber de garantizarlo por parte de todos los niveles
estatales.
Desde esta perspectiva, el proyecto
que venimos a presentar comienza por reconocer la responsabilidad principal,
indelegable y concurrente que en esta materia tienen el Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mandatándolos a diseñar y
ejecutar conjuntamente el "Plan Estratégico para una Argentina Segura",
especialmente dirigido a reducir los índices de criminalidad y violencia social
vigentes.
Ese carácter es
susceptible de referir tanto a estrategias instrumentales "tendientes a adecuar y
modernizar la institucionalidad de la seguridad", como a estrategias sustantivas
que apuntan a "controlar las situaciones de violencia y de delito mediante su
prevención o conjuración" (Marcelo Saín, "El Leviatán Azul - Policía y política
en la Argentina, Ed. Siglo XXI).
Para el logro de ese objetivo, se
propone la conformación de una mesa de trabajo permanente presidida por el
Ministro/a de Seguridad de la Nación e integrada por las máximas autoridades
locales, con la vista puesta en garantizar la dirección política y el carácter
eminentemente federal de las acciones que se encaren en ese marco.
Por otra parte y atendiendo a la
necesidad de un tratamiento interdisciplinario de la inseguridad, la iniciativa
pone en cabeza de la mesa la posibilidad de requerir el asesoramiento de
universidades nacionales, especialistas y organizaciones sociales de
reconocida trayectoria, al tiempo que avanza en su coordinación con otras
dependencias gubernamentales nacionales y locales como, por ejemplo, las
competentes en materia de salud, educación, desarrollo urbano,
medioambiente y promoción social.
En el mismo sentido, plantea una
serie de quince ejes que deberán ser tenidos en cuenta para el diseño y
actualización bianual del Plan, así como para la fijación de las metas a cumplir
en el corto, mediano y largo plazo.
Entre ellos, se enumeran los
referidos al fortalecimiento de las policías provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como al desarrollo de sus capacidades investigativas y la
profundización de su perfil comunitario.
Se trata de un modelo que favorece
el acercamiento de la institución policial con la ciudadanía y sus demandas, el
control social de su funcionamiento y la reducción de situaciones abusivas y de
connivencia con el delito.
En segundo lugar, se plantea la
incorporación de nuevos agentes a efectos de mejorar la presencia policial en
zonas particularmente conflictivas, reconociendo la existencia de un déficit en
la cantidad de efectivos por habitante que hoy se estima en uno cada
cuatrocientos cincuenta, cuando - a partir de informes de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) - es posible inferir que la
cantidad recomendada es de uno cada trescientos cuarenta y seis.
Asimismo, se impulsa una
redistribución territorial de las fuerzas de seguridad federales, a partir de las
prioridades que se definan en el seno de la mesa de trabajo, en procura de dar
una mayor cobertura a las jurisdicciones afectadas por el crecimiento del macro
delito y el crimen organizado.
Es necesario dejar atrás las
desavenencias con las jurisdicciones provinciales por el no envío o retiro de
personal federal en situaciones de crisis y corregir los abusos que tuvieron
lugar en operativos como el que se conoció con el nombre de "Cinturón Sur",
implementado por personal de la Prefectura Naval Argentina en distintos
barrios del sur porteño.
Directamente relacionado con el
anterior, aparece el eje vinculado al manejo de información de inteligencia por
parte de la misma mesa de trabajo, a fin de avanzar en acuerdos de
colaboración para la detección y desmembramiento de las redes criminales que
operan en el territorio nacional.
También la recomendación de abrir
nuevos juzgados federales en jurisdicciones donde se registren faltantes o los
existentes se encuentren saturados por la falta de infraestructura y recursos
humanos para atender el número creciente de causas relativas al narcotráfico.
Otros de los ejes ponen especial
hincapié en la lucha contra la corrupción que está enquistada en las distintas
fuerzas de seguridad, haciendo que muchas veces, funcionen como parte del
problema de la inseguridad y no como una solución. En particular, se prevé la
confección de encuestas de opinión sobre el desempeño de la policía - en
sintonía con el planteo de proximidad que se fomenta - y la implementación de
mecanismos de protección de testigos.
