Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga la inmediata concurrencia de la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, y del Director Nacional de Migraciones Horacio García, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de exponer un amplio y pormenorizado informe acerca del convenio que firmaron con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos, Martín Ocampo, mediante el cual se acordó la cesión de un edificio ubicado en la calle Pasaje Colmo 3860, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la órbita del Gobierno Nacional, para construir un espacio de alojamiento para migrantes.

Señor presidente:

La Dirección Nacional de Migraciones anunció la apertura de un centro para retener extranjeros sin documentación regularizada.

Diversas organizaciones como CAREF, CELS y Amnistía Internacional advirtieron que la medida crimi-naliza a los migrantes por constituir una privación de la libertad por infracciones administrativas.

A través de un comunicado oficial, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informó la creación de un centro para el “alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871”, también conocida como Ley de Migraciones. Así, por primera vez, la Argentina contará desde el primero de septiembre con un centro de detención de migrantes.

El CELS advirtió que “esto implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, aso-ciándolos con un problema de seguridad”, y Amnistía Internacional alertó que “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina, reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos”.

El primer comunicado de la DNM fue emitido el 19 de agosto. Allí se informaba que el director de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, habían firmado un convenio por el cual la Ciudad entregaba en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860 (Nueva Pompeya) para “alojar” y “combatir la irregularidad inmigratoria”. Seis días más tarde, el texto fue suavizado y ya no hablaba de combate sino de “aplica-ción de la ley”. La cuestión de fondo sigue en pie: por primera vez, Argentina tendrá una cárcel para extranjeros indocumentados.

La legislación migratoria actual fue sancionada en 2004 y reemplazó lo que se conocía como “Ley Videla”, una norma de la dictadura que tenía un carácter persecutorio y expulsivo. La ley vigente fue destacada por organismos internacionales y de derechos humanos, por reconocer el derecho de las personas migrantes.

“Lo que viene a suceder con la creación de este centro de detención es un retroceso en la perspectiva que argentina tenía sobre las migraciones –advirtió la investigadora Hernández Bologna- Si durante años no se creó un centro de retención es porque la política no estaba orientada a la expulsión sino al contrario. Estaba orientada a la regularización. Si creás un centro de detención es porque tu política va a estar orientada a la expulsión sistemática. Ahí está el cambio de paradigma”.

Ese cambio, alertó la investigadora, ya se percibía antes del anuncio de creación de un centro de detención para extranjeros. La propia Dirección Nacional de Migraciones informó recientemente que en ocho meses de gestión se duplicaron los operativos en relación al último año.

Diego Morales, director del Area de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó que la ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. Morales subrayó que la nueva interpretación del Gobierno implica “una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla”.

Por su parte, con el apoyo de más de tres mil firmas, el 12/9 se presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes sobre la decisión del gobierno nacional de crear en la Ciudad de Buenos Aires una cárcel para migrantes.

La presentación del pedido de informes fue resuelta por un amplio conjunto de organizaciones: entre ellas, la Red Migrantes en Argentina, la Mesa de Migrantes Centroamericanos, el Frente de Migrantes Organizados, la Red Nacional de Migrantes y refugiados en Argentina, la Comisión para los Refugiados y Migrantes (Caref), la agrupación Xangó, la Colectividad Uruguaya y la Asociación Argentino Paraguaya. Estos frentes y comisiones de migrantes, con el apoyo del CELS, el Observatorio de ado-lescentes y jóvenes del IIGG (UBA), el Programa Migración y Asilo de la UnLa armaron una mesa de trabajo para establecer acciones en conjunto. La lectura compartida es que la creación de la cárcel para migrantes, la primera del país, “representa un punto de quiebre en la política migratoria argen-tina”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.