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SEGURIDAD INTERIOR
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 207
Jefe LIC. FLEISCHER LUCIANO
Miércoles 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2172 Internos 2172/2209 /2264/
csinterior@hcdn.gov.ar
- SEGURIDAD INTERIOR
Reunión del día 07/08/2020
- INFORMATIVA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de agosto de 2020, a la hora 13 y 18, comienza la reunión virtual de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Damos inicio a la reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de nuestra Cámara.
En esta ocasión, tenemos la gratitud de recibir la visita de nuestra ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y de nuestro secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a quienes les damos la bienvenida.
El temario de nuestra reunión conjunta de hoy tiene que ver con el inicio de un debate que queremos llevar adelante en esta Cámara y que entendemos, además, es un debate necesario de cara a nuestra sociedad. Contamos con el compromiso de todos los diputados y diputadas para darlo. Es el debate en torno a la construcción de una ley contra la violencia institucional en nuestro país y en función de este debate creemos que es importante escuchar la palabra de nuestros funcionarios que desde el gobierno nacional vienen trabajando, también comprometidos, en poder llevar adelante la tarea para erradicar y prevenir la violencia institucional.
Ese es el motivo de nuestro encuentro y, si les parece bien a todos y a todas, damos inicialmente la palabra a los funcionarios, luego los diputados y diputadas formulamos las preguntas que consideremos pertinentes, y luego hacemos el cierre nuevamente con los funcionarios.
Saludo, entonces, una vez más. No acordamos quién quería arrancar, pero, si están de acuerdo, podemos empezar con la ministra de Seguridad, así preparamos las cuestiones técnicas para después pasar el Powerpoint que sabemos que tiene preparado el secretario de Derechos Humanos.
Nuevamente, en nombre de la Cámara doy la bienvenida a la ministra. Le agradecemos muchísimo que esté aquí otra vez con nosotros. Lo hizo hace no tanto tiempo, cuando iniciamos las sesiones ordinarias y la escuchamos.
En esta ocasión, tenemos la gratitud de recibir la visita de nuestra ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y de nuestro secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a quienes les damos la bienvenida.
El temario de nuestra reunión conjunta de hoy tiene que ver con el inicio de un debate que queremos llevar adelante en esta Cámara y que entendemos, además, es un debate necesario de cara a nuestra sociedad. Contamos con el compromiso de todos los diputados y diputadas para darlo. Es el debate en torno a la construcción de una ley contra la violencia institucional en nuestro país y en función de este debate creemos que es importante escuchar la palabra de nuestros funcionarios que desde el gobierno nacional vienen trabajando, también comprometidos, en poder llevar adelante la tarea para erradicar y prevenir la violencia institucional.
Ese es el motivo de nuestro encuentro y, si les parece bien a todos y a todas, damos inicialmente la palabra a los funcionarios, luego los diputados y diputadas formulamos las preguntas que consideremos pertinentes, y luego hacemos el cierre nuevamente con los funcionarios.
Saludo, entonces, una vez más. No acordamos quién quería arrancar, pero, si están de acuerdo, podemos empezar con la ministra de Seguridad, así preparamos las cuestiones técnicas para después pasar el Powerpoint que sabemos que tiene preparado el secretario de Derechos Humanos.
Nuevamente, en nombre de la Cámara doy la bienvenida a la ministra. Le agradecemos muchísimo que esté aquí otra vez con nosotros. Lo hizo hace no tanto tiempo, cuando iniciamos las sesiones ordinarias y la escuchamos.
SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD Buenas tardes a todos, a todas, señores diputados y señoras diputadas de la Nación.
Quiero aprovechar este encuentro para hacer un informe lo más exhaustivo posible sobre las acciones desarrolladas por el Ministerio de Seguridad de la Nación en la lucha contra la violencia institucional. Creo que también es una buena oportunidad para informarles sobre nuestra intervención como Ministerio de Seguridad de la Nación en la investigación que está llevando adelante la Policía Federal como auxiliar de la Justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Me parece que es bueno aprovechar la circunstancia y completar esa información también.
Quiero empezar por la perspectiva que nuestro Ministerio de Seguridad tiene respecto de la violencia institucional. Nosotros, como responsables de la conducción política de las fuerzas federales de seguridad y policiales, entendemos la legitimidad del uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales que nos dependen una vez que todos los demás medios para lograr un objetivo legítimo han resultado ineficaces e insuficientes.
En este contexto, cuando el uso de la fuerza se ejerce en forma abusiva y los efectivos de las fuerzas de seguridad la aplican en situaciones en las que está indicado que no deben utilizarla o lo hacen de manera desproporcionada, se configura lo que para nosotros se denomina violencia institucional.
Así, el incumplimiento de los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad de los principios internacionales que regulan su accionar en relación con el uso de la fuerza -legalidad, proporcionalidad y razonabilidad-, configurarán hechos que deben ser investigados, sancionados y revisados retrospectivamente para la comprensión crítica -también ética- y el consecuente desarrollo de las políticas de prevención conducentes a garantizar su no repetición.
En tal sentido, para este ministerio, el ejercicio del control y la prevención de la violencia institucional constituyen un eslabón fundamental en la construcción democrática de un modelo de seguridad y, consecuentemente, de una sociedad más justa y segura.
Por ello, en la actual gestión del ministerio, el control y la prevención de la violencia institucional es una política trasversal. De ese modo, se trabaja simultáneamente, entre otras directrices, en tres líneas de acción. La primera es el esclarecimiento de la responsabilidad administrativa del personal policial y de las fuerzas de seguridad involucrado en hechos de violencia institucional y la aplicación de la correspondiente sanción, de modo de evitar la impunidad de la conducta.
El segundo eje es el desarrollo de acciones preventivas de la violencia institucional, entre las que se encuentran: 1) el dictado de protocolos específicos de actuación policial; 2) la articulación con las organizaciones sociales y políticas en los territorios para la difusión de sus derechos; 3) el monitoreo de las condiciones de detención de las personas alojadas en dependencias de las fuerzas federales; 4) la redacción de recomendaciones ante situaciones concretas, como pueden ser los controles del cumplimiento poblacional y vehicular que originó el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio).
El tercer eje central de la tarea de prevenir la violencia institucional es el trabajo articulado con el programa de uso de la fuerza y las áreas de formación del Ministerio. Esa articulación abreva en el diseño y puesta en marcha de planes de reentrenamiento y actualización de los principios internacionales que regulan el uso de la fuerza.
Junto con ello se desarrolla la actualización de los planes de formación con el objetivo central de garantizar una actuación policial y de las fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Desde esos pilares se desarrollan las principales acciones de la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, que está en la órbita de la Subsecretaria de Control y Transparencia Institucional.
Mediante la decisión administrativa 335/2020 se establecieron las acciones específicas de esta Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional y del Programa de Prevención que la integra. Las principales acciones del área son, entre otras, seguimiento de las causas judiciales en las que se hallan investigados miembros de las fuerzas federales de seguridad; recepción de peticiones, denuncias y presentaciones en las que se señala la participación de agentes federales en caso de posible violencia institucional, por ejemplo, mediante la amplia acción de la línea 134, de los mails institucionales del Ministerio de Seguridad que se utilizan para ese tipo de denuncias y que se utilizaban también para otras denuncias; el seguimiento y control de las actuaciones administrativas sustanciadas a fin de delimitar la responsabilidad del personal policial en los hechos denunciados; el diseño de políticas de prevención de la violencia institucional para garantizar el cumplimento de los estándares internacionales en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Al respecto la Subsecretaría de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad lanzó su segunda convocatoria para el curso "Modelo operativo de uso racional de la fuerza. Reflexiones para la acción policial", cuyo dictado sirvió para la capacitación -al día de hoy- de 1.207 funcionarios de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval. Y también esta Dirección de Control tiene por función intervenir en el diseño de protocolos de actuación para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.
En este contexto, en el marco de nuestra perspectiva sobre cómo prevenir y cómo conjurar también hechos de violencia institucional, hemos recibido y tramitado 39 denuncias por hechos de uso abusivo de la fuerza por parte del personal dependiente de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Estas 39 denuncias sobre personal que nos depende se produjeron en el marco del Decreto 297/2020 -que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio- y sus prórrogas. Un detalle sobre estas denuncias: los hechos denunciados son 39; el personal implicado en los hechos denunciados suma un total de 96; personal que pasó a disponibilidad involucrado en estos hechos, 6. Total de acciones disciplinarias en curso: 10. Gendarmería Nacional tuvo 22 hechos denunciados; la Policía Federal Argentina, 9; la Prefectura Naval Argentina, 7 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, uno.
Creo que es importante señalar que en la mayoría de este tipo de hechos el personal involucrado muchas veces no está individualizado, o sea, son denuncias que llegan al Ministerio donde no hay una individualización del personal. Gran parte de la tarea de este Programa sobre Uso Racional de la Fuerza es, justamente, identificar a las personas y también las responsabilidades de los efectivos que participaron de esos hechos.
Por ese motivo, el Ministerio de Seguridad, mediante la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, ante cada hecho denunciado solicita a la fuerza involucrada toda la información del caso, junto con los antecedentes de quienes pudieron haber participado. Tras el análisis de la información recibida y recabada de los testimonios de denunciantes y víctimas, si así correspondiera, se ordena el inicio de los sumarios administrativos y se interviene mediante el seguimiento y control de aquellos casos que se encuentren en trámite. Como mencioné anteriormente, todo esto es para identificar las responsabilidades del personal denunciado.
Por otra parte, al momento de la aprobación del ASPO, el Ministerio de Seguridad recibe denuncias sobre cierta cantidad de hechos, que para nosotros era realmente significativa. Es en ese momento cuando se incrementa el número de denuncias. Por ello, a través de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, decidimos difundir al interior de las fuerzas federales que nos dependen una serie de recomendaciones al personal afectado a los controles COVID y también al personal que estaba haciendo patrullaje en las calles.
Esas recomendaciones fueron las siguientes: debe primar el buen trato y el respeto, y se debe propiciar el diálogo. El personal tiene que es estar plenamente identificado. Se debe interpretar la validez de los certificados para la circulación de manera amplia.
Estas son recomendaciones que se hicieron sobre todo al comienzo del aislamiento, cuando los certificados habilitantes para la circulación eran diversos, no como ocurre desde hace aproximadamente un mes, cuando se unificaron los certificados.
Se debe evitar la concentración o aglomeración de personas que incumplan el DNU en comisarías o dependencias de las fuerzas. También recomendamos, en caso de producirse detenciones, que los efectivos deban informar la razón de la privación de la libertad a juzgados, fiscalías y defensorías intervinientes, que son los que definen los procedimientos a seguir.
Asimismo, en el caso de las detenciones, se deben explicar los derechos que asisten a las personas detenidas y garantizar el acceso a un abogado de defensa pública, la realización de una llamada telefónica y, por supuesto, la solicitud de reconocimiento médico.
En las recomendaciones también señalamos cuáles eran las prohibiciones, lo que no debían hacer las fuerzas de seguridad. Primero, alejarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza.
Segundo, no debían proceder a la detención de manera compulsiva sin analizar los motivos por los cuales la persona estaba fuera de su domicilio.
Tercero, no se debían realizar detenciones o traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente.
Por último, quedaba prohibido realizar tareas de dispersión masiva de grupos de personas que se encontrasen en la vía pública, recordando que el abordaje debía ser personal.
Respecto de nuestra intervención, por supuesto es limitada en los casos en los que tuvimos información de hechos de violencia institucional cometidos por cuerpos de las policías provinciales. Como ustedes saben, la Dirección de Formación, Capacitación y Evaluación de las policías provinciales -que integran el sistema de Seguridad Interior-, corresponde a cada una de las jurisdicciones. O sea, las policías provinciales dependen de los gobiernos provinciales, y los gobiernos provinciales tienen autonomía respecto de cómo conducen sus policías.
No obstante, convencidos del compromiso compartido en cuanto a defender la vida y la salud de la población y, en el marco del respeto de los principios internacionales y las normas constitucionales vigentes en relación con los principios básicos de actuación de los funcionarios encargados para hacer cumplir la ley, al tomar conocimiento de los hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut y provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad se contactó con las autoridades provinciales e introdujo el problema de la violencia institucional como tema de agenda determinante en dos reuniones del Consejo de Seguridad Interior que se realizaron en forma virtual.
En ese marco, se requirió a las autoridades provinciales un informe sobre el estado de las actuaciones disciplinarias sustanciadas, a fin de esclarecer eventuales responsabilidades del personal policial en los hechos, si se había tomado algún temperamento preventivo o si se había aplicado alguna sanción.
Por otra parte, se solicitó que esas autoridades informen a esta cartera nacional si existían áreas específicas de gobierno que tuvieran a cargo, entre sus acciones, la realización del seguimiento y el control sobre el avance de las denuncias de violencia institucional en las que el personal policial se encontrase involucrado.
Además, se solicitó que se informe si existe en el ámbito de su competencia un programa específico que propicie el uso racional y proporcional de la fuerza policial, poniendo a disposición el capital humano y los saberes de la cartera nacional para una mejor prevención y sanción de los hechos de violencia institucional.
Asimismo, en las aludidas reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad Interior se abordó la cuestión de la violencia institucional y se planteó la necesidad de ser inflexibles y de responder en forma inmediata, adoptando todas las medidas correspondientes que fueran necesarias.*
Como señalé, el 10 de junio hubo una reunión del Consejo de Seguridad Interior, en la que el propio presidente Alberto Fernández se refirió al tema, indicando a las autoridades provinciales lo siguiente: "Como ya hemos dicho, rechazamos y condenamos todo acto de violencia institucional y debemos ser inflexibles ante la aparición de algún hecho. Pero no solo... -decía, en ese momento- ...nos preocupa la violencia física que puedan llegar a cometer las fuerzas de seguridad, sino también aquellas formas o prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas, como el racismo o la discriminación. Por eso trabajaremos para capacitar a quienes conforman las fuerzas federales y ofreceremos acompañamiento y capacitaciones para las policías provinciales que así lo requieran". Aclaro que esta reunión del 10 de junio se produjo luego del hecho represivo en la provincia del Chaco.
También debo decir que cuando al comienzo de la aplicación del decreto 297 se produjo esta intensificación de hechos de violencia institucional, tomamos contacto con las autoridades de cada fuerza federal para conversar sobre la necesidad de rever algunos de los operativos o dispositivos de patrullaje que se estaban realizando en aquellos barrios vulnerados en los que las fuerzas federales tienen alguna intervención, sobre todo, en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Simultáneamente, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación enviamos a las veinticuatro jurisdicciones del país un conjunto de protocolos y guías de actuación para las fuerzas federales, invitándolas enfáticamente a que fueran aplicadas por parte de los cuerpos policiales provinciales.
En ese momento, se remitieron por diversos medios electrónicos las pautas de actuación policial en los operativos COVID-19 elaboradas por la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional de este Ministerio.
También se enviaron las pautas de actuación de las fuerzas federales en relación con el respeto a la identidad de género y la no discriminación por orientación sexual -elaboradas por la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género- y el Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas.
Este informe es el que permite tener una aproximación -al menos, sumaria y sintética- sobre lo que viene haciendo el Ministerio de Seguridad de la Nación con los casos de violencia institucional de las fuerzas de seguridad federales que nos dependen y las acciones que también desarrollamos cuando tomamos conocimiento, ya sea por medios periodísticos o por denuncias directas, de los hechos de violencia institucional que fueron responsabilidad de los cuerpos policiales provinciales.
Paula Penacca, no sé si querés que pase a leer el informe sobre la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo o preferís que...
Quiero aprovechar este encuentro para hacer un informe lo más exhaustivo posible sobre las acciones desarrolladas por el Ministerio de Seguridad de la Nación en la lucha contra la violencia institucional. Creo que también es una buena oportunidad para informarles sobre nuestra intervención como Ministerio de Seguridad de la Nación en la investigación que está llevando adelante la Policía Federal como auxiliar de la Justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Me parece que es bueno aprovechar la circunstancia y completar esa información también.
Quiero empezar por la perspectiva que nuestro Ministerio de Seguridad tiene respecto de la violencia institucional. Nosotros, como responsables de la conducción política de las fuerzas federales de seguridad y policiales, entendemos la legitimidad del uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales que nos dependen una vez que todos los demás medios para lograr un objetivo legítimo han resultado ineficaces e insuficientes.
En este contexto, cuando el uso de la fuerza se ejerce en forma abusiva y los efectivos de las fuerzas de seguridad la aplican en situaciones en las que está indicado que no deben utilizarla o lo hacen de manera desproporcionada, se configura lo que para nosotros se denomina violencia institucional.
Así, el incumplimiento de los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad de los principios internacionales que regulan su accionar en relación con el uso de la fuerza -legalidad, proporcionalidad y razonabilidad-, configurarán hechos que deben ser investigados, sancionados y revisados retrospectivamente para la comprensión crítica -también ética- y el consecuente desarrollo de las políticas de prevención conducentes a garantizar su no repetición.
En tal sentido, para este ministerio, el ejercicio del control y la prevención de la violencia institucional constituyen un eslabón fundamental en la construcción democrática de un modelo de seguridad y, consecuentemente, de una sociedad más justa y segura.
Por ello, en la actual gestión del ministerio, el control y la prevención de la violencia institucional es una política trasversal. De ese modo, se trabaja simultáneamente, entre otras directrices, en tres líneas de acción. La primera es el esclarecimiento de la responsabilidad administrativa del personal policial y de las fuerzas de seguridad involucrado en hechos de violencia institucional y la aplicación de la correspondiente sanción, de modo de evitar la impunidad de la conducta.
El segundo eje es el desarrollo de acciones preventivas de la violencia institucional, entre las que se encuentran: 1) el dictado de protocolos específicos de actuación policial; 2) la articulación con las organizaciones sociales y políticas en los territorios para la difusión de sus derechos; 3) el monitoreo de las condiciones de detención de las personas alojadas en dependencias de las fuerzas federales; 4) la redacción de recomendaciones ante situaciones concretas, como pueden ser los controles del cumplimiento poblacional y vehicular que originó el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio).
El tercer eje central de la tarea de prevenir la violencia institucional es el trabajo articulado con el programa de uso de la fuerza y las áreas de formación del Ministerio. Esa articulación abreva en el diseño y puesta en marcha de planes de reentrenamiento y actualización de los principios internacionales que regulan el uso de la fuerza.
Junto con ello se desarrolla la actualización de los planes de formación con el objetivo central de garantizar una actuación policial y de las fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Desde esos pilares se desarrollan las principales acciones de la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, que está en la órbita de la Subsecretaria de Control y Transparencia Institucional.
Mediante la decisión administrativa 335/2020 se establecieron las acciones específicas de esta Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional y del Programa de Prevención que la integra. Las principales acciones del área son, entre otras, seguimiento de las causas judiciales en las que se hallan investigados miembros de las fuerzas federales de seguridad; recepción de peticiones, denuncias y presentaciones en las que se señala la participación de agentes federales en caso de posible violencia institucional, por ejemplo, mediante la amplia acción de la línea 134, de los mails institucionales del Ministerio de Seguridad que se utilizan para ese tipo de denuncias y que se utilizaban también para otras denuncias; el seguimiento y control de las actuaciones administrativas sustanciadas a fin de delimitar la responsabilidad del personal policial en los hechos denunciados; el diseño de políticas de prevención de la violencia institucional para garantizar el cumplimento de los estándares internacionales en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Al respecto la Subsecretaría de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad lanzó su segunda convocatoria para el curso "Modelo operativo de uso racional de la fuerza. Reflexiones para la acción policial", cuyo dictado sirvió para la capacitación -al día de hoy- de 1.207 funcionarios de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval. Y también esta Dirección de Control tiene por función intervenir en el diseño de protocolos de actuación para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.
En este contexto, en el marco de nuestra perspectiva sobre cómo prevenir y cómo conjurar también hechos de violencia institucional, hemos recibido y tramitado 39 denuncias por hechos de uso abusivo de la fuerza por parte del personal dependiente de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Estas 39 denuncias sobre personal que nos depende se produjeron en el marco del Decreto 297/2020 -que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio- y sus prórrogas. Un detalle sobre estas denuncias: los hechos denunciados son 39; el personal implicado en los hechos denunciados suma un total de 96; personal que pasó a disponibilidad involucrado en estos hechos, 6. Total de acciones disciplinarias en curso: 10. Gendarmería Nacional tuvo 22 hechos denunciados; la Policía Federal Argentina, 9; la Prefectura Naval Argentina, 7 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, uno.
Creo que es importante señalar que en la mayoría de este tipo de hechos el personal involucrado muchas veces no está individualizado, o sea, son denuncias que llegan al Ministerio donde no hay una individualización del personal. Gran parte de la tarea de este Programa sobre Uso Racional de la Fuerza es, justamente, identificar a las personas y también las responsabilidades de los efectivos que participaron de esos hechos.
Por ese motivo, el Ministerio de Seguridad, mediante la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, ante cada hecho denunciado solicita a la fuerza involucrada toda la información del caso, junto con los antecedentes de quienes pudieron haber participado. Tras el análisis de la información recibida y recabada de los testimonios de denunciantes y víctimas, si así correspondiera, se ordena el inicio de los sumarios administrativos y se interviene mediante el seguimiento y control de aquellos casos que se encuentren en trámite. Como mencioné anteriormente, todo esto es para identificar las responsabilidades del personal denunciado.
Por otra parte, al momento de la aprobación del ASPO, el Ministerio de Seguridad recibe denuncias sobre cierta cantidad de hechos, que para nosotros era realmente significativa. Es en ese momento cuando se incrementa el número de denuncias. Por ello, a través de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, decidimos difundir al interior de las fuerzas federales que nos dependen una serie de recomendaciones al personal afectado a los controles COVID y también al personal que estaba haciendo patrullaje en las calles.
Esas recomendaciones fueron las siguientes: debe primar el buen trato y el respeto, y se debe propiciar el diálogo. El personal tiene que es estar plenamente identificado. Se debe interpretar la validez de los certificados para la circulación de manera amplia.
Estas son recomendaciones que se hicieron sobre todo al comienzo del aislamiento, cuando los certificados habilitantes para la circulación eran diversos, no como ocurre desde hace aproximadamente un mes, cuando se unificaron los certificados.
Se debe evitar la concentración o aglomeración de personas que incumplan el DNU en comisarías o dependencias de las fuerzas. También recomendamos, en caso de producirse detenciones, que los efectivos deban informar la razón de la privación de la libertad a juzgados, fiscalías y defensorías intervinientes, que son los que definen los procedimientos a seguir.
Asimismo, en el caso de las detenciones, se deben explicar los derechos que asisten a las personas detenidas y garantizar el acceso a un abogado de defensa pública, la realización de una llamada telefónica y, por supuesto, la solicitud de reconocimiento médico.
En las recomendaciones también señalamos cuáles eran las prohibiciones, lo que no debían hacer las fuerzas de seguridad. Primero, alejarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza.
Segundo, no debían proceder a la detención de manera compulsiva sin analizar los motivos por los cuales la persona estaba fuera de su domicilio.
Tercero, no se debían realizar detenciones o traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente.
Por último, quedaba prohibido realizar tareas de dispersión masiva de grupos de personas que se encontrasen en la vía pública, recordando que el abordaje debía ser personal.
Respecto de nuestra intervención, por supuesto es limitada en los casos en los que tuvimos información de hechos de violencia institucional cometidos por cuerpos de las policías provinciales. Como ustedes saben, la Dirección de Formación, Capacitación y Evaluación de las policías provinciales -que integran el sistema de Seguridad Interior-, corresponde a cada una de las jurisdicciones. O sea, las policías provinciales dependen de los gobiernos provinciales, y los gobiernos provinciales tienen autonomía respecto de cómo conducen sus policías.
No obstante, convencidos del compromiso compartido en cuanto a defender la vida y la salud de la población y, en el marco del respeto de los principios internacionales y las normas constitucionales vigentes en relación con los principios básicos de actuación de los funcionarios encargados para hacer cumplir la ley, al tomar conocimiento de los hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut y provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad se contactó con las autoridades provinciales e introdujo el problema de la violencia institucional como tema de agenda determinante en dos reuniones del Consejo de Seguridad Interior que se realizaron en forma virtual.
En ese marco, se requirió a las autoridades provinciales un informe sobre el estado de las actuaciones disciplinarias sustanciadas, a fin de esclarecer eventuales responsabilidades del personal policial en los hechos, si se había tomado algún temperamento preventivo o si se había aplicado alguna sanción.
Por otra parte, se solicitó que esas autoridades informen a esta cartera nacional si existían áreas específicas de gobierno que tuvieran a cargo, entre sus acciones, la realización del seguimiento y el control sobre el avance de las denuncias de violencia institucional en las que el personal policial se encontrase involucrado.
Además, se solicitó que se informe si existe en el ámbito de su competencia un programa específico que propicie el uso racional y proporcional de la fuerza policial, poniendo a disposición el capital humano y los saberes de la cartera nacional para una mejor prevención y sanción de los hechos de violencia institucional.
Asimismo, en las aludidas reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad Interior se abordó la cuestión de la violencia institucional y se planteó la necesidad de ser inflexibles y de responder en forma inmediata, adoptando todas las medidas correspondientes que fueran necesarias.*
Como señalé, el 10 de junio hubo una reunión del Consejo de Seguridad Interior, en la que el propio presidente Alberto Fernández se refirió al tema, indicando a las autoridades provinciales lo siguiente: "Como ya hemos dicho, rechazamos y condenamos todo acto de violencia institucional y debemos ser inflexibles ante la aparición de algún hecho. Pero no solo... -decía, en ese momento- ...nos preocupa la violencia física que puedan llegar a cometer las fuerzas de seguridad, sino también aquellas formas o prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas, como el racismo o la discriminación. Por eso trabajaremos para capacitar a quienes conforman las fuerzas federales y ofreceremos acompañamiento y capacitaciones para las policías provinciales que así lo requieran". Aclaro que esta reunión del 10 de junio se produjo luego del hecho represivo en la provincia del Chaco.
También debo decir que cuando al comienzo de la aplicación del decreto 297 se produjo esta intensificación de hechos de violencia institucional, tomamos contacto con las autoridades de cada fuerza federal para conversar sobre la necesidad de rever algunos de los operativos o dispositivos de patrullaje que se estaban realizando en aquellos barrios vulnerados en los que las fuerzas federales tienen alguna intervención, sobre todo, en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Simultáneamente, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación enviamos a las veinticuatro jurisdicciones del país un conjunto de protocolos y guías de actuación para las fuerzas federales, invitándolas enfáticamente a que fueran aplicadas por parte de los cuerpos policiales provinciales.
En ese momento, se remitieron por diversos medios electrónicos las pautas de actuación policial en los operativos COVID-19 elaboradas por la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional de este Ministerio.
También se enviaron las pautas de actuación de las fuerzas federales en relación con el respeto a la identidad de género y la no discriminación por orientación sexual -elaboradas por la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género- y el Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas.
Este informe es el que permite tener una aproximación -al menos, sumaria y sintética- sobre lo que viene haciendo el Ministerio de Seguridad de la Nación con los casos de violencia institucional de las fuerzas de seguridad federales que nos dependen y las acciones que también desarrollamos cuando tomamos conocimiento, ya sea por medios periodísticos o por denuncias directas, de los hechos de violencia institucional que fueron responsabilidad de los cuerpos policiales provinciales.
Paula Penacca, no sé si querés que pase a leer el informe sobre la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo o preferís que...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Como usted prefiera, señora ministra. Lo puede hacer ahora o lo puede dejar para el cierre, como a usted le parezca mejor.
Seguramente, van a surgir preguntas. Quizás si lo hace ahora, alguna de las preguntas que los diputados tienen sobre ese caso, que es uno de mayor interés, ya se vean respondidas.
Seguramente, van a surgir preguntas. Quizás si lo hace ahora, alguna de las preguntas que los diputados tienen sobre ese caso, que es uno de mayor interés, ya se vean respondidas.
SR. MINISTRA DE SEGURIDAD INTERIOR Entonces, avanzo con este informe porque me parece importante también comunicárselos.
En primer lugar, hay que decir que hoy se cumplen cien días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En esta ocasión, como les decía, resulta sumamente importante describir todo lo que ha hecho el Estado -el Poder Ejecutivo, en este caso- para dar con su paradero, que, para nosotros, es una cuestión central.
Para brindar el contexto, quiero señalar, en primer lugar, que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaja, como ustedes saben, para garantizar la seguridad de todas y todos los argentinos, entendida esta -como ya lo hemos dicho varias veces aquí, en la reunión anterior- como un derecho de todas y todos los argentinos.
Entre las diversas formas que toma el cumplimiento de esta tarea, se encuentra el dar auxilio al Poder Judicial en las investigaciones que lleva a cabo en todo el territorio nacional.
En ese marco, operan las cuatro fuerzas federales de seguridad: la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como otras áreas y recursos del Ministerio que han estado, están y seguirán estando a disposición de esta investigación, en particular, la de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, a raíz de su posible desaparición forzada.
Es importante tener en claro que el Ministerio de Seguridad no lleva adelante la investigación del caso -que, por otra parte, se encuentra bajo secreto de sumario- sino que interviene a pedido del área actuante del Poder Judicial, en este caso, la Justicia Federal de Bahía Blanca.
Muchos de los recursos del Ministerio de Seguridad ya se han puesto en acción. En primer lugar, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas -SIFEBU-, que depende de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, que a su vez forma parte de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal de este Ministerio.
El SIFEBU lleva un registro de las personas desaparecidas a nivel nacional y coordina con los demás organismos del Estado para intervenir articuladamente con el Poder Judicial. El SIFEBU es una herramienta clave para la coordinación de acciones en casos en donde la interjurisdicción podría representar una barrera a la eficacia en la intervención de la Justicia.
Por lo tanto, su conformación es una política pública de este Ministerio para promover y garantizar una seguridad de carácter federal. Para su conformación se solicitó la adhesión de las veintitrés provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires está en vías de firmar su adhesión al sistema y resta solamente la incorporación de cuatro jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Formosa y Neuquén.
Además, el Ministerio cuenta con un Sistema Federal de Comunicaciones Policiales -SIFCOP-, que permite la comunicación en tiempo real y a nivel nacional de todos los casos de personas desaparecidas entre todos los cuerpos policiales provinciales, las fuerzas de seguridad federales y la Dirección Nacional de Migraciones.
El caso de Facundo Astudillo Castro fue cargado en este sistema para dar intervención a todas las jurisdicciones del país. Asimismo, han intervenido la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional y la coordinación de Policía Científica de este Ministerio, con el fin de derivar tareas de su especialidad a las diversas áreas específicas de las fuerzas federales de seguridad.
También han trabajo y continúan haciéndolo las cuatro fuerzas federales de seguridad que están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. En el caso de la Policía Federal, la Delegación Bahía Blanca y la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que coordinan la tarea de auxilio de la investigación, han conducido rastrillajes y realizado allanamientos. Del mismo modo lo han hecho la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos de Policía Científica y de Planeamiento Policial, también de la Policía Federal Argentina.
La Prefectura Naval tuvo a su cargo peritajes fotográficos, la recopilación de información sobre ingresos a hospitales, la carga de información en el SIFCOP y participó también en diversos rastrillajes.
La Gendarmería Nacional dio apoyo a los operativos de rastrillaje y colaboró en la toma de denuncias relacionadas con el caso.
Finalmente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria participó también de los diversos rastrillajes que se han realizado en el último mes en el marco de la causa. Entre paréntesis, se estuvo realizando durante la mañana un nuevo rastrillaje en la zona identificada por el Juzgado.
En función del caso, voy a mencionar brevemente la cronología de las actuaciones más importantes del Ministerio de Seguridad. Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el día 30 de abril de este año. El 5 de junio, su madre, Cristina Andrea Castro Alaniz, realizó la denuncia por su desaparición y comenzó a intervenir la Unidad Fiscal de Investigación Judicial N° 20, del Departamento Judicial de Bahía Blanca del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
El día 25 de junio, el mencionado SIFEBU -Sistema Federal de Búsqueda de este Ministerio-, que interviene solo a requerimiento judicial, ante la hipótesis de gravedad institucional que se denunciaba, tomó contacto de oficio y se puso a disposición de la Justicia provincial a cargo de la investigación ofreciendo la cooperación con recursos federales.
La búsqueda se retransmitió a nivel nacional, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, la herramienta del Ministerio de Seguridad que permite comunicar en tiempo real a todas las policías provinciales del país y otras agencias gubernamentales la desaparición de una persona.
El 8 de julio, la causa pasó al fuero federal bajo la carátula de desaparición forzada en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, y la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina fue incorporada como auxiliar de la Justicia.
También se solicitó a las otras tres fuerzas de seguridad federales -Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional- que dispusieran de sus recursos para acompañar las tareas de búsqueda.
Ya ese mismo día -el 8 de julio-, la Policía Federal Argentina secuestró elementos de interés para la causa en la Comisaría de Mayor Buratovich, que luego fueron enviados para peritar en las áreas competentes de la misma fuerza.
Tres días más tarde, el 11 de julio, la División de Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina participó del reconocimiento y análisis de restos óseos hallados en un basural que, según los expertos forenses, no pertenecen a un cuerpo humano.
El día 13, en virtud del pedido de la Fiscalía Federal para que el SIFEBU efectuara con fuerzas federales un rastrillaje y tareas de búsqueda e investigación en la zona, se dispuso un despliegue de recursos humanos y tecnológicos. Se efectuó una planificación interfuerzas que contó con la participación de recursos de la Policía Federal Argentina de Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil, Pinamar, Chascomús, Dolores, Azul y Bahía Blanca.
Estas delegaciones dispusieron a oficiales, suboficiales, agentes, móviles, unidades de bomberos, perros y drones para realizar la cobertura territorial. Desde Buenos Aires se envió un helicóptero para colaborar con las tareas, dada la gran superficie que se debía cubrir.
El operativo principal de rastrillaje concluyó el 16 de julio. En estas tareas han trabajado equipos especializados, tanto de la Policía Federal Argentina como de la Prefectura Naval, en función de la topografía del terreno y la expertise de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas federales.
Los días 18 y 22 de julio se realizaron una serie de allanamientos en distintas comisarías de la zona en busca de elementos que aportaran información para dar con el paradero de Facundo. Los elementos recogidos fueron levantados del lugar bajo estrictos protocolos y con la supervisión de la fiscalía federal y la querella.
El día 25 de julio se comenzó una nueva serie de rastrillajes con perros y equipos especializados. La primera etapa se realizó desde la zona de la ruta 3 -donde, según afirmaciones de testigos, Facundo Astudillo Castro había sido visto- hasta la localidad de General Daniel Cerri. Participaron efectivos de las cuatro fuerzas federales y estas diligencias concluyeron recién al día siguiente.
Dos días después, el 27 de julio, se continuaron los rastrillajes de las trazas de las vías férreas que llegan hasta Bahía Blanca, y en aguas del arroyo Villarino.
Entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto se efectuaron diversas pericias en torno al teléfono de Facundo, en elementos secuestrados, vehículos policiales y particulares y diversos elementos recogidos en las tareas de campo.
Hasta el día de hoy continúan las tareas de rastrillaje en lugares específicos que surgen de la investigación judicial y de los aportes realizados por la querella que representa a la madre de Facundo Astudillo Castro.
Finalmente, quiero destacar que en todos los casos se están tomando las medidas de prevención frente al COVID-19 para todos los equipos intervinientes en las tareas de auxilio a la investigación.
También quiero mencionar -y seguramente también lo hará el señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, profundizando el tema- el estado de la respuesta y el compromiso del Estado nacional con los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos exigió hace casi un mes un informe sobre las acciones desarrolladas.
A partir de la llegada del caso a estos organismos hemos articulado, también de forma multiagencial, el trabajo entre este ministerio; las cuatro fuerzas federales; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Equipo Argentino de Antropología Forense, para aportar herramientas y saberes a quienes tienen a su cargo la instrucción de la causa.
Por otra parte, también queremos aprovechar para contarles que estamos trabajando en la posibilidad de que el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue creado por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo, sea también de utilidad para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas.
Hasta el momento este ministerio trabaja con el cotejo dactiloscópico, que si bien nos ha permitido identificar a más de 2.400 personas, no es excluyente ni suficiente para cotejar la totalidad de los casos de personas halladas con identidad desconocida. Es imprescindible avanzar en el complemento de distintas técnicas de identificación de personas, utilizando todos los recursos tecnológicos disponibles que estén a nuestro alcance.
Por eso creemos que es necesaria la creación de un banco, o el uso de ese banco ya creado, para el cotejo genético en casos de personas desaparecidas, que son muchos y muchas en nuestro país. Para ello, hemos iniciado reuniones con actores de reconocida trayectoria en la temática y que hoy están trabajando en el Banco Nacional de Datos Genéticos y en el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Para terminar, solamente quiero decirles que le estamos dando todo el apoyo que necesita a la Policía Federal, que es la institución que, con gran compromiso, está actuando en este caso como auxiliar de la Justicia. Estamos permanentemente en contacto con los requerimientos que pueda solicitar la Policía Federal Argentina, porque entendemos que para el Estado nacional y la Argentina en su conjunto es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo Astudillo Castro.
En primer lugar, hay que decir que hoy se cumplen cien días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En esta ocasión, como les decía, resulta sumamente importante describir todo lo que ha hecho el Estado -el Poder Ejecutivo, en este caso- para dar con su paradero, que, para nosotros, es una cuestión central.
Para brindar el contexto, quiero señalar, en primer lugar, que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaja, como ustedes saben, para garantizar la seguridad de todas y todos los argentinos, entendida esta -como ya lo hemos dicho varias veces aquí, en la reunión anterior- como un derecho de todas y todos los argentinos.
Entre las diversas formas que toma el cumplimiento de esta tarea, se encuentra el dar auxilio al Poder Judicial en las investigaciones que lleva a cabo en todo el territorio nacional.
En ese marco, operan las cuatro fuerzas federales de seguridad: la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como otras áreas y recursos del Ministerio que han estado, están y seguirán estando a disposición de esta investigación, en particular, la de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, a raíz de su posible desaparición forzada.
Es importante tener en claro que el Ministerio de Seguridad no lleva adelante la investigación del caso -que, por otra parte, se encuentra bajo secreto de sumario- sino que interviene a pedido del área actuante del Poder Judicial, en este caso, la Justicia Federal de Bahía Blanca.
Muchos de los recursos del Ministerio de Seguridad ya se han puesto en acción. En primer lugar, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas -SIFEBU-, que depende de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, que a su vez forma parte de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal de este Ministerio.
El SIFEBU lleva un registro de las personas desaparecidas a nivel nacional y coordina con los demás organismos del Estado para intervenir articuladamente con el Poder Judicial. El SIFEBU es una herramienta clave para la coordinación de acciones en casos en donde la interjurisdicción podría representar una barrera a la eficacia en la intervención de la Justicia.
Por lo tanto, su conformación es una política pública de este Ministerio para promover y garantizar una seguridad de carácter federal. Para su conformación se solicitó la adhesión de las veintitrés provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires está en vías de firmar su adhesión al sistema y resta solamente la incorporación de cuatro jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Formosa y Neuquén.
Además, el Ministerio cuenta con un Sistema Federal de Comunicaciones Policiales -SIFCOP-, que permite la comunicación en tiempo real y a nivel nacional de todos los casos de personas desaparecidas entre todos los cuerpos policiales provinciales, las fuerzas de seguridad federales y la Dirección Nacional de Migraciones.
El caso de Facundo Astudillo Castro fue cargado en este sistema para dar intervención a todas las jurisdicciones del país. Asimismo, han intervenido la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional y la coordinación de Policía Científica de este Ministerio, con el fin de derivar tareas de su especialidad a las diversas áreas específicas de las fuerzas federales de seguridad.
También han trabajo y continúan haciéndolo las cuatro fuerzas federales de seguridad que están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. En el caso de la Policía Federal, la Delegación Bahía Blanca y la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que coordinan la tarea de auxilio de la investigación, han conducido rastrillajes y realizado allanamientos. Del mismo modo lo han hecho la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos de Policía Científica y de Planeamiento Policial, también de la Policía Federal Argentina.
La Prefectura Naval tuvo a su cargo peritajes fotográficos, la recopilación de información sobre ingresos a hospitales, la carga de información en el SIFCOP y participó también en diversos rastrillajes.
La Gendarmería Nacional dio apoyo a los operativos de rastrillaje y colaboró en la toma de denuncias relacionadas con el caso.
Finalmente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria participó también de los diversos rastrillajes que se han realizado en el último mes en el marco de la causa. Entre paréntesis, se estuvo realizando durante la mañana un nuevo rastrillaje en la zona identificada por el Juzgado.
En función del caso, voy a mencionar brevemente la cronología de las actuaciones más importantes del Ministerio de Seguridad. Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el día 30 de abril de este año. El 5 de junio, su madre, Cristina Andrea Castro Alaniz, realizó la denuncia por su desaparición y comenzó a intervenir la Unidad Fiscal de Investigación Judicial N° 20, del Departamento Judicial de Bahía Blanca del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
El día 25 de junio, el mencionado SIFEBU -Sistema Federal de Búsqueda de este Ministerio-, que interviene solo a requerimiento judicial, ante la hipótesis de gravedad institucional que se denunciaba, tomó contacto de oficio y se puso a disposición de la Justicia provincial a cargo de la investigación ofreciendo la cooperación con recursos federales.
La búsqueda se retransmitió a nivel nacional, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, la herramienta del Ministerio de Seguridad que permite comunicar en tiempo real a todas las policías provinciales del país y otras agencias gubernamentales la desaparición de una persona.
El 8 de julio, la causa pasó al fuero federal bajo la carátula de desaparición forzada en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, y la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina fue incorporada como auxiliar de la Justicia.
También se solicitó a las otras tres fuerzas de seguridad federales -Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional- que dispusieran de sus recursos para acompañar las tareas de búsqueda.
Ya ese mismo día -el 8 de julio-, la Policía Federal Argentina secuestró elementos de interés para la causa en la Comisaría de Mayor Buratovich, que luego fueron enviados para peritar en las áreas competentes de la misma fuerza.
Tres días más tarde, el 11 de julio, la División de Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina participó del reconocimiento y análisis de restos óseos hallados en un basural que, según los expertos forenses, no pertenecen a un cuerpo humano.
El día 13, en virtud del pedido de la Fiscalía Federal para que el SIFEBU efectuara con fuerzas federales un rastrillaje y tareas de búsqueda e investigación en la zona, se dispuso un despliegue de recursos humanos y tecnológicos. Se efectuó una planificación interfuerzas que contó con la participación de recursos de la Policía Federal Argentina de Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil, Pinamar, Chascomús, Dolores, Azul y Bahía Blanca.
Estas delegaciones dispusieron a oficiales, suboficiales, agentes, móviles, unidades de bomberos, perros y drones para realizar la cobertura territorial. Desde Buenos Aires se envió un helicóptero para colaborar con las tareas, dada la gran superficie que se debía cubrir.
El operativo principal de rastrillaje concluyó el 16 de julio. En estas tareas han trabajado equipos especializados, tanto de la Policía Federal Argentina como de la Prefectura Naval, en función de la topografía del terreno y la expertise de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas federales.
Los días 18 y 22 de julio se realizaron una serie de allanamientos en distintas comisarías de la zona en busca de elementos que aportaran información para dar con el paradero de Facundo. Los elementos recogidos fueron levantados del lugar bajo estrictos protocolos y con la supervisión de la fiscalía federal y la querella.
El día 25 de julio se comenzó una nueva serie de rastrillajes con perros y equipos especializados. La primera etapa se realizó desde la zona de la ruta 3 -donde, según afirmaciones de testigos, Facundo Astudillo Castro había sido visto- hasta la localidad de General Daniel Cerri. Participaron efectivos de las cuatro fuerzas federales y estas diligencias concluyeron recién al día siguiente.
Dos días después, el 27 de julio, se continuaron los rastrillajes de las trazas de las vías férreas que llegan hasta Bahía Blanca, y en aguas del arroyo Villarino.
Entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto se efectuaron diversas pericias en torno al teléfono de Facundo, en elementos secuestrados, vehículos policiales y particulares y diversos elementos recogidos en las tareas de campo.
Hasta el día de hoy continúan las tareas de rastrillaje en lugares específicos que surgen de la investigación judicial y de los aportes realizados por la querella que representa a la madre de Facundo Astudillo Castro.
Finalmente, quiero destacar que en todos los casos se están tomando las medidas de prevención frente al COVID-19 para todos los equipos intervinientes en las tareas de auxilio a la investigación.
También quiero mencionar -y seguramente también lo hará el señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, profundizando el tema- el estado de la respuesta y el compromiso del Estado nacional con los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos exigió hace casi un mes un informe sobre las acciones desarrolladas.
A partir de la llegada del caso a estos organismos hemos articulado, también de forma multiagencial, el trabajo entre este ministerio; las cuatro fuerzas federales; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Equipo Argentino de Antropología Forense, para aportar herramientas y saberes a quienes tienen a su cargo la instrucción de la causa.
Por otra parte, también queremos aprovechar para contarles que estamos trabajando en la posibilidad de que el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue creado por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo, sea también de utilidad para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas.
Hasta el momento este ministerio trabaja con el cotejo dactiloscópico, que si bien nos ha permitido identificar a más de 2.400 personas, no es excluyente ni suficiente para cotejar la totalidad de los casos de personas halladas con identidad desconocida. Es imprescindible avanzar en el complemento de distintas técnicas de identificación de personas, utilizando todos los recursos tecnológicos disponibles que estén a nuestro alcance.
Por eso creemos que es necesaria la creación de un banco, o el uso de ese banco ya creado, para el cotejo genético en casos de personas desaparecidas, que son muchos y muchas en nuestro país. Para ello, hemos iniciado reuniones con actores de reconocida trayectoria en la temática y que hoy están trabajando en el Banco Nacional de Datos Genéticos y en el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Para terminar, solamente quiero decirles que le estamos dando todo el apoyo que necesita a la Policía Federal, que es la institución que, con gran compromiso, está actuando en este caso como auxiliar de la Justicia. Estamos permanentemente en contacto con los requerimientos que pueda solicitar la Policía Federal Argentina, porque entendemos que para el Estado nacional y la Argentina en su conjunto es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo Astudillo Castro.
SRA. PRESIDENTA PENNACA Muchas gracias, señora ministra. Agradecemos su informe.
Tiene la palabra el señor secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
Tiene la palabra el señor secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
SR. PIETRAGALLA CORTI Buenas tardes a todos los que están conectados. La idea es informar... (inaudible) ¿Se escucha?
SRA. PRESIDENTA PENNACA Se lo escucha un poco mal, señor ministro. El problema técnico quizás pueda solucionarse si usted se acerca más a la computadora o utiliza auriculares. Si el personal del área de Sistemas sugiere otra recomendación, será bienvenida.
Luego de unos instantes:
SR. PIETRAGALLA CORTI Perfecto, la solución para que se me escuche bien estaba dada por un micrófono.
En primer término, deseo agradecer la invitación a la comisión.
En segundo lugar, quiero decir que muchos de los que están acá presentes fueron diputados en gestiones anteriores y saben el compromiso que teníamos en el momento en que éramos oposición y que también tenemos hoy, en la búsqueda de erradicar la violencia institucional de nuestra democracia.
Nosotros entendemos que la problemática de la violencia institucional no tiene escudo ni bandería política, sino que es un problema de la democracia. Tenemos que ser muy claros con los mensajes que damos desde el Poder Ejecutivo y aquellos que tenemos responsabilidades políticas para poder erradicar esta problemática.
