Rechazar el "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas" y reclamar al Poder Ejecutivo que proceda a su derogación y se abstenga de aplicarlo en el territorio nacional por ser el mismo violatorio del derecho a la protesta social, por otorgarle a la fuerzas de seguridad un poder represivo sobre los reclamos populares, además de transferirle funciones que son propias de la Justicia y por cercenar la libertad de prensa.

Señor presidente:

El "protocolo" contra las manifestaciones populares anunciado por la ministra Patricia Bullrich representa un cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social. La letra chica del documento, que fue presentado ante secretarios de seguridad de las provincias, conduce a la ilegalización de las marchas, cortes y otras formas de protesta, otorgándole a la fuerzas de seguridad no sólo un poder represivo enorme, sino funciones que son propias de la Justicia.

El "protocolo" introduce la obligación de avisar anticipadamente al gobierno sobre las acciones de lucha que se realizarán. Pero no sólo eso. Los funcionarios también se arrogan el derecho de determinar sus características, como ser tiempo de duración, recorrido, modalidad, etc. De no aceptarse estas imposiciones el gobierno recurrirá a la represión directa para terminar con la acción. Dado que muy buena parte de las acciones de lucha apuntan contra el propio gobierno, salta a la vista que no puede ser éste quien determine cómo se lucha contra él. Por lo pronto, el gobierno puede imponer que una marcha debe terminar antes de que los funcionarios hayan dado una respuesta al reclamo presentado. El estar de ambos lados del mostrador delata el objetivo represivo.

El protocolo constituye un atropello rotundo a los derechos a la manifestación popular y es completamente anticonstitucional. Las prerrogativas otorgadas a las fuerzas policiales constituyen una violación a principios consagrados constitucionalmente como el de legalidad y de jurisdicción, ya que serán los jefes del operativo los que determinarán si la conducta es pasible de ser reprimida, suplantando la intervención judicial in situ. Además se autoriza a filmar a los manifestantes, tal como lo permitía el Proyecto X. No establece que el personal policial deba ir identificado, ni tampoco prohíbe el uso de las armas de fuego. Otro principio constitucional que se vulnera es el derecho de igualdad ante la ley, ya que dependerá de un sentido de "oportunidad", si se otorga el derecho a manifestarse, en qué modalidad y tiempo. A la vez, el protocolo manipula el artículo 194 del Código Penal. Existe amplia jurisprudencia, a partir de cientos de sentencias, cuya aplicación no corresponde en la protesta popular, sino a boicot o impedimentos al funcionamiento de los transportes, o los servicios públicos, etc. en concurso de un delito. Su origen en el Código Penal de ninguna manera es la manifestación popular. El protocolo de Bullrich intenta tipificar un delito deformando el mencionado artículo.

Las manifestaciones o cortes que no hayan sido avisados y pactados con las autoridades serán directamente prohibidos. Los cortes de calle de estos días para reclamar por la vuelta del servicio eléctrico, por ejemplo, hubieran sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. El plazo que tendrán los manifestantes para despejar el área será "brevísimo". La ministra Patricia Bullrich fue más precisa aún en reportajes a los medios de comunicación: "en 5 o 10 minutos los sacamos". En estos casos las fuerzas de seguridad intervinientes podrán actuar sin que medie orden judicial alguna, adjudicándole funciones que son propios de jueces y fiscales. Y podrán portar armas de fuego, incluso los que están en la primera línea de la represión.

Como no dan puntada sin hilo, el "protocolo" le dedicó un capítulo especial a la tarea de los periodistas, que no tendrán libertad para cubrir la represión callejera. Deberán ocupar el lugar que le indique las fuerzas de seguridad actuantes, cercenando la libertad de prensa y la posibilidad de cubrir cómo corresponde la represión. Es sabido que en muchas manifestaciones la presencia de medios de comunicación sirve como protección a los manifestantes, y son innumerables los casos en los que fue sólo gracias a la presencia de periodistas que se pudieron reunir las pruebas necesarias para esclarecer crímenes contra el pueblo (Kosteki y Santillán y Mariano Ferreyra).

Los ministros de seguridad de casi la totalidad de las provincias-mayormente del FPV- aceptaron el "protocolo" y aseguraron que será implementado en sus respectivos distritos. Sólo 3 provincias aún no lo hicieron, entre ellas Santa Cruz, que se comprometió a "estudiarlo". Aunque, hay que recordar que en las últimas semanas Alicia Kirchner le pidió a Macri el envío de la Gendarmería a la provincia, para reprimir los cortes de ruta de los obreros de la construcción despedidos por Lázaro Baez. La aceptación de las provincias del FPV no debe sorprender; en su campaña electoral Scioli prometió "tolerancia cero con los piquetes". La propia ex presidenta Cristina Kirchner, a mediados del 2014, pidió a los diputados de su bloque que abran el debate en el Parlamento y luego sancionen una ley de regulación de la protesta social. Es así, que los diputados del FPV presentaron varios proyectos que apuntaban a regimentar la protesta, los que aunque quedaron truncos producto de las crisis internas, tenían intención fue avanzar hacia ello.

El objetivo de este protocolo responde al plan de ajuste del gobierno de Macri. En un cuadro de despidos masivos, suspensiones, tarifazos, aumento de la carestía, paritarias a la baja, con previsibles movilizaciones populares y conmociones sociales, el protocolo represivo pasa a ser un elemento fundamental para hacer pasar el ajuste contra el pueblo.

Por todo esto, solicitamos a los sres/sras diputados/as a acompañar este proyecto.