Expresar su preocupación y repudio a las amenazas recibidas por el Dr. Fernando Adrián Musella, ciudadano de la Provincia de Catamarca, solicitando a las autoridades provinciales y nacionales, se investigue y se tomen los recaudos correspondientes tenientes a garantizar la seguridad e integridad física del mismo y la de su familia.

Señor presidente:

El 04 de diciembre tuve oportunidad de recibir al ex Vice Presidente de la empresa estatal minera catamarqueña Camyen S.E, Fernando Musella, quién fue amenazado de muerte en varias oportunidades. El mismo me relató las denuncias realizadas sobre la cuestión minera y del litio, y el escándalo de corrupción vinculado al esposo de la gobernadora Lucia Corpacci, Angel Mercado, sobrino de “Bombón” mercado y Alicia Kirchner, que podría involucrar a fabricaciones militares.

El Dr. Musella es ex funcionario de la Minería local, públicamente conocido por haberse atrevido a denunciar los negociados en Catamarca relacionados con las empresas mineras CAMYEN SE, FARALLON NEGRO y AGUA RICA en cuanto a la utilización de cianuro en la explotación y la percepción injustificada de dinero provincial.

Las amenazas de muerte dirigidas contra el Dr. Musella provienen del Sr. Ángel de Jesús Mercado, vocal de la empresa YMAD investigada por corrupción estructural. Musella, ex directivo de la empresa minera estatal CAMYEN SE, fue quien se animó a denunciar el lobby minero en manos exclusivas de Ángel Mercado y su esposa Lucia Corpacci. Para tal cometido contó con la complicidad del Dr. Víctor Figueroa, un cuestionado Fiscal de Instrucción que “desestimó” la denuncia presentada por Musella, pese a que el propio Mercado en nota a Revista “Noticias” reconoció la titularidad del email desde donde se profirió la amenaza contra el ex vicepresidente, lo que confirma la complicidad existente entre el gobierno de esa provincia y el fiscal en cuestión y que motiva que con mi equipo de trabajo nos hiciéramos cargo del caso ante el riesgo al que está sujeto.

Musella actualmente se encuentra bajo resguardo del Ministerio de Seguridad de la Nación y su denuncia se encuentra en estudio del Ministerio de Justicia de la Nación, ya que la que fuera realizada en su provincia resultó desestimada.

Es nuestro deber solidarizarnos con aquellas víctimas de amenazas injustas y repudiar cualquier acto intimidatorio o de violencia que pretenda condicionar el normal desempeño de los derechos constitucionales.

Por lo expuesto, se solicita se apruebe el presente proyecto de resolución.