Contarles la historia de la violencia institucional y su ramificación en los años de impunidad que hubo en nuestra democracia a partir del período posterior a la dictadura militar, no sería ninguna novedad. Los mismos miembros de las fuerzas de seguridad que en esos momentos habían participado y sido el brazo ejecutor de la dictadura militar, continuaron con sus funciones y no fueron juzgados.
Claramente eso dejó un precedente en nuestra democracia y llevó a una normalización de las malas acciones de miembros de la fuerza. Lamentablemente no hubo gobierno que no haya tenido casos de violencia institucional.
Con esto no estoy queriendo justificar lo ocurrido, sino diciendo que debemos tener un compromiso entre todes para generar políticas transversales que permitan erradicar esta problemática.
Sinceramente digo esto porque fui opositor hasta hace poco. Como diputado nacional integré, junto con otros compañeros, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, desde donde llevamos adelante la denuncia activa de los casos de violencia institucional.
En los años anteriores nunca tuvimos una oportunidad como ésta; es más, desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías ni siquiera tuvimos la posibilidad de recibir a las familias o de hacer denuncias en las comisiones por casos de violencia institucional. Por el contrario, teníamos que buscar estrategias para poder hacerlo.
Hay que entender que esto no genera un perjuicio sólo a un gobierno sino a todos los poderes del Estado. Ante esta situación, como Secretaría de Derechos Humanos vamos a informar la gestión que llevamos adelante en el área de Violencia Institucional.
Quiero decirles que apenas asumí pensamos en potenciar la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos. Es más, yo quería que en la nueva estructura esa dirección directamente dependiera del secretario de Derechos Humanos porque, para nosotros, era importantísimo darle mucha visibilidad a esta problemática y seguir trabajando como lo veníamos haciendo antes, pero ahora desde el Estado y nuestro lugar de responsabilidad.
A continuación, les mostraré y explicaré un informe de gestión que se exhibirá en un PowerPoint.
Se trata de un informe de gestión de violencia institucional. Como dije antes, desde el primer momento en que asumimos quisimos trabajar fuertemente en esta problemática. De hecho, acabo de ver al diputado nacional Leonardo Grosso, quien trabajó muy fuertemente en la campaña contra la violencia institucional y con quien también trabajamos activamente en conjunto allá por 2010.
Uno de los ejes de la campaña es poder comunicar y transferir los números de teléfono de la secretaría.
Por otro lado, el 8 de mayo es el Día contra la Violencia Institucional. Nosotros íbamos a lanzar una fuerte campaña a nivel nacional que se vio interferida por el COVID-19 y el hecho de que todos los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos aún están trabajando desde sus casas.
Como saben, a partir de la pandemia por el COVID-19 hay un escenario distinto al que nos tuvimos que readaptar. Además, nos llamó la atención la situación de pandemia porque entendimos que iba a traer más casos. En efecto, hay un control social en el marco de esta emergencia epidemiológica que, claramente, va a generar cada vez más casos.
En el comienzo del informe pueden ver un flyer con los números de teléfono que queremos difundir.
En la siguiente imagen se explica un poco cómo funciona el Centro de Atención de Denuncias y su circuito de funcionamiento. Creo que se detalla muy claramente.
En primer lugar, recibimos la denuncia por alguno de los distintos canales -teléfono, e-mail o Whatsapp- y hacemos un primer análisis, porque no todos los casos que recibimos son de violencia institucional. Si la denuncia no corresponde a violencia institucional ni a la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos, se hace una derivación a las distintas áreas o secretarías del Estado.
Si se trata de un caso de violencia institucional, se registra, integra en la base de datos y clasifica según su tipo. Además, se hace contacto con el lugar y se busca entender un poco la situación. Claramente, si hay una causa abierta tenemos que poder acceder para entender un poco. Hemos tenido denuncias de violencia institucional en las que al adentramos en la causa no encontramos nada que indique eso. Entonces, hay que ser muy exhaustivo en ese sentido.
Se da una carátula al caso y se ingresa por GDE a la Secretaría de Derechos Humanos. Después se pasa a los operadores. Cada operador de la Secretaría de Derechos Humanos abre una ficha y una carpeta con los distintos casos.
Asimismo, se brinda asesoramiento jurídico, algo que es fundamental porque la mayoría de las familias que sufre violencia institucional nunca tuvieron contacto con la Justicia. Entonces, el hecho de que se brinde asesoramiento jurídico ayuda a que aquellos abogados que no tienen experiencia en estos casos puedan presentar notas acompañadas por el asesoramiento de la secretaría. Se comunica a la fiscalía que estamos al tanto de estos casos y queremos celeridad.
Como militante y compañero -muchos saben que desde hace muchos años vengo trabajando y militando en estos temas- pienso que a veces el rol de la Justicia es fundamental. Como dijo antes la señora ministra de Seguridad, a lo largo y ancho del país hay causas que hoy tienen que ver con la competencia provincial y el rol de las fuerzas de seguridad de las provincias. Entonces, es fundamental que la Justicia entienda la necesidad de avanzar en las investigaciones.
Nosotros también nos ponemos en contacto con las autoridades provinciales y las distintas secretarías de Derechos Humanos de las provincias, y sobre todo, nos abrazamos y comunicamos con las familias y nos ponemos a su disposición.
¿Qué quiere decir esto? Que en una primera instancia se ofrece el acompañamiento del Centro Ulloa, que es de carácter psicológico. También se brinda acompañamiento integral en relación con las costas que se pueden generar en una causa por violencia institucional -por ejemplo, los honorarios de los peritos- y para que la familia no tenga que estar pensando en ese momento cómo pagar una cochería o un velatorio. Siempre ofrecemos esos recursos económicos que se necesitan en una primera instancia, al mismo tiempo que acompañamos a la familia.
Luego, entre los trámites administrativos que se realizan cuando cada denuncia llega a la secretaría, nosotros pedimos a las autoridades provinciales que lleven adelante acciones respecto de los miembros de la fuerza.
En efecto, nosotros entendemos que para erradicar esta problemática debe haber una sanción. Primero, la sanción política; luego, la sanción judicial. Cuando primero hay sanción política, como pasar a disponibilidad a esos miembros de la fuerza, el poder político -es decir, el Poder Ejecutivo- le está dando un mensaje claro al Poder Judicial para que avance en la investigación. Esa es una de las necesidades imperiosas para que estos casos puedan avanzar.
En la siguiente imagen pueden ver la nómina de trabajadores del área, como les conté recién. Creo que es importante decirles que cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato había cuarenta trabajadores en el área de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos. Esto no tiene que ver con ningún tipo de chicana, sino que quiero que se entienda que hay que trabajar transversalmente en esta problemática y en estas cuestiones, sin importar quién gobierne.
Luego, en 2016 había veintiséis trabajadores; en 2017 había doce; en 2018 había diez y cuando nosotros llegamos a esta secretaría y a esta área de Violencia Institucional encontramos solo cinco trabajadores. Imagínense que, como ya dije, antes también hubo casos de violencia institucional; todos los gobiernos democráticos tuvieron casos de violencia institucional, pero con cinco trabajadores en una secretaría nacional tan importante, la verdad es que era muy poco lo que se podía hacer para resolverlos y acompañar a las familias de las víctimas.
Como dije, a partir del 10 de diciembre quisimos empoderar esta área y a sus trabajadores. Estamos en una situación económica compleja, por lo que la reincorporación y la potenciación de estas áreas estratégicas se hará gradualmente. Hoy contamos con doce trabajadores, muchos de los cuales están trabajando desde sus casas, mientras que otros lo hacen activamente en la secretaría recibiendo denuncias.
Estamos en todos los casos.
Hay casos de los que se tuvo conocimiento público. Pero hay muchos de los que no se lo tuvo y tampoco llegaron a tener conmoción social. También estamos abordando esos casos.
En la siguiente imagen se ve el marco a partir de que fue declarada la pandemia: claramente los casos subieron más. A partir de la pandemia y la declaración de la emergencia sanitaria, empezamos a difundir más también nuestros teléfonos y nuestras acciones sobre la el tma de la violencia institucional.
El gráfico también muestra que la recepción de denuncias fue mayor. No todos los casos tuvieron que ver con violencia institucional grave, pero allí se observa que desde el 10 de diciembre hasta el 20 de marzo recibimos 71 casos y que a partir del 20 de marzo hasta el día de la fecha tuvimos 531 denuncias y casos.
En la siguiente imagen pueden verse los distintos casos de violencia institucional, la tipología de violencia que recibimos. Por ejemplo, recibimos 71 casos en acceso a la Justicia, once por amenazas, veintitrés por apremios ilegales, 132 llamados por atención médica -obviamente, en este marco sabemos que es una de las preocupaciones- y veintiocho casos por causas armadas.
El tema de las causas armadas es muy complejo. Sobre esto quiero aclarar que a veces se nos hace muy difícil tener acceso a las causas porque no somos querellantes en muchas de ellas, por lo que no tenemos acceso y tampoco hacemos una invasión de poderes. El Poder Judicial es un poder que tiene que investigar autónomamente.
Sí tratamos de que los abogados querellantes que acompañan a la familia nos puedan dar acceso a esas causas para que un grupo de abogados que trabajan en estas disciplinas puedan estudiarlas y también detectar si son o no causas armadas.
Vuelvo a lo mismo. Hemos trabajado -como diputado nacional también lo hice- en causas armadas en las que hemos desmembrado situaciones casi hasta el punto de condena y en las que había involucradas personas inocentes. Lamentablemente esta es otra problemática que existe. A veces, por la necesidad de buscar responsables se arman causas, y esto es lo que también pasa; y sucede en las primeras instancias, en las que se levantan las muestras y también hay contacto de las fuerzas de seguridad.
Siguiendo con el gráfico, hubo 142 casos de contacto con defensores, con los abogados de estas causas; una denuncia de desaparición forzada -obviamente, todos saben cuál es, el caso de Facundo Astudillo Castro, que nos preocupa mucho y del que después vamos a hablar-; veinte detenciones arbitrarias; veinticuatro denuncias por hostigamiento; treinta y siete por lesiones; cinco por malas condiciones de detención; veinticuatro por malas condiciones de alojamiento en las provincias; cinco por malas condiciones de alojamiento en el ámbito federal; veinticinco muertes; 42 casos de otras denuncias; dos denuncias por robo o hurto de pertenencias en allanamientos y distintas situaciones -resulta claro que todo esto está vinculado con miembros de las fuerzas-; seis por torturas y nueve por violencia de género.
En el próximo gráfico esto está más ampliado y se ven los principales ejes de violencia denunciada. Tenemos 142 casos de contacto con los defensores de las causas de violencia institucional; esto tiene relación con la falta de contacto de los abogados con los presos, que tienen que hacer sus reclamos y no el defensor oficial. Lo único que hacemos en esos casos es unir ese puente y transmitir las preocupaciones de personas que perdieron su libertad por distintos delitos, pero tienen derecho a tener acceso a la defensa y ser contenidos por los abogados.
Después tenemos 132 denuncias por atención médica. Esto abarca el sistema de encierro de todo el país: provincial y federal.
También llegan denuncias por acceso a la Justicia.
Asimismo tuvimos 37 casos de lesiones y 42 denuncias por otros casos. En las demandas que recibimos por violencia institucional, los casos más graves no son la mayoría de las denuncias que nos llegan, pero de todos modos cada caso que recibimos de esas características es importante y serio.
Finalmente, en el último gráfico está también distribuida, en el total de las denuncias, la cantidad de casos que recibimos. La idea es contarles a través de los gráficos que activamente, como Secretaría de Derechos Humanos, estamos recibiendo casos.
En primer término, deseo agradecer la invitación a la comisión.
En segundo lugar, quiero decir que muchos de los que están acá presentes fueron diputados en gestiones anteriores y saben el compromiso que teníamos en el momento en que éramos oposición y que también tenemos hoy, en la búsqueda de erradicar la violencia institucional de nuestra democracia.
Nosotros entendemos que la problemática de la violencia institucional no tiene escudo ni bandería política, sino que es un problema de la democracia. Tenemos que ser muy claros con los mensajes que damos desde el Poder Ejecutivo y aquellos que tenemos responsabilidades políticas para poder erradicar esta problemática.
Contarles la historia de la violencia institucional y su ramificación en los años de impunidad que hubo en nuestra democracia a partir del período posterior a la dictadura militar, no sería ninguna novedad. Los mismos miembros de las fuerzas de seguridad que en esos momentos habían participado y sido el brazo ejecutor de la dictadura militar, continuaron con sus funciones y no fueron juzgados.
Claramente eso dejó un precedente en nuestra democracia y llevó a una normalización de las malas acciones de miembros de la fuerza. Lamentablemente no hubo gobierno que no haya tenido casos de violencia institucional.
Con esto no estoy queriendo justificar lo ocurrido, sino diciendo que debemos tener un compromiso entre todes para generar políticas transversales que permitan erradicar esta problemática.
Sinceramente digo esto porque fui opositor hasta hace poco. Como diputado nacional integré, junto con otros compañeros, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, desde donde llevamos adelante la denuncia activa de los casos de violencia institucional.
En los años anteriores nunca tuvimos una oportunidad como ésta; es más, desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías ni siquiera tuvimos la posibilidad de recibir a las familias o de hacer denuncias en las comisiones por casos de violencia institucional. Por el contrario, teníamos que buscar estrategias para poder hacerlo.
Hay que entender que esto no genera un perjuicio sólo a un gobierno sino a todos los poderes del Estado. Ante esta situación, como Secretaría de Derechos Humanos vamos a informar la gestión que llevamos adelante en el área de Violencia Institucional.
Quiero decirles que apenas asumí pensamos en potenciar la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos. Es más, yo quería que en la nueva estructura esa dirección directamente dependiera del secretario de Derechos Humanos porque, para nosotros, era importantísimo darle mucha visibilidad a esta problemática y seguir trabajando como lo veníamos haciendo antes, pero ahora desde el Estado y nuestro lugar de responsabilidad.
A continuación, les mostraré y explicaré un informe de gestión que se exhibirá en un PowerPoint.
Se trata de un informe de gestión de violencia institucional. Como dije antes, desde el primer momento en que asumimos quisimos trabajar fuertemente en esta problemática. De hecho, acabo de ver al diputado nacional Leonardo Grosso, quien trabajó muy fuertemente en la campaña contra la violencia institucional y con quien también trabajamos activamente en conjunto allá por 2010.
Uno de los ejes de la campaña es poder comunicar y transferir los números de teléfono de la secretaría.
Por otro lado, el 8 de mayo es el Día contra la Violencia Institucional. Nosotros íbamos a lanzar una fuerte campaña a nivel nacional que se vio interferida por el COVID-19 y el hecho de que todos los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos aún están trabajando desde sus casas.
Como saben, a partir de la pandemia por el COVID-19 hay un escenario distinto al que nos tuvimos que readaptar. Además, nos llamó la atención la situación de pandemia porque entendimos que iba a traer más casos. En efecto, hay un control social en el marco de esta emergencia epidemiológica que, claramente, va a generar cada vez más casos.
En el comienzo del informe pueden ver un flyer con los números de teléfono que queremos difundir.
En la siguiente imagen se explica un poco cómo funciona el Centro de Atención de Denuncias y su circuito de funcionamiento. Creo que se detalla muy claramente.
En primer lugar, recibimos la denuncia por alguno de los distintos canales -teléfono, e-mail o Whatsapp- y hacemos un primer análisis, porque no todos los casos que recibimos son de violencia institucional. Si la denuncia no corresponde a violencia institucional ni a la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos, se hace una derivación a las distintas áreas o secretarías del Estado.
Si se trata de un caso de violencia institucional, se registra, integra en la base de datos y clasifica según su tipo. Además, se hace contacto con el lugar y se busca entender un poco la situación. Claramente, si hay una causa abierta tenemos que poder acceder para entender un poco. Hemos tenido denuncias de violencia institucional en las que al adentramos en la causa no encontramos nada que indique eso. Entonces, hay que ser muy exhaustivo en ese sentido.
Se da una carátula al caso y se ingresa por GDE a la Secretaría de Derechos Humanos. Después se pasa a los operadores. Cada operador de la Secretaría de Derechos Humanos abre una ficha y una carpeta con los distintos casos.
Asimismo, se brinda asesoramiento jurídico, algo que es fundamental porque la mayoría de las familias que sufre violencia institucional nunca tuvieron contacto con la Justicia. Entonces, el hecho de que se brinde asesoramiento jurídico ayuda a que aquellos abogados que no tienen experiencia en estos casos puedan presentar notas acompañadas por el asesoramiento de la secretaría. Se comunica a la fiscalía que estamos al tanto de estos casos y queremos celeridad.
Como militante y compañero -muchos saben que desde hace muchos años vengo trabajando y militando en estos temas- pienso que a veces el rol de la Justicia es fundamental. Como dijo antes la señora ministra de Seguridad, a lo largo y ancho del país hay causas que hoy tienen que ver con la competencia provincial y el rol de las fuerzas de seguridad de las provincias. Entonces, es fundamental que la Justicia entienda la necesidad de avanzar en las investigaciones.
Nosotros también nos ponemos en contacto con las autoridades provinciales y las distintas secretarías de Derechos Humanos de las provincias, y sobre todo, nos abrazamos y comunicamos con las familias y nos ponemos a su disposición.
¿Qué quiere decir esto? Que en una primera instancia se ofrece el acompañamiento del Centro Ulloa, que es de carácter psicológico. También se brinda acompañamiento integral en relación con las costas que se pueden generar en una causa por violencia institucional -por ejemplo, los honorarios de los peritos- y para que la familia no tenga que estar pensando en ese momento cómo pagar una cochería o un velatorio. Siempre ofrecemos esos recursos económicos que se necesitan en una primera instancia, al mismo tiempo que acompañamos a la familia.
Luego, entre los trámites administrativos que se realizan cuando cada denuncia llega a la secretaría, nosotros pedimos a las autoridades provinciales que lleven adelante acciones respecto de los miembros de la fuerza.
En efecto, nosotros entendemos que para erradicar esta problemática debe haber una sanción. Primero, la sanción política; luego, la sanción judicial. Cuando primero hay sanción política, como pasar a disponibilidad a esos miembros de la fuerza, el poder político -es decir, el Poder Ejecutivo- le está dando un mensaje claro al Poder Judicial para que avance en la investigación. Esa es una de las necesidades imperiosas para que estos casos puedan avanzar.
En la siguiente imagen pueden ver la nómina de trabajadores del área, como les conté recién. Creo que es importante decirles que cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato había cuarenta trabajadores en el área de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos. Esto no tiene que ver con ningún tipo de chicana, sino que quiero que se entienda que hay que trabajar transversalmente en esta problemática y en estas cuestiones, sin importar quién gobierne.
Luego, en 2016 había veintiséis trabajadores; en 2017 había doce; en 2018 había diez y cuando nosotros llegamos a esta secretaría y a esta área de Violencia Institucional encontramos solo cinco trabajadores. Imagínense que, como ya dije, antes también hubo casos de violencia institucional; todos los gobiernos democráticos tuvieron casos de violencia institucional, pero con cinco trabajadores en una secretaría nacional tan importante, la verdad es que era muy poco lo que se podía hacer para resolverlos y acompañar a las familias de las víctimas.
Como dije, a partir del 10 de diciembre quisimos empoderar esta área y a sus trabajadores. Estamos en una situación económica compleja, por lo que la reincorporación y la potenciación de estas áreas estratégicas se hará gradualmente. Hoy contamos con doce trabajadores, muchos de los cuales están trabajando desde sus casas, mientras que otros lo hacen activamente en la secretaría recibiendo denuncias.
Estamos en todos los casos.
Hay casos de los que se tuvo conocimiento público. Pero hay muchos de los que no se lo tuvo y tampoco llegaron a tener conmoción social. También estamos abordando esos casos.
En la siguiente imagen se ve el marco a partir de que fue declarada la pandemia: claramente los casos subieron más. A partir de la pandemia y la declaración de la emergencia sanitaria, empezamos a difundir más también nuestros teléfonos y nuestras acciones sobre la el tma de la violencia institucional.
El gráfico también muestra que la recepción de denuncias fue mayor. No todos los casos tuvieron que ver con violencia institucional grave, pero allí se observa que desde el 10 de diciembre hasta el 20 de marzo recibimos 71 casos y que a partir del 20 de marzo hasta el día de la fecha tuvimos 531 denuncias y casos.
En la siguiente imagen pueden verse los distintos casos de violencia institucional, la tipología de violencia que recibimos. Por ejemplo, recibimos 71 casos en acceso a la Justicia, once por amenazas, veintitrés por apremios ilegales, 132 llamados por atención médica -obviamente, en este marco sabemos que es una de las preocupaciones- y veintiocho casos por causas armadas.
El tema de las causas armadas es muy complejo. Sobre esto quiero aclarar que a veces se nos hace muy difícil tener acceso a las causas porque no somos querellantes en muchas de ellas, por lo que no tenemos acceso y tampoco hacemos una invasión de poderes. El Poder Judicial es un poder que tiene que investigar autónomamente.
Sí tratamos de que los abogados querellantes que acompañan a la familia nos puedan dar acceso a esas causas para que un grupo de abogados que trabajan en estas disciplinas puedan estudiarlas y también detectar si son o no causas armadas.
Vuelvo a lo mismo. Hemos trabajado -como diputado nacional también lo hice- en causas armadas en las que hemos desmembrado situaciones casi hasta el punto de condena y en las que había involucradas personas inocentes. Lamentablemente esta es otra problemática que existe. A veces, por la necesidad de buscar responsables se arman causas, y esto es lo que también pasa; y sucede en las primeras instancias, en las que se levantan las muestras y también hay contacto de las fuerzas de seguridad.
Siguiendo con el gráfico, hubo 142 casos de contacto con defensores, con los abogados de estas causas; una denuncia de desaparición forzada -obviamente, todos saben cuál es, el caso de Facundo Astudillo Castro, que nos preocupa mucho y del que después vamos a hablar-; veinte detenciones arbitrarias; veinticuatro denuncias por hostigamiento; treinta y siete por lesiones; cinco por malas condiciones de detención; veinticuatro por malas condiciones de alojamiento en las provincias; cinco por malas condiciones de alojamiento en el ámbito federal; veinticinco muertes; 42 casos de otras denuncias; dos denuncias por robo o hurto de pertenencias en allanamientos y distintas situaciones -resulta claro que todo esto está vinculado con miembros de las fuerzas-; seis por torturas y nueve por violencia de género.
En el próximo gráfico esto está más ampliado y se ven los principales ejes de violencia denunciada. Tenemos 142 casos de contacto con los defensores de las causas de violencia institucional; esto tiene relación con la falta de contacto de los abogados con los presos, que tienen que hacer sus reclamos y no el defensor oficial. Lo único que hacemos en esos casos es unir ese puente y transmitir las preocupaciones de personas que perdieron su libertad por distintos delitos, pero tienen derecho a tener acceso a la defensa y ser contenidos por los abogados.
Después tenemos 132 denuncias por atención médica. Esto abarca el sistema de encierro de todo el país: provincial y federal.
También llegan denuncias por acceso a la Justicia.
Asimismo tuvimos 37 casos de lesiones y 42 denuncias por otros casos. En las demandas que recibimos por violencia institucional, los casos más graves no son la mayoría de las denuncias que nos llegan, pero de todos modos cada caso que recibimos de esas características es importante y serio.
Finalmente, en el último gráfico está también distribuida, en el total de las denuncias, la cantidad de casos que recibimos. La idea es contarles a través de los gráficos que activamente, como Secretaría de Derechos Humanos, estamos recibiendo casos.
- Finaliza la presentación de Powerpoint.
SR. PIETRAGALLA CORTI Como dije, para nosotros es primordial poder trabajar en estos casos, acompañar a las víctimas y dar una respuesta a la sociedad. A nosotros no nos pasan por al lado los casos de violencia institucional.
Una de las acciones de la Secretaría de Derechos Humanos es también concentrar a todas las secretarías de Derechos Humanos en el Consejo Federal de Derechos Humanos. Hace poco hicimos una reunión. Todas las provincias están preocupadas por los casos de violencia institucional que se llevan adelante a lo largo y a lo ancho del país, y entre todas las secretarías firmamos un acta compromiso. Para mí es importante leerla porque en esta reunión hay diputados y diputadas de todas las provincias.
Entonces, voy a dar lectura del acta compromiso, cuyo título es "Por una Argentina sin violencia institucional" Dice así: "Las máximas autoridades en Derechos Humanos de la Nación y de las 24 jurisdicciones de la Argentina coincidimos en nuestra preocupación por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses en el país.
"Los graves casos que se reiteran y en los que se vieron involucrados/as miembros de fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales en casi todo el territorio nacional nos llevan a manifestar que, para erradicar de una vez por todas la violencia institucional de nuestra democracia, necesitamos el compromiso de todos/as.
"Estamos convencidos/das de que esta problemática se previene con decisión política: visibilizando el problema; sancionando política y judicialmente a los/as responsables; concientizando a los/as ciudadanos/as sobre sus derechos; modernizando y profesionalizando la formación de las fuerzas de seguridad; poniendo en funcionamiento los mecanismos locales para la prevención de la tortura; difundiendo líneas de denuncias de estos hechos desde el propio Estado; y generando normativas de convivencia y seguridad que no habiliten a las fuerzas a actuar deliberadamente en contra de los derechos de las personas. Todo dentro de la ley y nada fuera de ella.
"Por eso, resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de los signos políticos de quienes gobiernen circunstancialmente. Y que esas políticas involucren a los poderes de gobierno: necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los/as responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos.
"También sostenemos que es importante que los miembros de las fuerzas de seguridad entiendan que llevar adelante políticas contra la violencia institucional es una clara defensa de las instituciones y sus miembros, ya que la habilitación a cometer actos ilegales sólo responsabiliza y genera futuras sanciones a ellos/as mismos/as y casi nunca a las conducciones políticas.
"En ese sentido, los/as máximos/as responsables de Derechos Humanos de la Nación y las jurisdicciones del país nos comprometemos a llevar adelante una agenda de políticas contra la violencia institucional, en línea con lo expuesto en el presente comunicado, coordinando las acciones desde el Consejo Federal de Derechos Humanos que todos/as integramos". Las veinticuatro provincias del país adhirieron a esta acta compromiso.
Quiero aclarar que consideramos de suma importancia la participación de los diputados y las diputadas de todas las provincias en esta reunión por videoconferencia. Además, celebramos la sensibilidad que tienen con este tema; ojalá esto hubiera pasado años atrás porque serían muchas las vidas que no estaríamos lamentando.
No debemos jugar con el oportunismo político, sino generar herramientas para erradicar definitivamente la violencia institucional.
Como los señores diputados saben, en todas las provincias los casos de violencia institucional no resueltos por la Justicia terminan siendo un problema para el Estado argentino a raíz de las sanciones impuestas por los organismos internacionales de derechos humanos. Por ello, nuestro compromiso es incentivar a las provincias para que lleven adelante políticas que nos ayuden a transformar la realidad de esta problemática.
Actualmente, la Argentina está en deuda con el Comité contra la Tortura porque muchas provincias no tienen aprobados los mecanismos de prevención, tema sobre el que se viene trabajando desde hace muchos años. Si no me equivoco, Chaco fue la primera provincia que aprobó ese mecanismo en 2009, pero todavía falta que muchas lo hagan.
Por eso, a partir del compromiso asumido con esta problemática, los invito a ayudarnos para que las provincias puedan tener herramientas conducentes a prevenir los delitos contra la tortura y la violencia institucional. Asimismo, celebro la iniciativa del bloque Frente de Todes de llevar adelante un proyecto de ley. Nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Sabina Frederic, estamos colaborando; pero, igualmente, queremos que todos los bloques se comprometan para que sea posible sancionar una iniciativa como la que presentó el bloque, ya que consideramos de suma importancia tener herramientas que aceleren el tratamiento de los casos de violencia institucional, especialmente en lo referido al acompañamiento a las familias, las reparaciones y las sanciones a los miembros de las fuerzas.
¿Cómo queremos que se proceda con estas situaciones puntuales? Queremos que cada vez que haya un caso de violación a los derechos humanos o un caso de violencia institucional no se mire al Estado, sino al individuo que viola esos derechos y actúa de modo ilegal. El objetivo es que la práctica habitual sea la sanción al individuo y no la denuncia al Estado por violación a los derechos humanos. Reitero que debemos generar todas las herramientas para que cuando se produzcan violaciones a los derechos humanos, se considere al individuo de las fuerzas de seguridad y no al Estado argentino.
Por otro lado, no sé si la presidenta Penacca quiere que comience ahora a referirme a nuestras actuaciones en la causa de Facundo.
Una de las acciones de la Secretaría de Derechos Humanos es también concentrar a todas las secretarías de Derechos Humanos en el Consejo Federal de Derechos Humanos. Hace poco hicimos una reunión. Todas las provincias están preocupadas por los casos de violencia institucional que se llevan adelante a lo largo y a lo ancho del país, y entre todas las secretarías firmamos un acta compromiso. Para mí es importante leerla porque en esta reunión hay diputados y diputadas de todas las provincias.
Entonces, voy a dar lectura del acta compromiso, cuyo título es "Por una Argentina sin violencia institucional" Dice así: "Las máximas autoridades en Derechos Humanos de la Nación y de las 24 jurisdicciones de la Argentina coincidimos en nuestra preocupación por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses en el país.
"Los graves casos que se reiteran y en los que se vieron involucrados/as miembros de fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales en casi todo el territorio nacional nos llevan a manifestar que, para erradicar de una vez por todas la violencia institucional de nuestra democracia, necesitamos el compromiso de todos/as.
"Estamos convencidos/das de que esta problemática se previene con decisión política: visibilizando el problema; sancionando política y judicialmente a los/as responsables; concientizando a los/as ciudadanos/as sobre sus derechos; modernizando y profesionalizando la formación de las fuerzas de seguridad; poniendo en funcionamiento los mecanismos locales para la prevención de la tortura; difundiendo líneas de denuncias de estos hechos desde el propio Estado; y generando normativas de convivencia y seguridad que no habiliten a las fuerzas a actuar deliberadamente en contra de los derechos de las personas. Todo dentro de la ley y nada fuera de ella.
"Por eso, resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de los signos políticos de quienes gobiernen circunstancialmente. Y que esas políticas involucren a los poderes de gobierno: necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los/as responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos.
"También sostenemos que es importante que los miembros de las fuerzas de seguridad entiendan que llevar adelante políticas contra la violencia institucional es una clara defensa de las instituciones y sus miembros, ya que la habilitación a cometer actos ilegales sólo responsabiliza y genera futuras sanciones a ellos/as mismos/as y casi nunca a las conducciones políticas.
"En ese sentido, los/as máximos/as responsables de Derechos Humanos de la Nación y las jurisdicciones del país nos comprometemos a llevar adelante una agenda de políticas contra la violencia institucional, en línea con lo expuesto en el presente comunicado, coordinando las acciones desde el Consejo Federal de Derechos Humanos que todos/as integramos". Las veinticuatro provincias del país adhirieron a esta acta compromiso.
Quiero aclarar que consideramos de suma importancia la participación de los diputados y las diputadas de todas las provincias en esta reunión por videoconferencia. Además, celebramos la sensibilidad que tienen con este tema; ojalá esto hubiera pasado años atrás porque serían muchas las vidas que no estaríamos lamentando.
No debemos jugar con el oportunismo político, sino generar herramientas para erradicar definitivamente la violencia institucional.
Como los señores diputados saben, en todas las provincias los casos de violencia institucional no resueltos por la Justicia terminan siendo un problema para el Estado argentino a raíz de las sanciones impuestas por los organismos internacionales de derechos humanos. Por ello, nuestro compromiso es incentivar a las provincias para que lleven adelante políticas que nos ayuden a transformar la realidad de esta problemática.
Actualmente, la Argentina está en deuda con el Comité contra la Tortura porque muchas provincias no tienen aprobados los mecanismos de prevención, tema sobre el que se viene trabajando desde hace muchos años. Si no me equivoco, Chaco fue la primera provincia que aprobó ese mecanismo en 2009, pero todavía falta que muchas lo hagan.
Por eso, a partir del compromiso asumido con esta problemática, los invito a ayudarnos para que las provincias puedan tener herramientas conducentes a prevenir los delitos contra la tortura y la violencia institucional. Asimismo, celebro la iniciativa del bloque Frente de Todes de llevar adelante un proyecto de ley. Nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Sabina Frederic, estamos colaborando; pero, igualmente, queremos que todos los bloques se comprometan para que sea posible sancionar una iniciativa como la que presentó el bloque, ya que consideramos de suma importancia tener herramientas que aceleren el tratamiento de los casos de violencia institucional, especialmente en lo referido al acompañamiento a las familias, las reparaciones y las sanciones a los miembros de las fuerzas.
¿Cómo queremos que se proceda con estas situaciones puntuales? Queremos que cada vez que haya un caso de violación a los derechos humanos o un caso de violencia institucional no se mire al Estado, sino al individuo que viola esos derechos y actúa de modo ilegal. El objetivo es que la práctica habitual sea la sanción al individuo y no la denuncia al Estado por violación a los derechos humanos. Reitero que debemos generar todas las herramientas para que cuando se produzcan violaciones a los derechos humanos, se considere al individuo de las fuerzas de seguridad y no al Estado argentino.
Por otro lado, no sé si la presidenta Penacca quiere que comience ahora a referirme a nuestras actuaciones en la causa de Facundo.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Sí, por favor.
SR. PIETRAGALLA CORTI En primer lugar, lamentablemente por cuestiones que trascienden a la propia familia de Facundo, a nosotros y a todes, no se pudo actuar rápidamente.
Sabemos que la primera denuncia por la desaparición de Facundo se hizo en los primeros días de junio y se enfocaba en la búsqueda de su paradero. En ese momento no había ninguna denuncia asociada a la desaparición forzada.
Luego, el 7 de julio, la madre, la familia y los abogados de la causa hicieron la primera denuncia por desaparición forzada. Desde ese momento, a través del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, nos pusimos en contacto y a disposición de la familia. El primer pedido consistía en que las fuerzas de la provincia de Buenos Aires fueran apartadas de la investigación. Entonces, aplicamos el Protocolo de Minnesota para casos de desaparición forzada en lo relativo a que la propia fuerza sospechada de desaparición forzada no puede ser la que investiga. Concretamente, a partir de que el fuero federal tomara la denuncia por la desaparición forzada, se corrió a la policía de la provincia y comenzaron a participar las fuerzas federales.
Al mismo tiempo nos pusimos en contacto con la jueza para acompañar al Poder Judicial a partir del Programa Verdad y Justicia, por ejemplo, para que las notificaciones a la familia no las hiciera un miembro de las fuerzas, sino una persona civil de la secretaría a mi cargo. En varios casos, la Justicia accedió a utilizar el programa; pero, en esta oportunidad, no sucedió ya que la jueza dio giro al fiscal, quien no usó el servicio ofrecido por la secretaría.
Además, como señalé anteriormente, nos comunicamos con Cristina -la madre de Facundo- y pusimos a su disposición el Centro Ulloa. Se trata de un espacio de acompañamiento a las víctimas para asistir económicamente a los requerimientos de la familia, entre ellos, el pago de un perito, de un abogado o de algún trámite, porque la mayoría de las familias que sufren estas situaciones no tienen recursos económicos y necesitan el acompañamiento del Estado. Quiero agregar que el proyecto de ley que pretendemos presentar en el Congreso apunta a que el procedimiento no quede en la voluntad de algún funcionario, sino explícito en una norma.
A pesar de que nuestro compromiso es muy grande, nuestra participación en la investigación es limitada. Como recién comentó la ministra Sabina Frederic, el Ministerio de Seguridad solo tiene más participación a pedido de la Justicia. Claramente se trata de funcionarios de las fuerzas que están a disposición de la Justicia y de la investigación, y nosotros ante todo ponemos a disposición nuestras herramientas.
Por ejemplo, la familia estaba enojada porque mucha información de la causa se filtraba por los medios de Bahía Blanca. En consecuencia, hicimos una presentación al juzgado señalando que se trataba de una falta grave, porque -como también dice el Protocolo de Minnesota- antes de brindarse cualquier información a los medios de comunicación, primero tiene que conocerla la querella, la familia y sus abogados. En este caso, la familia recusó al fiscal porque no quería que continuara, pero la jueza lo confirmó. A pesar de que no tenemos intervención con ese poder, sí entendemos la posición de la madre y el pedido del corrimiento del fiscal debido a sus antecedentes. Sabemos que es un fiscal denunciado por los organismos de derechos humanos en causas de lesa humanidad porque no avanzaba, no tomaba indagatoria y se mostraba en rebeldía a los pedidos de la Cámara de Casación y de los fiscales. Hago este paréntesis porque no es un detalle menor que la familia haya pedido la recusación del fiscal y que la jueza lo haya confirmado.
Las novedades al día de ayer son que nos comunicamos con los abogados y que volveremos a presentar otra nota acerca de la fuga de información a los medios. Pero, como dije antes, acompañamos en todo lo posible y en lo que la familia quiera acceder. Claramente, ponemos todas las herramientas a disposición y la familia es quien define si quiere ser acompañada o no por la secretaría.
Cabe aclarar que, desde el 10 de diciembre, nuestra gestión y nuestro gobierno tienen una gran sensibilidad en estos temas. Al respecto quiero ser tajante, porque jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda a cualquier individuo. Nosotros no vamos a revictimizar a las víctimas; no enviaremos a los servicios a que las escuchen y tampoco diremos que Facundo está en una ciudad donde todos son parecidos a él.
Sabemos que la primera denuncia por la desaparición de Facundo se hizo en los primeros días de junio y se enfocaba en la búsqueda de su paradero. En ese momento no había ninguna denuncia asociada a la desaparición forzada.
Luego, el 7 de julio, la madre, la familia y los abogados de la causa hicieron la primera denuncia por desaparición forzada. Desde ese momento, a través del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, nos pusimos en contacto y a disposición de la familia. El primer pedido consistía en que las fuerzas de la provincia de Buenos Aires fueran apartadas de la investigación. Entonces, aplicamos el Protocolo de Minnesota para casos de desaparición forzada en lo relativo a que la propia fuerza sospechada de desaparición forzada no puede ser la que investiga. Concretamente, a partir de que el fuero federal tomara la denuncia por la desaparición forzada, se corrió a la policía de la provincia y comenzaron a participar las fuerzas federales.
Al mismo tiempo nos pusimos en contacto con la jueza para acompañar al Poder Judicial a partir del Programa Verdad y Justicia, por ejemplo, para que las notificaciones a la familia no las hiciera un miembro de las fuerzas, sino una persona civil de la secretaría a mi cargo. En varios casos, la Justicia accedió a utilizar el programa; pero, en esta oportunidad, no sucedió ya que la jueza dio giro al fiscal, quien no usó el servicio ofrecido por la secretaría.
Además, como señalé anteriormente, nos comunicamos con Cristina -la madre de Facundo- y pusimos a su disposición el Centro Ulloa. Se trata de un espacio de acompañamiento a las víctimas para asistir económicamente a los requerimientos de la familia, entre ellos, el pago de un perito, de un abogado o de algún trámite, porque la mayoría de las familias que sufren estas situaciones no tienen recursos económicos y necesitan el acompañamiento del Estado. Quiero agregar que el proyecto de ley que pretendemos presentar en el Congreso apunta a que el procedimiento no quede en la voluntad de algún funcionario, sino explícito en una norma.
A pesar de que nuestro compromiso es muy grande, nuestra participación en la investigación es limitada. Como recién comentó la ministra Sabina Frederic, el Ministerio de Seguridad solo tiene más participación a pedido de la Justicia. Claramente se trata de funcionarios de las fuerzas que están a disposición de la Justicia y de la investigación, y nosotros ante todo ponemos a disposición nuestras herramientas.
Por ejemplo, la familia estaba enojada porque mucha información de la causa se filtraba por los medios de Bahía Blanca. En consecuencia, hicimos una presentación al juzgado señalando que se trataba de una falta grave, porque -como también dice el Protocolo de Minnesota- antes de brindarse cualquier información a los medios de comunicación, primero tiene que conocerla la querella, la familia y sus abogados. En este caso, la familia recusó al fiscal porque no quería que continuara, pero la jueza lo confirmó. A pesar de que no tenemos intervención con ese poder, sí entendemos la posición de la madre y el pedido del corrimiento del fiscal debido a sus antecedentes. Sabemos que es un fiscal denunciado por los organismos de derechos humanos en causas de lesa humanidad porque no avanzaba, no tomaba indagatoria y se mostraba en rebeldía a los pedidos de la Cámara de Casación y de los fiscales. Hago este paréntesis porque no es un detalle menor que la familia haya pedido la recusación del fiscal y que la jueza lo haya confirmado.
Las novedades al día de ayer son que nos comunicamos con los abogados y que volveremos a presentar otra nota acerca de la fuga de información a los medios. Pero, como dije antes, acompañamos en todo lo posible y en lo que la familia quiera acceder. Claramente, ponemos todas las herramientas a disposición y la familia es quien define si quiere ser acompañada o no por la secretaría.
Cabe aclarar que, desde el 10 de diciembre, nuestra gestión y nuestro gobierno tienen una gran sensibilidad en estos temas. Al respecto quiero ser tajante, porque jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda a cualquier individuo. Nosotros no vamos a revictimizar a las víctimas; no enviaremos a los servicios a que las escuchen y tampoco diremos que Facundo está en una ciudad donde todos son parecidos a él.
SR. IGLESIAS Señor Pietragalla Corti...
SR. PIETRAGALLA CORTI Ya termino, señor diputado.
No debemos ser especuladores. En esto tenemos que ser...
Varios señores diputados hablan a la vez.
No debemos ser especuladores. En esto tenemos que ser...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Pido a todos los diputados que seamos respetuosos de nuestra institucionalidad y de los mecanismos que tenemos para llevar adelante una reunión de comisión. Esta es una reunión informativa y el funcionario está presentando su informe. Después, quienes así lo deseen podrán hacer uso de la palabra y formular sus preguntas.
SR. ANGELINI El señor secretario está haciendo consideraciones políticas; no informando.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Continúa en el uso de la palabra el señor Pietragalla Corti.
SR. PIETRAGALLA CORTI Señora presidenta: pido disculpas si fui muy extenso en mi exposición.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, obviamente es sensible a este tema; quienes lo conocemos, sabemos lo preocupado que está. Él se comunicó personalmente con la familia y habló con la mamá de Facundo. El señor presidente, Alberto Fernández, también, mientras que Cristina Fernández de Kirchner me llama todo el tiempo para conocer cómo está la madre y cómo marcha la investigación. Tenemos mucha sensibilidad en este tema. Siempre fue así; la tuvimos cuando éramos oposición y la tenemos hoy que somos oficialismo.
Como dije antes, queremos que avance la Justicia, y que haya sanción política y judicial si hubiera responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad. No queremos un Estado acusado de violar los derechos humanos, pero sí demostrar que hay miembros de las fuerzas que violan los derechos humanos. Esperamos la pronta resolución de este caso en investigación.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, obviamente es sensible a este tema; quienes lo conocemos, sabemos lo preocupado que está. Él se comunicó personalmente con la familia y habló con la mamá de Facundo. El señor presidente, Alberto Fernández, también, mientras que Cristina Fernández de Kirchner me llama todo el tiempo para conocer cómo está la madre y cómo marcha la investigación. Tenemos mucha sensibilidad en este tema. Siempre fue así; la tuvimos cuando éramos oposición y la tenemos hoy que somos oficialismo.
Como dije antes, queremos que avance la Justicia, y que haya sanción política y judicial si hubiera responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad. No queremos un Estado acusado de violar los derechos humanos, pero sí demostrar que hay miembros de las fuerzas que violan los derechos humanos. Esperamos la pronta resolución de este caso en investigación.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Para dar continuidad al funcionamiento de esta comisión conjunta, solicito al señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, diputado Hugo Yasky, que haga uso de la palabra.
SR. IGLESIAS Señora presidenta: solicito la palabra para plantear una moción.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Para una moción, tiene la palabra el señor diputado Iglesias.
SR. IGLESIAS Señora presidenta: usted nos ha dicho que tendremos una reunión de dos horas, y hemos escuchado durante una hora y media al oficialismo; ahora, hará uso de la palabra otro orador del mismo sector. ¿Podrá participar la oposición en esta reunión?
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señor diputado: si bien ya hablamos al inicio de la reunión sobre la mecánica a seguir, no tengo problema en reiterarlo, aunque ello implique una pérdida de tiempo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por televisión.
Se elaboró una lista de oradores conformada por diputados del oficialismo y de la oposición. Ahora bien, si el señor diputado cree que los únicos que tienen que hablar son los miembros de la oposición, estaríamos faltando el respeto al voto popular que eligió a representantes de uno y otro partido.
Luego de que el señor diputado Yasky haga uso de la palabra como presidente de una de las dos comisiones convocantes a esta videoconferencia, continuaremos con el resto de la lista de oradores compuesta por diputados de todos los bloques.
Se elaboró una lista de oradores conformada por diputados del oficialismo y de la oposición. Ahora bien, si el señor diputado cree que los únicos que tienen que hablar son los miembros de la oposición, estaríamos faltando el respeto al voto popular que eligió a representantes de uno y otro partido.
Luego de que el señor diputado Yasky haga uso de la palabra como presidente de una de las dos comisiones convocantes a esta videoconferencia, continuaremos con el resto de la lista de oradores compuesta por diputados de todos los bloques.
SR. IGLESIAS Señora presidenta: hace una hora y media que estamos escuchando al oficialismo.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Es una reunión informativa, señor diputado; por eso han venido los funcionarios. Incluso, la solicitud fue compartida por muchos miembros de la oposición y usted fue uno de los que más insistió.
SR. IGLESIAS Queda claro, señora presidenta, que hablarán solamente ustedes. Le agradezco mucho; quedó muy claro.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Gracias a usted, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Yasky.
Tiene la palabra el señor diputado Yasky.
SR. YASKY Señora presidenta: agradezco a los diputados y a las diputadas de las dos comisiones por su buena voluntad. Creo que, salvo alguna excepción, la mayoría quiere encontrar un camino de consenso para resolver un grave problema. La violencia institucional en un país que tuvo un genocidio, un baño de sangre que se llevó la vida de treinta mil personas es un problema de primer orden para todos los que estamos comprometidos con la democracia.
También es cierto que fuimos el único país del mundo que supo y pudo juzgar y encarcelar a los genocidas. De manera que, si fuimos capaces de resolver ese problema, tenemos que ser capaces de resolver este tipo de violencia que siempre tiene como víctimas a jóvenes de las clases humildes. Esta coordenada se repite incesantemente, caso tras caso. De manera tal que creo que tenemos una doble obligación, como diputados y diputadas, de encontrar una solución.
Entiendo que nuestro aporte debe ser sancionar una ley que nos permita garantizar no solo el juicio justo sin vericuetos, sin lados oscuros, sin pistas falsas, sin fiscales amañados como tantas veces hemos visto -esto también es tarea de la reforma judicial-, sino también que no se llegue a la situación de tener familiares denunciando y víctimas en el camino.
Esto es lo que también propone el proyecto de ley: como planteaban la ministra Sabina Frederic y el secretario Horacio Pietragalla Corti, una mirada capaz de situarse por delante de los hechos. Esto tiene que ver con la formación, con el compromiso institucional que deben asumir el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y también los gobernadores. Por eso es tan importante el acta que se acaba de dar a conocer, y solicito al señor secretario que nos la haga llegar a fin de que todos la tengamos.
En el recorrido que vamos a seguir de acá en más, convocaremos a los organismos de derechos humanos. Ya lo hemos hablado con usted, señora presidenta, y también con el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos y Garantías cuando acordamos realizar esta reunión y establecimos el tiempo de exposición de los oradores y las oradoras. Conversamos sobre la necesidad de realizar futuras convocatorias para que podamos escuchar a los organismos de derechos humanos, a los especialistas en esta materia y a los familiares de las víctimas porque sus vivencias también deben quedar registradas en estas comisiones.
Ese es nuestro compromiso: contar con una ley que logre el mayor nivel de consenso. Ojalá surja del trabajo fecundo de todos los diputados y de todas las diputadas que integramos la comisión.
Continuaremos con la lista de oradores para, de esa manera, poder escuchar a los diputados de los distintos bloques.
También es cierto que fuimos el único país del mundo que supo y pudo juzgar y encarcelar a los genocidas. De manera que, si fuimos capaces de resolver ese problema, tenemos que ser capaces de resolver este tipo de violencia que siempre tiene como víctimas a jóvenes de las clases humildes. Esta coordenada se repite incesantemente, caso tras caso. De manera tal que creo que tenemos una doble obligación, como diputados y diputadas, de encontrar una solución.
Entiendo que nuestro aporte debe ser sancionar una ley que nos permita garantizar no solo el juicio justo sin vericuetos, sin lados oscuros, sin pistas falsas, sin fiscales amañados como tantas veces hemos visto -esto también es tarea de la reforma judicial-, sino también que no se llegue a la situación de tener familiares denunciando y víctimas en el camino.
Esto es lo que también propone el proyecto de ley: como planteaban la ministra Sabina Frederic y el secretario Horacio Pietragalla Corti, una mirada capaz de situarse por delante de los hechos. Esto tiene que ver con la formación, con el compromiso institucional que deben asumir el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y también los gobernadores. Por eso es tan importante el acta que se acaba de dar a conocer, y solicito al señor secretario que nos la haga llegar a fin de que todos la tengamos.
En el recorrido que vamos a seguir de acá en más, convocaremos a los organismos de derechos humanos. Ya lo hemos hablado con usted, señora presidenta, y también con el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos y Garantías cuando acordamos realizar esta reunión y establecimos el tiempo de exposición de los oradores y las oradoras. Conversamos sobre la necesidad de realizar futuras convocatorias para que podamos escuchar a los organismos de derechos humanos, a los especialistas en esta materia y a los familiares de las víctimas porque sus vivencias también deben quedar registradas en estas comisiones.
Ese es nuestro compromiso: contar con una ley que logre el mayor nivel de consenso. Ojalá surja del trabajo fecundo de todos los diputados y de todas las diputadas que integramos la comisión.
Continuaremos con la lista de oradores para, de esa manera, poder escuchar a los diputados de los distintos bloques.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra el señor diputado Salvador.
SR. SALVADOR Señora presidenta: en primer lugar, agradezco el uso de la palabra.
En segundo término, pido que se garantice a los ocho legisladores -o más- del bloque de Cambiemos que también podrán hacer uso de la palabra, ya que llevamos casi dos horas de reunión y recién podemos hacer nuestra primera intervención.
Agradezco al señor secretario de Derechos Humanos de la Nación por estar presente en esta reunión. Entendemos que su presencia debería haberse dado hace tiempo, debido a la gravedad y cantidad de casos de violencia institucional y a la vulneración de derechos humanos, que ocurren hace meses y que, en muchas ocasiones, terminaron en desaparición y muerte.
Hoy nos convocan bajo un proyecto de ley que no conocemos. De repente, vemos que nos pasan una presentación de Powerpoint, que hablan sobre la gestión anterior o que se desentienden echando culpas a los organismos provinciales. La verdad es que pasa el tiempo y nosotros queremos respuestas concretas.
Desde nuestro bloque, muchas veces solicitamos la presencia del señor secretario por medio de distintos proyectos. Incluso, cuando se constituyó esta comisión, también lo hicimos públicamente porque nos parecía importante que nos cuente cuáles son las acciones y las medidas que está tomando la secretaría ante estos hechos aberrantes. No queremos señalar con el dedo a nadie y tampoco construir un relato porque ese no es nuestro estilo. Sí queremos que esta convocatoria sea positiva, no solo para que puedan clarificar qué está pasando sino también porque hay una sociedad preocupada y, sobre todo, familiares de las víctimas que necesitan respuestas.
Además, dada la gravedad de estos hechos, es necesario que cada comisión se reúna por separado para que, tanto la ministra Frederic como el secretario Pietragalla Corti, se tomen el tiempo que amerita esta situación para contestarnos e informarnos. En cambio, con esta modalidad compartida y estos largos mensajes que se dan al principio, se limita a los integrantes de las comisiones a formular preguntas; por ende, no nos podemos explayar ni pedir explicaciones sobre lo que realmente queremos escuchar. Por esa razón, espero que estas reuniones sean más frecuentes.
En tal sentido, no quiero partidizar y tampoco ser mezquino -como escuché aquí- en relación con estos temas de tanta gravedad para la gente que los está sufriendo, pero debo decir que observamos un retroceso grande en materia de seguridad y derechos humanos.
Señor secretario y señora ministra: no voy a enumerar todo lo que ha pasado en estos más de tres meses porque ustedes lo saben, pero sí voy a citar algunos casos testigo de lo que está ocurriendo.
El 5 de abril de 2020, Florencia Morales fue detenida en la provincia de San Luis por no haber cumplido con el aislamiento preventivo y hallada ahorcada en un calabozo de la Comisaría 25.
El 25 de abril, Franco Maranguello, de 16 años, fue encontrado ahorcado luego de haber sido detenido en la provincia de San Luis. El 1º de mayo, en la Comisaría 10 de Santiago del Estero, Mauro Coronel, después de varios días de hospitalizado, fallece por un grave estado de salud causado por múltiples golpes provocados por la fuerza policial.
El 10 de mayo, en la ciudad de Fontana, provincia de Chaco, la fuerza policial local ingresó a un domicilio de la comunidad Qom -como fue de público conocimiento- y se llevó detenidos a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad; las víctimas denunciaron torturas y abusos sexuales.
El 22 de mayo fue encontrado el cuerpo de Luis Espinoza en la zona fronteriza entre las provincias de Tucumán y Catamarca; su familia había denunciado su desaparición hacía unos días.
El 24 de mayo, Alan Maidana, de 19 años, en Berazategui, provincia de Buenos Aires, fue asesinado por un tiro en la espalda que provendría de un arma oficial de la Policía Federal.
El 7 de junio, en el marco de un allanamiento en el Barrio INTA, de la localidad de Trelew, Gabriel Fredes sufrió disparos en el rostro provenientes de la policía que provocaron daños en su vista.
El 23 de junio, durante un irregular allanamiento llevado adelante en el partido de Lomas de Zamora, un adolescente de 17 años también sufrió la pérdida de un ojo por un disparo con balas de goma por parte de la policía.
El 24 de junio, en la provincia de Tucumán, Walter Nadal, de 43 años, fue asfixiado hasta morir en manos de la policía provincial.
El 11 de julio, en el partido de La Matanza, fue encontrado muerto Lucas Nahuel Verón, de 18 años, luego de haber sido seguido por un patrullero.
El 25 de julio, durante un operativo policial en La Plata, un joven de 17 años fue detenido, golpeado y torturado con picana eléctrica en la Comisaría 6, a la que había sido trasladado.
Además, tenemos el reciente caso de Blas Correa, de la provincia de Córdoba, quien fue encontrado en un auto con un tiro en la espalda realizado por la policía.
Por último, tal como se mencionó, también está la desaparición de Facundo Astudillo, de quien no se sabe su paradero. En cuanto a la investigación -sin echar la culpa a la Justicia-, sabemos que los organismos de derechos humanos y el Ministerio de Seguridad se demoraron muchísimo en comenzar a buscarlo y que la causa fue caratulada como desaparición forzada. En este sentido se expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como mencionó la señora ministra, y no voy a repetirlo para no extender mi exposición.
Además, una cuestión que me llama poderosamente la atención...
En segundo término, pido que se garantice a los ocho legisladores -o más- del bloque de Cambiemos que también podrán hacer uso de la palabra, ya que llevamos casi dos horas de reunión y recién podemos hacer nuestra primera intervención.
Agradezco al señor secretario de Derechos Humanos de la Nación por estar presente en esta reunión. Entendemos que su presencia debería haberse dado hace tiempo, debido a la gravedad y cantidad de casos de violencia institucional y a la vulneración de derechos humanos, que ocurren hace meses y que, en muchas ocasiones, terminaron en desaparición y muerte.
Hoy nos convocan bajo un proyecto de ley que no conocemos. De repente, vemos que nos pasan una presentación de Powerpoint, que hablan sobre la gestión anterior o que se desentienden echando culpas a los organismos provinciales. La verdad es que pasa el tiempo y nosotros queremos respuestas concretas.
Desde nuestro bloque, muchas veces solicitamos la presencia del señor secretario por medio de distintos proyectos. Incluso, cuando se constituyó esta comisión, también lo hicimos públicamente porque nos parecía importante que nos cuente cuáles son las acciones y las medidas que está tomando la secretaría ante estos hechos aberrantes. No queremos señalar con el dedo a nadie y tampoco construir un relato porque ese no es nuestro estilo. Sí queremos que esta convocatoria sea positiva, no solo para que puedan clarificar qué está pasando sino también porque hay una sociedad preocupada y, sobre todo, familiares de las víctimas que necesitan respuestas.
Además, dada la gravedad de estos hechos, es necesario que cada comisión se reúna por separado para que, tanto la ministra Frederic como el secretario Pietragalla Corti, se tomen el tiempo que amerita esta situación para contestarnos e informarnos. En cambio, con esta modalidad compartida y estos largos mensajes que se dan al principio, se limita a los integrantes de las comisiones a formular preguntas; por ende, no nos podemos explayar ni pedir explicaciones sobre lo que realmente queremos escuchar. Por esa razón, espero que estas reuniones sean más frecuentes.
En tal sentido, no quiero partidizar y tampoco ser mezquino -como escuché aquí- en relación con estos temas de tanta gravedad para la gente que los está sufriendo, pero debo decir que observamos un retroceso grande en materia de seguridad y derechos humanos.
Señor secretario y señora ministra: no voy a enumerar todo lo que ha pasado en estos más de tres meses porque ustedes lo saben, pero sí voy a citar algunos casos testigo de lo que está ocurriendo.
El 5 de abril de 2020, Florencia Morales fue detenida en la provincia de San Luis por no haber cumplido con el aislamiento preventivo y hallada ahorcada en un calabozo de la Comisaría 25.
El 25 de abril, Franco Maranguello, de 16 años, fue encontrado ahorcado luego de haber sido detenido en la provincia de San Luis. El 1º de mayo, en la Comisaría 10 de Santiago del Estero, Mauro Coronel, después de varios días de hospitalizado, fallece por un grave estado de salud causado por múltiples golpes provocados por la fuerza policial.
El 10 de mayo, en la ciudad de Fontana, provincia de Chaco, la fuerza policial local ingresó a un domicilio de la comunidad Qom -como fue de público conocimiento- y se llevó detenidos a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad; las víctimas denunciaron torturas y abusos sexuales.
El 22 de mayo fue encontrado el cuerpo de Luis Espinoza en la zona fronteriza entre las provincias de Tucumán y Catamarca; su familia había denunciado su desaparición hacía unos días.
El 24 de mayo, Alan Maidana, de 19 años, en Berazategui, provincia de Buenos Aires, fue asesinado por un tiro en la espalda que provendría de un arma oficial de la Policía Federal.
El 7 de junio, en el marco de un allanamiento en el Barrio INTA, de la localidad de Trelew, Gabriel Fredes sufrió disparos en el rostro provenientes de la policía que provocaron daños en su vista.
El 23 de junio, durante un irregular allanamiento llevado adelante en el partido de Lomas de Zamora, un adolescente de 17 años también sufrió la pérdida de un ojo por un disparo con balas de goma por parte de la policía.
El 24 de junio, en la provincia de Tucumán, Walter Nadal, de 43 años, fue asfixiado hasta morir en manos de la policía provincial.
El 11 de julio, en el partido de La Matanza, fue encontrado muerto Lucas Nahuel Verón, de 18 años, luego de haber sido seguido por un patrullero.
El 25 de julio, durante un operativo policial en La Plata, un joven de 17 años fue detenido, golpeado y torturado con picana eléctrica en la Comisaría 6, a la que había sido trasladado.
Además, tenemos el reciente caso de Blas Correa, de la provincia de Córdoba, quien fue encontrado en un auto con un tiro en la espalda realizado por la policía.
Por último, tal como se mencionó, también está la desaparición de Facundo Astudillo, de quien no se sabe su paradero. En cuanto a la investigación -sin echar la culpa a la Justicia-, sabemos que los organismos de derechos humanos y el Ministerio de Seguridad se demoraron muchísimo en comenzar a buscarlo y que la causa fue caratulada como desaparición forzada. En este sentido se expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como mencionó la señora ministra, y no voy a repetirlo para no extender mi exposición.
Además, una cuestión que me llama poderosamente la atención...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señor diputado, pasaron seis minutos de su exposición, le pido por favor que redondee.
SR. SALVADOR Ya termino, señora presidenta.
En un twitter, el vocero presidencial dice: "¿Dónde está Facundo?" cuando el gobierno, en lugar de preguntar, debe dar respuestas. Para eso también son estas reuniones.
Mi pregunta concreta para el señor secretario Pietragalla Corti es si la Secretaría de Derechos Humanos va a presentarse como amicus curiae en la causa de Facundo Astudillo. Así como lo hizo en la causa de Jaime, nos gustaría que también en este caso tome una fuerte intervención.
Ante toda esta situación quise refrescar algunas de las cuestiones que no recordamos. Si bien son muchos más los casos, por razones de tiempo no voy a mencionarlos.
En un twitter, el vocero presidencial dice: "¿Dónde está Facundo?" cuando el gobierno, en lugar de preguntar, debe dar respuestas. Para eso también son estas reuniones.
Mi pregunta concreta para el señor secretario Pietragalla Corti es si la Secretaría de Derechos Humanos va a presentarse como amicus curiae en la causa de Facundo Astudillo. Así como lo hizo en la causa de Jaime, nos gustaría que también en este caso tome una fuerte intervención.
Ante toda esta situación quise refrescar algunas de las cuestiones que no recordamos. Si bien son muchos más los casos, por razones de tiempo no voy a mencionarlos.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Quisiera aclarar que todos los requerimientos realizados por el señor diputado al inicio de su alocución, en cuanto a que se respete el uso de la palabra de los oradores que acordamos en el listado -e incluso de algún otro en caso de que surja durante el transcurso de la reunión-, serán cumplidos en tanto y en cuanto todos nos comprometamos a respetar los tres minutos asignados.
El señor diputado Salvador se expresó durante siete minutos; si todos se toman ese tiempo, será difícil cumplir con el planteo hecho inicialmente. Como estoy comprometida con que los términos para hacer uso de la palabra se respeten, avisaré a los oradores cuando hayan alcanzado los tres minutos de exposición.
Tiene la palabra la señora diputada Marziotta.
El señor diputado Salvador se expresó durante siete minutos; si todos se toman ese tiempo, será difícil cumplir con el planteo hecho inicialmente. Como estoy comprometida con que los términos para hacer uso de la palabra se respeten, avisaré a los oradores cuando hayan alcanzado los tres minutos de exposición.
Tiene la palabra la señora diputada Marziotta.
SRA. MARZIOTTA Muchísimas gracias, señora presidenta.
SR. PETRI Solicito una pequeña interrupción, señora diputada Marziotta. ¿Me la concede?
SRA. MARZIOTTA Sí.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Petri.
SR. PETRI Señora presidenta: quisiera saber si puede informar en el chat la lista de oradores para que sepamos con antelación quiénes son los próximos.
SRA. PRESIDENTA PENACCA No hay problema, señor diputado. Voy a hacerlo por esta vía, no por el chat.
Luego de la señora diputada Marziotta hará uso de la palabra el señor diputado Angelini.