El proyecto establece, además, la
organización de campañas de difusión masiva que tiendan a favorecer la
realización de denuncias de hechos criminales por parte de la población y el
establecimiento de centros de atención a las víctimas de delitos que - en
diversas oportunidades y sobre todo en los casos de aquellas que enfrentan
situaciones de vulnerabilidad - suelen ser re-victimizadas por el sistema.
En cumplimiento del
precepto constitucional que ordena que "las cárceles de la Nación serán sanas
y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas", la
iniciativa respalda el mejoramiento de la infraestructura de los servicios
penitenciarios nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
procurando superar las condiciones de superpoblación, hacinamiento y falta de
limpieza que se registran actualmente, así como la eliminación de cualquier tipo
de violencia, tortura o práctica vejatoria de derechos.
De acuerdo a datos
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "... la cantidad de muertes
en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal muestra un aumento
preocupante del 47%, pasando de 38 casos registrados en 2011 a 56 en 2012.
Si se analiza según las categorías de muertes, se advierte que en 2012 hubo
un aumento en la cantidad de muertes violentas respecto del año anterior, en el
cual ya se había constatado un aumento importante en relación a 2009 y 2010.
A esta situación se suma el incremento de las muertes por enfermedades y
falta de atención médica que pasaron de 11 casos en 2011 a 28 en 2012"
(Derechos humanos en la Argentina - Informe 2013).
Con la misma lógica y partiendo de
la necesidad de revisar integralmente el funcionamiento del Patronato de
Liberados, se jerarquiza la generación de alternativas eficaces de seguimiento,
contención y reinserción social de las personas privadas de su libertad. No
son datos que puedan pasarse por alto que - según cifras del año 2014 del
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Penas - el 63,2% de la
población carcelaria esté integrado por personas de entre 18 y 34 años, que
más de la mitad no tiene otros estudios que los de nivel primario (completo o
incompleto), ni que alrededor del 25% son reiterantes o reincidentes.
La ejecución de planes de desarme
y control de armas de fuego es también un eje que viene a prestar atención al
hecho que su tenencia en manos de la población civil aumenta notoriamente el
riesgo de fallecer o resultar herido en el contexto de una situación delictual o
violenta.
El proyecto también insiste en la
implementación de medidas de prevención sostenidas en una gestión eficaz y
eficiente del espacio público que no se reduzca a la reparación de calles y
veredas. Estamos hablando de la concreción de intervenciones urbanas en
zonas especialmente degradadas que propicien su puesta en valor y su
recuperación a través de acciones tales como la realización de tareas de
iluminación, desramado, limpieza, el montaje de áreas recreativas, proyectos
de integración barrial y otras actividades comunitarias y asociativas.
Por último y sin perjuicio de la
urgencia de poner en marcha políticas de Estado que reduzcan la terrible
brecha de desigualdad que permanece inalterable en nuestro país,
entendemos primordial que el conjunto de medidas expuestas esté
acompañado con programas de inclusión prioritariamente destinados a niños y
jóvenes en situación de riesgo delictual.
Así bosquejamos su
implementación como eje, convencidos de la necesidad de establecer nuevas
formas de interrelación con lo público que superen a las respuestas
tradicionales de carácter represivo y la estigmatización.
Como una forma de expresar la
voluntad política de llevar adelante este Plan Estratégico y evitar que termine
frustrándose por la falta de financiamiento, es que finalmente, la iniciativa
promueve la creación de un fondo especial integrado con recursos federales
equivalentes al 10% de lo que actualmente recibe el Ministerio de Seguridad de
la Nación.
De acuerdo al presupuesto del año
2015, estaríamos hablando de unos $ 4.540 millones extras que se destinarán
a solventar las acciones que se desplieguen en ese marco, complementando
las partidas que, al mismo fin, afecten las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ante el estado de situación que
atraviesa la Argentina, resulta indispensable que los gobiernos nacional,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejen de anteponer la
especulación y los enfrentamientos, para dar lugar al diálogo y el consenso que
exige el diseño de un Plan ambicioso como el que se esbozamos en esta
propuesta legislativa.
Hace falta que dejen de optar por la
utilización de medidas cortoplacistas, marketineras, aisladas y poco efectivas
que están lejos de atacar las verdaderas causas de fondo de la inseguridad,
para pensarla con una mirada estratégica, integral y federal.
Por eso y por las demás
consideraciones expuestas es, Señor Presidente, que solicitamos el pronto
tratamiento y la aprobación de este proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| SEGURIDAD INTERIOR (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |