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SEGURIDAD INTERIOR
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 207
Jefe LIC. FLEISCHER LUCIANO
Miércoles 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2172 Internos 2172/2209 /2264/
csinterior@hcdn.gov.ar
- SEGURIDAD INTERIOR
Reunión del día 21/09/2010
- .
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de septiembre de 2010, a la hora 12 y 30:
SRA. PRESIDENTA BALDATA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Seguridad Interior dando las gracias al señor ministro por concurrir a esta comisión y a los diputados y diputadas por estar aquí presentes.
La verdad es que la presencia del señor ministro ha generado muchas expectativas, por lo que estamos muy atentos a las explicaciones que nos pueda brindar.
Vamos a fijar un mecanismo de manera tal que su presencia pueda tener el resultado que esperamos los diputados de esta comisión y de las comisiones que han sido convocadas, como Justicia y Derechos Humanos y Garantías.
Propongo como metodología y en función de que usted ha sido convocado a partir de un proyecto de resolución, que usted cuente con veinte o treinta minutos a lo sumo para expresarse respecto de las preguntas centrales referidas a ese proyecto. Después habilitaríamos las preguntas que los diputados de los distintos bloques quieran realizar.
En ese sentido y para no reiterar les voy a pedir a los diputados que sean absolutamente rigurosos en centrarse en la pregunta de manera concreta y precisa. La posición política que cada uno de los bloques tiene respecto del tema de políticas de seguridad pública ya ha sido fijada con mucha claridad hace quince días en el recinto.
Entonces, a los efectos de poder aprovechar mucho más el tiempo y que todos puedan preguntar, vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas. En primer lugar preguntan por bloque y después tres diputados, y usted va respondiendo, si le parece, señor ministro. Les pido por favor a los diputados que se circunscriban puntualmente a lo que quieran conocer, lógicamente utilizando el tiempo necesario para ser explícitos. ¿Le parece, señor ministro?
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alak.
La verdad es que la presencia del señor ministro ha generado muchas expectativas, por lo que estamos muy atentos a las explicaciones que nos pueda brindar.
Vamos a fijar un mecanismo de manera tal que su presencia pueda tener el resultado que esperamos los diputados de esta comisión y de las comisiones que han sido convocadas, como Justicia y Derechos Humanos y Garantías.
Propongo como metodología y en función de que usted ha sido convocado a partir de un proyecto de resolución, que usted cuente con veinte o treinta minutos a lo sumo para expresarse respecto de las preguntas centrales referidas a ese proyecto. Después habilitaríamos las preguntas que los diputados de los distintos bloques quieran realizar.
En ese sentido y para no reiterar les voy a pedir a los diputados que sean absolutamente rigurosos en centrarse en la pregunta de manera concreta y precisa. La posición política que cada uno de los bloques tiene respecto del tema de políticas de seguridad pública ya ha sido fijada con mucha claridad hace quince días en el recinto.
Entonces, a los efectos de poder aprovechar mucho más el tiempo y que todos puedan preguntar, vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas. En primer lugar preguntan por bloque y después tres diputados, y usted va respondiendo, si le parece, señor ministro. Les pido por favor a los diputados que se circunscriban puntualmente a lo que quieran conocer, lógicamente utilizando el tiempo necesario para ser explícitos. ¿Le parece, señor ministro?
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alak.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Señora presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación: agradezco la invitación. Creo que es una invitación oportuna y necesaria porque sabemos que lo relativo a la seguridad o inseguridad en la Argentina es uno de los temas que más se debaten en la opinión pública. Me parece muy importante que los representantes de los diferentes poderes del Estado podamos tener un diálogo directo donde podamos expresar nuestras ideas e inquietudes y también interrogar sobre las cuestiones que nos preocupan.
He seguido atentamente el debate que esta Cámara ha hecho sobre la inseguridad en ocasión de la presencia del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, como así también en otros pronunciamientos que han hecho los legisladores de la Nación sobre este tema, con lo cual más allá de los puntos que me adelantó la señora presidenta de la comisión sabemos que hay otros temas fuera de la agenda que preocupan, por lo que viene muy bien esta oportunidad para analizarlos en conjunto y debatirlos.
Me parece un saldo muy positivo -visto desde afuera del Parlamento- esta idea ya general de los diputados de la Nación -como de los senadores también- de que ha terminado un ciclo en la Argentina en donde la seguridad quería combatirse con políticas de mano dura, donde se pensaba solamente que el derecho penal, las fuerzas de seguridad o los servicios de Justicia podían ser la solución a los problemas de seguridad.
Compartimos la posición que han manifestado muchos legisladores en este sentido.
Me parece buena esta oportunidad para reivindicar la visión que tiene el Poder Ejecutivo sobre el combate a la inseguridad y sobre el cumplimiento de los fines fundamentales de la ley de seguridad interior.
Al igual que muchos de ustedes, consideramos que el problema de la inseguridad se resuelve fundamentalmente con políticas sociales. Se trata de políticas que quizás no logran un objetivo inmediato, que llevan más tiempo y son las menos espectaculares en la lucha contra el delito, pero son las únicas que resuelven los problemas delictuales estructurales en este país, en Latinoamérica y en cualquier país del mundo.
Esto no significa que el gobierno, además de tener como uno de los planes centrales la aplicación de las políticas sociales para combatir el delito, no tenga políticas específicas de seguridad, porque las tiene. También nosotros en esta breve exposición, y luego con las ampliaciones que surjan de las preguntas, las podemos detallar en profundidad. Consideramos que hay que seguir resolviendo los problemas estructurales sociales para que baje aún más la tasa de criminalidad en la Argentina.
En la invitación también se planteó lo atinente al monitoreo de las políticas públicas y de sus resultados, que es un tema del que igualmente vamos a hablar hoy en esta reunión.
También podemos manifestar un anticipo de las cifras de la estadística 2008, que en los próximos días se difundirá vía Internet a través del sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
En cuanto a las políticas sociales, toda la doctrina moderna ha señalado correctamente que las causas del delito se vinculan con problemas estructurales que surgen fundamentalmente de la desigualdad. También se ha dicho acertadamente que los problemas de la desigualdad, la pobreza y la distribución exceden al derecho, a las normas penales y a las fuerzas de seguridad.
Por lo tanto, consideramos que la resolución de los problemas sociales es un tema esencial y central, no solamente para la doctrina moderna sino que desde Aristóteles se planteó la resolución de los problemas de la comunidad a través de la justicia distributiva.
En este sentido, hoy podemos exhibir indicadores que demuestran claramente que cuando se deterioró la situación social de la Argentina aumentó el delito. Por el contrario, cuando la situación social comenzó a mejorar en forma notable -disponemos de indicadores que así lo demuestran- empezó a disminuir la tasa de criminalidad en nuestro país.
Este punto nos parece importante, porque la desarticulación de la estructura económica y social de la Argentina nació con un dato muy claro y contundente a partir del Consenso de Washington en 1980. Sus efectos en la economía argentina fueron la venta de activos del Estado, la desregulación laboral, la precarización del trabajo, la expulsión de miles de trabajadores obreros desde empresas públicas privatizadas a la calle, el crecimiento de las tasas de desempleo -que fue muy alta- y el aumento de los niveles de exclusión social. Se trató de un proceso que se instrumentó durante la dictadura militar, cuyos efectos los fue pagando posteriormente el sistema democrático con malos indicadores sociales e inseguridad.
La dictadura militar no solamente nos legó 30 mil desaparecidos y 500 hijos y nietos que aún estamos buscando sino que también desarticuló el aparato económico, lo que generó un impacto social que luego se presentó en toda su magnitud y nos provocó los problemas de inseguridad que todavía venimos padeciendo los argentinos.
Quiero hacer esta aclaración porque si uno mira los indicadores de la inseguridad en la Argentina advierte que desde la reimplantación del sistema democrático en 1983 no se detuvo el incremento de la tasa de criminalidad hasta el año 2002. Muchas veces esta cuestión no se quiere difundir porque puede confundir y hacer parecer que es el Estado democrático -que no tiene mano dura- el que permite que crezca el delito.
En realidad lo que sucedió fue que la desarticulación del aparato económico y social de la década del 70, cuando se adoptaron los parámetros del Consenso de Washington, empezó a impactar en las décadas del 80 y del 90, con la disparada que tuvimos en desocupación, pobreza y problemas de distribución.
Esta situación también impactó en el delito, lo que se observa claramente en las tasas de criminalidad y en las encuestas de victimización.
¿Cuándo se cortó el crecimiento del delito en la Argentina? En 2003, porque a partir de ese año se empezaron a aplicar políticas que ya no respondían al Consenso de Washington de 1980. Ya no respondían a la venta de activos del Estado, al Estado subsidiario, a la flexibilización laboral, a la precarización del trabajo, al Estado ausente y tampoco al Estado que privatizaba el sistema jubilatorio o no atendía en forma directa a la niñez. Por el contrario, comenzaron a ponerse en marcha políticas tendientes a alcanzar un perfil productivo nacional en el que se advirtiera crecimiento del empleo y disminución en los niveles de pobreza, desocupación y exclusión.
Todo esto comenzó a impactar claramente en las tasas de criminalidad. Si analizamos lo ocurrido en el período comprendido entre los años 1993 y 2002 -es decir, previo a la asunción del ex presidente Néstor Kirchner- advertiremos que el índice de pobreza, que era de 17,3 por ciento en 1993, fue creciendo en forma sostenida hasta ser de 52 por ciento en el año 2002. La tasa de desocupación pasó del 9,60 por ciento en 1993 al 19,65 por ciento en 2002. El coeficiente de Gini, que en 1993 era de 0,48, se disparó hasta llegar a 0,54 en 2002.
Veamos a continuación qué ocurrió con los homicidios dolosos. Quiero decir en este debate cuál es la tasa, porque en esta materia es considerada la tasa blanca del delito, es decir, la que se encuentra validada internacionalmente porque ha sido aceptada por las Naciones Unidas. Es una tasa que no se puede dibujar porque no depende de las denuncias en particular.
La tasa de homicidios dolosos, medida cada cien mil habitantes, trepó de 7,5 a 9,2. Mientras se deterioraba el empleo y crecían tanto la pobreza como la desocupación, el coeficiente de Gini aumentaba y también lo hacía en forma paralela -casi simétrica- la cantidad de homicidios dolosos. Esto es lo que se observa hasta el año 2002 respecto de esta tasa en la Argentina.
¿Cuál es el modelo que reproduce inversamente lo que hemos visto en nuestro país para solucionar el delito a través de la mano dura? ¿Cuál es ese modelo que se contrapone con la idea de poner más policías en la calle y más armas, modificando permanentemente las normas con el objeto de penalizar aún más los hechos delictivos?
Hay muchos modelos, pero los más exitosos corresponden a países que apostaron fundamentalmente a la solución estructural. Aquí debemos mencionar a los países nórdicos; por ejemplo Finlandia, que resolvió el problema de la inseguridad de esa manera y redujo la tasa de homicidios dolosos al 2,8 por cada cien mil habitantes. Canadá hizo algo similar, y su tasa de criminalidad es aún inferior.
La evolución de los índices, incluso la de aquellos calculados sobre las personas privadas de su libertad, es llamativa.
En Finlandia, la cantidad de presos pasó de 4.700 a 2.800 personas. O sea que decreció la población carcelaria. También disminuyó el número de efectivos de la Policía; la integración al sistema económico y social, es decir, al mundo del trabajo, trajo como consecuencia una menor cantidad de gente presa, con lo cual ya no era necesario contar con más policías.
Este es el modelo que nosotros proponemos para solucionar el problema: profundizar la reforma estructural para mejorar las condiciones sociales y, paralelamente, continuar fortaleciendo a las fuerzas de seguridad.
También me parece importante agregar que el Estado, que durante la década del 90 carecía permanentemente de recursos -situación que tuvo su eclosión primero en la crisis hiperinflacionaria y luego en la crisis de 2001-, tampoco contaba con fondos suficientes para invertir en designación de policías, en equipamiento y en el crecimiento de las fuerzas de seguridad.
No estoy sugiriendo que en la Argentina enfrentemos el delito sólo con políticas estructurales. Digo que éstas son fundamentales, y que mientras logramos esa solución de fondo debemos contar con fuerzas de seguridad debidamente equipadas, o sea, con suficiente cantidad de efectivos y la máxima tecnología disponible.
Además es preciso tener un sistema de enjuiciamiento rápido, capaz de resolver los problemas con celeridad, y un sistema penitenciario que atienda no sólo la realidad penitenciaria sino también la postpenitenciaria, para que las cárceles se transformen en instrumentos de resocialización.
Y debemos tener normas armonizadas de acuerdo con la necesidad de un cambio profundo en el delito en la Argentina.
Podemos advertir también que en la segunda fase, con la modificación del paradigma del Estado, ya no con la visión de un Estado liberal sino de un Estado democrático social -no un Estado autoritario como fue en la dictadura ni un Estado liberal como fue posteriormente, sino con una visión de un Estado democrático social-, desde el año 2003 los índices de pobreza empezaron a disminuir claramente, al igual que la tasa de desocupación y el coeficiente de Gini.
Veamos algunos números. El índice de pobreza en 2003 era del 51,7 por ciento, mientras que en 2008 era del 17,98 por ciento; la tasa de desocupación cayó del 17,25 por ciento al 7,88 por ciento; y el coeficiente de Gini bajó del 0,53 al 0,46.
¿Qué pasó en esta etapa con la tasa de criminalidad, es decir, con los homicidios dolosos? Cayeron de 7,6 a 5,8 cada cien mil habitantes; es decir, se vuelve a dar un paralelismo entre indicadores sociales y tasa de criminalidad, en este caso inverso, no con aumento sino con una caída sustancial de la criminalidad.
Por otra parte, queremos destacar el esfuerzo que se hizo -no en mi gestión, sino en la de mi antecesor Aníbal Fernández- en optimizar las fuerzas de seguridad al dotarlas de más personal y de mayor equipamiento. Esta gestión está siguiendo con ese lineamiento, pero los cambios más fuertes se pueden advertir en la gestión anterior, porque en algunos casos las fuerzas estaban casi en una situación de colapso operativo.
Para que tengan presente algunos indicadores les comento que en el año 2002 la Policía Federal Argentina tenía 29.201 efectivos, quizás la menor cantidad de efectivos policiales de los últimos cuarenta años. En 2010 pasó a tener 34.600, es decir, creció en 5.399 efectivos; la variación fue de un aumento en un 18 por ciento en la dotación de personal.
La Prefectura Naval Argentina tenía 14.194 efectivos en 2002, mientras que ahora tiene 17.103; aumentó en 2.900 efectivos.
La Gendarmería Nacional, que tenía 17.635 efectivos, pasó a tener ahora 27.815; creció en 10.180 efectivos.
Y el servicio Penitenciario Federal tenía 8.115 efectivos y ahora tiene 11.468.
Entre 2002 y 2010 se pasó de tener 69.000 a 93.000 efectivos; lo que representa un aumento del 41 por ciento. Veníamos de casi veinte años de congelamiento de designaciones.
Lo mismo se dio en el presupuesto para las fuerzas, que pasó de 1.951 millones en 2002 a 8.571 millones de pesos en el último proyecto de presupuesto.
En cuanto a logística, entre 2003 y 2010 se adquirieron 5.324 unidades para las fuerzas, 21 aeronaves, 279 embarcaciones para la Prefectura y 61.000 armas para todas las fuerzas.
Por otro lado, hubo un proceso de transformación importante de las fuerzas de seguridad. En este período nació la primera fuerza del sistema democrático: la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es una fuerza nacida de este gobierno con el diseño que considera mejor para las nuevas fuerzas y es con conducción civil.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria en este corto tiempo no solamente ha tenido actuaciones destacadas contra el delito organizado -el narcotráfico, la trata de personas- sino que también ha tenido una conducta y una eficiencia ejemplar en la cuestión específica, que es el control de los aeropuertos.
La Policía Federal, por otra parte, inició un proceso del que se habló durante años. Tengo declaraciones de hace ocho años de algunos diputados que están aquí presentes y de algunos que no están, como la diputada Carrió, quienes sostenían que había que crear un FBI argentino. Coincido en esto, y en tal sentido la Policía Federal, por decisión ministerial, comenzó a realizar tareas de despliegue federal y de descentralización.
Hace poco tiempo se habilitó en San Juan la primera regional federal para investigación y científica que forma parte de un proyecto de ocho regionales que se abrirán en Comodoro Rivadavia -para Patagonia Sur-, en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en el NEA, en el NOA y en Córdoba.
Quiere decir que vamos a tener la Policía Federal desplegada en todo el territorio con tareas de investigaciones complejas al servicio de la Justicia Federal. Esas tareas hay que centralizarlas en Buenos Aires y realmente demoran las investigaciones y los procedimientos.
Por otro lado el trabajo que ha hecho la Policía Federal Argentina ha llevado a que Interpol -que es la organización policial mundial-, cuya sede está en Lyon, Francia, haya elegido a nuestras fuerzas para la vicepresidencia mundial y va a abrir en los próximos meses una delegación acá, en la Ciudad de Buenos Aires, la primera delegación fuera de Francia.
Esta decisión de Interpol no es una cuestión al azar, no es una cuestión singular, es una cuestión de reconocimiento al trabajo que hace esta fuerza policial argentina, incluso de colaboración a las fuerzas de otros países.
La Gendarmería Nacional con la Prefectura son fuerzas que tienen un nivel de prestigio en la sociedad que en muchos casos superan a muchas instituciones en la República. Estas fuerzas han tenido un crecimiento muy fuerte luego de haber sufrido una situación de colapso antes de este gobierno en algunas áreas. Han transformado su actividad, de una actividad estática como tenía Gendarmería de controlar solamente las fronteras, hoy han pasado a realizar una tarea muy dinámica de investigación compleja en todo el país, además de controlar las rutas, con lo cual se está trabajando en la disminución de los homicidios culposos en la Argentina.
La Prefectura Naval Argentina además de trabajar como las otras fuerzas en la desarticulación del crimen organizado, está preparada para llegar a Antártida Argentina en tareas de medios ambientales y se está preparando para la extensión de 200 a 350 millas marítimas, de acuerdo con las nuevas resoluciones que surjan en ese tema.
Quería plantear otra cosa además de lo ya dicho, y por solicitud de la señora diputada Baldata y de muchos legisladores a quienes he visto que públicamente han manifestado por qué no se difundían las estadísticas del crimen argentino.
A decir verdad, la estadística es el producto de la información que brindan los gobiernos provinciales al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Por lo tanto en algunos casos, en algunas reparticiones provinciales modifican el sistema de recolección de datos y no coincide con el del Ministerio. En algunos casos esas estadísticas hay que volver a realizarlas a nivel de los gobiernos provinciales.
Eso explica esta demora, pero además hay que ver que hubo un cambio de gobierno en 2007-2008 y en muchos casos cambiaron también los ministros de Seguridad. De acuerdo con la estadística de 2008 que se va a poner en pantalla mañana o pasado mañana podemos decir que el delito en la Argentina, tomando la tasa de homicidios dolosos, ha disminuido en relación con el año 2002 en un 37 por ciento.
Sabemos que hablar de estadísticas muchas veces es malo para quien está en el gobierno porque siempre existe la reacción. Muchas veces las estadísticas se sacan a relucir cuando hay un hecho doloroso, tremendo que impacta en la opinión pública y en nosotros. Entonces se pretende utilizar la estadística como respuesta a un hecho que impacta en la opinión y nos atormenta a todos, fundamentalmente a los familiares de las víctimas.
Estoy convencido de que si no miramos la realidad podemos equivocarnos y mal. ¿Por qué digo "mal"? Porque cada vez que hay un hecho aislado doloroso lo primero que se quiere hacer es modificar la norma y endurecerla. Endurecer la norma en la Argentina ha sido una mala estrategia, porque muchas veces sólo se ha conseguido un aumento en el índice de prisionalización de los ciudadanos, y sabemos que aumentando el índice de prisionalización lo único que tenemos son cárceles hacinadas, con mayor población carcelaria de lo debido, y ese no es el método de solución de los problemas profundos.
Debemos tener el índice de prisionalización justo, y en ese sentido me parece que exhibir la estadística en una tendencia a la baja no es una actitud de propaganda de gobierno sino de reafirmación de que los problemas de seguridad se resuelven si solucionamos los problemas sociales estructurales con los que venimos luchando en la Argentina.
De acuerdo con la estadística de 2008, hoy tenemos una tasa de criminalidad del 5,8 en la Argentina. ¿Qué es el 5,8? ¿Es mucho o es poco? ¿Cómo sabemos si es mucho o poco una tasa de criminalidad? La única manera de saberlo es comparándonos con el mundo, porque un solo hecho delictivo es un hecho que no toleramos ni soportamos. La muerte de una sola persona provoca que el gobierno y sus instituciones estén en deuda con la sociedad, pero es necesario saber cómo está ubicado el país en el mundo. Si desconocemos este punto podemos desandar políticas que son buenas para combatir la inseguridad y volver a políticas que fueron malas en la Argentina.
En ese sentido quiero señalar que de acuerdo con los relevamientos que han hecho las entidades más especializadas del mundo -entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial-, la tasa comparativa de homicidios dolosos por países muestra que Honduras tiene el 57,9 sobre cien mil; Venezuela, el 52; Guatemala, el 49; El Salvador, el 44; Colombia, el 40; Brasil, el 26; República Dominicana, el 20; Nicaragua, el 13; México, el 12; Costa Rica, el 8; Argentina, el 5,8; Estados Unidos, el 5,4; y Canadá, el 1,83. El país con mejor tasa de calidad de vida de América es el que menos delito tiene.
Los países que compraron las políticas del Consenso de Washington, al igual que aquellos que han sido frecuentemente compradores de las políticas de los centros financieros internacionales de la economía -que buscan bajo una supuesta ayuda la colocación de créditos para mantener el negocio financiero mundial-, han sido a los que peor les ha ido. Además, a dichos países no solamente se les impuso un modelo contrario a sus intereses económicos sino también el mecanismo de la mano dura. Es decir que se les provocó un doble daño, porque si a un país con alto nivel de exclusión social, de desempleo y de pobreza se le impone el discurso de la mano dura lo único que se logra es una hiperutilización del mecanismo y la represión penales. De esa manera lo único que se logra es llenar las cárceles de presos, con lo cual luego se hace cada vez más difícil la resocialización.
En cambio, los países que han solucionado en forma estructural sus problemas económicos y sociales son los que hoy pueden exhibir la menor cantidad de personas detenidas en los centros de detención e incluso experimentan una tendencia a la baja, es decir, a tener cada vez menos presos.
De acuerdo con las estadísticas del año 2008, el comparativo de ciudades refleja lo siguiente: Cali tiene 66 homicidios dolosos cada cien mil habitantes; Río de Janeiro, 39; Tijuana, 38; Medellín, 33; Bogotá, 31; Washington, 31; Chicago, 18; Miami, 14; San Francisco, 12; San Pablo, 11; Los Ángeles, 9; México, 8; Santiago, 6; Montevideo, 6; Nueva York, 6; Buenos Aires, 4,6; y Toronto, 2,79. Mañana también estará la apertura por provincia.
Respecto de los homicidios dolosos quiero reivindicar el hecho de no comprar los modelos extranjeros, por varios motivos. En primer lugar, porque a los argentinos nos ha ido mal cuando copiamos los modelos extranjeros en forma automática. En segundo término, porque los mejores criminólogos de Latinoamérica son argentinos. Ellos son los contratados por las Naciones Unidas, por el BID y por la OEA, pues son los que han llevado adelante las reformas procesales, las reformas de los sistemas de enjuiciamiento penal y las reformas de los sistemas penitenciarios en la mayoría de los países latinoamericanos. Nos tenemos que seguir apoyando en nuestro pensamiento para continuar bajando la tasa de criminalidad de la Argentina, que es lo que nos falta, y no seguir la tendencia de los 90, cuando iban corriendo a ver qué hacía el ex alcalde Giuliani en Nueva York.
Destaco esta cifra para hacer notar que muchas ciudades de los Estados Unidos -por no decir la mayoría- están peor que Buenos Aires. El índice de Nueva York es del 6,26; el de Buenos Aires, del 4,6. En otras ciudades, las tasas son las siguientes: Los Ángeles, 9,97; San Francisco, 12,27; Miami, 14.
Si hablamos de la mano dura, hay muchos que miran hacia Colombia para ver de qué manera los colombianos pueden enseñar a los argentinos a solucionar el problema de la inseguridad. Veamos entonces qué ocurre en ese país: la tasa de criminalidad es igual a 40, mientras que en la Argentina es el 5,8. Es decir que están ocho veces peor que nosotros. En cuanto a las capitales de ambos países, Bogotá tiene una tasa de 31,7 y Buenos Aires de 4,7 por ciento.
Reitero que no estoy haciendo una propaganda de gobierno. Además, por lo que he escuchado, advierto que felizmente el pensamiento predominante en esta Cámara es que sigamos insistiendo en la implementación de políticas tendientes a dar una solución estructural al problema del delito, es decir, en las políticas sociales.
Así como la medicina resolvió los grandes dramas de la humanidad no con remedios sino con la mejora de las condiciones sociales -en el siglo pasado, tanto la peste negra como la tuberculosis se superaron no con medicamentos sino con la mejora de las condiciones sociales-, los argentinos lograremos resolver el problema del delito si seguimos trabajamos como hasta ahora en la mejora de los indicadores sociales.
En lo que se refiere al Consejo Federal de Seguridad, si la señora presidenta lo desea me puedo explayar, pero no quisiera extenderme mucho más. Sí puedo mostrar algunas cifras vinculadas con tres aspectos: el crimen organizado -es decir, aquel que atenta contra las instituciones y la ciudadanía en general-, la seguridad ciudadana -relacionada con los delitos cometidos contra cada individuo- y el orden público, que se vincula por ejemplo con el reclamo de la población por las manifestaciones en la vía pública que entorpecen el tránsito.
Se registran avances importantes en los tres aspectos. Si hablamos de la lucha contra el narcotráfico, podemos dar las cifras que surgen del accionar de las fuerzas de seguridad. La incautación total de marihuana y de cocaína es la categoría que se ha seguido en el período comprendido entre los años 2003 y 2010. La correspondiente a marihuana fue de 437 toneladas, mientras que la de cocaína alcanzó las 35 toneladas. En 2002 se secuestraron 33,97 toneladas de marihuana y en 2009, 55,60 toneladas. O sea que la variación fue del 63 por ciento. En cuanto a la cocaína, en 2002 se secuestraron 0,99 toneladas y en 2009, 7,42 toneladas. Es decir, un 646 por ciento más.
Respecto de los bienes incautados al narcotráfico, las cifras son las siguientes: 5.164 automotores, 328 embarcaciones, 8 inmuebles y 39 aeronaves.
Otro programa que sé que preocupa a esta Cámara y que incluso ha sido centro del debate, es el vinculado con la trata de personas.
Creo que es importante ver los resultados, aunque sabemos que aún queda mucho por hacer y por mejorar. Además, es preciso reconocer que hasta que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no decidieron impulsar la nueva ley, poco se hacía en la Argentina en la materia. Fue gracias a la nueva legislación que este tema se puso en la mesa de discusión.
En este corto tiempo se ha desarrollado una actividad impresionante. De acuerdo con los datos aportados por las fuerzas de seguridad sobre allanamientos, personas detenidas y víctimas, los datos son los siguientes.
En el transcurso de este año, la Policía Federal Argentina realizó 79 allanamientos, detuvo a 143 personas y rescató a 218 víctimas; de ellas, 39 fueron menores y 179, mayores. La Gendarmería Nacional -a partir de ahora me referiré sólo a cantidad de víctimas, para no extenderme demasiado- rescató a 187 personas. La Prefectura Naval Argentina, a 54. La Policía de Seguridad Aeroportuaria rescató a 9. Es decir que si hablamos de trata de personas, en total son 468 las que fueron rescatadas en lo que va del año.
Desde la sanción de la ley fueron rescatadas por la Policía Federal Argentina, 385 personas; por la Gendarmería Nacional, 496; por la Prefectura Naval Argentina, 89; por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 10. En total fueron rescatadas 980 personas, una cifra que antes no existía. ¿Cuántas víctimas de la trata de personas eran rescatadas antes? Muy pocas. Este es un éxito del Congreso y del Poder Ejecutivo nacional.
Por supuesto que aún queda por hacer.
Estamos dispuestos a profundizar esta lucha.
En cuanto a la cantidad de juicios concluidos con sentencia firme, en Santa Fe se hicieron juicios con condenas de diez años de prisión; en Mar del Plata, de cuatro años; en Paraná, de cuatro años; en Comodoro Rivadavia; de diez años; en Córdoba, de seis años; en Misiones, de tres años; y en La Pampa, de cuatro años. Es decir que el sistema de enjuiciamiento funciona también.
No voy a enumerar todos los programas pero en seguridad ciudadana es importante tratar un programa cuya prórroga está basada en un proyecto de ley que está aquí. Estoy hablando de la ley de desarme, la cual es muy importante sancionar.
Cuando damos las cifras del delito en la Argentina, que en 2008 fue 5,8 -estamos hablando de aproximadamente 2.305 homicidios dolosos-, tenemos que saber -ustedes obviamente lo saben- que el 75 por ciento de los homicidios dolosos en la Argentina es producto de conflictos interpersonales; es decir, discusiones familiares, entre vecinos, riñas por temas de deudas. Por lo tanto, tres cuartas partes de los homicidios dolosos, que es la tasa de criminalidad utilizada internacionalmente, son por conflictos interpersonales. Solamente el 25 por ciento son en ocasión de otro delito; fundamentalmente, robos. Esa es la cantidad que más impacta en el tema de la inseguridad pública.
¿Cómo hacemos para bajar la tasa del 75 por ciento de nuestros delitos por cuestiones interpersonales, que no es un problema nuestro sino universal?
Nosotros hemos implementado, junto a ustedes, la ley de desarme civil. Por esa ley ya se han destruido aproximadamente 105 mil armas y tenemos 90 mil para destruir. ¿Cuánto representan 105 mil armas? Aproximadamente el 10 por ciento del total de armas registradas en la Argentina, que es de 1.200.000.
¿Y qué es lo que se pretende? Se intenta que cuando en el núcleo familiar haya una discusión no termine con la muerte de alguno de los integrantes de la familia. Antes terminaban con lesiones -que tampoco es deseable-, pero ahora, al estar el arma en la casa, se termina con la muerte de algún integrante de la familia o con la muerte de algún vecino. Han habido casos emblemáticos; hace poco un señor en Merlo persiguió y mató con su escopeta a un chiquito porque le tiraba piedras a su perro. También muchos casos terminan de la misma manera por discusiones entre marido y mujer.
Por lo tanto, el programa de desarme voluntario es muy importante; la sanción de la ley nos permitirá seguir adelante con el programa del rescate de armas. Incluso, es un programa reivindicado por los gobernadores, quienes están de acuerdo en seguir promoviéndolo.
Para no extenderme demasiado quiero referirme, fuera del ámbito de la actuación policial, al Servicio Penitenciario Federal Argentino. Nuestro Servicio Penitenciario cuenta con 10.300 plazas y tiene 9.300 alojados, es decir, es un sistema penitenciario que hace dos años superó el problema de la sobrepoblación. No fue algo simple; hubo que construir ampliaciones a nuestras cárceles.
El Servicio Penitenciario Federal tiene una tasa de prisionalización que está por debajo de la de Chile, Uruguay y otros países limítrofes; es muy parecida a la de España. Por otra parte, el 50 por ciento de la población carcelaria está educándose y el 60 por ciento trabaja, lo cual es un número alto. Es un servicio casi modelo en Latinoamérica y en muchísimos casos la conducción de nuestro servicio participa en la conducción y el diseño de servicios penitenciarios en otros países.
Por último, fuera de lo que es seguridad ciudadana tenemos la cuestión del orden público, la protesta social y la no criminalización. También creo que es una política que debemos reivindicar. Sabemos la cantidad de exteriorizaciones sociales que teníamos en la Argentina en el año 2002 -llegaron a más de 17 mil manifestaciones en la vía pública-. Sabemos además que previamente a la asunción de este gobierno hubo episodios lamentables donde murieron muchos argentinos que salieron a la calle a protestar.
En la última etapa del gobierno de 2001 hubo treinta y tres personas muertas en la Argentina; por lo tanto fue política de este gobierno no criminalizar la protesta social. Hoy podemos decir que no hay ningún hecho fatal imputable al gobierno federal.
Nosotros consideramos que es una política que hay que mantener: la no criminalización de la protesta social, más allá de que su existencia en las calles -o, como se la llama ahora, la democratización de la protesta social- genere inconvenientes en el tránsito, porque es mejor tener inconvenientes en el tránsito y no que un argentino muera cuando está reclamando derechos legítimos, sea por educación, por trabajo o por la salud.
En ese terreno pasamos de 17.500 protestas y manifestaciones sociales en la vía pública en el año 2002 a 5.200; ha habido una reducción muy fuerte en ese sentido.
Por último tenemos el tema de seguridad interior: el Consejo.
He seguido atentamente el debate que esta Cámara ha hecho sobre la inseguridad en ocasión de la presencia del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, como así también en otros pronunciamientos que han hecho los legisladores de la Nación sobre este tema, con lo cual más allá de los puntos que me adelantó la señora presidenta de la comisión sabemos que hay otros temas fuera de la agenda que preocupan, por lo que viene muy bien esta oportunidad para analizarlos en conjunto y debatirlos.
Me parece un saldo muy positivo -visto desde afuera del Parlamento- esta idea ya general de los diputados de la Nación -como de los senadores también- de que ha terminado un ciclo en la Argentina en donde la seguridad quería combatirse con políticas de mano dura, donde se pensaba solamente que el derecho penal, las fuerzas de seguridad o los servicios de Justicia podían ser la solución a los problemas de seguridad.
Compartimos la posición que han manifestado muchos legisladores en este sentido.
Me parece buena esta oportunidad para reivindicar la visión que tiene el Poder Ejecutivo sobre el combate a la inseguridad y sobre el cumplimiento de los fines fundamentales de la ley de seguridad interior.
Al igual que muchos de ustedes, consideramos que el problema de la inseguridad se resuelve fundamentalmente con políticas sociales. Se trata de políticas que quizás no logran un objetivo inmediato, que llevan más tiempo y son las menos espectaculares en la lucha contra el delito, pero son las únicas que resuelven los problemas delictuales estructurales en este país, en Latinoamérica y en cualquier país del mundo.
Esto no significa que el gobierno, además de tener como uno de los planes centrales la aplicación de las políticas sociales para combatir el delito, no tenga políticas específicas de seguridad, porque las tiene. También nosotros en esta breve exposición, y luego con las ampliaciones que surjan de las preguntas, las podemos detallar en profundidad. Consideramos que hay que seguir resolviendo los problemas estructurales sociales para que baje aún más la tasa de criminalidad en la Argentina.
En la invitación también se planteó lo atinente al monitoreo de las políticas públicas y de sus resultados, que es un tema del que igualmente vamos a hablar hoy en esta reunión.
También podemos manifestar un anticipo de las cifras de la estadística 2008, que en los próximos días se difundirá vía Internet a través del sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
En cuanto a las políticas sociales, toda la doctrina moderna ha señalado correctamente que las causas del delito se vinculan con problemas estructurales que surgen fundamentalmente de la desigualdad. También se ha dicho acertadamente que los problemas de la desigualdad, la pobreza y la distribución exceden al derecho, a las normas penales y a las fuerzas de seguridad.
Por lo tanto, consideramos que la resolución de los problemas sociales es un tema esencial y central, no solamente para la doctrina moderna sino que desde Aristóteles se planteó la resolución de los problemas de la comunidad a través de la justicia distributiva.
En este sentido, hoy podemos exhibir indicadores que demuestran claramente que cuando se deterioró la situación social de la Argentina aumentó el delito. Por el contrario, cuando la situación social comenzó a mejorar en forma notable -disponemos de indicadores que así lo demuestran- empezó a disminuir la tasa de criminalidad en nuestro país.
Este punto nos parece importante, porque la desarticulación de la estructura económica y social de la Argentina nació con un dato muy claro y contundente a partir del Consenso de Washington en 1980. Sus efectos en la economía argentina fueron la venta de activos del Estado, la desregulación laboral, la precarización del trabajo, la expulsión de miles de trabajadores obreros desde empresas públicas privatizadas a la calle, el crecimiento de las tasas de desempleo -que fue muy alta- y el aumento de los niveles de exclusión social. Se trató de un proceso que se instrumentó durante la dictadura militar, cuyos efectos los fue pagando posteriormente el sistema democrático con malos indicadores sociales e inseguridad.
La dictadura militar no solamente nos legó 30 mil desaparecidos y 500 hijos y nietos que aún estamos buscando sino que también desarticuló el aparato económico, lo que generó un impacto social que luego se presentó en toda su magnitud y nos provocó los problemas de inseguridad que todavía venimos padeciendo los argentinos.
Quiero hacer esta aclaración porque si uno mira los indicadores de la inseguridad en la Argentina advierte que desde la reimplantación del sistema democrático en 1983 no se detuvo el incremento de la tasa de criminalidad hasta el año 2002. Muchas veces esta cuestión no se quiere difundir porque puede confundir y hacer parecer que es el Estado democrático -que no tiene mano dura- el que permite que crezca el delito.
En realidad lo que sucedió fue que la desarticulación del aparato económico y social de la década del 70, cuando se adoptaron los parámetros del Consenso de Washington, empezó a impactar en las décadas del 80 y del 90, con la disparada que tuvimos en desocupación, pobreza y problemas de distribución.
Esta situación también impactó en el delito, lo que se observa claramente en las tasas de criminalidad y en las encuestas de victimización.
¿Cuándo se cortó el crecimiento del delito en la Argentina? En 2003, porque a partir de ese año se empezaron a aplicar políticas que ya no respondían al Consenso de Washington de 1980. Ya no respondían a la venta de activos del Estado, al Estado subsidiario, a la flexibilización laboral, a la precarización del trabajo, al Estado ausente y tampoco al Estado que privatizaba el sistema jubilatorio o no atendía en forma directa a la niñez. Por el contrario, comenzaron a ponerse en marcha políticas tendientes a alcanzar un perfil productivo nacional en el que se advirtiera crecimiento del empleo y disminución en los niveles de pobreza, desocupación y exclusión.
Todo esto comenzó a impactar claramente en las tasas de criminalidad. Si analizamos lo ocurrido en el período comprendido entre los años 1993 y 2002 -es decir, previo a la asunción del ex presidente Néstor Kirchner- advertiremos que el índice de pobreza, que era de 17,3 por ciento en 1993, fue creciendo en forma sostenida hasta ser de 52 por ciento en el año 2002. La tasa de desocupación pasó del 9,60 por ciento en 1993 al 19,65 por ciento en 2002. El coeficiente de Gini, que en 1993 era de 0,48, se disparó hasta llegar a 0,54 en 2002.
Veamos a continuación qué ocurrió con los homicidios dolosos. Quiero decir en este debate cuál es la tasa, porque en esta materia es considerada la tasa blanca del delito, es decir, la que se encuentra validada internacionalmente porque ha sido aceptada por las Naciones Unidas. Es una tasa que no se puede dibujar porque no depende de las denuncias en particular.
La tasa de homicidios dolosos, medida cada cien mil habitantes, trepó de 7,5 a 9,2. Mientras se deterioraba el empleo y crecían tanto la pobreza como la desocupación, el coeficiente de Gini aumentaba y también lo hacía en forma paralela -casi simétrica- la cantidad de homicidios dolosos. Esto es lo que se observa hasta el año 2002 respecto de esta tasa en la Argentina.
¿Cuál es el modelo que reproduce inversamente lo que hemos visto en nuestro país para solucionar el delito a través de la mano dura? ¿Cuál es ese modelo que se contrapone con la idea de poner más policías en la calle y más armas, modificando permanentemente las normas con el objeto de penalizar aún más los hechos delictivos?
Hay muchos modelos, pero los más exitosos corresponden a países que apostaron fundamentalmente a la solución estructural. Aquí debemos mencionar a los países nórdicos; por ejemplo Finlandia, que resolvió el problema de la inseguridad de esa manera y redujo la tasa de homicidios dolosos al 2,8 por cada cien mil habitantes. Canadá hizo algo similar, y su tasa de criminalidad es aún inferior.
La evolución de los índices, incluso la de aquellos calculados sobre las personas privadas de su libertad, es llamativa.
En Finlandia, la cantidad de presos pasó de 4.700 a 2.800 personas. O sea que decreció la población carcelaria. También disminuyó el número de efectivos de la Policía; la integración al sistema económico y social, es decir, al mundo del trabajo, trajo como consecuencia una menor cantidad de gente presa, con lo cual ya no era necesario contar con más policías.
Este es el modelo que nosotros proponemos para solucionar el problema: profundizar la reforma estructural para mejorar las condiciones sociales y, paralelamente, continuar fortaleciendo a las fuerzas de seguridad.
También me parece importante agregar que el Estado, que durante la década del 90 carecía permanentemente de recursos -situación que tuvo su eclosión primero en la crisis hiperinflacionaria y luego en la crisis de 2001-, tampoco contaba con fondos suficientes para invertir en designación de policías, en equipamiento y en el crecimiento de las fuerzas de seguridad.
No estoy sugiriendo que en la Argentina enfrentemos el delito sólo con políticas estructurales. Digo que éstas son fundamentales, y que mientras logramos esa solución de fondo debemos contar con fuerzas de seguridad debidamente equipadas, o sea, con suficiente cantidad de efectivos y la máxima tecnología disponible.
Además es preciso tener un sistema de enjuiciamiento rápido, capaz de resolver los problemas con celeridad, y un sistema penitenciario que atienda no sólo la realidad penitenciaria sino también la postpenitenciaria, para que las cárceles se transformen en instrumentos de resocialización.
Y debemos tener normas armonizadas de acuerdo con la necesidad de un cambio profundo en el delito en la Argentina.
Podemos advertir también que en la segunda fase, con la modificación del paradigma del Estado, ya no con la visión de un Estado liberal sino de un Estado democrático social -no un Estado autoritario como fue en la dictadura ni un Estado liberal como fue posteriormente, sino con una visión de un Estado democrático social-, desde el año 2003 los índices de pobreza empezaron a disminuir claramente, al igual que la tasa de desocupación y el coeficiente de Gini.
Veamos algunos números. El índice de pobreza en 2003 era del 51,7 por ciento, mientras que en 2008 era del 17,98 por ciento; la tasa de desocupación cayó del 17,25 por ciento al 7,88 por ciento; y el coeficiente de Gini bajó del 0,53 al 0,46.
¿Qué pasó en esta etapa con la tasa de criminalidad, es decir, con los homicidios dolosos? Cayeron de 7,6 a 5,8 cada cien mil habitantes; es decir, se vuelve a dar un paralelismo entre indicadores sociales y tasa de criminalidad, en este caso inverso, no con aumento sino con una caída sustancial de la criminalidad.
Por otra parte, queremos destacar el esfuerzo que se hizo -no en mi gestión, sino en la de mi antecesor Aníbal Fernández- en optimizar las fuerzas de seguridad al dotarlas de más personal y de mayor equipamiento. Esta gestión está siguiendo con ese lineamiento, pero los cambios más fuertes se pueden advertir en la gestión anterior, porque en algunos casos las fuerzas estaban casi en una situación de colapso operativo.
Para que tengan presente algunos indicadores les comento que en el año 2002 la Policía Federal Argentina tenía 29.201 efectivos, quizás la menor cantidad de efectivos policiales de los últimos cuarenta años. En 2010 pasó a tener 34.600, es decir, creció en 5.399 efectivos; la variación fue de un aumento en un 18 por ciento en la dotación de personal.
La Prefectura Naval Argentina tenía 14.194 efectivos en 2002, mientras que ahora tiene 17.103; aumentó en 2.900 efectivos.
La Gendarmería Nacional, que tenía 17.635 efectivos, pasó a tener ahora 27.815; creció en 10.180 efectivos.
Y el servicio Penitenciario Federal tenía 8.115 efectivos y ahora tiene 11.468.
Entre 2002 y 2010 se pasó de tener 69.000 a 93.000 efectivos; lo que representa un aumento del 41 por ciento. Veníamos de casi veinte años de congelamiento de designaciones.
Lo mismo se dio en el presupuesto para las fuerzas, que pasó de 1.951 millones en 2002 a 8.571 millones de pesos en el último proyecto de presupuesto.
En cuanto a logística, entre 2003 y 2010 se adquirieron 5.324 unidades para las fuerzas, 21 aeronaves, 279 embarcaciones para la Prefectura y 61.000 armas para todas las fuerzas.
Por otro lado, hubo un proceso de transformación importante de las fuerzas de seguridad. En este período nació la primera fuerza del sistema democrático: la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es una fuerza nacida de este gobierno con el diseño que considera mejor para las nuevas fuerzas y es con conducción civil.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria en este corto tiempo no solamente ha tenido actuaciones destacadas contra el delito organizado -el narcotráfico, la trata de personas- sino que también ha tenido una conducta y una eficiencia ejemplar en la cuestión específica, que es el control de los aeropuertos.
La Policía Federal, por otra parte, inició un proceso del que se habló durante años. Tengo declaraciones de hace ocho años de algunos diputados que están aquí presentes y de algunos que no están, como la diputada Carrió, quienes sostenían que había que crear un FBI argentino. Coincido en esto, y en tal sentido la Policía Federal, por decisión ministerial, comenzó a realizar tareas de despliegue federal y de descentralización.
Hace poco tiempo se habilitó en San Juan la primera regional federal para investigación y científica que forma parte de un proyecto de ocho regionales que se abrirán en Comodoro Rivadavia -para Patagonia Sur-, en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en el NEA, en el NOA y en Córdoba.
Quiere decir que vamos a tener la Policía Federal desplegada en todo el territorio con tareas de investigaciones complejas al servicio de la Justicia Federal. Esas tareas hay que centralizarlas en Buenos Aires y realmente demoran las investigaciones y los procedimientos.
Por otro lado el trabajo que ha hecho la Policía Federal Argentina ha llevado a que Interpol -que es la organización policial mundial-, cuya sede está en Lyon, Francia, haya elegido a nuestras fuerzas para la vicepresidencia mundial y va a abrir en los próximos meses una delegación acá, en la Ciudad de Buenos Aires, la primera delegación fuera de Francia.
Esta decisión de Interpol no es una cuestión al azar, no es una cuestión singular, es una cuestión de reconocimiento al trabajo que hace esta fuerza policial argentina, incluso de colaboración a las fuerzas de otros países.
La Gendarmería Nacional con la Prefectura son fuerzas que tienen un nivel de prestigio en la sociedad que en muchos casos superan a muchas instituciones en la República. Estas fuerzas han tenido un crecimiento muy fuerte luego de haber sufrido una situación de colapso antes de este gobierno en algunas áreas. Han transformado su actividad, de una actividad estática como tenía Gendarmería de controlar solamente las fronteras, hoy han pasado a realizar una tarea muy dinámica de investigación compleja en todo el país, además de controlar las rutas, con lo cual se está trabajando en la disminución de los homicidios culposos en la Argentina.
La Prefectura Naval Argentina además de trabajar como las otras fuerzas en la desarticulación del crimen organizado, está preparada para llegar a Antártida Argentina en tareas de medios ambientales y se está preparando para la extensión de 200 a 350 millas marítimas, de acuerdo con las nuevas resoluciones que surjan en ese tema.
Quería plantear otra cosa además de lo ya dicho, y por solicitud de la señora diputada Baldata y de muchos legisladores a quienes he visto que públicamente han manifestado por qué no se difundían las estadísticas del crimen argentino.
A decir verdad, la estadística es el producto de la información que brindan los gobiernos provinciales al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Por lo tanto en algunos casos, en algunas reparticiones provinciales modifican el sistema de recolección de datos y no coincide con el del Ministerio. En algunos casos esas estadísticas hay que volver a realizarlas a nivel de los gobiernos provinciales.
Eso explica esta demora, pero además hay que ver que hubo un cambio de gobierno en 2007-2008 y en muchos casos cambiaron también los ministros de Seguridad. De acuerdo con la estadística de 2008 que se va a poner en pantalla mañana o pasado mañana podemos decir que el delito en la Argentina, tomando la tasa de homicidios dolosos, ha disminuido en relación con el año 2002 en un 37 por ciento.
Sabemos que hablar de estadísticas muchas veces es malo para quien está en el gobierno porque siempre existe la reacción. Muchas veces las estadísticas se sacan a relucir cuando hay un hecho doloroso, tremendo que impacta en la opinión pública y en nosotros. Entonces se pretende utilizar la estadística como respuesta a un hecho que impacta en la opinión y nos atormenta a todos, fundamentalmente a los familiares de las víctimas.
Estoy convencido de que si no miramos la realidad podemos equivocarnos y mal. ¿Por qué digo "mal"? Porque cada vez que hay un hecho aislado doloroso lo primero que se quiere hacer es modificar la norma y endurecerla. Endurecer la norma en la Argentina ha sido una mala estrategia, porque muchas veces sólo se ha conseguido un aumento en el índice de prisionalización de los ciudadanos, y sabemos que aumentando el índice de prisionalización lo único que tenemos son cárceles hacinadas, con mayor población carcelaria de lo debido, y ese no es el método de solución de los problemas profundos.
Debemos tener el índice de prisionalización justo, y en ese sentido me parece que exhibir la estadística en una tendencia a la baja no es una actitud de propaganda de gobierno sino de reafirmación de que los problemas de seguridad se resuelven si solucionamos los problemas sociales estructurales con los que venimos luchando en la Argentina.
De acuerdo con la estadística de 2008, hoy tenemos una tasa de criminalidad del 5,8 en la Argentina. ¿Qué es el 5,8? ¿Es mucho o es poco? ¿Cómo sabemos si es mucho o poco una tasa de criminalidad? La única manera de saberlo es comparándonos con el mundo, porque un solo hecho delictivo es un hecho que no toleramos ni soportamos. La muerte de una sola persona provoca que el gobierno y sus instituciones estén en deuda con la sociedad, pero es necesario saber cómo está ubicado el país en el mundo. Si desconocemos este punto podemos desandar políticas que son buenas para combatir la inseguridad y volver a políticas que fueron malas en la Argentina.
En ese sentido quiero señalar que de acuerdo con los relevamientos que han hecho las entidades más especializadas del mundo -entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial-, la tasa comparativa de homicidios dolosos por países muestra que Honduras tiene el 57,9 sobre cien mil; Venezuela, el 52; Guatemala, el 49; El Salvador, el 44; Colombia, el 40; Brasil, el 26; República Dominicana, el 20; Nicaragua, el 13; México, el 12; Costa Rica, el 8; Argentina, el 5,8; Estados Unidos, el 5,4; y Canadá, el 1,83. El país con mejor tasa de calidad de vida de América es el que menos delito tiene.
Los países que compraron las políticas del Consenso de Washington, al igual que aquellos que han sido frecuentemente compradores de las políticas de los centros financieros internacionales de la economía -que buscan bajo una supuesta ayuda la colocación de créditos para mantener el negocio financiero mundial-, han sido a los que peor les ha ido. Además, a dichos países no solamente se les impuso un modelo contrario a sus intereses económicos sino también el mecanismo de la mano dura. Es decir que se les provocó un doble daño, porque si a un país con alto nivel de exclusión social, de desempleo y de pobreza se le impone el discurso de la mano dura lo único que se logra es una hiperutilización del mecanismo y la represión penales. De esa manera lo único que se logra es llenar las cárceles de presos, con lo cual luego se hace cada vez más difícil la resocialización.
En cambio, los países que han solucionado en forma estructural sus problemas económicos y sociales son los que hoy pueden exhibir la menor cantidad de personas detenidas en los centros de detención e incluso experimentan una tendencia a la baja, es decir, a tener cada vez menos presos.
De acuerdo con las estadísticas del año 2008, el comparativo de ciudades refleja lo siguiente: Cali tiene 66 homicidios dolosos cada cien mil habitantes; Río de Janeiro, 39; Tijuana, 38; Medellín, 33; Bogotá, 31; Washington, 31; Chicago, 18; Miami, 14; San Francisco, 12; San Pablo, 11; Los Ángeles, 9; México, 8; Santiago, 6; Montevideo, 6; Nueva York, 6; Buenos Aires, 4,6; y Toronto, 2,79. Mañana también estará la apertura por provincia.
Respecto de los homicidios dolosos quiero reivindicar el hecho de no comprar los modelos extranjeros, por varios motivos. En primer lugar, porque a los argentinos nos ha ido mal cuando copiamos los modelos extranjeros en forma automática. En segundo término, porque los mejores criminólogos de Latinoamérica son argentinos. Ellos son los contratados por las Naciones Unidas, por el BID y por la OEA, pues son los que han llevado adelante las reformas procesales, las reformas de los sistemas de enjuiciamiento penal y las reformas de los sistemas penitenciarios en la mayoría de los países latinoamericanos. Nos tenemos que seguir apoyando en nuestro pensamiento para continuar bajando la tasa de criminalidad de la Argentina, que es lo que nos falta, y no seguir la tendencia de los 90, cuando iban corriendo a ver qué hacía el ex alcalde Giuliani en Nueva York.
Destaco esta cifra para hacer notar que muchas ciudades de los Estados Unidos -por no decir la mayoría- están peor que Buenos Aires. El índice de Nueva York es del 6,26; el de Buenos Aires, del 4,6. En otras ciudades, las tasas son las siguientes: Los Ángeles, 9,97; San Francisco, 12,27; Miami, 14.
Si hablamos de la mano dura, hay muchos que miran hacia Colombia para ver de qué manera los colombianos pueden enseñar a los argentinos a solucionar el problema de la inseguridad. Veamos entonces qué ocurre en ese país: la tasa de criminalidad es igual a 40, mientras que en la Argentina es el 5,8. Es decir que están ocho veces peor que nosotros. En cuanto a las capitales de ambos países, Bogotá tiene una tasa de 31,7 y Buenos Aires de 4,7 por ciento.
Reitero que no estoy haciendo una propaganda de gobierno. Además, por lo que he escuchado, advierto que felizmente el pensamiento predominante en esta Cámara es que sigamos insistiendo en la implementación de políticas tendientes a dar una solución estructural al problema del delito, es decir, en las políticas sociales.
Así como la medicina resolvió los grandes dramas de la humanidad no con remedios sino con la mejora de las condiciones sociales -en el siglo pasado, tanto la peste negra como la tuberculosis se superaron no con medicamentos sino con la mejora de las condiciones sociales-, los argentinos lograremos resolver el problema del delito si seguimos trabajamos como hasta ahora en la mejora de los indicadores sociales.
En lo que se refiere al Consejo Federal de Seguridad, si la señora presidenta lo desea me puedo explayar, pero no quisiera extenderme mucho más. Sí puedo mostrar algunas cifras vinculadas con tres aspectos: el crimen organizado -es decir, aquel que atenta contra las instituciones y la ciudadanía en general-, la seguridad ciudadana -relacionada con los delitos cometidos contra cada individuo- y el orden público, que se vincula por ejemplo con el reclamo de la población por las manifestaciones en la vía pública que entorpecen el tránsito.
Se registran avances importantes en los tres aspectos. Si hablamos de la lucha contra el narcotráfico, podemos dar las cifras que surgen del accionar de las fuerzas de seguridad. La incautación total de marihuana y de cocaína es la categoría que se ha seguido en el período comprendido entre los años 2003 y 2010. La correspondiente a marihuana fue de 437 toneladas, mientras que la de cocaína alcanzó las 35 toneladas. En 2002 se secuestraron 33,97 toneladas de marihuana y en 2009, 55,60 toneladas. O sea que la variación fue del 63 por ciento. En cuanto a la cocaína, en 2002 se secuestraron 0,99 toneladas y en 2009, 7,42 toneladas. Es decir, un 646 por ciento más.
Respecto de los bienes incautados al narcotráfico, las cifras son las siguientes: 5.164 automotores, 328 embarcaciones, 8 inmuebles y 39 aeronaves.
Otro programa que sé que preocupa a esta Cámara y que incluso ha sido centro del debate, es el vinculado con la trata de personas.
Creo que es importante ver los resultados, aunque sabemos que aún queda mucho por hacer y por mejorar. Además, es preciso reconocer que hasta que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no decidieron impulsar la nueva ley, poco se hacía en la Argentina en la materia. Fue gracias a la nueva legislación que este tema se puso en la mesa de discusión.
En este corto tiempo se ha desarrollado una actividad impresionante. De acuerdo con los datos aportados por las fuerzas de seguridad sobre allanamientos, personas detenidas y víctimas, los datos son los siguientes.
En el transcurso de este año, la Policía Federal Argentina realizó 79 allanamientos, detuvo a 143 personas y rescató a 218 víctimas; de ellas, 39 fueron menores y 179, mayores. La Gendarmería Nacional -a partir de ahora me referiré sólo a cantidad de víctimas, para no extenderme demasiado- rescató a 187 personas. La Prefectura Naval Argentina, a 54. La Policía de Seguridad Aeroportuaria rescató a 9. Es decir que si hablamos de trata de personas, en total son 468 las que fueron rescatadas en lo que va del año.
Desde la sanción de la ley fueron rescatadas por la Policía Federal Argentina, 385 personas; por la Gendarmería Nacional, 496; por la Prefectura Naval Argentina, 89; por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 10. En total fueron rescatadas 980 personas, una cifra que antes no existía. ¿Cuántas víctimas de la trata de personas eran rescatadas antes? Muy pocas. Este es un éxito del Congreso y del Poder Ejecutivo nacional.
Por supuesto que aún queda por hacer.
Estamos dispuestos a profundizar esta lucha.
En cuanto a la cantidad de juicios concluidos con sentencia firme, en Santa Fe se hicieron juicios con condenas de diez años de prisión; en Mar del Plata, de cuatro años; en Paraná, de cuatro años; en Comodoro Rivadavia; de diez años; en Córdoba, de seis años; en Misiones, de tres años; y en La Pampa, de cuatro años. Es decir que el sistema de enjuiciamiento funciona también.
No voy a enumerar todos los programas pero en seguridad ciudadana es importante tratar un programa cuya prórroga está basada en un proyecto de ley que está aquí. Estoy hablando de la ley de desarme, la cual es muy importante sancionar.
Cuando damos las cifras del delito en la Argentina, que en 2008 fue 5,8 -estamos hablando de aproximadamente 2.305 homicidios dolosos-, tenemos que saber -ustedes obviamente lo saben- que el 75 por ciento de los homicidios dolosos en la Argentina es producto de conflictos interpersonales; es decir, discusiones familiares, entre vecinos, riñas por temas de deudas. Por lo tanto, tres cuartas partes de los homicidios dolosos, que es la tasa de criminalidad utilizada internacionalmente, son por conflictos interpersonales. Solamente el 25 por ciento son en ocasión de otro delito; fundamentalmente, robos. Esa es la cantidad que más impacta en el tema de la inseguridad pública.
¿Cómo hacemos para bajar la tasa del 75 por ciento de nuestros delitos por cuestiones interpersonales, que no es un problema nuestro sino universal?
Nosotros hemos implementado, junto a ustedes, la ley de desarme civil. Por esa ley ya se han destruido aproximadamente 105 mil armas y tenemos 90 mil para destruir. ¿Cuánto representan 105 mil armas? Aproximadamente el 10 por ciento del total de armas registradas en la Argentina, que es de 1.200.000.
¿Y qué es lo que se pretende? Se intenta que cuando en el núcleo familiar haya una discusión no termine con la muerte de alguno de los integrantes de la familia. Antes terminaban con lesiones -que tampoco es deseable-, pero ahora, al estar el arma en la casa, se termina con la muerte de algún integrante de la familia o con la muerte de algún vecino. Han habido casos emblemáticos; hace poco un señor en Merlo persiguió y mató con su escopeta a un chiquito porque le tiraba piedras a su perro. También muchos casos terminan de la misma manera por discusiones entre marido y mujer.
Por lo tanto, el programa de desarme voluntario es muy importante; la sanción de la ley nos permitirá seguir adelante con el programa del rescate de armas. Incluso, es un programa reivindicado por los gobernadores, quienes están de acuerdo en seguir promoviéndolo.
Para no extenderme demasiado quiero referirme, fuera del ámbito de la actuación policial, al Servicio Penitenciario Federal Argentino. Nuestro Servicio Penitenciario cuenta con 10.300 plazas y tiene 9.300 alojados, es decir, es un sistema penitenciario que hace dos años superó el problema de la sobrepoblación. No fue algo simple; hubo que construir ampliaciones a nuestras cárceles.
El Servicio Penitenciario Federal tiene una tasa de prisionalización que está por debajo de la de Chile, Uruguay y otros países limítrofes; es muy parecida a la de España. Por otra parte, el 50 por ciento de la población carcelaria está educándose y el 60 por ciento trabaja, lo cual es un número alto. Es un servicio casi modelo en Latinoamérica y en muchísimos casos la conducción de nuestro servicio participa en la conducción y el diseño de servicios penitenciarios en otros países.
Por último, fuera de lo que es seguridad ciudadana tenemos la cuestión del orden público, la protesta social y la no criminalización. También creo que es una política que debemos reivindicar. Sabemos la cantidad de exteriorizaciones sociales que teníamos en la Argentina en el año 2002 -llegaron a más de 17 mil manifestaciones en la vía pública-. Sabemos además que previamente a la asunción de este gobierno hubo episodios lamentables donde murieron muchos argentinos que salieron a la calle a protestar.
En la última etapa del gobierno de 2001 hubo treinta y tres personas muertas en la Argentina; por lo tanto fue política de este gobierno no criminalizar la protesta social. Hoy podemos decir que no hay ningún hecho fatal imputable al gobierno federal.
Nosotros consideramos que es una política que hay que mantener: la no criminalización de la protesta social, más allá de que su existencia en las calles -o, como se la llama ahora, la democratización de la protesta social- genere inconvenientes en el tránsito, porque es mejor tener inconvenientes en el tránsito y no que un argentino muera cuando está reclamando derechos legítimos, sea por educación, por trabajo o por la salud.
En ese terreno pasamos de 17.500 protestas y manifestaciones sociales en la vía pública en el año 2002 a 5.200; ha habido una reducción muy fuerte en ese sentido.
Por último tenemos el tema de seguridad interior: el Consejo.
SRA. PRESIDENTA BALDATA No me diga que se reúnen porque no me han invitado.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS La invitaremos con mucho gusto.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Hay incumplimiento de la ley.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS El Consejo se reunió en reuniones plenarias en 2009 en el mes de abril y en el mes de diciembre.
El 14 de diciembre de 2009 se realizó la reunión plenaria en la ciudad de Buenos Aires con la participación de todas las provincias que asistieron, que quisieron venir. Se trataron los temas de trata de personas, narcotráfico, radarización y seguimiento de programas.
El 25 de marzo se reunió en Jujuy porque los ministros de gobierno con buen criterio nos dijeron que éramos un país federal y que no podíamos hacer una o dos reuniones plenarias en Buenos Aires. Entonces propusieron hacer una reunión plenaria en Buenos Aires y después una por región.
Como tenemos el país dividido en ocho regiones -Patagonia, Norte, Sur, NEA, NOA, Centro, Metropolitana y Cuyo- los ministros -que son los representantes de los gobernadores- decidieron en el seno del Consejo de Seguridad realizar ocho reuniones regionales.
Para nosotros es más cómodo que hagamos dos reuniones plenarias en la Ciudad de Buenos Aires, pero para los ministros es mejor hacerlas en sus provincias, y se hicieron todas.
El 25 de marzo se hizo en Jujuy, la regional NOA, con la participación de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
El 29 de abril se hizo en Mendoza, que fue la región Cuyo, con la participación de Mendoza, San Juan y San Luis.
El 10 de mayo se hizo en Buenos Aires con Patagonia Norte y Sur: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta reunión se ha realizado en Buenos Aires por la interconexión de los vuelos, porque aún nuestro país no ha logrado desarrollar vuelos transversales en la Patagonia. Entonces, a los ministros de Tierra del Fuego, de Santa Cruz o de Chubut les conviene más venir a la ciudad de Buenos Aires que ir a las ciudades de la Patagonia porque no tienen vuelos directos.
En Santa Fe se hizo la reunión del Centro el 3 de junio con la participación de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
El 15 de julio se hizo en Iguazú la reunión del NEA con la participación del Chaco, Formosa y Corrientes.
El 14 de septiembre en la Capital Federal se reunió la región Metropolitana: Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tenemos previsto para el 15 de octubre ir a Viedma a una reunión extraordinaria del Consejo de Complementación. El 29 de octubre nos reuniremos con los ministros coordinadores en Paraná y el 19 de noviembre tendrá lugar la plenaria de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en invitar a los legisladores.
El 14 de diciembre de 2009 se realizó la reunión plenaria en la ciudad de Buenos Aires con la participación de todas las provincias que asistieron, que quisieron venir. Se trataron los temas de trata de personas, narcotráfico, radarización y seguimiento de programas.
El 25 de marzo se reunió en Jujuy porque los ministros de gobierno con buen criterio nos dijeron que éramos un país federal y que no podíamos hacer una o dos reuniones plenarias en Buenos Aires. Entonces propusieron hacer una reunión plenaria en Buenos Aires y después una por región.
Como tenemos el país dividido en ocho regiones -Patagonia, Norte, Sur, NEA, NOA, Centro, Metropolitana y Cuyo- los ministros -que son los representantes de los gobernadores- decidieron en el seno del Consejo de Seguridad realizar ocho reuniones regionales.
Para nosotros es más cómodo que hagamos dos reuniones plenarias en la Ciudad de Buenos Aires, pero para los ministros es mejor hacerlas en sus provincias, y se hicieron todas.
El 25 de marzo se hizo en Jujuy, la regional NOA, con la participación de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
El 29 de abril se hizo en Mendoza, que fue la región Cuyo, con la participación de Mendoza, San Juan y San Luis.
El 10 de mayo se hizo en Buenos Aires con Patagonia Norte y Sur: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta reunión se ha realizado en Buenos Aires por la interconexión de los vuelos, porque aún nuestro país no ha logrado desarrollar vuelos transversales en la Patagonia. Entonces, a los ministros de Tierra del Fuego, de Santa Cruz o de Chubut les conviene más venir a la ciudad de Buenos Aires que ir a las ciudades de la Patagonia porque no tienen vuelos directos.
En Santa Fe se hizo la reunión del Centro el 3 de junio con la participación de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
El 15 de julio se hizo en Iguazú la reunión del NEA con la participación del Chaco, Formosa y Corrientes.
El 14 de septiembre en la Capital Federal se reunió la región Metropolitana: Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tenemos previsto para el 15 de octubre ir a Viedma a una reunión extraordinaria del Consejo de Complementación. El 29 de octubre nos reuniremos con los ministros coordinadores en Paraná y el 19 de noviembre tendrá lugar la plenaria de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en invitar a los legisladores.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Es la ley.
SRA. BULLRICH Lo dice la ley.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS No tenemos inconveniente en hacerlo.
SRA. BULLRICH Pero lo dice la ley; no es cuestión de tener inconveniente.
SRA. PRESIDENTA BALDATA No dialoguen entre ustedes, por favor.
El reclamo concreto es que hay una ley que establece...
El reclamo concreto es que hay una ley que establece...
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Nunca me lo habían pedido.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Para seguir el orden que habíamos establecido le damos la palabra al ministro para que termine su exposición y después vamos a habilitar las preguntas.
En cuanto a la convocatoria del Comité de Crisis, le respondo que es la ley la que dice que el Comité de Crisis debe convocarlo. Dicen por qué no se convoca al Comité de Crisis. Bueno, vivimos en un Estado federal, tenemos una Constitución Nacional que en su artículo 5º y en el 121 habla claramente de que el Estado nacional no puede intervenir en una provincia sino en la requisitoria del Estado provincial. Nosotros no podemos mandar las fuerzas federales a ninguna provincia en la medida en que el gobernador no lo solicite y no se den los supuestos de problemas colectivos.
Si ese es un problema puntual que pueda resolver sin mandar las fuerzas federales, lo resolvemos de otra manera. Pero si bien el artículo 13 de la ley establece que se debe reunir el Comité de Crisis, también el artículo 24 es claro cuando dice que debe mediar la requisitoria al gobernador. En caso de duda en la interpretación estamos a favor del federalismo. Si el gobernador no le solicita al gobierno federal que se conforme el Comité de Crisis, se envíen las fuerzas federales y estemos en la provincia afectada por los problemas, este gobierno no va a intervenir una provincia en términos de seguridad.
En cuanto a los aportes que se han realizado -puedo destacarlos si me lo piden-, quiero puntualizar que en muchas provincias no solamente se realizan cursos de capacitación y de formación sino que con los ministros de Seguridad estamos permanentemente en contacto, sin distinción de pertenencia política.
Respecto de las cifras del año 2008, un ministro de Seguridad -que no es precisamente del sector político al que pertenezco- me comentó el jueves pasado que estuvo en Estados Unidos y cuando mostró las cifras de la Argentina la gente le decía: "¿Por qué no viene a administrar usted la seguridad acá?"
Para nosotros esto no es un reconocimiento particular, porque es un tema de Estado que tenemos que resolver los argentinos. Tenemos especialistas en la materia y voluntad política de seguir resolviéndolo tan bien como lo venimos resolviendo en los últimos años.
En cuanto a la convocatoria del Comité de Crisis, le respondo que es la ley la que dice que el Comité de Crisis debe convocarlo. Dicen por qué no se convoca al Comité de Crisis. Bueno, vivimos en un Estado federal, tenemos una Constitución Nacional que en su artículo 5º y en el 121 habla claramente de que el Estado nacional no puede intervenir en una provincia sino en la requisitoria del Estado provincial. Nosotros no podemos mandar las fuerzas federales a ninguna provincia en la medida en que el gobernador no lo solicite y no se den los supuestos de problemas colectivos.
Si ese es un problema puntual que pueda resolver sin mandar las fuerzas federales, lo resolvemos de otra manera. Pero si bien el artículo 13 de la ley establece que se debe reunir el Comité de Crisis, también el artículo 24 es claro cuando dice que debe mediar la requisitoria al gobernador. En caso de duda en la interpretación estamos a favor del federalismo. Si el gobernador no le solicita al gobierno federal que se conforme el Comité de Crisis, se envíen las fuerzas federales y estemos en la provincia afectada por los problemas, este gobierno no va a intervenir una provincia en términos de seguridad.
En cuanto a los aportes que se han realizado -puedo destacarlos si me lo piden-, quiero puntualizar que en muchas provincias no solamente se realizan cursos de capacitación y de formación sino que con los ministros de Seguridad estamos permanentemente en contacto, sin distinción de pertenencia política.
Respecto de las cifras del año 2008, un ministro de Seguridad -que no es precisamente del sector político al que pertenezco- me comentó el jueves pasado que estuvo en Estados Unidos y cuando mostró las cifras de la Argentina la gente le decía: "¿Por qué no viene a administrar usted la seguridad acá?"
Para nosotros esto no es un reconocimiento particular, porque es un tema de Estado que tenemos que resolver los argentinos. Tenemos especialistas en la materia y voluntad política de seguir resolviéndolo tan bien como lo venimos resolviendo en los últimos años.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Antes de habilitar las preguntas quiero manifestarles, por si alguien no lo ha leído en los medios, que ha fallecido un señor diputado que formaba parte de la Comisión de Seguridad Interior. Me refiero al diputado Ramón Ruiz. Esta comisión alcanzará una nota de condolencias a los familiares. Tengo entendido que sus restos están velándose en el Salón de los Pasos Perdidos.
La mecánica que utilizaremos para el resto de la reunión consistirá en que los señores diputados que tengo anotados formulen las preguntas en representación de sus bloques. Luego habilitaremos al resto de los diputados para que se manifiesten.
Tiene la palabra el señor diputado Lanceta.
La mecánica que utilizaremos para el resto de la reunión consistirá en que los señores diputados que tengo anotados formulen las preguntas en representación de sus bloques. Luego habilitaremos al resto de los diputados para que se manifiesten.
Tiene la palabra el señor diputado Lanceta.
SR. LANCETA Señora presidenta: es bueno que el señor ministro haya concurrido a esta comisión con seriedad ante la requisitoria formulada. Vamos a tratar de ser meticulosos en orden al cumplimiento de las reglas de juego establecidas. No voy a emitir opiniones ni vamos a hacer discursos respecto de nuestras conclusiones.
Debo decirle al señor ministro que la ley establece que el Congreso debe ser citado a las reuniones del consejo y esto no ha ocurrido. Espero que para el futuro esto se pueda enmendar.
La segunda cuestión que quiero mencionar es que no puedo celebrar que mañana estén publicadas las estadísticas del año 2008 en el sitio del ministerio, porque estamos en el año 2010, y hacer política de seguridad de esta manera es complicado.
A continuación voy a puntualizar las preguntas al señor ministro. ¿El ministerio a su cargo ha elaborado un mapa del delito con carácter nacional señalando lugares de comisión de los mismos, las oportunidades, la modalidad, el tipo delictivo y las personas intervinientes, a fin de elaborar políticas de prevención? Estoy preguntando si podemos desarrollar políticas de prevención predelictual directa, teniendo en cuenta un mapeo de delito.
La segunda pregunta: ¿sobre la base de la apreciación de la seguridad el ministerio a su cargo ha elaborado políticas restrictivas y planes destinados a la concreción de las mismas? ¿Qué contiene el documento? ¿Fue difundido con carácter de orden a las fuerzas dependientes?
¿Cuáles son las actualizaciones doctrinarias y los planes de su ministerio para modernizar las organizaciones, el despliegue, el equipamiento, la capacitación y los conceptos de empleos de fuerzas policiales y de seguridad que de él dependen?
¿Por qué no se ha unificado el banco de datos de las policías y fuerzas de seguridad que dependen de ese ministerio? ¿Por qué no se ha completado la red unificada de inteligencia criminal, o en su caso, en qué estado se encuentra este trabajo de complementación de la red unificada de inteligencia? ¿Por qué no se ha logrado una adecuada coordinación entre las fuerzas que dependen de su ministerio con las restantes del país?
Debo decirle al señor ministro que la ley establece que el Congreso debe ser citado a las reuniones del consejo y esto no ha ocurrido. Espero que para el futuro esto se pueda enmendar.
La segunda cuestión que quiero mencionar es que no puedo celebrar que mañana estén publicadas las estadísticas del año 2008 en el sitio del ministerio, porque estamos en el año 2010, y hacer política de seguridad de esta manera es complicado.
A continuación voy a puntualizar las preguntas al señor ministro. ¿El ministerio a su cargo ha elaborado un mapa del delito con carácter nacional señalando lugares de comisión de los mismos, las oportunidades, la modalidad, el tipo delictivo y las personas intervinientes, a fin de elaborar políticas de prevención? Estoy preguntando si podemos desarrollar políticas de prevención predelictual directa, teniendo en cuenta un mapeo de delito.
La segunda pregunta: ¿sobre la base de la apreciación de la seguridad el ministerio a su cargo ha elaborado políticas restrictivas y planes destinados a la concreción de las mismas? ¿Qué contiene el documento? ¿Fue difundido con carácter de orden a las fuerzas dependientes?
¿Cuáles son las actualizaciones doctrinarias y los planes de su ministerio para modernizar las organizaciones, el despliegue, el equipamiento, la capacitación y los conceptos de empleos de fuerzas policiales y de seguridad que de él dependen?
¿Por qué no se ha unificado el banco de datos de las policías y fuerzas de seguridad que dependen de ese ministerio? ¿Por qué no se ha completado la red unificada de inteligencia criminal, o en su caso, en qué estado se encuentra este trabajo de complementación de la red unificada de inteligencia? ¿Por qué no se ha logrado una adecuada coordinación entre las fuerzas que dependen de su ministerio con las restantes del país?
SR. ROSSI (A.L.) Me gustaría saber si ésta es la mecánica de trabajo, porque entendí que iba a ser diferente. Interpreté que cada bloque podría hacer una pregunta y que después se abriría la posibilidad de formular otras en forma individual.
SR. LANCETA Son "preguntas", señor diputado.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Así es. Como el señor diputado Lanceta ha formulado varias, veremos de qué manera se puede agilizar el trámite de la reunión. Seguramente, algunas de esas preguntas pueden ser respondidas por escrito.
SR. LANCETA Sí, señora presidenta. Justamente, se las entregaré por escrito al señor ministro.
SR. ROSSI (A.L.) Además, entiendo que muchas de esas inquietudes debieron haber sido puestas en conocimiento del señor ministro con anterioridad, ya que se requiere de datos y otro tipo de información. ¿El señor diputado hizo llegar esa información al señor ministro?
SR. LANCETA Aquí no estamos...
SRA. PRESIDENTA BALDATA La Presidencia solicita a los señores diputados que no dialoguen.
Por otra parte, se permite sugerir que cada orador formule una, dos o tres preguntas. En caso de que el cuestionario sea muy extenso, como ocurre con el señor diputado Lanceta, habría que ver si algunos puntos pueden ser respondidos por escrito. De lo contrario, esa respuesta puede llevar a una hora más de intervenciones.
En consecuencia, la Presidencia solicita a los señores diputados que cada uno formule una, dos o tres preguntas centrales. Por supuesto, ello no significa que si hay cuestiones que los legisladores desean conocer más en detalle, no se le pueda alcanzar al señor ministro -si él está de acuerdo- una serie de preguntas por escrito para que las conteste y envíe a la comisión.
Hecha esta aclaración, si el señor diputado Lanceta lo desea, puede priorizar dos o tres interrogantes para que el señor ministro los responda en este momento.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lanceta.
Por otra parte, se permite sugerir que cada orador formule una, dos o tres preguntas. En caso de que el cuestionario sea muy extenso, como ocurre con el señor diputado Lanceta, habría que ver si algunos puntos pueden ser respondidos por escrito. De lo contrario, esa respuesta puede llevar a una hora más de intervenciones.
En consecuencia, la Presidencia solicita a los señores diputados que cada uno formule una, dos o tres preguntas centrales. Por supuesto, ello no significa que si hay cuestiones que los legisladores desean conocer más en detalle, no se le pueda alcanzar al señor ministro -si él está de acuerdo- una serie de preguntas por escrito para que las conteste y envíe a la comisión.
Hecha esta aclaración, si el señor diputado Lanceta lo desea, puede priorizar dos o tres interrogantes para que el señor ministro los responda en este momento.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lanceta.
SR. LANCETA Señora presidenta: entregaré por escrito al señor ministro las dieciséis preguntas que he preparado, ya que en algunos casos se solicitan datos estadísticos con los que tal vez no cuenta en este momento. De todas formas, aunque no sean respondidas ahora, me permitiré expresarlas de viva voz.
Estábamos hablando de la coordinación entre las distintas fuerzas. Esto se vincula, sobre todo, con las zonas calientes, donde interactúan esas fuerzas pero no hay una coordinación adecuada. Me gustaría saber cuál es el control funcional, operativo y de gestión que el Ministerio realiza directamente sobre las fuerzas que de él dependen. Asimismo, qué organismo se encarga de llevar a cabo ese control, con qué modalidad, en qué oportunidad y cuántos funcionarios están abocados a la tarea. Por otra parte, quisiera conocer qué grado de especialización tienen y cuáles son las estadísticas en la materia.
También quisiera saber por qué no existe -si es que no existe- una oficina de asuntos internos en el Ministerio para investigar las faltas administrativas y los hechos de corrupción o de abuso de funcionarios cometidos en dependencias policiales por las fuerzas de seguridad. Me gustaría que el señor ministro diga si esa oficina existe o si simplemente se ha dejado que cada Policía se investigue a sí misma.
Por otro lado, pregunto al doctor Alak cuál es el control que el Ministerio a su cargo realiza sobre los mandos policiales en cuanto al ejercicio de sus facultades disciplinarias, que competen a los diferentes niveles jerárquicos sobre sus subordinados, a fin de asegurar una correcta y equitativa administración de justicia. Tengamos en cuenta que de ella depende la carrera profesional del personal policial.
Por otro lado, me gustaría saber por qué todavía hay personal policial que sigue cumpliendo excesivas funciones administrativas; es decir, aquellas que no son propias de la tarea asignada.
También quisiera conocer cuál es la política destinada al narcotráfico y si se ha instalado en nuestro país una delincuencia colombiano-mexicana. Asimismo, si se elaboran drogas ilícitas en la Argentina, si aumentó el consumo y qué medidas se han adoptado para mejorar el control fronterizo -portuario y aeroportuario- a fin de reprimir el contrabando de importación y exportación de droga. De la misma manera, me parece importante que el señor ministro diga qué tecnologías se han incorporado para tal finalidad.
Por otro lado, pregunto al señor ministro si existe alguna política o plan para combatir la delincuencia organizada. Además, me gustaría saber cómo es posible que haya enfrentamientos armados entre bandas que se disputan territorios dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quisiera conocer qué medidas preventivas se han adoptado para solucionar los problemas planteados con los menores que se encuentran en conflicto con la ley penal.
Por otra parte, pregunto al doctor Alak cuál es el plan del Ministerio a su cargo para reprimir el tráfico de armas y el contrabando de mercancías, y qué medidas de control fronterizo y en el mercado interno se han tomado. Sobre este punto, algo explicó el señor ministro.
También quisiera saber por qué persisten aún la mala alimentación, la falta de sanidad, las deplorables condiciones de alojamiento, el consumo de drogas, etcétera, en las cárceles que dependen del Ministerio.
Cuáles son los programas de habilitación, educación y reinserción social en procesos de cumplimiento de condena. ¿Se ha elaborado una política penitenciaria? ¿Cuál es el grado de cumplimiento y cuáles son los resultados? Algo se dijo pero no estoy de acuerdo.
¿La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ha elaborado un plan de reunión de información? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son los interrogantes básicos que se han fijado?
¿Cuántas organizaciones delictivas de despliegue nacional o internacional han desarticulado? ¿Cómo ejerce la supervisión del funcionamiento de los órganos de inteligencia de las fuerzas que le dependen? ¿Cómo coordinan las diferentes actividades de inteligencia de las fuerzas federales y provinciales?
Por último, señor ministro, quiero preguntarle sobre las políticas desarrolladas en la PSA. Todos estamos de acuerdo en que la PSA es un gran avance, pero ¿por qué razón las fuerzas del Estado tienen menos de un tercio de hombres con respecto a la seguridad privada que contrata? Si esta política es coyuntural hasta hacer crecer la fuerza y desarrollarla o si es una política que decididamente hemos tomado, de dejar en la seguridad privada, con la supervisión de la PSA, la seguridad aeroportuaria.
Quiero decirle que vinimos a conversar sobre seguridad y siempre hemos dicho -y lo sostengo, al igual que la diputada Conti- que la realidad no se cambia con normas; hay normas que ayudan, y en muchas áreas se requieren políticas de Estado. Y esto no es una contradicción, porque le voy a alcanzar al señor ministro un borrador de un proyecto de ley por el que se crea el Consejo Supremo de Seguridad Ciudadana.
Sintéticamente, ¿qué significa esto? Que los tres poderes del Estado -cuatro miembros designados por la Corte, cuatro por el Poder Legislativo y cuatro por el Ejecutivo- estén en el armado, como política de Estado, del diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Estábamos hablando de la coordinación entre las distintas fuerzas. Esto se vincula, sobre todo, con las zonas calientes, donde interactúan esas fuerzas pero no hay una coordinación adecuada. Me gustaría saber cuál es el control funcional, operativo y de gestión que el Ministerio realiza directamente sobre las fuerzas que de él dependen. Asimismo, qué organismo se encarga de llevar a cabo ese control, con qué modalidad, en qué oportunidad y cuántos funcionarios están abocados a la tarea. Por otra parte, quisiera conocer qué grado de especialización tienen y cuáles son las estadísticas en la materia.
También quisiera saber por qué no existe -si es que no existe- una oficina de asuntos internos en el Ministerio para investigar las faltas administrativas y los hechos de corrupción o de abuso de funcionarios cometidos en dependencias policiales por las fuerzas de seguridad. Me gustaría que el señor ministro diga si esa oficina existe o si simplemente se ha dejado que cada Policía se investigue a sí misma.
Por otro lado, pregunto al doctor Alak cuál es el control que el Ministerio a su cargo realiza sobre los mandos policiales en cuanto al ejercicio de sus facultades disciplinarias, que competen a los diferentes niveles jerárquicos sobre sus subordinados, a fin de asegurar una correcta y equitativa administración de justicia. Tengamos en cuenta que de ella depende la carrera profesional del personal policial.
Por otro lado, me gustaría saber por qué todavía hay personal policial que sigue cumpliendo excesivas funciones administrativas; es decir, aquellas que no son propias de la tarea asignada.
También quisiera conocer cuál es la política destinada al narcotráfico y si se ha instalado en nuestro país una delincuencia colombiano-mexicana. Asimismo, si se elaboran drogas ilícitas en la Argentina, si aumentó el consumo y qué medidas se han adoptado para mejorar el control fronterizo -portuario y aeroportuario- a fin de reprimir el contrabando de importación y exportación de droga. De la misma manera, me parece importante que el señor ministro diga qué tecnologías se han incorporado para tal finalidad.
Por otro lado, pregunto al señor ministro si existe alguna política o plan para combatir la delincuencia organizada. Además, me gustaría saber cómo es posible que haya enfrentamientos armados entre bandas que se disputan territorios dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quisiera conocer qué medidas preventivas se han adoptado para solucionar los problemas planteados con los menores que se encuentran en conflicto con la ley penal.
Por otra parte, pregunto al doctor Alak cuál es el plan del Ministerio a su cargo para reprimir el tráfico de armas y el contrabando de mercancías, y qué medidas de control fronterizo y en el mercado interno se han tomado. Sobre este punto, algo explicó el señor ministro.
También quisiera saber por qué persisten aún la mala alimentación, la falta de sanidad, las deplorables condiciones de alojamiento, el consumo de drogas, etcétera, en las cárceles que dependen del Ministerio.
Cuáles son los programas de habilitación, educación y reinserción social en procesos de cumplimiento de condena. ¿Se ha elaborado una política penitenciaria? ¿Cuál es el grado de cumplimiento y cuáles son los resultados? Algo se dijo pero no estoy de acuerdo.
¿La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ha elaborado un plan de reunión de información? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son los interrogantes básicos que se han fijado?
¿Cuántas organizaciones delictivas de despliegue nacional o internacional han desarticulado? ¿Cómo ejerce la supervisión del funcionamiento de los órganos de inteligencia de las fuerzas que le dependen? ¿Cómo coordinan las diferentes actividades de inteligencia de las fuerzas federales y provinciales?
Por último, señor ministro, quiero preguntarle sobre las políticas desarrolladas en la PSA. Todos estamos de acuerdo en que la PSA es un gran avance, pero ¿por qué razón las fuerzas del Estado tienen menos de un tercio de hombres con respecto a la seguridad privada que contrata? Si esta política es coyuntural hasta hacer crecer la fuerza y desarrollarla o si es una política que decididamente hemos tomado, de dejar en la seguridad privada, con la supervisión de la PSA, la seguridad aeroportuaria.
Quiero decirle que vinimos a conversar sobre seguridad y siempre hemos dicho -y lo sostengo, al igual que la diputada Conti- que la realidad no se cambia con normas; hay normas que ayudan, y en muchas áreas se requieren políticas de Estado. Y esto no es una contradicción, porque le voy a alcanzar al señor ministro un borrador de un proyecto de ley por el que se crea el Consejo Supremo de Seguridad Ciudadana.
Sintéticamente, ¿qué significa esto? Que los tres poderes del Estado -cuatro miembros designados por la Corte, cuatro por el Poder Legislativo y cuatro por el Ejecutivo- estén en el armado, como política de Estado, del diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Les voy a dar la palabra a las diputadas Gambaro y Bullrich. Les solicito que sean concretas en sus preguntas. Luego el ministro va a responder y después vamos a hacer otra ronda de preguntas.
Tiene la palabra la señora diputada Gambaro.
Tiene la palabra la señora diputada Gambaro.
SRA. GAMBARO Agradezco al señor ministro y a sus secretarios por su presencia aquí. Yo no tengo las preguntas por escrito porque surgieron de la exposición de hoy. Por lo tanto, si las necesitan por escrito se las enviaremos.
No escuché que el ministro nos hablara respecto del plan de Seguridad Ciudadana presentado en marzo de 2009, el cual tenía asignación de recursos. Mi principal interés es porque se asignan a varios distritos del conurbano bonaerense y a varias provincias. Me gustaría saber cuál es el detalle de la ejecución y en su caso si se hizo una evaluación, aunque sea temprana, de estas medidas.
La segunda pregunta tiene que ver con la demora que mencionaba respecto de las estadísticas criminales. Es habitual la demora en el análisis; en general es de un año, porque las estadísticas judiciales -del Poder Judicial de la Nación- se publican entre septiembre y octubre año vencido; lo mismo ocurría con las estadísticas que dependen del Ministerio de Justicia. Me gustaría saber, ante esta demora, si se ha aplicado en algún caso sobre algún funcionario provincial lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 22.117 respecto de la demora o inexactitud de los datos o si se ha tomado alguna medida al respecto.
La tercera pregunta es sobre cuáles serían las causales por las que se ha demorado la instalación de la Red Única de Información Criminal, teniendo en cuenta que esta red en general lo que iba a hacer era recabar no estadísticas criminales sino información criminal que tiene que ver con el diseño de la política de seguridad.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, nos manifestó el miércoles pasado que eso estaba demorado. Quisiera saber si en su cartera tiene las causales por las cuales se ha demorado la instalación.
La última pregunta es si se ha dispuesto desde su cartera la continuación, relanzamiento o puesta nuevamente en tratamiento del Código Procesal Penal de la Nación. Este es un proyecto que había tenido muchísimo trabajo detrás. Se anunció y desconocemos, por lo menos desde las comisiones que integro, si se va a volver a reflotar este proyecto.
Aprovecho la oportunidad para informar al señor ministro que la Comisión de Legislación Penal está a punto de reunir la mayoría de los proyectos presentados respecto del Código Procesal Penal de la Nación.
No escuché que el ministro nos hablara respecto del plan de Seguridad Ciudadana presentado en marzo de 2009, el cual tenía asignación de recursos. Mi principal interés es porque se asignan a varios distritos del conurbano bonaerense y a varias provincias. Me gustaría saber cuál es el detalle de la ejecución y en su caso si se hizo una evaluación, aunque sea temprana, de estas medidas.
La segunda pregunta tiene que ver con la demora que mencionaba respecto de las estadísticas criminales. Es habitual la demora en el análisis; en general es de un año, porque las estadísticas judiciales -del Poder Judicial de la Nación- se publican entre septiembre y octubre año vencido; lo mismo ocurría con las estadísticas que dependen del Ministerio de Justicia. Me gustaría saber, ante esta demora, si se ha aplicado en algún caso sobre algún funcionario provincial lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 22.117 respecto de la demora o inexactitud de los datos o si se ha tomado alguna medida al respecto.
La tercera pregunta es sobre cuáles serían las causales por las que se ha demorado la instalación de la Red Única de Información Criminal, teniendo en cuenta que esta red en general lo que iba a hacer era recabar no estadísticas criminales sino información criminal que tiene que ver con el diseño de la política de seguridad.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, nos manifestó el miércoles pasado que eso estaba demorado. Quisiera saber si en su cartera tiene las causales por las cuales se ha demorado la instalación.
La última pregunta es si se ha dispuesto desde su cartera la continuación, relanzamiento o puesta nuevamente en tratamiento del Código Procesal Penal de la Nación. Este es un proyecto que había tenido muchísimo trabajo detrás. Se anunció y desconocemos, por lo menos desde las comisiones que integro, si se va a volver a reflotar este proyecto.
Aprovecho la oportunidad para informar al señor ministro que la Comisión de Legislación Penal está a punto de reunir la mayoría de los proyectos presentados respecto del Código Procesal Penal de la Nación.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra la señora diputada Bullrich. Luego responde el ministro y seguimos con la lista de solicitudes.
SRA. BULLRICH El ministro comenzó su exposición planteando que el principal problema del delito tenía que ver con la problemática social del país y que hay una relación directa entre la baja de delito y mejores condiciones sociales.
La Argentina no parece estar en este momento atravesando una situación de seguridad adecuada, y no creo que esto pueda plantearse como una sensación de inseguridad sino como un verdadero sentimiento de vulnerabilidad de nuestra sociedad.
Creo que es importante plantear dónde está el problema porque es la única manera de poder solucionarlo. Lo que intenta hacer el Ministerio, es decir, quienes están a cargo de la política de seguridad, es hablar de qué ha sucedido en la Argentina o compararlo con otros países. Me parece que de esta manera no va a poder focalizarse en el tema central, que es atender los problemas de inseguridad que la sociedad tiene y siente de manera cotidiana.
Para plantear una política dirigida a esta cuestión se conformó en la Dirección Nacional de Política Criminal un programa específico que se llama Programa de Comunidades Vulnerables. Este programa comenzó en el año 2000 a partir de distintas resoluciones, siguió adelante en 2001 y tuvo un rediseño en 2006/2007 con la asistencia técnica de profesionales de la Dirección de Planeamiento e Ingeniería Organizacional de la Subsecretaría de Gestión.
Dicho programa tiene como objetivo poder atender de manera específica a las comunidades vulnerables. Cuando uno rastrea la realidad de este programa, la última información que existe en la provincia de Buenos Aires data del año 2005. Entre a la página web del gobierno de la provincia de Buenos Aires y va a ver que en el año 2005 se habla de esto.
Recuerdo que hace poco el gobernador de la provincia de Buenos Aires -Scioli- hizo un viaje a Río de Janeiro para comparar qué estaban haciendo en los núcleos habitacionales vulnerables y ver qué se podía hacer acá. Eso luego fue rearmado por la actual gestión y presentado también en el programa del primer ministro de Justicia del gobierno del ex presidente Kirchner como uno de los puntos nodales para lograr generar una política específica de lo que el ministro criticó que se fue a ver a Colombia, pero que Scioli fue a ver a los barrios y villas de Brasil.
Entonces, si esta es la principal preocupación, ¿por qué el Programa de Comunidades Vulnerables, que es un programa específico estudiado y analizado durante varias gestiones, no se encuentra en ningún lugar, ni siquiera en una experiencia piloto? La experiencia piloto de 2006 figura en la página web de ese año.
Entonces, quisiera saber quién es el responsable de este programa; qué presupuesto y qué nivel de ejecución tiene, porque no lo encuentro en ningún lado; cuántos profesionales se emplean en él y cuál es la participación de las provincias y los municipios.
¿Existen datos estadísticos concretos que expresen qué capacidad de resolución de problemas de protección de los sectores más vulnerables ha tenido este programa? Este es el punto número uno.
Continúo con el segundo punto, referido al problema de las estadísticas. Este problema tiene dos niveles. Un tema son las estadísticas necesarias, que el país debe tener para saber cómo están sus tasas de delito y si ellas han crecido. En este sentido quiero decirle al señor ministro que del año 2008 al 2009 ellas han crecido, y lo mismo ha ocurrido respecto del 2009 al 2010. Esto lo ha dicho el ministro el otro día. Ha dicho que ha habido un crecimiento en la cantidad de robos que han sucedido en la Argentina.
Por otro lado le quiero plantear un tema concreto, que no está vinculado con las estadísticas para el análisis de cómo estamos sino con las estadísticas para el análisis concreto de los patrones que existen en la criminalidad, porque ellas permiten que exista un sistema real de coordinación criminal para analizar los patrones delictuales y actuar sobre ellos.
¿Qué efectividad concreta existe hoy en el funcionamiento del sistema de inteligencia criminal del que forman parte las distintas fuerzas de seguridad? Usted sabe que el sistema de inteligencia está conformado por la Secretaría de Inteligencia, tiene una Dirección Militar y una dirección coordinada por la Dirección de Política Criminal, la cual debe reunir al conjunto de los sectores que trabajan en esta área. Me refiero a las policías provinciales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía Aeroportuaria, y de acuerdo con un proyecto recientemente aprobado en esta Cámara se sumará el Servicio Penitenciario Federal. Estas estadísticas deben ser las fundamentales para poder actuar sobre el delito.
¿Qué pasa con la información que tiene este sistema de información criminal? Todos los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires tienen denuncias concretas vinculadas con la cantidad, lugar y quiénes son los responsables de las ventas de las drogas. Esto se puede ver tanto en programas de televisión como también acercándose a distintos barrios. Por ejemplo, en la Villa 1-11-14 se sabe exactamente dónde están los distintos sectores o comunidades de narcotráfico que venden drogas.
¿Por qué no se actúa sobre la información existente -dada por la comunidad, que está en manos de la policía- respecto de los lugares donde se vende droga? Yo menciono la Villa 1-11-14 como un ejemplo, pero si acá estuvieran los intendentes de Moreno, Merlo o Avellaneda seguramente hablarían de una cantidad de lugares donde se vende droga en el país.
Esa información existe y parece que no es importante para la política criminal en la Argentina. No estamos como México, sin duda; pero no queremos llegar a estar como México. Esto es una verdadera política preventiva.
Tercer punto que quiero plantear...
La Argentina no parece estar en este momento atravesando una situación de seguridad adecuada, y no creo que esto pueda plantearse como una sensación de inseguridad sino como un verdadero sentimiento de vulnerabilidad de nuestra sociedad.
Creo que es importante plantear dónde está el problema porque es la única manera de poder solucionarlo. Lo que intenta hacer el Ministerio, es decir, quienes están a cargo de la política de seguridad, es hablar de qué ha sucedido en la Argentina o compararlo con otros países. Me parece que de esta manera no va a poder focalizarse en el tema central, que es atender los problemas de inseguridad que la sociedad tiene y siente de manera cotidiana.
Para plantear una política dirigida a esta cuestión se conformó en la Dirección Nacional de Política Criminal un programa específico que se llama Programa de Comunidades Vulnerables. Este programa comenzó en el año 2000 a partir de distintas resoluciones, siguió adelante en 2001 y tuvo un rediseño en 2006/2007 con la asistencia técnica de profesionales de la Dirección de Planeamiento e Ingeniería Organizacional de la Subsecretaría de Gestión.
Dicho programa tiene como objetivo poder atender de manera específica a las comunidades vulnerables. Cuando uno rastrea la realidad de este programa, la última información que existe en la provincia de Buenos Aires data del año 2005. Entre a la página web del gobierno de la provincia de Buenos Aires y va a ver que en el año 2005 se habla de esto.
Recuerdo que hace poco el gobernador de la provincia de Buenos Aires -Scioli- hizo un viaje a Río de Janeiro para comparar qué estaban haciendo en los núcleos habitacionales vulnerables y ver qué se podía hacer acá. Eso luego fue rearmado por la actual gestión y presentado también en el programa del primer ministro de Justicia del gobierno del ex presidente Kirchner como uno de los puntos nodales para lograr generar una política específica de lo que el ministro criticó que se fue a ver a Colombia, pero que Scioli fue a ver a los barrios y villas de Brasil.
Entonces, si esta es la principal preocupación, ¿por qué el Programa de Comunidades Vulnerables, que es un programa específico estudiado y analizado durante varias gestiones, no se encuentra en ningún lugar, ni siquiera en una experiencia piloto? La experiencia piloto de 2006 figura en la página web de ese año.
Entonces, quisiera saber quién es el responsable de este programa; qué presupuesto y qué nivel de ejecución tiene, porque no lo encuentro en ningún lado; cuántos profesionales se emplean en él y cuál es la participación de las provincias y los municipios.
¿Existen datos estadísticos concretos que expresen qué capacidad de resolución de problemas de protección de los sectores más vulnerables ha tenido este programa? Este es el punto número uno.
Continúo con el segundo punto, referido al problema de las estadísticas. Este problema tiene dos niveles. Un tema son las estadísticas necesarias, que el país debe tener para saber cómo están sus tasas de delito y si ellas han crecido. En este sentido quiero decirle al señor ministro que del año 2008 al 2009 ellas han crecido, y lo mismo ha ocurrido respecto del 2009 al 2010. Esto lo ha dicho el ministro el otro día. Ha dicho que ha habido un crecimiento en la cantidad de robos que han sucedido en la Argentina.
Por otro lado le quiero plantear un tema concreto, que no está vinculado con las estadísticas para el análisis de cómo estamos sino con las estadísticas para el análisis concreto de los patrones que existen en la criminalidad, porque ellas permiten que exista un sistema real de coordinación criminal para analizar los patrones delictuales y actuar sobre ellos.
¿Qué efectividad concreta existe hoy en el funcionamiento del sistema de inteligencia criminal del que forman parte las distintas fuerzas de seguridad? Usted sabe que el sistema de inteligencia está conformado por la Secretaría de Inteligencia, tiene una Dirección Militar y una dirección coordinada por la Dirección de Política Criminal, la cual debe reunir al conjunto de los sectores que trabajan en esta área. Me refiero a las policías provinciales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía Aeroportuaria, y de acuerdo con un proyecto recientemente aprobado en esta Cámara se sumará el Servicio Penitenciario Federal. Estas estadísticas deben ser las fundamentales para poder actuar sobre el delito.
¿Qué pasa con la información que tiene este sistema de información criminal? Todos los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires tienen denuncias concretas vinculadas con la cantidad, lugar y quiénes son los responsables de las ventas de las drogas. Esto se puede ver tanto en programas de televisión como también acercándose a distintos barrios. Por ejemplo, en la Villa 1-11-14 se sabe exactamente dónde están los distintos sectores o comunidades de narcotráfico que venden drogas.
¿Por qué no se actúa sobre la información existente -dada por la comunidad, que está en manos de la policía- respecto de los lugares donde se vende droga? Yo menciono la Villa 1-11-14 como un ejemplo, pero si acá estuvieran los intendentes de Moreno, Merlo o Avellaneda seguramente hablarían de una cantidad de lugares donde se vende droga en el país.
Esa información existe y parece que no es importante para la política criminal en la Argentina. No estamos como México, sin duda; pero no queremos llegar a estar como México. Esto es una verdadera política preventiva.
Tercer punto que quiero plantear...
SRA. CONTI ¿Cuál?
SRA. BULLRICH Tercer punto que quiero plantear...
SRA. PRESIDENTA BALDATA La señora diputada Bullrich está en uso de la palabra.
SRA. BULLRICH Tranquila, señora diputada; me toca a mí.
El tercer punto que quiero plantear es el siguiente.
El último país radarizado ha sido Brasil. Todos los analistas de seguridad plantean que a partir de dicha radarización localizan las zonas más vulnerables, es decir, aquellas donde actúan las bandas de narcotráfico y de trata de personas.
Me gustaría saber qué ha pensado hacer el gobierno al respecto; concretamente, en cuánto tiempo se realizaría la radarización de nuestro espacio aéreo, porque me parece un tema fundamental.
El cuarto punto se vincula con el Nodo Nacional Argentino, conocido como NONARG, que forma parte del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur.
El tercer punto que quiero plantear es el siguiente.
El último país radarizado ha sido Brasil. Todos los analistas de seguridad plantean que a partir de dicha radarización localizan las zonas más vulnerables, es decir, aquellas donde actúan las bandas de narcotráfico y de trata de personas.
Me gustaría saber qué ha pensado hacer el gobierno al respecto; concretamente, en cuánto tiempo se realizaría la radarización de nuestro espacio aéreo, porque me parece un tema fundamental.
El cuarto punto se vincula con el Nodo Nacional Argentino, conocido como NONARG, que forma parte del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur.
Varios señores diputados a la vez.
SRA. BULLRICH Pido a la señora diputada Conti que no se ponga nerviosa. Siempre le pasa lo mismo cuando yo hablo.
Como venía diciendo, el NONARG es el equivalente sudamericano del Acuerdo de Schengen de la Unión Europea. Consiste en la interconexión permanente y en tiempo real -por eso, porque en el mundo se trabaja en tiempo real, sostengo que es un problema muy serio estar refiriéndose a las estadísticas de 2007- de los sistemas informáticos y telemáticos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Nacional de Armas, el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos -particularmente la Administración Nacional de Aduanas-, la Dirección Nacional de Migraciones, el Servicio Penitenciario Federal y las policías provinciales, con capacidad de transmisión de fotografías y de imágenes de huellas dactilares.
La plena operatividad del NONARG posibilitará un intercambio realmente ágil de información entre las instituciones y el resto de los organismos. No hemos encontrado datos que nos permitan saber qué grado de ejecución tiene el NONARG en la Argentina. Hemos visto los avances de Brasil y de Chile, que muestran cómo ambos países han alcanzado una clara eficacia operativa.
Concretamente, queremos saber si hay o no retraso en la implementación del NONARG debido a la capacidad operativa que tendría la Argentina para desarrollarlo. Nos parece fundamental aclarar la cuestión, porque mientras el país no esté radarizado, se podría avanzar en un modelo de información online.
La última pregunta que quiero formular al señor ministro es qué acciones, políticas o decisiones se están tomando en relación con los niveles de corrupción que existen en la Policía Federal Argentina. Es sabido que los modelos de auditoría interna para el control policial no sirven, porque son modelos verticales que no contribuyen a combatir los niveles de corrupción en las propias fuerzas.
Queremos saber cuántos policías federales están involucrados en causas delincuenciales, qué estrategias ha desarrollado el Ministerio para luchar contra la corrupción policial y qué niveles de control existen, en el marco de la política de seguridad, para atender este enorme problema que sufre nuestro país.
Además, me gustaría saber si el señor ministro reconoce o no que existe corrupción policial y, en caso afirmativo, en qué grado cree que se da dentro de las fuerzas. Aclaro que me estoy refiriendo solamente a la Policía Federal Argentina.
Quisiera su evaluación como ministro de Justicia y Seguridad sobre qué grado de corrupción tiene la Policía Federal. No me conteste "hay algunos corruptos"; quiero números concretos, porcentajes...
Como venía diciendo, el NONARG es el equivalente sudamericano del Acuerdo de Schengen de la Unión Europea. Consiste en la interconexión permanente y en tiempo real -por eso, porque en el mundo se trabaja en tiempo real, sostengo que es un problema muy serio estar refiriéndose a las estadísticas de 2007- de los sistemas informáticos y telemáticos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Nacional de Armas, el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos -particularmente la Administración Nacional de Aduanas-, la Dirección Nacional de Migraciones, el Servicio Penitenciario Federal y las policías provinciales, con capacidad de transmisión de fotografías y de imágenes de huellas dactilares.
La plena operatividad del NONARG posibilitará un intercambio realmente ágil de información entre las instituciones y el resto de los organismos. No hemos encontrado datos que nos permitan saber qué grado de ejecución tiene el NONARG en la Argentina. Hemos visto los avances de Brasil y de Chile, que muestran cómo ambos países han alcanzado una clara eficacia operativa.
Concretamente, queremos saber si hay o no retraso en la implementación del NONARG debido a la capacidad operativa que tendría la Argentina para desarrollarlo. Nos parece fundamental aclarar la cuestión, porque mientras el país no esté radarizado, se podría avanzar en un modelo de información online.
La última pregunta que quiero formular al señor ministro es qué acciones, políticas o decisiones se están tomando en relación con los niveles de corrupción que existen en la Policía Federal Argentina. Es sabido que los modelos de auditoría interna para el control policial no sirven, porque son modelos verticales que no contribuyen a combatir los niveles de corrupción en las propias fuerzas.
Queremos saber cuántos policías federales están involucrados en causas delincuenciales, qué estrategias ha desarrollado el Ministerio para luchar contra la corrupción policial y qué niveles de control existen, en el marco de la política de seguridad, para atender este enorme problema que sufre nuestro país.
Además, me gustaría saber si el señor ministro reconoce o no que existe corrupción policial y, en caso afirmativo, en qué grado cree que se da dentro de las fuerzas. Aclaro que me estoy refiriendo solamente a la Policía Federal Argentina.
Quisiera su evaluación como ministro de Justicia y Seguridad sobre qué grado de corrupción tiene la Policía Federal. No me conteste "hay algunos corruptos"; quiero números concretos, porcentajes...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. CONTI Que la diputada diga cuántas denuncias hizo con respecto a lo que ella dice.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Por favor, redondee, diputada.
SRA. BULLRICH Creo que es fundamental esta respuesta respecto de la corrupción policial. Por lo tanto quiero escuchar una respuesta.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra el señor ministro.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Antes que nada, les comento que como el diputado Lanceta dejó sus preguntas por escrito le vamos a contestar a la Presidencia de la comisión para que envíe las respuestas al diputado y a quienes lo deseen.
Empiezo por orden. Primero le contesto a la diputada Gambaro. Son muchas las preguntas, por lo que voy a tratar de responder las que considero más importantes.
Específicamente en cuanto al Programa de Seguridad Ciudadana, ése es otro de los aportes que el gobierno nacional hace a las provincias en el marco del plan nacional y también del Consejo de Seguridad Interior.
Cuando se preguntan qué hace el Consejo de Seguridad Interior en las reuniones de ministros, les comento que este Plan de Seguridad Ciudadana también surgió de las reuniones de ministros del Consejo de Seguridad Ciudadana.
No quiero dar los detalles, distrito por distrito, pero sí podemos decir que por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires el plan de seguridad interior ya transfirió 172.408.997 pesos. Estos fondos fueron distribuidos entre los municipios de Tres de Febrero, Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, General Pueyrredón, Merlo, Moreno, Morón, Municipio de la Costa, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Vicente López y Zarate.
No voy a citar a todas las provincias, pero les nombro estos municipios para que vean la magnitud de la asistencia financiera especial, que están fuera de la coparticipación, con asistencia del Tesoro.
Cuando los municipios terminen de rendir los 172 millones que ya se transfirieron se van a transferir 123 millones más, con lo cual se va a totalizar un aporte del gobierno nacional de 300 millones.
Este dinero estuvo destinado para móviles policiales, cámaras de monitoreo, dispositivos de rastreo satelital, equipos de comunicación, reincorporación de efectivos y demás elementos.
Leí los distritos como para que se advierta que en esto no hay discriminación política ni favoritismos políticos. Se trata de municipios, en este caso de la provincia de Buenos Aires -conducidos por intendentes de diferentes signos políticos-, a los que se asiste con este programa. Además de esta asistencia hay otras que brinda el gobierno federal, como la asistencia permanente de miembros de las fuerzas federales por solicitud de los gobernadores, no por imposición del gobierno nacional.
Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay casi 1.500 efectivos de Gendarmería Nacional que hacen trabajo de apoyo policial en el conurbano bonaerense. La Prefectura Nacional hace lo propio en el Tigre, por ejemplo, en Mar del Plata y obviamente en las provincias, como en el caso de Mendoza. Hay provincias que han requerido asistencia de efectivos de las fuerzas federales y la han recibido.
Continúo con las preguntas de la diputada Bullrich, que han sido numerosas. En cuanto al tema estadístico -que también la diputada Gambaro lo había planteado-, la difusión de las estadísticas son para planificación de acciones. Esto no quiere decir que el Ministerio no posea el dato informativo; lo que sucede es que no hay que confundir esto con el mapa del delito y la información criminal, porque son dos cosas diferentes. El Ministerio tiene actualizado al día el mapa del delito y la información criminal y decide las políticas públicas de seguridad con esa información. La estadística es otro tema.
La difusión en casi todos los países del mundo no se hace el mismo año. Por ejemplo, el FBI publicó la estadística del año 2008 hace poco. Lo que nosotros vamos a hacer mañana, el FBI lo hizo hace tres meses.
Si uno ve la base informativa de la mayoría de los ministerios de Seguridad de América y de Europa, las estadísticas más nuevas que han publicado son de 2008, y algunos, como excepción, de 2009.
Chile, por ejemplo, que replanteó el sistema de toma de datos, porque hasta el gobierno anterior tomaba los datos directamente de carabineros, ahora los toma a partir de la Procuración, con lo cual el índice se actualizó de una manera formidable. Chile pasó a ser el tercer país en tasa de criminalidad de Latinoamérica, lo cual pone a la Argentina como el primer país con baja tasa de criminalidad.
Otro tema que está vinculado al NONARG, el sistema actual de integración de informática de la fuerza de seguridad del Mercosur, es el SISME, que está funcionando en forma permanente y con buenos resultados. Esto además fue una iniciativa de la Argentina que fue aprobada en Brasil.
Por lo tanto el sistema informático entre las fuerzas del Mercosur funciona con mucha eficacia y se están integrando además las bases de datos entre todos los países. Esto es muy importante.
Empiezo por orden. Primero le contesto a la diputada Gambaro. Son muchas las preguntas, por lo que voy a tratar de responder las que considero más importantes.
Específicamente en cuanto al Programa de Seguridad Ciudadana, ése es otro de los aportes que el gobierno nacional hace a las provincias en el marco del plan nacional y también del Consejo de Seguridad Interior.
Cuando se preguntan qué hace el Consejo de Seguridad Interior en las reuniones de ministros, les comento que este Plan de Seguridad Ciudadana también surgió de las reuniones de ministros del Consejo de Seguridad Ciudadana.
No quiero dar los detalles, distrito por distrito, pero sí podemos decir que por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires el plan de seguridad interior ya transfirió 172.408.997 pesos. Estos fondos fueron distribuidos entre los municipios de Tres de Febrero, Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, General Pueyrredón, Merlo, Moreno, Morón, Municipio de la Costa, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Vicente López y Zarate.
No voy a citar a todas las provincias, pero les nombro estos municipios para que vean la magnitud de la asistencia financiera especial, que están fuera de la coparticipación, con asistencia del Tesoro.
Cuando los municipios terminen de rendir los 172 millones que ya se transfirieron se van a transferir 123 millones más, con lo cual se va a totalizar un aporte del gobierno nacional de 300 millones.
Este dinero estuvo destinado para móviles policiales, cámaras de monitoreo, dispositivos de rastreo satelital, equipos de comunicación, reincorporación de efectivos y demás elementos.
Leí los distritos como para que se advierta que en esto no hay discriminación política ni favoritismos políticos. Se trata de municipios, en este caso de la provincia de Buenos Aires -conducidos por intendentes de diferentes signos políticos-, a los que se asiste con este programa. Además de esta asistencia hay otras que brinda el gobierno federal, como la asistencia permanente de miembros de las fuerzas federales por solicitud de los gobernadores, no por imposición del gobierno nacional.
Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay casi 1.500 efectivos de Gendarmería Nacional que hacen trabajo de apoyo policial en el conurbano bonaerense. La Prefectura Nacional hace lo propio en el Tigre, por ejemplo, en Mar del Plata y obviamente en las provincias, como en el caso de Mendoza. Hay provincias que han requerido asistencia de efectivos de las fuerzas federales y la han recibido.
Continúo con las preguntas de la diputada Bullrich, que han sido numerosas. En cuanto al tema estadístico -que también la diputada Gambaro lo había planteado-, la difusión de las estadísticas son para planificación de acciones. Esto no quiere decir que el Ministerio no posea el dato informativo; lo que sucede es que no hay que confundir esto con el mapa del delito y la información criminal, porque son dos cosas diferentes. El Ministerio tiene actualizado al día el mapa del delito y la información criminal y decide las políticas públicas de seguridad con esa información. La estadística es otro tema.
La difusión en casi todos los países del mundo no se hace el mismo año. Por ejemplo, el FBI publicó la estadística del año 2008 hace poco. Lo que nosotros vamos a hacer mañana, el FBI lo hizo hace tres meses.
Si uno ve la base informativa de la mayoría de los ministerios de Seguridad de América y de Europa, las estadísticas más nuevas que han publicado son de 2008, y algunos, como excepción, de 2009.
Chile, por ejemplo, que replanteó el sistema de toma de datos, porque hasta el gobierno anterior tomaba los datos directamente de carabineros, ahora los toma a partir de la Procuración, con lo cual el índice se actualizó de una manera formidable. Chile pasó a ser el tercer país en tasa de criminalidad de Latinoamérica, lo cual pone a la Argentina como el primer país con baja tasa de criminalidad.
Otro tema que está vinculado al NONARG, el sistema actual de integración de informática de la fuerza de seguridad del Mercosur, es el SISME, que está funcionando en forma permanente y con buenos resultados. Esto además fue una iniciativa de la Argentina que fue aprobada en Brasil.
Por lo tanto el sistema informático entre las fuerzas del Mercosur funciona con mucha eficacia y se están integrando además las bases de datos entre todos los países. Esto es muy importante.
SRA. BULLRICH ¿Online?
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Sí, entre las fuerzas de los países del Mercosur.
En cuanto a la radarización y control fronterizo la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval están trabajando desde hace tiempo, más allá de que las fuerzas consideran que es un elemento más en el control fronterizo. Lo importante en el control fronterizo es la inteligencia y la logística que se despliega.
En el imaginario colectivo existe la idea de que el radar es la gran solución. Yo digo que el radar es la gran solución para los que venden radares. Para ellos la instalación de radares es un gran negocio, no así para los que hacen inteligencia con ideas de argentinos, con ideas sobre el país en que queremos vivir, considerando que la tecnología puede ser útil en la medida en que sea necesaria, porque la tecnología innecesaria lo único que hace es sacarle dinero al Estado para que otros hagan negocio. En eso tenemos que ser cuidadosos.
Creo que muchas veces se plantea de buena fe la necesidad del radar, como se está haciendo acá, pero sepamos que en el ámbito de la seguridad también hay muchos sectores económicos a los que les interesa vender cualquier cosa y hacen campañas a favor de ello.
Estoy convencido de que la radarización es útil como un instrumento auxiliar en el control fronterizo. El instrumento central es la inteligencia, el despliegue de la fuerza y el control territorial. De nada sirve que el radar me diga que está entrando un avión que no tiene autorización de la ANAC desde otra jurisdicción si yo no tengo la inteligencia previa para saber de qué se trata, si está autorizado en ese vuelo y de qué me sirve si no tengo el dispositivo territorial para poder detectar si ese avión nos va a descargar cargamento de droga en alguna parte del territorio.
Igualmente creo que es un instrumento auxiliar que sirve, pero como instrumento auxiliar. He escuchado algunas declaraciones de algún diputado que no está presente -no quiero personalizar- que ha dicho que hay que poner radares y derribar a los aviones, que hay que impulsar una ley de derribo.
A mí me pareció una atrocidad, primero porque las leyes de derribo, en los países que las tienen, nunca se aplican porque son ineficaces, y segundo, porque -como dice el secretario de Justicia- si estamos en contra de la pena de muerte, más estamos en contra de pena de muerte anticipada. Es decir, derribar un avión sin saber qué va a adentro es un acto con un riesgo total de terminar matando gente inocente.
Tenemos casos en los que se ha matado gente inocente, cuando la CIA le solicitó al gobierno peruano a través de las fuerzas armadas peruanas que derribe un avión, un hidrohélice que estaba cruzando el territorio peruano, que venía de Brasil y que se consideraba que traía cocaína; lo que derribaron era una avión en donde iba una congregación de predicadores religiosos evangelistas, provocando la muerte de mujeres que llevaban hijos. Una de ellas había adoptado a su hijo de siete años hacía poco tiempo.
Ese es el único caso conocido de derribo de aviones de Latinoamérica, impulsado en ese caso por la CIA. Los diálogos son estremecedores; el piloto que conducía el avión decía: "Me están matando". El hecho tuvo un desenlace tremendo.
Quería hacer esta aclaración porque un diputado que no está aquí planteó eso como la gran solución para el control territorial.
Igualmente, en relación con la radarización, el 12 de diciembre del año pasado se instaló en Tartagal un nuevo radar, además de los que hay en Formosa y en el Chaco, que son importantes.
Estos radares son de las Fuerzas Armadas, con apoyo logístico integrado de Gendarmería Nacional, además de las fuerzas provinciales. No se trata sólo del radar y de la Gendarmería, porque los aviones que pueden entrar del exterior no solamente pueden descargar el cargamento en Salta sino también en Santiago del Estero, Córdoba, provincia de Buenos Aires o San Luis.
Por lo tanto, debe ser un sistema como el que hoy tiene el país, que es el Sistema de Interdicción del Tránsito Aéreo Irregular -SITAI-, que realiza una tarea de coordinación entre la Gendarmería, la Prefectura, las fuerzas provinciales y la Fuerza Aérea -que opera los radares- para seguir a la aeronave hasta el lugar.
Insisto en los cambios estructurales y en las ventajas de permanecer, sin regresar al sistema de la mano dura.
En este sentido quiero realizar una aclaración respecto de una cuestión que se mencionó. En mi inicio fue un esfuerzo, porque intenté persuadir de que la mejor política es el cambio estructural, ya que consideramos que es lo mejor para el país, no porque hoy las condiciones sociales no sean buenas, dado que han mejorado notablemente. ¿Hay mucho por hacer? Sí, pero en la medida en que nosotros no desandemos el camino de modificar la situación de la inseguridad a través del cambio estructural que hace ahora este gobierno, del cambio en lo económico y lo social; volver atrás sería un crimen, porque la tendencia ha sido positiva. ¿Falta? Obviamente que sí.
Respecto de los radares quiero señalar que en el año 2013 este modelo económico de la Argentina industrial producirá el primer radar argentino. Es decir que falta poco tiempo para que no tengamos que ir a comprar los radares a otros países -que hacen negocio vendiéndolos- sino que el INVAP, con el trabajo de científicos y técnicos argentinos, producirá el primer radar argentino. De esa manera podremos utilizar este instrumento auxiliar con toda la amplitud que demande la fuerza.
No sé si me queda algún tema más sobre el cual expresarme, señora diputada.
En cuanto a la radarización y control fronterizo la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval están trabajando desde hace tiempo, más allá de que las fuerzas consideran que es un elemento más en el control fronterizo. Lo importante en el control fronterizo es la inteligencia y la logística que se despliega.
En el imaginario colectivo existe la idea de que el radar es la gran solución. Yo digo que el radar es la gran solución para los que venden radares. Para ellos la instalación de radares es un gran negocio, no así para los que hacen inteligencia con ideas de argentinos, con ideas sobre el país en que queremos vivir, considerando que la tecnología puede ser útil en la medida en que sea necesaria, porque la tecnología innecesaria lo único que hace es sacarle dinero al Estado para que otros hagan negocio. En eso tenemos que ser cuidadosos.
Creo que muchas veces se plantea de buena fe la necesidad del radar, como se está haciendo acá, pero sepamos que en el ámbito de la seguridad también hay muchos sectores económicos a los que les interesa vender cualquier cosa y hacen campañas a favor de ello.
Estoy convencido de que la radarización es útil como un instrumento auxiliar en el control fronterizo. El instrumento central es la inteligencia, el despliegue de la fuerza y el control territorial. De nada sirve que el radar me diga que está entrando un avión que no tiene autorización de la ANAC desde otra jurisdicción si yo no tengo la inteligencia previa para saber de qué se trata, si está autorizado en ese vuelo y de qué me sirve si no tengo el dispositivo territorial para poder detectar si ese avión nos va a descargar cargamento de droga en alguna parte del territorio.
Igualmente creo que es un instrumento auxiliar que sirve, pero como instrumento auxiliar. He escuchado algunas declaraciones de algún diputado que no está presente -no quiero personalizar- que ha dicho que hay que poner radares y derribar a los aviones, que hay que impulsar una ley de derribo.
A mí me pareció una atrocidad, primero porque las leyes de derribo, en los países que las tienen, nunca se aplican porque son ineficaces, y segundo, porque -como dice el secretario de Justicia- si estamos en contra de la pena de muerte, más estamos en contra de pena de muerte anticipada. Es decir, derribar un avión sin saber qué va a adentro es un acto con un riesgo total de terminar matando gente inocente.
Tenemos casos en los que se ha matado gente inocente, cuando la CIA le solicitó al gobierno peruano a través de las fuerzas armadas peruanas que derribe un avión, un hidrohélice que estaba cruzando el territorio peruano, que venía de Brasil y que se consideraba que traía cocaína; lo que derribaron era una avión en donde iba una congregación de predicadores religiosos evangelistas, provocando la muerte de mujeres que llevaban hijos. Una de ellas había adoptado a su hijo de siete años hacía poco tiempo.
Ese es el único caso conocido de derribo de aviones de Latinoamérica, impulsado en ese caso por la CIA. Los diálogos son estremecedores; el piloto que conducía el avión decía: "Me están matando". El hecho tuvo un desenlace tremendo.
Quería hacer esta aclaración porque un diputado que no está aquí planteó eso como la gran solución para el control territorial.
Igualmente, en relación con la radarización, el 12 de diciembre del año pasado se instaló en Tartagal un nuevo radar, además de los que hay en Formosa y en el Chaco, que son importantes.
Estos radares son de las Fuerzas Armadas, con apoyo logístico integrado de Gendarmería Nacional, además de las fuerzas provinciales. No se trata sólo del radar y de la Gendarmería, porque los aviones que pueden entrar del exterior no solamente pueden descargar el cargamento en Salta sino también en Santiago del Estero, Córdoba, provincia de Buenos Aires o San Luis.
Por lo tanto, debe ser un sistema como el que hoy tiene el país, que es el Sistema de Interdicción del Tránsito Aéreo Irregular -SITAI-, que realiza una tarea de coordinación entre la Gendarmería, la Prefectura, las fuerzas provinciales y la Fuerza Aérea -que opera los radares- para seguir a la aeronave hasta el lugar.
Insisto en los cambios estructurales y en las ventajas de permanecer, sin regresar al sistema de la mano dura.
En este sentido quiero realizar una aclaración respecto de una cuestión que se mencionó. En mi inicio fue un esfuerzo, porque intenté persuadir de que la mejor política es el cambio estructural, ya que consideramos que es lo mejor para el país, no porque hoy las condiciones sociales no sean buenas, dado que han mejorado notablemente. ¿Hay mucho por hacer? Sí, pero en la medida en que nosotros no desandemos el camino de modificar la situación de la inseguridad a través del cambio estructural que hace ahora este gobierno, del cambio en lo económico y lo social; volver atrás sería un crimen, porque la tendencia ha sido positiva. ¿Falta? Obviamente que sí.
Respecto de los radares quiero señalar que en el año 2013 este modelo económico de la Argentina industrial producirá el primer radar argentino. Es decir que falta poco tiempo para que no tengamos que ir a comprar los radares a otros países -que hacen negocio vendiéndolos- sino que el INVAP, con el trabajo de científicos y técnicos argentinos, producirá el primer radar argentino. De esa manera podremos utilizar este instrumento auxiliar con toda la amplitud que demande la fuerza.
No sé si me queda algún tema más sobre el cual expresarme, señora diputada.
SRA. BULLRICH Señor ministro: queda el tema de comunidades vulnerables, la información sobre droga y la política anticorrupción.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS El Programa de Comunidades Vulnerables fue dado de baja en el año 2007 y se sustituyó por otro que se está desarrollando con el PNUD en Santa Fe, Resistencia y Neuquén.
Coincido totalmente respecto de que los problemas que nos resta resolver exigirán una sintonía más fina en las políticas, porque hay sectores territoriales o generacionales donde habrá que implementar una política casi artesanal para solucionar sus problemas sociales y para que no sean caldo de cultivo de la inseguridad.
En ese sentido quiero mencionar que en diez días se lanzará el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, que es muy parecido al programa que tiene Brasil, el Pronasci, con el cual ellos han logrado disminuir bastante los homicidios. Tiene que ver con este programa de comunidades...
Coincido totalmente respecto de que los problemas que nos resta resolver exigirán una sintonía más fina en las políticas, porque hay sectores territoriales o generacionales donde habrá que implementar una política casi artesanal para solucionar sus problemas sociales y para que no sean caldo de cultivo de la inseguridad.
En ese sentido quiero mencionar que en diez días se lanzará el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, que es muy parecido al programa que tiene Brasil, el Pronasci, con el cual ellos han logrado disminuir bastante los homicidios. Tiene que ver con este programa de comunidades...
SRA. BULLRICH Cámbienle el nombre, por favor...
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Por eso le cambiamos el nombre. (Risas.) En Brasil el nombre Pronasci no suena mal, pero acá sí. En definitiva, es un programa nacional de ciudadanía e inclusión. El nuestro se llamará Programa de Inclusión, a secas, y buscará obtener el efecto que ha logrado Brasil. Ellos reconocen que tienen una tasa de homicidios muy alta.
Hoy decía el presidente del bloque Justicialista, Agustín Rossi, que Brasil tiene 25 cada cien mil, es decir que estamos hablando de 48.000 homicidios dolosos al año contra 2.305 nuestros. Me refiero a seis por día en Argentina y 120 en Brasil. Esto nos da una idea de la magnitud del homicidio doloso en otros países.
La última gestión del presidente Lula fue exitosa con la implementación de este programa en la lucha contra el homicidio doloso, especialmente en las favelas. Allí trabajó mucho un argentino, Pablo Dreyfus, quien lamentablemente murió en un accidente aéreo y que es una suerte de emblema del desarme mundial.
Consideramos que con este programa podremos seguir bajando las tasas mencionadas. El país tuvo una fuerte baja en el delito entre los años 2003 y 2005; después empezó a flotar la tasa entre un 5,4 y un 5,8 por ciento. Entonces, soy optimista y considero que con el nuevo salto en el crecimiento económico disminuirá durante 2009 y 2010, y se seguirá quitando sectores de la exclusión.
También hacen falta políticas focalizadas.
En el Programa Nacional de Soberanía e Inclusión participa no sólo nuestra cartera sino también las áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación, Cultura y Deportes. Es lo que se denomina una tarea "multiagencial" en un sector focalizado.
Pensamos que las políticas futuras serán más complejas, pero también que debemos seguir creciendo para sacar cada vez a más argentinos de la exclusión mediante una mejor distribución del ingreso. Seguramente no escapa a la señora diputada Bullrich que uno de los elementos del delito, además de la pobreza, es la desigualdad. La desigualdad es el gran operador del delito; cuando un chico roba a otro un par de zapatillas, quizás está buscando tener un calzado de esa marca y no algo que le permita pisar sin lastimarse. Quiere robarle, de alguna manera, un poquito de su prestigio.
Las políticas de exclusión de la década del noventa generaron no sólo pobreza sino también niveles intolerables de desigualdad; ahora, tenemos el problema del delito. Esos niveles intolerables de desigualdad han tenido su expresión hasta en el urbanismo. El desastre que produjo la dictadura militar nos dejó gente desaparecida, niños sin sus padres ni abuelos, la venta de activos estatales, una economía desarticulada y dependiente, un país endeudado y también niveles de exclusión social fenomenales.
Todo ello se transformó en un descomunal disparador de la inseguridad. Mucha gente no toleró más vivir en la ciudad y se fue a un barrio privado, con lo cual hubo una regresión al urbanismo medieval, donde quienes podían hacerlo vivían hacia el interior de las murallas y los que no, se quedaban fuera. Si observamos el panorama actual, no digo donde los clubes de campo están alejados sino en aquellas zonas cercanas a los centros urbanos, lamentablemente advertimos que de un lado del alambrado está los elementos de la riqueza -la gente que asustada fue a vivir a ese lugar-, y del otro los elementos de la pobreza.
Esta es otra de las contribuciones que debemos agradecer a la dictadura militar: haber profundizado un modelo económico con niveles de desigualdad escandalosos. Frente a los clubes de campo están los barrios de emergencia; es decir que desde muy pequeño, un chico se cría en situación de pobreza viendo cómo detrás del alambrado hay otro chico que tiene bicicleta, triciclo y todos los elementos de confort cuando él ni siquiera cuenta con lo mínimo para vivir.
Lograr paulatinamente una mayor igualdad social generará mejores niveles de seguridad en la Argentina.
En lo que se refiere a la corrupción policial, siempre decimos que debemos tener tolerancia cero porque la corrupción destruye las instituciones.
Las fuerzas de seguridad se pueden purgar por dos vías. Una de ellas es la espectacularidad del anuncio. El ministro que recién asume dice, por ejemplo, que dará de baja a tantos efectivos policiales. Queda bien al expresarlo abiertamente -por supuesto, la institución aparece como debilitada ante la opinión pública- y luego da de baja a un número determinado de efectivos policiales. La otra es proceder caso por caso, sin la autorización política para dar de baja al efectivo corrupto.
En las fuerzas federales, la tradición ha sido la baja permanente. Cada vez que un efectivo comete un acto de corrupción, es expulsado de la fuerza. Pasa a disponibilidad, se estudia su situación en Asuntos Internos y se da intervención a la Justicia. Así hemos actuado hasta ahora y creemos que se trata de una lucha que debemos redoblar. No es una tarea fácil, ni en nuestro país ni en ningún otro lugar del mundo.
No recuerdo si ha quedado alguna duda sin responder.
Hoy decía el presidente del bloque Justicialista, Agustín Rossi, que Brasil tiene 25 cada cien mil, es decir que estamos hablando de 48.000 homicidios dolosos al año contra 2.305 nuestros. Me refiero a seis por día en Argentina y 120 en Brasil. Esto nos da una idea de la magnitud del homicidio doloso en otros países.
La última gestión del presidente Lula fue exitosa con la implementación de este programa en la lucha contra el homicidio doloso, especialmente en las favelas. Allí trabajó mucho un argentino, Pablo Dreyfus, quien lamentablemente murió en un accidente aéreo y que es una suerte de emblema del desarme mundial.
Consideramos que con este programa podremos seguir bajando las tasas mencionadas. El país tuvo una fuerte baja en el delito entre los años 2003 y 2005; después empezó a flotar la tasa entre un 5,4 y un 5,8 por ciento. Entonces, soy optimista y considero que con el nuevo salto en el crecimiento económico disminuirá durante 2009 y 2010, y se seguirá quitando sectores de la exclusión.
También hacen falta políticas focalizadas.
En el Programa Nacional de Soberanía e Inclusión participa no sólo nuestra cartera sino también las áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación, Cultura y Deportes. Es lo que se denomina una tarea "multiagencial" en un sector focalizado.
Pensamos que las políticas futuras serán más complejas, pero también que debemos seguir creciendo para sacar cada vez a más argentinos de la exclusión mediante una mejor distribución del ingreso. Seguramente no escapa a la señora diputada Bullrich que uno de los elementos del delito, además de la pobreza, es la desigualdad. La desigualdad es el gran operador del delito; cuando un chico roba a otro un par de zapatillas, quizás está buscando tener un calzado de esa marca y no algo que le permita pisar sin lastimarse. Quiere robarle, de alguna manera, un poquito de su prestigio.
Las políticas de exclusión de la década del noventa generaron no sólo pobreza sino también niveles intolerables de desigualdad; ahora, tenemos el problema del delito. Esos niveles intolerables de desigualdad han tenido su expresión hasta en el urbanismo. El desastre que produjo la dictadura militar nos dejó gente desaparecida, niños sin sus padres ni abuelos, la venta de activos estatales, una economía desarticulada y dependiente, un país endeudado y también niveles de exclusión social fenomenales.
Todo ello se transformó en un descomunal disparador de la inseguridad. Mucha gente no toleró más vivir en la ciudad y se fue a un barrio privado, con lo cual hubo una regresión al urbanismo medieval, donde quienes podían hacerlo vivían hacia el interior de las murallas y los que no, se quedaban fuera. Si observamos el panorama actual, no digo donde los clubes de campo están alejados sino en aquellas zonas cercanas a los centros urbanos, lamentablemente advertimos que de un lado del alambrado está los elementos de la riqueza -la gente que asustada fue a vivir a ese lugar-, y del otro los elementos de la pobreza.
Esta es otra de las contribuciones que debemos agradecer a la dictadura militar: haber profundizado un modelo económico con niveles de desigualdad escandalosos. Frente a los clubes de campo están los barrios de emergencia; es decir que desde muy pequeño, un chico se cría en situación de pobreza viendo cómo detrás del alambrado hay otro chico que tiene bicicleta, triciclo y todos los elementos de confort cuando él ni siquiera cuenta con lo mínimo para vivir.
Lograr paulatinamente una mayor igualdad social generará mejores niveles de seguridad en la Argentina.
En lo que se refiere a la corrupción policial, siempre decimos que debemos tener tolerancia cero porque la corrupción destruye las instituciones.
Las fuerzas de seguridad se pueden purgar por dos vías. Una de ellas es la espectacularidad del anuncio. El ministro que recién asume dice, por ejemplo, que dará de baja a tantos efectivos policiales. Queda bien al expresarlo abiertamente -por supuesto, la institución aparece como debilitada ante la opinión pública- y luego da de baja a un número determinado de efectivos policiales. La otra es proceder caso por caso, sin la autorización política para dar de baja al efectivo corrupto.
En las fuerzas federales, la tradición ha sido la baja permanente. Cada vez que un efectivo comete un acto de corrupción, es expulsado de la fuerza. Pasa a disponibilidad, se estudia su situación en Asuntos Internos y se da intervención a la Justicia. Así hemos actuado hasta ahora y creemos que se trata de una lucha que debemos redoblar. No es una tarea fácil, ni en nuestro país ni en ningún otro lugar del mundo.
No recuerdo si ha quedado alguna duda sin responder.
SRA. BULLRICH Sí, señor ministro. La pregunta que hice sobre drogas.
SRA. GAMBARO En mi caso, quedaron tres interrogantes sin respuesta.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS En lo que se refiere a la pregunta de la señora diputada Bullrich, debo decir que en el último año hemos tenido un record respecto del secuestro de estupefacientes.
En un momento de mi exposición di las cifras: en 2009 se incautaron 55,60 toneladas de marihuana y aproximadamente 7 toneladas de cocaína. En los procedimientos, que incluyeron la detención de jefes de cárteles que vinieron a la Argentina escapando de otros países, participaron organismos no sólo nacionales sino también internacionales, como la DEA. Trabajamos conjuntamente para incautar embarcaciones y desarmar organizaciones vinculadas con el narcotráfico. Una de esas operaciones fue la que se conoció con el nombre de "Manzanas Blancas".
La tarea es permanente y hay un gran compromiso. Igualmente, no es fácil. Sé que las fuerzas de seguridad ponen mucha energía y concurren constantemente a cursos de especialización que se realizan en el exterior.
También hay cursos de formación en el país y se trabaja con todos los organismos internacionales. Incluso ha habido un reconocimiento al esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico desde el departamento de Estado de Estados Unidos a otros organismos internacionales. Por lo tanto, pensamos que es una tarea para redoblar y seguir avanzando, pero se trabaja mucho.
En un momento de mi exposición di las cifras: en 2009 se incautaron 55,60 toneladas de marihuana y aproximadamente 7 toneladas de cocaína. En los procedimientos, que incluyeron la detención de jefes de cárteles que vinieron a la Argentina escapando de otros países, participaron organismos no sólo nacionales sino también internacionales, como la DEA. Trabajamos conjuntamente para incautar embarcaciones y desarmar organizaciones vinculadas con el narcotráfico. Una de esas operaciones fue la que se conoció con el nombre de "Manzanas Blancas".
La tarea es permanente y hay un gran compromiso. Igualmente, no es fácil. Sé que las fuerzas de seguridad ponen mucha energía y concurren constantemente a cursos de especialización que se realizan en el exterior.
También hay cursos de formación en el país y se trabaja con todos los organismos internacionales. Incluso ha habido un reconocimiento al esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico desde el departamento de Estado de Estados Unidos a otros organismos internacionales. Por lo tanto, pensamos que es una tarea para redoblar y seguir avanzando, pero se trabaja mucho.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra la señora diputada Gambaro.
SRA. GAMBARO Justamente le había hecho la diferenciación de que no es lo mismo estadísticas criminales que información criminal. Al respecto quería saber cuáles eran las razones por las cuales no se había implementado la Red Única de Información Criminal.
Además, me anoto para hacer una repregunta.
Además, me anoto para hacer una repregunta.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Vamos a escuchar al diputado Milman, a la diputada Giúdici y a la diputada Comelli. Luego el ministro va a contestar las preguntas.
Después, están anotados la diputada Majdalani, el diputado Favario y el diputado Pais.
Tiene la palabra el señor diputado Milman.
Después, están anotados la diputada Majdalani, el diputado Favario y el diputado Pais.
Tiene la palabra el señor diputado Milman.
SR. MILMAN Voy a hacer una consideración, después tres preguntas simples y concretas y una pregunta compuesta.
La primera consideración que quiero hacer es felicitar al señor ministro. Lo quiero felicitar por la evolución de su pensamiento en función de lo que ha dicho, tanto al comienzo de la charla como ahora, en términos de seguridad democrática. Digo esto porque cuando era ministro de la ciudad de La Plata usted avaló las políticas del entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ex coronel carapintada Aldo Rico. Así que lo felicito por la evolución de su pensamiento en función de una seguridad más democrática. Habría que recordar dónde estábamos cada uno en la década del 90.
La primera pregunta es muy simple, señor ministro: es si a su criterio existe una sensación de inseguridad o una inseguridad real. Es una pregunta simple.
La segunda pregunta está relacionada con que usted nos habló sobre la tasa de 2008, que no tenemos publicadas desgraciadamente -las tendremos mañana-. Quisiera saber si nos puede adelantar cuál es la tasa de homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. Lo pregunto para conocerla anticipadamente y no esperar al día de mañana.
La tercera pregunta es si el Ministerio que está a su cargo hace encuestas de victimización.
Por último, la consulta que tiene varias preguntas relacionadas está vinculada a las armas. Las encuestas que tenemos publicadas de 2007 dicen que el 48 por ciento de los homicidios dolosos se producen con armas de fuego y que el 49,54 por ciento de los delitos son homicidios dolosos.
Por lo tanto mi pregunta es qué acciones ha llevado y lleva a cabo el Ministerio en relación con la concientización ciudadana y el riesgo de las armas de fuego en manos civiles. Quisiera saber cuántos operativos conjuntos con las fuerzas provinciales ha coordinado el Ministerio en materia de armas, si está de acuerdo con que el actual financiamiento del RENAR esté en manos de la Aicacyp -que es el ente cooperador- y si el Ministerio tiene algún proyecto para evitar que quienes deben ser controlados -comerciantes y fabricantes de armas- sean los que recaudan para este organismo que es el RENAR.
Finalmente quisiera saber, también en relación con las armas, si tiene algún número con respecto a cuántas armas hay en existencia en poder de la fuerza de seguridad pública.
La primera consideración que quiero hacer es felicitar al señor ministro. Lo quiero felicitar por la evolución de su pensamiento en función de lo que ha dicho, tanto al comienzo de la charla como ahora, en términos de seguridad democrática. Digo esto porque cuando era ministro de la ciudad de La Plata usted avaló las políticas del entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ex coronel carapintada Aldo Rico. Así que lo felicito por la evolución de su pensamiento en función de una seguridad más democrática. Habría que recordar dónde estábamos cada uno en la década del 90.
La primera pregunta es muy simple, señor ministro: es si a su criterio existe una sensación de inseguridad o una inseguridad real. Es una pregunta simple.
La segunda pregunta está relacionada con que usted nos habló sobre la tasa de 2008, que no tenemos publicadas desgraciadamente -las tendremos mañana-. Quisiera saber si nos puede adelantar cuál es la tasa de homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. Lo pregunto para conocerla anticipadamente y no esperar al día de mañana.
La tercera pregunta es si el Ministerio que está a su cargo hace encuestas de victimización.
Por último, la consulta que tiene varias preguntas relacionadas está vinculada a las armas. Las encuestas que tenemos publicadas de 2007 dicen que el 48 por ciento de los homicidios dolosos se producen con armas de fuego y que el 49,54 por ciento de los delitos son homicidios dolosos.
Por lo tanto mi pregunta es qué acciones ha llevado y lleva a cabo el Ministerio en relación con la concientización ciudadana y el riesgo de las armas de fuego en manos civiles. Quisiera saber cuántos operativos conjuntos con las fuerzas provinciales ha coordinado el Ministerio en materia de armas, si está de acuerdo con que el actual financiamiento del RENAR esté en manos de la Aicacyp -que es el ente cooperador- y si el Ministerio tiene algún proyecto para evitar que quienes deben ser controlados -comerciantes y fabricantes de armas- sean los que recaudan para este organismo que es el RENAR.
Finalmente quisiera saber, también en relación con las armas, si tiene algún número con respecto a cuántas armas hay en existencia en poder de la fuerza de seguridad pública.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra la señora diputada Giúdici.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Preferiría contestar la pregunta ahora.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Entonces, tiene la palabra el señor ministro.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS El diputado quería saber los datos por provincia. Les comento que mañana van a estar publicados.
SR. MILMAN Quería saber los de la provincia de Buenos Aires.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Chubut tiene 8,47...
SR. MILMAN Los de la provincia de Buenos Aires...
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS ¿Solamente? ¿El resto no?
La provincia de Buenos Aires tiene el 6,94; está un poco por encima del promedio nacional, que es de 5,80.
Vamos a los otros temas. En cuanto al pensamiento de Rico, quizás no conozca mi militancia política, pero yo nunca adherí a las políticas de seguridad de Aldo Rico ni de Patti en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la sensación de inseguridad y tasa de inseguridad, son dos cosas diferentes y ustedes lo saben. Una cosa es la tasa objetiva, que es el dato de la realidad, y otra es la tasa subjetiva, que es lo que la gente dice que le ha pasado.
Nosotros fundamentalmente nos guiamos por la tasa objetiva de criminalidad. En cuanto al temor que expresa la tasa de criminalidad, es un dato de la verdad pero pertenece al campo de la opinión de las personas. El Ministerio ahora va a hacer una encuesta nacional de victimización.
La provincia de Buenos Aires tiene el 6,94; está un poco por encima del promedio nacional, que es de 5,80.
Vamos a los otros temas. En cuanto al pensamiento de Rico, quizás no conozca mi militancia política, pero yo nunca adherí a las políticas de seguridad de Aldo Rico ni de Patti en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la sensación de inseguridad y tasa de inseguridad, son dos cosas diferentes y ustedes lo saben. Una cosa es la tasa objetiva, que es el dato de la realidad, y otra es la tasa subjetiva, que es lo que la gente dice que le ha pasado.
Nosotros fundamentalmente nos guiamos por la tasa objetiva de criminalidad. En cuanto al temor que expresa la tasa de criminalidad, es un dato de la verdad pero pertenece al campo de la opinión de las personas. El Ministerio ahora va a hacer una encuesta nacional de victimización.
SR. MILMAN ¿No hay actualmente?
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Tenemos de 2007. Sí le podemos dar algunos datos interesantes en cuanto a organismos internacionales que han trabajado en Latinoamérica. Hay datos que son hasta paradójicos: un trabajo hecho por el BID y FLACSO Chile determina que en casos de homicidio doloso los tres países de Latinoamérica que mejor están son Argentina, Uruguay y Chile. Paradójicamente la encuesta de victimización del BID y de FLACSO Chile nos pone como países que mayor nivel de victimización dicen tener: Argentina con el 27, Chile con el 22 y Uruguay con el 28.
Es para pensarlo: los tres países que tienen más baja la tasa de criminalidad son los que muestran mayor tasa de victimización.
Es para pensarlo: los tres países que tienen más baja la tasa de criminalidad son los que muestran mayor tasa de victimización.
SRA. BULLRICH Se comparan con su propia historia.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Es para analizarlo. Igualmente yo creo que la repetición permanente de hechos de inseguridad genera en la población un sentimiento de preocupación, tanto acá, en Chile como en Uruguay.
La otra pregunta del diputado era en cuanto a los homicidios dolosos. Los últimos datos están dando que el 75 por ciento de los homicidios que se producen en la Argentina -en algunos casos el 78 por ciento- son por conflictos interpersonales.
En la estadística 2009 -que no la puedo anticipar aún porque faltan datos de algunas provincias, aunque esperemos que ahora los tengamos más pronto, porque con las nuevas gestiones que comenzaron en 2007 ya tenemos acordado el mecanismo de información, por lo cual el año 2009 va a ser más rápido- se está anticipando que el porcentaje de conflicto interpersonal es del 78 por ciento.
Por eso cobra gran importancia que esta Cámara prorrogue un año más la ley de desarme, porque el desarme ha sido exitoso. La población ha adherido a ese programa. También los Poderes Judiciales han devuelto una gran cantidad de armas que tenían secuestradas en causas que ya estaban cerradas; las armas quedaban dentro de los armarios de la Fiscalía, de los juzgados, en los escritorios y eran fáciles de robar por personas a las que les interesa quedarse con ellas.
En la Argentina tenemos una ventaja en materia de desarme, porque no hay entidades -como existen en otros países del mundo- que estén a favor de que la sociedad tenga armas. Además, ninguna referencia de la Constitución permite a la población armarse, como sucede en los Estados Unidos. A nosotros, felizmente, la Constitución no nos estimula a armarnos. No tenemos asociaciones -como hay en los Estados Unidos- a favor de estar armados.
Está claro que tener el arma en el hogar constituye un peligro. Como dice el eslogan de nuestro Ministerio: "Tenés un arma, tenés un problema." Porque si se produce un robo o el ingreso de un delincuente al hogar, generalmente quien fallece es la persona que tenía el arma en la casa, ya sea porque esa arma no estaba en condiciones correctas, porque la persona no sabe utilizarla, porque es sorprendida o porque cuando la persona que ingresa a un hogar ve que en la casa hay un arma generalmente dispara y mata.
Por lo tanto, más que generar una cuestión de protección genera un mayor riesgo de muerte.
La otra pregunta del diputado era en cuanto a los homicidios dolosos. Los últimos datos están dando que el 75 por ciento de los homicidios que se producen en la Argentina -en algunos casos el 78 por ciento- son por conflictos interpersonales.
En la estadística 2009 -que no la puedo anticipar aún porque faltan datos de algunas provincias, aunque esperemos que ahora los tengamos más pronto, porque con las nuevas gestiones que comenzaron en 2007 ya tenemos acordado el mecanismo de información, por lo cual el año 2009 va a ser más rápido- se está anticipando que el porcentaje de conflicto interpersonal es del 78 por ciento.
Por eso cobra gran importancia que esta Cámara prorrogue un año más la ley de desarme, porque el desarme ha sido exitoso. La población ha adherido a ese programa. También los Poderes Judiciales han devuelto una gran cantidad de armas que tenían secuestradas en causas que ya estaban cerradas; las armas quedaban dentro de los armarios de la Fiscalía, de los juzgados, en los escritorios y eran fáciles de robar por personas a las que les interesa quedarse con ellas.
En la Argentina tenemos una ventaja en materia de desarme, porque no hay entidades -como existen en otros países del mundo- que estén a favor de que la sociedad tenga armas. Además, ninguna referencia de la Constitución permite a la población armarse, como sucede en los Estados Unidos. A nosotros, felizmente, la Constitución no nos estimula a armarnos. No tenemos asociaciones -como hay en los Estados Unidos- a favor de estar armados.
Está claro que tener el arma en el hogar constituye un peligro. Como dice el eslogan de nuestro Ministerio: "Tenés un arma, tenés un problema." Porque si se produce un robo o el ingreso de un delincuente al hogar, generalmente quien fallece es la persona que tenía el arma en la casa, ya sea porque esa arma no estaba en condiciones correctas, porque la persona no sabe utilizarla, porque es sorprendida o porque cuando la persona que ingresa a un hogar ve que en la casa hay un arma generalmente dispara y mata.
Por lo tanto, más que generar una cuestión de protección genera un mayor riesgo de muerte.
SR. MILMAN ¿Cuántos operativos conjuntos con las fuerzas provinciales ha coordinado el Ministerio en materia de armas?
Otra pregunta se refiere al financiamiento actual del RENAR. Está la cooperadora, que es de comerciantes y fabricantes de armas; ¿usted está de acuerdo con esto?
¿Qué acciones ha llevado adelante en materia de concientización? En este sentido, ha mencionado lo relativo al eslogan; supongo que se refería a esta pregunta.
¿Cuántas armas tienen las fuerzas de seguridad pública argentina?
Otra pregunta se refiere al financiamiento actual del RENAR. Está la cooperadora, que es de comerciantes y fabricantes de armas; ¿usted está de acuerdo con esto?
¿Qué acciones ha llevado adelante en materia de concientización? En este sentido, ha mencionado lo relativo al eslogan; supongo que se refería a esta pregunta.
¿Cuántas armas tienen las fuerzas de seguridad pública argentina?
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Las empresas son meros agentes de retención, no forman parte de un ente cooperador, retienen fondos que surgen de la venta para poder financiar el programa.
Hemos trabajado con la mayoría de las provincias argentinas -con Chubut, Mendoza, etcétera-, pero mucho más con la provincia de Buenos Aires porque tiene una importante cantidad de armas.
El secretario de Seguridad me apunta que en las provincias obviamente tenemos delegaciones del RENAR del ministerio de la Nación. Por lo tanto, nuestras delegaciones coordinan con los ministerios provinciales. En ambos casos no es indispensable; por el contrario, es algo voluntario, donde lo que hay que hacer es pagar por el arma recibida.
Hemos trabajado con la mayoría de las provincias argentinas -con Chubut, Mendoza, etcétera-, pero mucho más con la provincia de Buenos Aires porque tiene una importante cantidad de armas.
El secretario de Seguridad me apunta que en las provincias obviamente tenemos delegaciones del RENAR del ministerio de la Nación. Por lo tanto, nuestras delegaciones coordinan con los ministerios provinciales. En ambos casos no es indispensable; por el contrario, es algo voluntario, donde lo que hay que hacer es pagar por el arma recibida.
SR. MILMAN Por eso le preguntaba por la cantidad de operativos.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Se trata de muchísimos operativos, porque permanentemente estamos realizándolos.
SR. MILMAN ¿No hay números?
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Sí, después le puedo informar con precisión la cantidad de operativos de las fuerzas principales.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra la señora diputada Giúdici.
SRA. GIÚDICI Señora presidenta: escuché detenidamente al señor ministro. La verdad es que podríamos habernos ahorrado muchos disgustos si venía con algunas explicaciones, ya que antes esta comisión -como le dijo la señora diputada Baldata- le ha requerido por escrito participar en el Consejo Federal. Tal como dijeron otros señores diputados, es una obligación y no una concesión. Espero que podamos concretarlo.
Respecto de lo que se planteó, anoté determinadas cuestiones...
Respecto de lo que se planteó, anoté determinadas cuestiones...
SRA. CONTI Disculpe, señora presidenta, ¿por qué no se lee el artículo de la ley? Porque acá se está llevando a confusión acerca de este tema...
SRA. GIÚDICI La diputada Conti tiene un problema de género, porque cada vez que habla una diputada tiene un problema...
SRA. CONTI Es un problema legal, no de género.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Señora diputada Conti: lo que ocurre es que en varias oportunidades hemos solicitado participar...
SRA. CONTI Dice así: "Los legisladores integrantes de las comisiones permanentes de Seguridad Interior de ambas Cámaras del Congreso que así lo soliciten podrán participar de la..."
SRA. PRESIDENTA BALDATA Y así lo hemos solicitado en varias oportunidades, aun con carta documento.
SRA. GIÚDICI ¿Puedo continuar?
SRA. CONTI Está bien, pero se machaca sobre algo que...
SRA. PRESIDENTA BALDATA Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Giúdici.
SRA. GIÚDICI Respecto de la exposición inicial que realizó el señor ministro tengo algunas inquietudes que quiero manifestar.
Se comparó las estadísticas de metas con Finlandia, pero luego en la comparación de estadísticas de resultado nos comparó con México, Colombia y Venezuela. Me parece que las estadísticas tienen que ser reales y estar disponibles en tiempo real para todos los ciudadanos; deberían dejar de interpretarse. Hablemos de los números claramente y no los pongamos en contexto de manera simplificada.
Me quiero abocar a preguntar por la Ciudad de Buenos Aires. El señor ministro mencionó en su exposición la creación de ocho regionales de la Policía Federal Argentina en distintas zonas, como el NOA, el NEA, Córdoba y Santa Fe.
Entonces, quiero preguntarle cómo se desarrollarán las nuevas regionales en relación con el presupuesto, los recursos humanos y la logística que la Policía Federal tiene históricamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, desde la Avenida General Paz hacia adentro.
Este tema lo hemos cuestionado y hace unos años en este Congreso modificamos la ley Cafiero para que la Ciudad de Buenos Aires pudiera tener su propia policía. A mi juicio, con un criterio federal, considero que la Policía Federal tiene que ser una fuerza nacional de seguridad, y para eso debe readecuarse, pero me preocupa puntualmente cuando esta decisión de generar regionales en el país no tiene el reflejo que debería tener -o por lo menos lo desconozco- con una fuerte inversión presupuestaria.
Las estadísticas del informe del ministerio público -quiero darlas sin interpretar- indican que en la Ciudad de Buenos Aires se producen 313 delitos por día,
que se triplicó la cantidad de muertes en ocasión de robo, que aumentaron en un 117 por ciento los robos cometidos por "motochorros" y que las denuncias de violaciones crecieron en un 35 por ciento de 2008 a 2009.
Dado este cuadro de claro agravamiento de los indicadores de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -vivo en la zona sur y puedo asegurar que no hacen falta estadísticas para comprobar lo que los vecinos comentan todos los días-, me gustaría saber con qué recursos se desarrollarán las ocho regionales de la Policía Federal Argentina sin resentir la prestación del servicio de seguridad a los vecinos de la ciudad.
Además, cómo se cumplirá con el artículo 7° de la llamada "ley Cafiero" -sancionada por este Congreso- para disponer ya sea la transferencia de recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que su jefe de gobierno, espero que con un criterio mejor al que siguió para la creación de la Policía Metropolitana, pueda tener su propia fuerza de seguridad, o bien la celebración de un convenio de transferencia de competencias con el gobierno nacional para que la Policía Federal Argentina se transforme progresivamente en la fuerza de seguridad local encargada de disminuir estos graves indicadores.
También me gustaría saber cuál es el ámbito para que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional discutan sobre esta problemática, que es cada vez más grave dada la falta de políticas de seguridad en esta jurisdicción.
Por último, quiero formular una pregunta que surge de la exposición del señor ministro. Ha dicho que las políticas públicas que se deben priorizar para combatir el delito y la inseguridad son las políticas sociales. Por supuesto que comparto esa visión; de hecho, cuando el bloque del Frente para la Victoria apoyó, promovió y trajo al debate del Congreso el endurecimiento de las penas propuesto por el señor Blumberg, la planteamos.
De todas maneras, creo que no podemos quedarnos solamente con la idea de que se producirá un nuevo salto económico y que, a partir de allí, la inclusión social traerá como consecuencia la disminución de los índices de criminalidad.
Hay cifras que no me cierran en ese análisis. Cuando el señor ministro habló sobre la desigualdad comparó, en términos del coeficiente de Gini, lo ocurrido en 2002 y en 2008. Concretamente dijo que en 2002 fue de 0,53 y en 2008 de 0,46, con lo cual hubo claramente una baja. Si hablamos de 2009, el dato que se recoge de distintas fuentes es que el coeficiente de Gini ha perforado el techo de 0,50. Es decir que otra vez nos ubicamos ante un crecimiento muy importante de la brecha entre los que más y menos tienen.
Si en esto se ha basado todo el andamiaje de las políticas públicas en el área de seguridad, ello equivale a decir que no tenemos políticas públicas en esa materia. Por lo tanto, me gustaría que el señor ministro nos informe acerca de cuáles son las políticas públicas que se implementarán desde su cartera para disminuir estos indicadores cada vez más graves no sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino en todo el país.
Se comparó las estadísticas de metas con Finlandia, pero luego en la comparación de estadísticas de resultado nos comparó con México, Colombia y Venezuela. Me parece que las estadísticas tienen que ser reales y estar disponibles en tiempo real para todos los ciudadanos; deberían dejar de interpretarse. Hablemos de los números claramente y no los pongamos en contexto de manera simplificada.
Me quiero abocar a preguntar por la Ciudad de Buenos Aires. El señor ministro mencionó en su exposición la creación de ocho regionales de la Policía Federal Argentina en distintas zonas, como el NOA, el NEA, Córdoba y Santa Fe.
Entonces, quiero preguntarle cómo se desarrollarán las nuevas regionales en relación con el presupuesto, los recursos humanos y la logística que la Policía Federal tiene históricamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, desde la Avenida General Paz hacia adentro.
Este tema lo hemos cuestionado y hace unos años en este Congreso modificamos la ley Cafiero para que la Ciudad de Buenos Aires pudiera tener su propia policía. A mi juicio, con un criterio federal, considero que la Policía Federal tiene que ser una fuerza nacional de seguridad, y para eso debe readecuarse, pero me preocupa puntualmente cuando esta decisión de generar regionales en el país no tiene el reflejo que debería tener -o por lo menos lo desconozco- con una fuerte inversión presupuestaria.
Las estadísticas del informe del ministerio público -quiero darlas sin interpretar- indican que en la Ciudad de Buenos Aires se producen 313 delitos por día,
que se triplicó la cantidad de muertes en ocasión de robo, que aumentaron en un 117 por ciento los robos cometidos por "motochorros" y que las denuncias de violaciones crecieron en un 35 por ciento de 2008 a 2009.
Dado este cuadro de claro agravamiento de los indicadores de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -vivo en la zona sur y puedo asegurar que no hacen falta estadísticas para comprobar lo que los vecinos comentan todos los días-, me gustaría saber con qué recursos se desarrollarán las ocho regionales de la Policía Federal Argentina sin resentir la prestación del servicio de seguridad a los vecinos de la ciudad.
Además, cómo se cumplirá con el artículo 7° de la llamada "ley Cafiero" -sancionada por este Congreso- para disponer ya sea la transferencia de recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que su jefe de gobierno, espero que con un criterio mejor al que siguió para la creación de la Policía Metropolitana, pueda tener su propia fuerza de seguridad, o bien la celebración de un convenio de transferencia de competencias con el gobierno nacional para que la Policía Federal Argentina se transforme progresivamente en la fuerza de seguridad local encargada de disminuir estos graves indicadores.
También me gustaría saber cuál es el ámbito para que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional discutan sobre esta problemática, que es cada vez más grave dada la falta de políticas de seguridad en esta jurisdicción.
Por último, quiero formular una pregunta que surge de la exposición del señor ministro. Ha dicho que las políticas públicas que se deben priorizar para combatir el delito y la inseguridad son las políticas sociales. Por supuesto que comparto esa visión; de hecho, cuando el bloque del Frente para la Victoria apoyó, promovió y trajo al debate del Congreso el endurecimiento de las penas propuesto por el señor Blumberg, la planteamos.
De todas maneras, creo que no podemos quedarnos solamente con la idea de que se producirá un nuevo salto económico y que, a partir de allí, la inclusión social traerá como consecuencia la disminución de los índices de criminalidad.
Hay cifras que no me cierran en ese análisis. Cuando el señor ministro habló sobre la desigualdad comparó, en términos del coeficiente de Gini, lo ocurrido en 2002 y en 2008. Concretamente dijo que en 2002 fue de 0,53 y en 2008 de 0,46, con lo cual hubo claramente una baja. Si hablamos de 2009, el dato que se recoge de distintas fuentes es que el coeficiente de Gini ha perforado el techo de 0,50. Es decir que otra vez nos ubicamos ante un crecimiento muy importante de la brecha entre los que más y menos tienen.
Si en esto se ha basado todo el andamiaje de las políticas públicas en el área de seguridad, ello equivale a decir que no tenemos políticas públicas en esa materia. Por lo tanto, me gustaría que el señor ministro nos informe acerca de cuáles son las políticas públicas que se implementarán desde su cartera para disminuir estos indicadores cada vez más graves no sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino en todo el país.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Ya expliqué al inicio de mi intervención cuáles son las políticas públicas en materia de seguridad. De todas formas, quiero reiterar lo siguiente.
No dije que las políticas de seguridad se agotan con las políticas sociales. Sí creo que son las que resuelven el problema estructural de la inseguridad, no sólo aquí sino en cualquier lugar del mundo, y que han sido efectivas en la Argentina a partir de 2003. La mejor explicación de la caída de la tasa de homicidios dolosos hay que encontrarla en la buena performance económica y social que ha tenido el gobierno. Los indicadores son de público conocimiento. Pero no sólo hay que implementar políticas sociales; también son necesarias políticas específicas de seguridad.
Enumeré estas últimas, señora diputada, al comentar que hasta 2002, por una cuestión de falta de recursos del Estado nacional, las fuerzas de seguridad tenían muy pocos efectivos y escasa cantidad de elementos para cumplir con su tarea.
Es más, muchísimas fuerzas de seguridad no tenían chalecos o estaban vencidos; eso generó una necesidad de inversión inmediata en casi todas las fuerzas. No tenían aviones para controlar la plataforma marítima, o no tenían aviones ni helicópteros para controlar las fronteras -no es que no tenían radares, directamente no tenían aviones-, o no tenían patrulleros. Hubo que hacer una gran inversión y hay que seguir haciéndola.
Acá se está planteando por qué no radarizamos. Radarizar un tramo pequeñísimo de la frontera Norte cuesta 70 millones de dólares. Hay que seguir invirtiendo en tecnología, hay que seguir adelante con una política de recursos humanos que amplíe las fuerzas federales...
No dije que las políticas de seguridad se agotan con las políticas sociales. Sí creo que son las que resuelven el problema estructural de la inseguridad, no sólo aquí sino en cualquier lugar del mundo, y que han sido efectivas en la Argentina a partir de 2003. La mejor explicación de la caída de la tasa de homicidios dolosos hay que encontrarla en la buena performance económica y social que ha tenido el gobierno. Los indicadores son de público conocimiento. Pero no sólo hay que implementar políticas sociales; también son necesarias políticas específicas de seguridad.
Enumeré estas últimas, señora diputada, al comentar que hasta 2002, por una cuestión de falta de recursos del Estado nacional, las fuerzas de seguridad tenían muy pocos efectivos y escasa cantidad de elementos para cumplir con su tarea.
Es más, muchísimas fuerzas de seguridad no tenían chalecos o estaban vencidos; eso generó una necesidad de inversión inmediata en casi todas las fuerzas. No tenían aviones para controlar la plataforma marítima, o no tenían aviones ni helicópteros para controlar las fronteras -no es que no tenían radares, directamente no tenían aviones-, o no tenían patrulleros. Hubo que hacer una gran inversión y hay que seguir haciéndola.
Acá se está planteando por qué no radarizamos. Radarizar un tramo pequeñísimo de la frontera Norte cuesta 70 millones de dólares. Hay que seguir invirtiendo en tecnología, hay que seguir adelante con una política de recursos humanos que amplíe las fuerzas federales...
SRA. BULLRICH El 7 por ciento del presupuesto está destinado a publicidad.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Mi tarea no es analizar el presupuesto, pero cuando se dice livianamente "pongamos radares" tengamos en cuenta la magnitud de la inversión.
Por otro lado hay que continuar con este programa estratégico fuerza por fuerza, que tienen el Ministerio y la fuerza de ir ajustando su despliegue en el territorio nacional.
Celebro que en cuanto a la Policía Federal estemos todos de acuerdo; creo que todo el mundo habrá planteado el hecho de ir progresivamente a una oficina nacional de investigaciones de crímenes complejos. Ya se abrió una en San Juan, próximamente se abrirá en Comodoro Rivadavia, luego en Tucumán y así sucesivamente hasta cubrir todo el país.
¿De dónde salen los recursos? De ampliaciones presupuestarias y también con colaboración de las provincias. Por ejemplo, en el caso de San Juan, la oficina regional de la Policía Federal está un edificio en pleno centro en la ciudad de San Juan con la mejor ubicación posible, con todas las comodidades y toda la amplitud. Fue alquilado por la gobernación de la provincia al Estado Federal y pagamos un alquiler por el edificio, que es un lugar donde antes había un banco, con lo cual no tuvimos que comprar edificios; hubo una buena gestión del gobernador de San Juan que nos ayudó en la apertura. Lo mismo está pasando en otras provincias donde vamos a abrir otras oficinas; los gobernadores están dispuestos a colaborar para que la Policía Federal también se instale en esos lugares.
En cuanto a la relación con el gobierno de la Ciudad y el análisis de la transferencia de funciones -no de competencias, porque lo que ahí estamos transfiriendo son funciones; no hay concurrencia funcional-, lo estamos discutiendo permanentemente con el ministro Montenegro.
Quizás no se sabe la cantidad de reuniones que hace el Consejo Federal de Seguridad, pero más allá de las reuniones yo les puedo garantizar que con Montenegro -y pueden llamarlo a él- no solamente hablo todas las semanas, porque hay semanas que hablo todos los días y en algunos casos hablo hasta dos veces por día. Analizamos permanentemente la cuestión de la transferencia de funciones y sabemos que el Senado lo está analizando también. Por lo tanto, es un tema que está en el Congreso.
Por otro lado hay que continuar con este programa estratégico fuerza por fuerza, que tienen el Ministerio y la fuerza de ir ajustando su despliegue en el territorio nacional.
Celebro que en cuanto a la Policía Federal estemos todos de acuerdo; creo que todo el mundo habrá planteado el hecho de ir progresivamente a una oficina nacional de investigaciones de crímenes complejos. Ya se abrió una en San Juan, próximamente se abrirá en Comodoro Rivadavia, luego en Tucumán y así sucesivamente hasta cubrir todo el país.
¿De dónde salen los recursos? De ampliaciones presupuestarias y también con colaboración de las provincias. Por ejemplo, en el caso de San Juan, la oficina regional de la Policía Federal está un edificio en pleno centro en la ciudad de San Juan con la mejor ubicación posible, con todas las comodidades y toda la amplitud. Fue alquilado por la gobernación de la provincia al Estado Federal y pagamos un alquiler por el edificio, que es un lugar donde antes había un banco, con lo cual no tuvimos que comprar edificios; hubo una buena gestión del gobernador de San Juan que nos ayudó en la apertura. Lo mismo está pasando en otras provincias donde vamos a abrir otras oficinas; los gobernadores están dispuestos a colaborar para que la Policía Federal también se instale en esos lugares.
En cuanto a la relación con el gobierno de la Ciudad y el análisis de la transferencia de funciones -no de competencias, porque lo que ahí estamos transfiriendo son funciones; no hay concurrencia funcional-, lo estamos discutiendo permanentemente con el ministro Montenegro.
Quizás no se sabe la cantidad de reuniones que hace el Consejo Federal de Seguridad, pero más allá de las reuniones yo les puedo garantizar que con Montenegro -y pueden llamarlo a él- no solamente hablo todas las semanas, porque hay semanas que hablo todos los días y en algunos casos hablo hasta dos veces por día. Analizamos permanentemente la cuestión de la transferencia de funciones y sabemos que el Senado lo está analizando también. Por lo tanto, es un tema que está en el Congreso.
SRA. GIÚDICI La transferencia de competencias penales, pero ¿la transferencia de recursos?
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Ese es un tema más complejo y más denso. Hay que analizarlo.
Creo que lo fundamental ya lo respondí. Si hay otras preguntas que les interesen, las pueden formular a través de la Presidencia.
Creo que lo fundamental ya lo respondí. Si hay otras preguntas que les interesen, las pueden formular a través de la Presidencia.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Antes de darle la palabra a la diputada Comelli les comento que continúan los diputados Favario y Pais, y luego la diputada Gambaro quiere hacer una repregunta.
Tiene la palabra la señora diputada Comelli.
Tiene la palabra la señora diputada Comelli.
SRA. COMELLI Gracias por estar acá, señor ministro; pensamos que podía dilatarse en el tiempo pero fue una respuesta rápida.
Hay muchos temas que ya se trataron, así que no voy a profundizar, pero quería hacer una introducción y dos o tres preguntas.
Estamos de acuerdo en la necesidad de una solución estructural. También estamos de acuerdo cuando hablamos de políticas públicas sociales. Lo que ocurre es que en el Congreso ya avanzamos a partir del encuentro que hicimos firmando los diez puntos del Acuerdo por la Seguridad Democrática. Ese debe ser el piso para empezar a hablar, si no -yo he estado a cargo de la cartera de Seguridad- los diagnósticos o la interpretación de los modelos se hacen eternos.
Hoy nuestra gente, nuestra ciudadanía, el pueblo, entiende que su primera preocupación es la seguridad. Y frente a esa situación nosotros tenemos que dar una respuesta y contención, y esto no tiene nada que ver con la mano dura; lo hemos dicho muchísimas veces.
Celebro que encuentre tan loable el desarme. Fue un proyecto de ley que presenté en 2004. Tardaron algo en sacarlo por decreto, igual que como sucedió posteriormente con lo relativo a la seguridad aeroportuaria, que fue un proyecto presentado en el año 2004 o 2005 y después vino del Ejecutivo.
Lo mismo pasó -y aquí voy a realizar una pregunta- con el registro sobre Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas. Lo presentamos en junio del 2006 y fue sacado por decreto. Nos interesaría saber -esta es mi primera pregunta- cuál es el estado de implementación, si están todas las provincias incorporadas -sé que la mía firmó el convenio- y si se puede considerar un banco de datos actualizado, porque todos sabemos que lo que se muestra es cuando se cumple una condena real, pero lo que nos importa son las órdenes de captura, sobre todo en jurisdicciones que tienen un retraso en la sentencia definitiva, que no es el caso de mi provincia.
Ese proyecto también salió de acá y se convirtió en norma por decreto. ¿Qué le quiero decir? Hoy hay varios proyectos acá sobre seguridad democrática y con la experiencia que tenemos de tantas buenas iniciativas que salieron del Congreso me gustaría saber si las conoce y participa en la efectividad de una ley que por lo menos nos plantee los principios básicos de lo que nosotros queremos entender por la gestión de la seguridad y también en relación con la organización policial.
Nadie es más defensora del federalismo que la que suscribe. Ello no implica que no podamos avanzar en acuerdos para poder complementar y fijar líneas de política de gestión en materia de seguridad en cuanto a las funciones de la policía, dejando viejos conceptos históricos y culturales. Por supuesto que fue más fácil hacerlo desde los códigos de ética para los militares y para la Gendarmería propiamente por la jurisdicción porque son fuerzas nacionales, pero ello no invalida que nosotros podamos avanzar en principios de organización.
Acá hay proyectos; quisiera saber si los ha tenido en cuenta.
Sigo con un par de preguntas. Me gustaría aclarar nada más que lo relativo al Consejo. Entiendo por qué no fuimos invitados, porque el Consejo se va a reunir el 29 de octubre en Paraná.
Hay muchos temas que ya se trataron, así que no voy a profundizar, pero quería hacer una introducción y dos o tres preguntas.
Estamos de acuerdo en la necesidad de una solución estructural. También estamos de acuerdo cuando hablamos de políticas públicas sociales. Lo que ocurre es que en el Congreso ya avanzamos a partir del encuentro que hicimos firmando los diez puntos del Acuerdo por la Seguridad Democrática. Ese debe ser el piso para empezar a hablar, si no -yo he estado a cargo de la cartera de Seguridad- los diagnósticos o la interpretación de los modelos se hacen eternos.
Hoy nuestra gente, nuestra ciudadanía, el pueblo, entiende que su primera preocupación es la seguridad. Y frente a esa situación nosotros tenemos que dar una respuesta y contención, y esto no tiene nada que ver con la mano dura; lo hemos dicho muchísimas veces.
Celebro que encuentre tan loable el desarme. Fue un proyecto de ley que presenté en 2004. Tardaron algo en sacarlo por decreto, igual que como sucedió posteriormente con lo relativo a la seguridad aeroportuaria, que fue un proyecto presentado en el año 2004 o 2005 y después vino del Ejecutivo.
Lo mismo pasó -y aquí voy a realizar una pregunta- con el registro sobre Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas. Lo presentamos en junio del 2006 y fue sacado por decreto. Nos interesaría saber -esta es mi primera pregunta- cuál es el estado de implementación, si están todas las provincias incorporadas -sé que la mía firmó el convenio- y si se puede considerar un banco de datos actualizado, porque todos sabemos que lo que se muestra es cuando se cumple una condena real, pero lo que nos importa son las órdenes de captura, sobre todo en jurisdicciones que tienen un retraso en la sentencia definitiva, que no es el caso de mi provincia.
Ese proyecto también salió de acá y se convirtió en norma por decreto. ¿Qué le quiero decir? Hoy hay varios proyectos acá sobre seguridad democrática y con la experiencia que tenemos de tantas buenas iniciativas que salieron del Congreso me gustaría saber si las conoce y participa en la efectividad de una ley que por lo menos nos plantee los principios básicos de lo que nosotros queremos entender por la gestión de la seguridad y también en relación con la organización policial.
Nadie es más defensora del federalismo que la que suscribe. Ello no implica que no podamos avanzar en acuerdos para poder complementar y fijar líneas de política de gestión en materia de seguridad en cuanto a las funciones de la policía, dejando viejos conceptos históricos y culturales. Por supuesto que fue más fácil hacerlo desde los códigos de ética para los militares y para la Gendarmería propiamente por la jurisdicción porque son fuerzas nacionales, pero ello no invalida que nosotros podamos avanzar en principios de organización.
Acá hay proyectos; quisiera saber si los ha tenido en cuenta.
Sigo con un par de preguntas. Me gustaría aclarar nada más que lo relativo al Consejo. Entiendo por qué no fuimos invitados, porque el Consejo se va a reunir el 29 de octubre en Paraná.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS El de ministros coordinadores.
SRA. COMELLI Perdón, el 19 de noviembre va a ser el plenario. La ley no obliga; la ley faculta. Los que llevamos más de ocho años aquí siempre hemos participado en todas las reuniones; se lo decía al ministro Aníbal Fernández porque él hacía llegar las invitaciones. Quiero entender que todavía el plenario de este año no se hizo. Entonces, si bien no obliga, sí fue solicitado por nota, quiero creer de buena fe que el plenario no se hizo. Estamos notificados.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Van a ser todos notificados formalmente.
SRA. COMELLI Exactamente. Seamos prácticos, pragmáticos, el problema de seguridad de la gente es importante. Los debates nuestros no generan mayor seguridad a las personas.
Alguna vez trabajamos mucho con el ministro Béliz en un plan integral. Nunca tuvimos respuestas acerca de si las estrategias de abordaje en aquel momento fueron buenas o no; no hubo una devolución. No quiero que analicemos aquello; simplemente me parece que en conjunto, si nos abocáramos desde el Consejo y desde los proyectos que hay acá -todo lo que se pueda sumar es viable-, tendríamos la posibilidad de recibir una respuesta, que no es de mano dura y que se basa en el compromiso que hicimos los propios legisladores cuando firmamos los diez puntos para el Acuerdo de Seguridad Democrática.
He demostrado que muchos de los proyectos que salieron de acá fueron convertidos en decretos -y tengo más-, de manera que me parece que puede ser bueno escucharnos.
Por último, quiero mencionar dos cuestiones más. Me parece muy bien que rescatara lo atinente al INVAP y, por otro lado, quisiera que se explayara un poco sobre la encuesta de victimización, el registro nacional y la encuesta que recién mencionó que se está desarrollando, en cuanto a si es por hogares, dónde se realiza, si es en todo el país, etcétera.
Alguna vez trabajamos mucho con el ministro Béliz en un plan integral. Nunca tuvimos respuestas acerca de si las estrategias de abordaje en aquel momento fueron buenas o no; no hubo una devolución. No quiero que analicemos aquello; simplemente me parece que en conjunto, si nos abocáramos desde el Consejo y desde los proyectos que hay acá -todo lo que se pueda sumar es viable-, tendríamos la posibilidad de recibir una respuesta, que no es de mano dura y que se basa en el compromiso que hicimos los propios legisladores cuando firmamos los diez puntos para el Acuerdo de Seguridad Democrática.
He demostrado que muchos de los proyectos que salieron de acá fueron convertidos en decretos -y tengo más-, de manera que me parece que puede ser bueno escucharnos.
Por último, quiero mencionar dos cuestiones más. Me parece muy bien que rescatara lo atinente al INVAP y, por otro lado, quisiera que se explayara un poco sobre la encuesta de victimización, el registro nacional y la encuesta que recién mencionó que se está desarrollando, en cuanto a si es por hogares, dónde se realiza, si es en todo el país, etcétera.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS El subsecretario de Política Criminal me aclara que nuestra Dirección de Política Criminal es la que hace la encuesta de victimización.
El tema del acuerdo de seguridad democrático se ha tratado varias veces aquí. Estoy de acuerdo con los fundamentos; hay temas que se volcaron en el Acuerdo de Seguridad Democrática que previamente habían sido hablados conmigo por algunos integrantes del acuerdo. Me refiero, por ejemplo, a la creación del Instituto Nacional de Seguridad, que nosotros habíamos planteado desde hace tiempo como una suerte de instituto de la Nación para la formación de civiles, en el ámbito del Ministerio, y para todos aquellos que quieran formarse allí.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Altos Estudios en Seguridad de Francia no solamente trabaja para la formación de los miembros de la burocracia francesa sino también para los ministros de gobierno, los ministros de seguridad, legisladores, periodistas, etcétera, porque si realmente estamos acá es porque la seguridad es una cuestión de Estado.
Luego de escuchar a todos, con los cuales coincido en muchas apreciaciones en casi un 90 por ciento, creo que es una de las áreas donde se puede avanzar en política de Estado sin demasiada dificultad.
El tema del acuerdo de seguridad democrático se ha tratado varias veces aquí. Estoy de acuerdo con los fundamentos; hay temas que se volcaron en el Acuerdo de Seguridad Democrática que previamente habían sido hablados conmigo por algunos integrantes del acuerdo. Me refiero, por ejemplo, a la creación del Instituto Nacional de Seguridad, que nosotros habíamos planteado desde hace tiempo como una suerte de instituto de la Nación para la formación de civiles, en el ámbito del Ministerio, y para todos aquellos que quieran formarse allí.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Altos Estudios en Seguridad de Francia no solamente trabaja para la formación de los miembros de la burocracia francesa sino también para los ministros de gobierno, los ministros de seguridad, legisladores, periodistas, etcétera, porque si realmente estamos acá es porque la seguridad es una cuestión de Estado.
Luego de escuchar a todos, con los cuales coincido en muchas apreciaciones en casi un 90 por ciento, creo que es una de las áreas donde se puede avanzar en política de Estado sin demasiada dificultad.
SRA. COMELLI Hay un proyecto específico aquí.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS En cuanto al acuerdo de seguridad ciudadana le puedo manifestar que no solamente me reuní previamente con quienes promovieron el acuerdo sino que me he reunido posteriormente, y continúo haciéndolo muy seguido. Además, nuestra fuerza política participa, porque aquí están nuestros legisladores y son parte del acuerdo. Muchas cuestiones las hemos venido materializando en este tiempo, otras no, pero existe una serie de ellas que se han venido realizando. Voy a llevar esta sugerencia, incluso algunas preguntas, para no hacer extensa la exposición, y se la voy a responder a la presidenta de la comisión.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra el señor diputado Favario.
SR. FAVARIO Señora presidenta: voy a dar mi opinión, a hacer una aclaración y a formular concretamente una pregunta, sin perjuicio de que después, dada su amabilidad, el señor ministro pueda ampliar la respuesta por escrito.
En mi opinión, creo que tengo la obligación de manifestar, con todo respeto hacia el señor ministro, que discrepo absolutamente con el diagnóstico formulado, por el cual los argentinos a partir del año 2003 hemos pasado abruptamente del infierno al paraíso.
La aclaración consiste en señalar, ante la reiteración del ministro de la condena a la política de mano dura, que sería bueno recordar que uno de los ejemplos más claros de política de mano dura en el país a partir de 1983 fue la legislación Blumberg, aprobada y promovida por el gobierno durante la gestión de Néstor Kirchner.
La pregunta que quiero formular es si desde los más altos niveles del gobierno se pretende asignar a los jueces penales la mayor responsabilidad por la inseguridad. Entonces, qué política o qué proyectos se implementarán para corregir las falencias del Poder Judicial.
Para el caso de que eventualmente existan responsables dentro del Poder Judicial que contribuyen a agravar la inseguridad, me gustaría saber qué medidas se tomaron contra esos magistrados o funcionarios y si el Ministerio presentó alguna denuncia al respecto.
En mi opinión, creo que tengo la obligación de manifestar, con todo respeto hacia el señor ministro, que discrepo absolutamente con el diagnóstico formulado, por el cual los argentinos a partir del año 2003 hemos pasado abruptamente del infierno al paraíso.
La aclaración consiste en señalar, ante la reiteración del ministro de la condena a la política de mano dura, que sería bueno recordar que uno de los ejemplos más claros de política de mano dura en el país a partir de 1983 fue la legislación Blumberg, aprobada y promovida por el gobierno durante la gestión de Néstor Kirchner.
La pregunta que quiero formular es si desde los más altos niveles del gobierno se pretende asignar a los jueces penales la mayor responsabilidad por la inseguridad. Entonces, qué política o qué proyectos se implementarán para corregir las falencias del Poder Judicial.
Para el caso de que eventualmente existan responsables dentro del Poder Judicial que contribuyen a agravar la inseguridad, me gustaría saber qué medidas se tomaron contra esos magistrados o funcionarios y si el Ministerio presentó alguna denuncia al respecto.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Señora presidenta: no quiero que el señor diputado ponga en mi boca palabras que no pronuncié.
No dije que estábamos en el paraíso. Dije que la mejor estrategia para solucionar el problema del delito es la implementación de políticas sociales y que, al mismo tiempo, hay que fortalecer las políticas específicas. Es decir, aquellas vinculadas con los mecanismos de enjuiciamiento, el sistema policial, el servicio penitenciario y también con la normativa.
No estamos en el paraíso. Es más; ningún país lo está.
No dije que estábamos en el paraíso. Dije que la mejor estrategia para solucionar el problema del delito es la implementación de políticas sociales y que, al mismo tiempo, hay que fortalecer las políticas específicas. Es decir, aquellas vinculadas con los mecanismos de enjuiciamiento, el sistema policial, el servicio penitenciario y también con la normativa.
No estamos en el paraíso. Es más; ningún país lo está.
SR. FAVARIO Si se me permite, quiero aclarar mis palabras.
No dije que usted, señor ministro, haya afirmado que estamos en un paraíso; pero después de escucharlo y de ver el fuerte acento que imprimió a sus manifestaciones acerca de las diferencias existentes entre los índices de criminalidad anteriores y posteriores a 2003, parecería -esta es mi opinión- que ese año pasamos del infierno al paraíso. Esta es, por supuesto, una deducción personal y no estoy haciendo ninguna imputación al señor ministro.
No dije que usted, señor ministro, haya afirmado que estamos en un paraíso; pero después de escucharlo y de ver el fuerte acento que imprimió a sus manifestaciones acerca de las diferencias existentes entre los índices de criminalidad anteriores y posteriores a 2003, parecería -esta es mi opinión- que ese año pasamos del infierno al paraíso. Esta es, por supuesto, una deducción personal y no estoy haciendo ninguna imputación al señor ministro.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS No quiero insistir en este punto, pero la única verdad es la realidad -en este caso- de los números. Quizás, para quien tiene una actitud opositora cierran más otros números; pero la realidad es que las cifras son las que he brindado.
Hago una invocación para insistir en una política a la que este Congreso, si no me equivoco, ha adherido. He escuchado las distintas manifestaciones y advierto que casi todos los legisladores coinciden en que el delito no es sólo un tema policial sino algo mucho más complejo. No se arregla con palos y policía.
En lo que se refiere a cuáles son los pasos a seguir, creo que hay que trabajar en los cuatro niveles del ámbito penal. Uno de ellos es la actualización normativa; al respecto, sé que en esta Cámara hay proyectos importantes que serán tratados en breve. Uno de ellos tiene por objeto sancionar una nueva ley penal juvenil; pienso que hay que hacer un análisis mesurado, porque hay cuestiones -como la edad y los procedimientos- que son muy complejos. No se puede, por así decirlo, meter todo en la misma bolsa.
Por otra parte, es preciso seguir trabajando para que el Poder Judicial sea cada vez más expeditivo en sus resoluciones. Aquí no hay ningún cuestionamiento. Lo que se dijo en su momento fue que había jueces que disponían excarcelaciones sin conocer debidamente las particularidades de la persona imputada; pero no se hicieron acusaciones en forma genérica.
Estamos estudiando mecanismos para que los jueces puedan disponer de información más amplia y no se decidan excarcelaciones livianamente. Reitero que hablamos de algunos magistrados y no de todo el Poder Judicial.
Por otra parte, continuamos con la estrategia de mejorar el servicio penitenciario. No nos conformamos con haber superado el problema de la superpoblación carcelaria sino que creemos que las personas privadas de su libertad pueden estar mejor. Por eso se está construyendo una cárcel importante en Güemes, provincia de Salta, que se inaugurará en enero y albergará a 500 internos. Pese a que no hay superpoblación, dispusimos la construcción de una cárcel importante.
Asimismo, se ha llamado a licitación para construir una cárcel en Mendoza, respondiendo así a una vieja aspiración de la provincia. También se están terminando los pliegos licitatorios para la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe.
Como es sabido, el Servicio Penitenciario Federal tenía cárceles en los antiguos territorios nacionales. En las que fueron las catorce provincias históricas, no había sistema carcelario. A partir de la federalización de muchos delitos, comenzaron a construirse cárceles en lugares donde antes no había.
Contar con un servicio penitenciario que no sólo ha superado el problema de la superpoblación sino que además tiene el 60 por ciento de los internos estudiando y el 50 por ciento trabajando, con sueldos que en algunos casos llegan a los 1.800 pesos, es importante para lograr que esos internos no reincidan una vez que hayan salido de la cárcel.
Por eso tenemos tasas de reincidencia bastante menores que las que se informan, que llegan al 25 por ciento y no al 40, 50 o 60 por ciento, como se difunde.
Sinceramente creo, diputado, que ésta es una política de seguridad integral que hay que sostener, más allá de los gobiernos; si se desanda el camino del crecimiento y la inclusión social la Argentina va a tener problemas graves de inseguridad. Y si volvemos a querer solucionar los problemas de la inseguridad con endurecimiento normativo, con actitudes de mano dura, vamos a volver a tener problemas, porque vamos a poblar las cárceles de personas a las que después va a ser mucho más difícil volver a incluir en la sociedad. Lo ideal sería que la persona no tenga que delinquir, y para eso, como se dijo siempre, hay que hacer aulas, escuelas, y tiene que haber salud, contención social, trabajo.
Hago una invocación para insistir en una política a la que este Congreso, si no me equivoco, ha adherido. He escuchado las distintas manifestaciones y advierto que casi todos los legisladores coinciden en que el delito no es sólo un tema policial sino algo mucho más complejo. No se arregla con palos y policía.
En lo que se refiere a cuáles son los pasos a seguir, creo que hay que trabajar en los cuatro niveles del ámbito penal. Uno de ellos es la actualización normativa; al respecto, sé que en esta Cámara hay proyectos importantes que serán tratados en breve. Uno de ellos tiene por objeto sancionar una nueva ley penal juvenil; pienso que hay que hacer un análisis mesurado, porque hay cuestiones -como la edad y los procedimientos- que son muy complejos. No se puede, por así decirlo, meter todo en la misma bolsa.
Por otra parte, es preciso seguir trabajando para que el Poder Judicial sea cada vez más expeditivo en sus resoluciones. Aquí no hay ningún cuestionamiento. Lo que se dijo en su momento fue que había jueces que disponían excarcelaciones sin conocer debidamente las particularidades de la persona imputada; pero no se hicieron acusaciones en forma genérica.
Estamos estudiando mecanismos para que los jueces puedan disponer de información más amplia y no se decidan excarcelaciones livianamente. Reitero que hablamos de algunos magistrados y no de todo el Poder Judicial.
Por otra parte, continuamos con la estrategia de mejorar el servicio penitenciario. No nos conformamos con haber superado el problema de la superpoblación carcelaria sino que creemos que las personas privadas de su libertad pueden estar mejor. Por eso se está construyendo una cárcel importante en Güemes, provincia de Salta, que se inaugurará en enero y albergará a 500 internos. Pese a que no hay superpoblación, dispusimos la construcción de una cárcel importante.
Asimismo, se ha llamado a licitación para construir una cárcel en Mendoza, respondiendo así a una vieja aspiración de la provincia. También se están terminando los pliegos licitatorios para la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe.
Como es sabido, el Servicio Penitenciario Federal tenía cárceles en los antiguos territorios nacionales. En las que fueron las catorce provincias históricas, no había sistema carcelario. A partir de la federalización de muchos delitos, comenzaron a construirse cárceles en lugares donde antes no había.
Contar con un servicio penitenciario que no sólo ha superado el problema de la superpoblación sino que además tiene el 60 por ciento de los internos estudiando y el 50 por ciento trabajando, con sueldos que en algunos casos llegan a los 1.800 pesos, es importante para lograr que esos internos no reincidan una vez que hayan salido de la cárcel.
Por eso tenemos tasas de reincidencia bastante menores que las que se informan, que llegan al 25 por ciento y no al 40, 50 o 60 por ciento, como se difunde.
Sinceramente creo, diputado, que ésta es una política de seguridad integral que hay que sostener, más allá de los gobiernos; si se desanda el camino del crecimiento y la inclusión social la Argentina va a tener problemas graves de inseguridad. Y si volvemos a querer solucionar los problemas de la inseguridad con endurecimiento normativo, con actitudes de mano dura, vamos a volver a tener problemas, porque vamos a poblar las cárceles de personas a las que después va a ser mucho más difícil volver a incluir en la sociedad. Lo ideal sería que la persona no tenga que delinquir, y para eso, como se dijo siempre, hay que hacer aulas, escuelas, y tiene que haber salud, contención social, trabajo.
SR. FAVARIO Entiendo que no ha sido respondida la pregunta que formulé concretamente. El ministro hizo alguna referencia pero a lo mejor no he sido claro; por eso quiero ahondar en la pregunta.
Señor ministro: si hay excarcelaciones indebidas o si hay falencias en la legislación, quiero saber en el primer supuesto, si se ha promovido alguna acción al respecto para corregir los comportamientos equívocos de los jueces o si está en el plan del gobierno remitir algún proyecto para modificar la legislación que permite esas excarcelaciones.
Señor ministro: si hay excarcelaciones indebidas o si hay falencias en la legislación, quiero saber en el primer supuesto, si se ha promovido alguna acción al respecto para corregir los comportamientos equívocos de los jueces o si está en el plan del gobierno remitir algún proyecto para modificar la legislación que permite esas excarcelaciones.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Diputado: como usted sabe, el poder sancionatorio de los jueces no está en el Poder Ejecutivo sino en el Consejo de la Magistratura...
SR. FAVARIO A partir de alguna presentación; el Consejo de la Magistratura no actúa de oficio.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Hay presentaciones del Consejo de la Magistratura contra magistrados que han proveído excarcelaciones de forma incorrecta. No los voy a nombrar acá; lo sabe la diputada Conti, que integra el Consejo de la Magistratura.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra el señor diputado Pais.
Luego tiene una repregunta la diputada Gambaro y estaríamos cerrando la lista de oradores.
Luego tiene una repregunta la diputada Gambaro y estaríamos cerrando la lista de oradores.
SR. PAIS Voy a hacer tres preguntas muy breves sin introducción.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Entonces va a ser el único que cumplirá con la directiva que dimos.
SR. PAIS El señor ministro habló de la creación de ocho regionales de la Policía Federal y dijo que una ya está implementada. Quisiera saber si tienen un cronograma tentativo del resto de las regionales, porque entiendo que es una herramienta importante para el interior del país. Nosotros vivimos en el interior y lo representamos.
La segunda pregunta es sobre un dato que no dio y me interesaría conocer, que es la cantidad actual de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque hablamos de las fuerzas tradiciones pero no de ésa.
El tercer dato que solicito es el siguiente. Si bien se redujo la sobrepoblación del Servicio Penitenciario Federal quisiera saber si me puede decir cuántos de esos internos son de jurisdicción provincial, porque por ejemplo en mi provincia, Chubut, tenemos dos unidades penitenciarias: la U14 y la U6. La U14 tiene un viejo convenio para transferirla a la provincia del Chubut, pero muchos de esos internos son de jurisdicción provincial; entonces quisiera saber cuántos de esos casi 10 mil internos son de jurisdicción provincial.
La segunda pregunta es sobre un dato que no dio y me interesaría conocer, que es la cantidad actual de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque hablamos de las fuerzas tradiciones pero no de ésa.
El tercer dato que solicito es el siguiente. Si bien se redujo la sobrepoblación del Servicio Penitenciario Federal quisiera saber si me puede decir cuántos de esos internos son de jurisdicción provincial, porque por ejemplo en mi provincia, Chubut, tenemos dos unidades penitenciarias: la U14 y la U6. La U14 tiene un viejo convenio para transferirla a la provincia del Chubut, pero muchos de esos internos son de jurisdicción provincial; entonces quisiera saber cuántos de esos casi 10 mil internos son de jurisdicción provincial.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS El director del Servicio Penitenciario, doctor Marambio, me dice que son 800 los internos que tenemos en el Servicio Penitenciario Federal que provienen de la Justicia provincial.
SR. PAIS El 9 por ciento más o menos.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOSPero obviamente en establecimientos provinciales tenemos internos federales, con lo cual hay un sistema de pago por el alojamiento.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Hay provincias que se quejan mucho de la morosidad en el pago, por ejemplo Córdoba.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Con Córdoba estamos regularizando la situación. También hay provincias que son morosas con nosotros, que no vamos a decir cuáles son.
En cuanto a los efectivos de la PSA, son 2.738.
En cuanto a los efectivos de la PSA, son 2.738.
SR. PAIS Faltaría que me responda si tienen un cronograma tentativo de las siete regionales faltantes.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS No tienen fecha determinada; depende del presupuesto, pero estamos muy avanzados con Tucumán y Comodoro Rivadavia. Se estima que una de las dos va a estar lista antes de fin de año.
Ya que hay interés en eso, me voy a permitir invitarlos -también me lo pide nuestro jefe del Servicio Penitenciario, el doctor Marambio- a visitar algunas cárceles,
porque muchas veces se difunden sus problemas pero no se ve el esfuerzo que hacen el personal del Servicio Penitenciario, los docentes y demás; hay todo un trabajo muy serio de gente que se desempeña allí muy sacrificadamente.
También habría que ver la situación carcelaria de las mujeres y de las madres que están con sus hijos en la cárcel de Ezeiza hasta que los niños cumplen cuatro años.
Ya que hay interés en eso, me voy a permitir invitarlos -también me lo pide nuestro jefe del Servicio Penitenciario, el doctor Marambio- a visitar algunas cárceles,
porque muchas veces se difunden sus problemas pero no se ve el esfuerzo que hacen el personal del Servicio Penitenciario, los docentes y demás; hay todo un trabajo muy serio de gente que se desempeña allí muy sacrificadamente.
También habría que ver la situación carcelaria de las mujeres y de las madres que están con sus hijos en la cárcel de Ezeiza hasta que los niños cumplen cuatro años.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Tiene la palabra la señora diputada Gambaro, que ha hecho preguntas muy concretas.
SRA. GAMBARO Quiero hacer una pregunta que me surge a partir de la respuesta dada a la diputada Bullrich respecto de la radarización.
Usted manifiesta que es una medida concreta y entiendo que esto es así. Yo tengo proyectos presentados al respecto y de hecho la política de seguridad es una medida encima de la otra.
Teniendo en cuenta lo que usted manifiesta sobre la posibilidad de fabricar los radares en el INVAP, lo cual celebramos mucho, aunque esto se va a producir recién en el año 2013, hay un pedido urgente de la Justicia de Salta respecto de la necesidad de radarizar por lo menos esa porción de territorio. ¿Está previsto de alguna manera en el corto plazo, sin esperar al INVAP hasta el año 2013, aunque sea atender la urgencia que tiene esta provincia?
Y hago una aclaración respecto de lo que usted mencionó sobre el derribo porque de algún modo me siento aludida ya que yo he firmado el proyecto con el diputado que usted menciona.
Usted manifiesta que es una medida concreta y entiendo que esto es así. Yo tengo proyectos presentados al respecto y de hecho la política de seguridad es una medida encima de la otra.
Teniendo en cuenta lo que usted manifiesta sobre la posibilidad de fabricar los radares en el INVAP, lo cual celebramos mucho, aunque esto se va a producir recién en el año 2013, hay un pedido urgente de la Justicia de Salta respecto de la necesidad de radarizar por lo menos esa porción de territorio. ¿Está previsto de alguna manera en el corto plazo, sin esperar al INVAP hasta el año 2013, aunque sea atender la urgencia que tiene esta provincia?
Y hago una aclaración respecto de lo que usted mencionó sobre el derribo porque de algún modo me siento aludida ya que yo he firmado el proyecto con el diputado que usted menciona.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS No lo sabía. No se trataba de una agresión.
SRA. GAMBARO Por supuesto. Lo único que quiero hacer es transmitirle mayor información.
En realidad es una ley de protección del espacio aéreo que tal vez se simplifica por el poco tiempo que uno tiene, pero previamente al derribo existen siete pasos que se tienen que cumplir, como notificaciones entre civiles, militares y demás. Hay un acompañamiento de estas aeronaves ilegales con aeronaves propias.
Es decir que no es que automáticamente se apunta y se dispara sin preguntar, sino que hay siete pasos previos que deben ser cumplidos, tal como lo estableció Brasil y otros países. En realidad nuestra propuesta responde a una manifestación que hiciera el actual jefe de Gabinete en el año 2004. Dijo textualmente: "Si Brasil logra sacar la ley que establece que se van a derribar aquellos aviones que no estén autorizados a volar, porque se supone que están siendo utilizados para el narcotráfico, nosotros terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma manera." Esto es de noviembre de 2004.
Creo que es un proyecto de ley responsable por esto que le explico: responde a reglas internacionales, hay muchos pasos previos y es bastante parecida a la legislación que tenemos actualmente para lo que es el hundimiento de buques que invaden nuestro espacio marítimo.
El 1º de abril de 2005 sobre la base de esta legislación se hundió un buque pesquero, el Win Lien Sheng III, que estaba depredando nuestros recursos naturales. Ni siquiera había sospecha de comisión de delitos, pero estaba depredando nuestros recursos naturales.
Esa legislación también establece una serie de pasos previos al hundimiento. Obviamente a uno nunca le gustaría llegar al hundimiento, pero entiendo que si se debate y se trata con responsabilidad también serviría para los casos -como el que tuvimos recientemente- de invasión de una aeronave del Reino Unido de Gran Bretaña yendo hacia las Islas Malvinas. Invadieron nuestro espacio aéreo y nos enteramos porque Chile nos avisó.
Sirve para muchos casos. Es un proyecto de ley completamente integral, y ofrezco acercárselo a sus asesores para que podamos evaluarlo conjuntamente.
En realidad es una ley de protección del espacio aéreo que tal vez se simplifica por el poco tiempo que uno tiene, pero previamente al derribo existen siete pasos que se tienen que cumplir, como notificaciones entre civiles, militares y demás. Hay un acompañamiento de estas aeronaves ilegales con aeronaves propias.
Es decir que no es que automáticamente se apunta y se dispara sin preguntar, sino que hay siete pasos previos que deben ser cumplidos, tal como lo estableció Brasil y otros países. En realidad nuestra propuesta responde a una manifestación que hiciera el actual jefe de Gabinete en el año 2004. Dijo textualmente: "Si Brasil logra sacar la ley que establece que se van a derribar aquellos aviones que no estén autorizados a volar, porque se supone que están siendo utilizados para el narcotráfico, nosotros terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma manera." Esto es de noviembre de 2004.
Creo que es un proyecto de ley responsable por esto que le explico: responde a reglas internacionales, hay muchos pasos previos y es bastante parecida a la legislación que tenemos actualmente para lo que es el hundimiento de buques que invaden nuestro espacio marítimo.
El 1º de abril de 2005 sobre la base de esta legislación se hundió un buque pesquero, el Win Lien Sheng III, que estaba depredando nuestros recursos naturales. Ni siquiera había sospecha de comisión de delitos, pero estaba depredando nuestros recursos naturales.
Esa legislación también establece una serie de pasos previos al hundimiento. Obviamente a uno nunca le gustaría llegar al hundimiento, pero entiendo que si se debate y se trata con responsabilidad también serviría para los casos -como el que tuvimos recientemente- de invasión de una aeronave del Reino Unido de Gran Bretaña yendo hacia las Islas Malvinas. Invadieron nuestro espacio aéreo y nos enteramos porque Chile nos avisó.
Sirve para muchos casos. Es un proyecto de ley completamente integral, y ofrezco acercárselo a sus asesores para que podamos evaluarlo conjuntamente.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Sí, con mucho gusto.
En cuanto al radar de Salta quiero decir que tenemos instalado un radar en Tartagal, desde donde Gendarmería montó el SITAI. Gendarmería ha notado que con el Sistema de localización terrestre, no solamente por radar, y por inteligencia aumentó la cantidad de aeronaves que hemos ido secuestrando.
Además contamos con dos radares móviles. Tenemos uno fijo en Salta y uno móvil.
En cuanto al radar de Salta quiero decir que tenemos instalado un radar en Tartagal, desde donde Gendarmería montó el SITAI. Gendarmería ha notado que con el Sistema de localización terrestre, no solamente por radar, y por inteligencia aumentó la cantidad de aeronaves que hemos ido secuestrando.
Además contamos con dos radares móviles. Tenemos uno fijo en Salta y uno móvil.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Le vamos a dar la palabra al diputado Rossi.
Yo, en cierta forma, al ser la presidenta de la comisión tengo que conducir y no corresponde que haga preguntas, pero quisiera manifestar que adhiero en un todo a lo que decía la diputada Gambaro.
Es verdad es que en el año 2004 se prometió un agresivo plan de radarización para ser implementado en el año 2009, pero no se concretó nada en este sentido.
También adhiero completamente a las palabras vertidas respecto de la ley de derribo, que en Brasil fue sancionada y reglamentada en el gobierno anterior al del presidente Lula. Es decir que se ha convertido en una ley de Estado, que lógicamente contempla todos los pasos a seguir para no atentar contra la vida de las personas que viajan en el avión.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Rossi.
Yo, en cierta forma, al ser la presidenta de la comisión tengo que conducir y no corresponde que haga preguntas, pero quisiera manifestar que adhiero en un todo a lo que decía la diputada Gambaro.
Es verdad es que en el año 2004 se prometió un agresivo plan de radarización para ser implementado en el año 2009, pero no se concretó nada en este sentido.
También adhiero completamente a las palabras vertidas respecto de la ley de derribo, que en Brasil fue sancionada y reglamentada en el gobierno anterior al del presidente Lula. Es decir que se ha convertido en una ley de Estado, que lógicamente contempla todos los pasos a seguir para no atentar contra la vida de las personas que viajan en el avión.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Rossi.
SR. ROSSI (A.L.) Señora presidenta: la situación de barcos y aviones es absolutamente distinta. Esta es la única apreciación que formularé en relación con cuestiones concretas que se dijeron.
Mi compañero, el señor diputado Pais, fue juez federal en la causa del pesquero chino. Me dijo que el barco fue hundido por sus propios tripulantes para evitar las multas; es decir que no fue hundido por acción de la Armada ni nada parecido.
Es clara la intención del gobierno nacional en esta materia y está claro que hay un plan de radarización que está llevando adelante el Ministerio de Defensa. Ello se vincula con la actualización de todos los radares de tecnología obsoleta, con el desarrollo de radares nuevos que se están actualizando con tecnología argentina; son muy difíciles de operar, muy caros, etcétera. Se trata de una cuestión que merecería otra reunión para ser abordada.
En nombre de nuestro bloque quiero agradecer la presencia del señor ministro. Deseo manifestarle que cuente con nosotros para todas las actividades que la comisión y él coordinen. Estaremos allí para participar y realizar aportes.
Señor ministro: me parece que sus respuestas han sido claras, contundentes y elocuentes, y celebro que la comisión tenga una metodología de este tipo, que me parece mucho más eficaz que otras que se emplean en términos más llamativos.
Nuevamente le agradezco su presencia.
Mi compañero, el señor diputado Pais, fue juez federal en la causa del pesquero chino. Me dijo que el barco fue hundido por sus propios tripulantes para evitar las multas; es decir que no fue hundido por acción de la Armada ni nada parecido.
Es clara la intención del gobierno nacional en esta materia y está claro que hay un plan de radarización que está llevando adelante el Ministerio de Defensa. Ello se vincula con la actualización de todos los radares de tecnología obsoleta, con el desarrollo de radares nuevos que se están actualizando con tecnología argentina; son muy difíciles de operar, muy caros, etcétera. Se trata de una cuestión que merecería otra reunión para ser abordada.
En nombre de nuestro bloque quiero agradecer la presencia del señor ministro. Deseo manifestarle que cuente con nosotros para todas las actividades que la comisión y él coordinen. Estaremos allí para participar y realizar aportes.
Señor ministro: me parece que sus respuestas han sido claras, contundentes y elocuentes, y celebro que la comisión tenga una metodología de este tipo, que me parece mucho más eficaz que otras que se emplean en términos más llamativos.
Nuevamente le agradezco su presencia.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Agradezco en nombre de toda la comisión la presencia del señor ministro. Lo vamos a invitar más seguido para que el diputado Rossi, quien también es miembro de la comisión, concurra a esta comisión. (Risas.)
SR. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Quiero agradecer a la señora presidenta y a todos los integrantes de esta comisión la buena voluntad que han demostrado al plantear las preguntas que tenían necesidad de formular y expresar las mejores ideas. Además, les agradezco que me escucharan con mucho respeto.
SRA. PRESIDENTA BALDATA Damos por concluida la reunión.
- Es la hora 14 y 57.