Citar en los términos del Artículo 71 de la Constitución Nacional y de los Artículos 204, 205 y 206 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a la Sra. Ministra de Seguridad, Pa-tricia Bullrich, para que informe verbal y documentalmente sobre el accionar desarrollado por las fuerzas nacionales de seguridad, de la cual derivó la muerte del joven Rafael Nahuel, de 22 años de edad, y otros heridos, en cercanías del Lago Mascardi, Bariloche, Río Negro, en la tar-de del día 25 de noviembre de 2017.

Señor presidente:

Ante los graves hechos sucedidos en cercanías del Lago Mascardi de Bariloche, Provincia de Río Negro, que terminaron en la muerte del joven Rafael Nahuel, de 22 años de edad, por una bala de plomo de la Prefectura que entró por la espalda, corresponde que la respondable nacional de las fuerzas de seguri-dad involucradas brinde un informe exhaustivo de su accionar.

Creemos firmemente que no resulta válido el uso de la violencia como forma de resolver los conflictos que pudiera haber entre el Estado y el pueblo mapuche, debiendo en cambio acordarse formas de reso-lución de conflictos en que se contemplen las posturas de las partes involucradas, los derechos estable-cidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina.

Tal camino de negociación y diálogo había comenzado a darse a través de gestiones previas, desarro-lladas por las instituciones miembros de la Mesa Política de “Co Manejo”, entre Parques Nacionales y los referentes del pueblo mapuche, quienes se encontraban a total disposición de la Justicia para poner en marcha una “Mesa de Diálogo y Trabajo”, con la participación de todos los interesados (familias involucradas, comunidad afectada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Administración de Parques Nacionales y organizaciones mapuches de Rio Negro), previendo una reunión para el día lunes 27 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Bariloche.

Contrariamente, se resolvió avanzar intempestivamente con un desalojo violento que involucró a más de 300 agentes de las Fuerzas de Prefectura Nacional (Grupo Albatros), Gendarmería Nacional y la Poli-cía Federal Argentina (Grupo GEOF), en un accionar que derivó en la detención de 10 personas: 5 muje-res adultas y 5 niños de entre uno y diez años; todos ellos pertenecientes a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, a la que también pertenecían Rafael Nahuel y los heridos.

Luego de aquellos primeros hechos, que llevaron más de 6 horas, dichas mujeres y niños fueron aloja-dos en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche en calidad de incomunicados, ya que se les impi-dió a familiares directos el contacto con ellos durante todo ese día hasta las 20 hs. Del 25/11.

Aún así, las policías federales se mantuvieron en el lugar de los hechos los días siguientes a dichas de-tenciones, y llevaron adelante las acciones que derivaron en esta inexplicable muerte, a través de lo que ellos llamaron un “enfrentamiento”, del cual hasta la fecha no han podido probar.

Por otro lado, en relación a las palabras de la ministra de Seguridad de la Nación realizadas en confe-rencia de prensa el pasado 27/11, las mismas resultan extremadamente peligrosas y violatorias de to-das las garantías constitucionales vigentes en nuestro país, dado que resulta absurdo y falso sostener que las fuerzas de Seguridad poseen ‘el derecho de disponer de la vida de los ciudadanos’ por el simple hecho de que crean que los mismos estén cometiendo un delito.

Además, resulta inadmisible que Patricia Bullrich, la máxima autoridad en temas de seguridad, desco-nozca que los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad que ella misma conduce en ningún caso autorizan la utilización de armas de fuego con características letales como regla. Por el contrario, las armas se deben utilizar siempre como último recurso, en circunstancias excepcionales y bajo un es-tricto criterio de necesidad.

Es inaceptable que la ministra de Seguridad de la Nación manifieste abiertamente que la cartera que ella conduce no deba investigar ni probar el accionar de sus efectivos a cargo. Aquí nos encontramos frente a una persona fallecida presuntamente por haber recibido un disparo mientras huía montaña arriba de la persecución policial. Ante hechos como los ocurridos, las instituciones democráticas más deben controlar e investigar el accionar de las fuerzas de seguridad, y nunca justificar su accionar de antemano, puesto que ello genera un peligroso antecedente para el resto de las fuerzas a su cargo.

El único camino posible es la investigación seria, profunda y eficaz del hecho que culminó con la muerte de Nahuel, a fin de establecer las responsabilidades que correspondan. Para lograrlo, resulta un obs-táculo insalvable la justificación temprana, apresurada e infundada del accionar de las fuerzas de segu-ridad por parte de las autoridades del gobierno nacional. Esto constituye una clara muestra de menos-precio por la vida de ciudadanos a quienes debe protección. Del mismo modo me preocupan los dichos de la vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti, quien demuestra, apoyando los dichos de la minis-tra, que ésta fue una decisión del Poder Ejecutivo en su conjunto, que pone en jaque directamente el Estado de Derecho.

En este contexto, vale traer a la memoria las declaraciones del obispo de Bariloche, Juan José Chapa-rro, quien advirtió que “las autoridades” del Estado deben favorecer la apertura de “canales de diálo-go” con las comunidades mapuches para que asesinatos como el de Rafael Nahuel “no se repitan y no comencemos a sumar muertos”. El sacerdote negó la posibilidad de que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tengan vínculos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): “Me parece que es-tán armando un enemigo”,.

Por todo ello, corresponde que el Estado, a través de los distintos Ministerios involucrados, informe a esta HCDN y a la ciudadanía toda, el detalle el accionar desarrollado por las fuerzas nacionales de segu-ridad, de la cual derivó la muerte del joven Rafael Nahuel, de 22 años de edad, y otros heridos, en cer-canías del Lago Mascardi, Bariloche, Río Negro, en la tarde del día 25 de noviembre de 2017.