Continúa en el uso de la palabra la diputada Marziotta.
Luego de la señora diputada Marziotta hará uso de la palabra el señor diputado Angelini.
Continúa en el uso de la palabra la diputada Marziotta.
SRA. MARZIOTTA Señora presidenta: quiero agradecer a la señora ministra y al señor secretario de Derechos Humanos por participar de esta reunión para informarnos e interiorizarnos sobre este tema.
Personalmente, me entusiasma que las comisiones estemos trabajando de manera conjunta con el gobierno nacional, en función de lo que considero una deuda eterna que tenemos con la democracia, que es el camino hacia una ley nacional contra la violencia institucional.
Escuchaba al diputado preopinante, a quien quiero decir que nosotros -me atrevo a hablar en primera persona del plural-, cada uno de los diputados del Frente de Todos que integramos las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, y diría que todo el bloque, repudiamos los hechos que mencionó.
Podríamos seguir enumerando otros, ya que tengo en mi poder la lista de todos los casos ocurridos en este último tiempo, así como también la de aquellos que tuvieron lugar durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
En tal sentido, así como repudiamos cada uno de los casos de víctimas de violencia institucional de ese gobierno, repudiamos cada uno de los que el señor diputado mencionó -que nos duelen- y que también forman parte de mi lista. Queremos saber, hasta las últimas consecuencias, qué pasó; tenemos ese compromiso histórico.
En lo personal, siento que desde 1983 tenemos una deuda y que debemos trabajar en forma transversal, tal como mencionó el secretario de Derechos Humanos, independientemente del color y de la bandera del partido político que gobierne, ya que sabemos que esos tránsitos empiezan y terminan, y pueden modificarse por el voto popular.
Por lo tanto, debemos generar una política de Estado. En eso estamos trabajando de manera conjunta estas dos comisiones y el gobierno nacional, que tiene la voluntad política de ir hacia adelante, para sancionar una ley nacional contra la violencia institucional. En ese sentido, el objetivo es democratizar las prácticas y reducir las arbitrariedades que se cometen dentro de las fuerzas de seguridad, que históricamente han atentado contra los colectivos más vulnerables de la sociedad.
En el Acuerdo de Seguridad Democrática, de diciembre de 2009, ya se había manifestado la necesidad de aplicar reformas estructurales dentro de las fuerzas de seguridad. Desgraciadamente, durante los últimos cuatro años, con la presidencia de Mauricio Macri se habilitó, se celebró y se estimuló la orientación tradicional de las fuerzas de seguridad, generando un marco propicio lamentable para el aumento de la violencia institucional.
No quiero nombrar cada uno de los casos, tal como hizo el diputado preopinante, porque creo que todos estamos informados. Sin embargo, quiero mencionar una estadística ya que, desgraciadamente, en 2019 en nuestro país hubo una muerte por violencia institucional cada diecinueve horas. Ese fue el escenario con que se encontró el gobierno nacional, que asumió la voluntad política de trabajar en este proyecto para llegar a una ley nacional acorde a esta circunstancia para eliminar la violencia institucional de la que venimos hablando.
Lamentablemente, durante los últimos años también se desarticuló una iniciativa muy importante.
Personalmente, me entusiasma que las comisiones estemos trabajando de manera conjunta con el gobierno nacional, en función de lo que considero una deuda eterna que tenemos con la democracia, que es el camino hacia una ley nacional contra la violencia institucional.
Escuchaba al diputado preopinante, a quien quiero decir que nosotros -me atrevo a hablar en primera persona del plural-, cada uno de los diputados del Frente de Todos que integramos las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, y diría que todo el bloque, repudiamos los hechos que mencionó.
Podríamos seguir enumerando otros, ya que tengo en mi poder la lista de todos los casos ocurridos en este último tiempo, así como también la de aquellos que tuvieron lugar durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
En tal sentido, así como repudiamos cada uno de los casos de víctimas de violencia institucional de ese gobierno, repudiamos cada uno de los que el señor diputado mencionó -que nos duelen- y que también forman parte de mi lista. Queremos saber, hasta las últimas consecuencias, qué pasó; tenemos ese compromiso histórico.
En lo personal, siento que desde 1983 tenemos una deuda y que debemos trabajar en forma transversal, tal como mencionó el secretario de Derechos Humanos, independientemente del color y de la bandera del partido político que gobierne, ya que sabemos que esos tránsitos empiezan y terminan, y pueden modificarse por el voto popular.
Por lo tanto, debemos generar una política de Estado. En eso estamos trabajando de manera conjunta estas dos comisiones y el gobierno nacional, que tiene la voluntad política de ir hacia adelante, para sancionar una ley nacional contra la violencia institucional. En ese sentido, el objetivo es democratizar las prácticas y reducir las arbitrariedades que se cometen dentro de las fuerzas de seguridad, que históricamente han atentado contra los colectivos más vulnerables de la sociedad.
En el Acuerdo de Seguridad Democrática, de diciembre de 2009, ya se había manifestado la necesidad de aplicar reformas estructurales dentro de las fuerzas de seguridad. Desgraciadamente, durante los últimos cuatro años, con la presidencia de Mauricio Macri se habilitó, se celebró y se estimuló la orientación tradicional de las fuerzas de seguridad, generando un marco propicio lamentable para el aumento de la violencia institucional.
No quiero nombrar cada uno de los casos, tal como hizo el diputado preopinante, porque creo que todos estamos informados. Sin embargo, quiero mencionar una estadística ya que, desgraciadamente, en 2019 en nuestro país hubo una muerte por violencia institucional cada diecinueve horas. Ese fue el escenario con que se encontró el gobierno nacional, que asumió la voluntad política de trabajar en este proyecto para llegar a una ley nacional acorde a esta circunstancia para eliminar la violencia institucional de la que venimos hablando.
Lamentablemente, durante los últimos años también se desarticuló una iniciativa muy importante.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Se han cumplido sus tres minutos, diputada. Le aviso nada más.
SRA. MARZIOTTA Quiero comentar que se terminó con un programa muy interesante; me refiero al Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego, que permitía dar seguimiento a cada hecho y contabilizar la cantidad de miembros de la fuerza que utilizaban su arma de fuego.
También se invisibilizó la línea 0800-555-5065, que era una herramienta muy importante para denunciar casos de abusos policiales y de violencia institucional, pero terminó siendo reducida pura y exclusivamente a la denuncia de venta de estupefacientes.
Para ir cerrando mi exposición quiero señalar que, por todo lo que mencioné, considero fundamental que esto vaya de la mano de una reforma judicial, a los fines de investigar adecuadamente las prácticas violatorias de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas.
Creo que estamos ante una oportunidad histórica que puede hacernos saldar una deuda que tenemos desde 1983 a esta parte, que tiene que ver con acompañar y generar una política de Estado, independientemente del color de los partidos políticos. Tenemos que lograr una unidad de criterio, para trabajar todos juntos y todas juntas, a fin de terminar con la violencia institucional en la Argentina, y este es un puntapié inicial.
Muchísimas gracias.
También se invisibilizó la línea 0800-555-5065, que era una herramienta muy importante para denunciar casos de abusos policiales y de violencia institucional, pero terminó siendo reducida pura y exclusivamente a la denuncia de venta de estupefacientes.
Para ir cerrando mi exposición quiero señalar que, por todo lo que mencioné, considero fundamental que esto vaya de la mano de una reforma judicial, a los fines de investigar adecuadamente las prácticas violatorias de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas.
Creo que estamos ante una oportunidad histórica que puede hacernos saldar una deuda que tenemos desde 1983 a esta parte, que tiene que ver con acompañar y generar una política de Estado, independientemente del color de los partidos políticos. Tenemos que lograr una unidad de criterio, para trabajar todos juntos y todas juntas, a fin de terminar con la violencia institucional en la Argentina, y este es un puntapié inicial.
Muchísimas gracias.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Gracias, diputada Marziotta.
Tiene la palabra el señor diputado Angelini, y pido que se prepare para su exposición el señor diputado Grosso.
Tiene la palabra el señor diputado Angelini, y pido que se prepare para su exposición el señor diputado Grosso.
SR. ANGELINI Señora presidenta: agradezco la presencia del señor secretario y de la señora ministra.
Quiero corregir al señor diputado Yasky, pues no podremos escuchar a todas las voces porque se ha limitado enormemente la cantidad de diputados que podrán hacer uso de la palabra; increíblemente, porque vamos a tener el desafío de encontrar respuestas frente a la innumerable cantidad de problemas que tenemos, tanto en materia de seguridad, de narcotráfico y de violencia institucional. Es una lástima que no tengamos la posibilidad de ampliar la lista de oradores.
Hace varios meses, en el marco de la Comisión de Seguridad Interior, le pregunté a la señora ministra Frederic -y lamentablemente no pude obtener la respuesta porque estábamos iniciando la cuarentena, en el marco de la pandemia-, sobre las acciones del Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con la provincia de Santa Fe.
En ese momento me comentó que se estaba iniciando el tema de la cuarentena y que, pasadas las semanas, se volvería a poner el foco en la problemática de nuestra provincia en relación con el narcotráfico y la violencia.
Luego de casi cinco meses, me gustaría saber en qué se pudo trabajar y qué se pudo avanzar en esta temática que lleva ya, en nuestra provincia, más de doscientos muertos en lo que va del año, con casi tres meses de cuarentena en estos primeros casi ocho meses del 2020. Lamentablemente, la violencia no cesó.
¿Qué acciones implementaron para combatir al narcotráfico o para disminuir la cantidad de homicidios? ¿Cuántos efectivos de las fuerzas federales hay en la provincia de Santa Fe? Asimismo, quisiera saber si se está pensando en tener algún refuerzo de las fuerzas federales en nuestra provincia.
Por otro lado, si no cree necesario que se declare la emergencia en seguridad en nuestra provincia, teniendo en cuenta que Rosario y Santa Fe, que son las dos ciudades más importantes de nuestra provincia, están triplicando la cantidad de muertos cada cien mil habitantes de la media nacional.
También se están sucediendo situaciones en todo el país. Quiero saber si está de acuerdo con la afirmación de que, a pesar de la cuarentena, está avanzando enormemente la cantidad de delitos graves en nuestro país.
También le voy a consultar, a requerimiento de un señor diputado de la provincia de Buenos Aires, si nota el fuerte aumento de los secuestros que están sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que son materia de jurisdicción federal. Los secuestros que están dando en la provincia de Buenos Aires son muchísimos y están generando gran temor en la ciudadanía. No quiero hacer consideraciones políticas porque realmente tengo muchísimos temas.
Quiero corregir al señor diputado Yasky, pues no podremos escuchar a todas las voces porque se ha limitado enormemente la cantidad de diputados que podrán hacer uso de la palabra; increíblemente, porque vamos a tener el desafío de encontrar respuestas frente a la innumerable cantidad de problemas que tenemos, tanto en materia de seguridad, de narcotráfico y de violencia institucional. Es una lástima que no tengamos la posibilidad de ampliar la lista de oradores.
Hace varios meses, en el marco de la Comisión de Seguridad Interior, le pregunté a la señora ministra Frederic -y lamentablemente no pude obtener la respuesta porque estábamos iniciando la cuarentena, en el marco de la pandemia-, sobre las acciones del Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con la provincia de Santa Fe.
En ese momento me comentó que se estaba iniciando el tema de la cuarentena y que, pasadas las semanas, se volvería a poner el foco en la problemática de nuestra provincia en relación con el narcotráfico y la violencia.
Luego de casi cinco meses, me gustaría saber en qué se pudo trabajar y qué se pudo avanzar en esta temática que lleva ya, en nuestra provincia, más de doscientos muertos en lo que va del año, con casi tres meses de cuarentena en estos primeros casi ocho meses del 2020. Lamentablemente, la violencia no cesó.
¿Qué acciones implementaron para combatir al narcotráfico o para disminuir la cantidad de homicidios? ¿Cuántos efectivos de las fuerzas federales hay en la provincia de Santa Fe? Asimismo, quisiera saber si se está pensando en tener algún refuerzo de las fuerzas federales en nuestra provincia.
Por otro lado, si no cree necesario que se declare la emergencia en seguridad en nuestra provincia, teniendo en cuenta que Rosario y Santa Fe, que son las dos ciudades más importantes de nuestra provincia, están triplicando la cantidad de muertos cada cien mil habitantes de la media nacional.
También se están sucediendo situaciones en todo el país. Quiero saber si está de acuerdo con la afirmación de que, a pesar de la cuarentena, está avanzando enormemente la cantidad de delitos graves en nuestro país.
También le voy a consultar, a requerimiento de un señor diputado de la provincia de Buenos Aires, si nota el fuerte aumento de los secuestros que están sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que son materia de jurisdicción federal. Los secuestros que están dando en la provincia de Buenos Aires son muchísimos y están generando gran temor en la ciudadanía. No quiero hacer consideraciones políticas porque realmente tengo muchísimos temas.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señor diputado: ya terminó su tiempo para realizar la exposición.
SR. ANGELINI Termino en un minuto, señora presidenta.
Cambiando de tema, quiero avanzar en una cuestión que nos afecta muchísimo a nosotros como provincia, pero atañe a todo nuestro país, que es la cuestión del ecocidio que se está generando en el Delta.
¿Qué avance está habiendo en esta situación? ¿Se está trabajando de forma coordinada? ¿Hay investigaciones en curso? ¿Se están encontrando las causas que están generando este ecocidio, que afecta tanto a nuestro país?
Por otro lado, siendo de una provincia productora quiero señalar que me parece importante saber cuáles son las medidas que se están tomando -a partir de muchos casos que han sucedido en este tiempo- sobre los ataques a distintos sectores rurales, tales como los ocurridos a los silobolsas, el abigeato, los robos y los hurtos. ¿Qué avances existen en esas investigaciones?
Muchas gracias e insisto en expresar que lamento que no puedan hablar todos los diputados.
Cambiando de tema, quiero avanzar en una cuestión que nos afecta muchísimo a nosotros como provincia, pero atañe a todo nuestro país, que es la cuestión del ecocidio que se está generando en el Delta.
¿Qué avance está habiendo en esta situación? ¿Se está trabajando de forma coordinada? ¿Hay investigaciones en curso? ¿Se están encontrando las causas que están generando este ecocidio, que afecta tanto a nuestro país?
Por otro lado, siendo de una provincia productora quiero señalar que me parece importante saber cuáles son las medidas que se están tomando -a partir de muchos casos que han sucedido en este tiempo- sobre los ataques a distintos sectores rurales, tales como los ocurridos a los silobolsas, el abigeato, los robos y los hurtos. ¿Qué avances existen en esas investigaciones?
Muchas gracias e insisto en expresar que lamento que no puedan hablar todos los diputados.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra el diputado Grosso, y le pido al señor diputado Cacace que se prepare para su exposición.
SR. GROSSO Señora presidenta: quiero hacer dos consideraciones. Se ha presentado mucha discusión acerca de las formas, en el sentido de cuánto tiempo y quiénes van a hablar. Me parece que muchas veces eso es una estrategia para no discutir cuestiones de fondo.
Considero que tenemos la oportunidad, por primera vez después de muchísimos años, de debatir la violencia institucional en una reunión conjunta de la Comisión de Seguridad Interior y de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con la presencia de las autoridades nacionales más importantes en la materia, y tenemos que asumir esa responsabilidad. En este sentido, contamos con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, del secretario de Derechos Humanos y del conjunto de las fuerzas políticas que tienen representación en este Congreso preocupados, en buena hora, por la violencia institucional.
Considero que hay que poner un poco de seriedad en el tema porque es un problema histórico en la Argentina y todos y todas aquí lo conocemos, más allá de las discusiones políticas partidarias, las chicanas y las grietas que podamos construir, existe un problema estructural de violencia institucional en la Argentina. Yo lo estoy trabajando desde hace mucho tiempo, lo saben muchos diputados y diputadas de todos los partidos políticos que nos han acompañado con el planteo, allá por 2011, que nombraba el secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien también trabajaba en esto con la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
Cuando los diputados preopinantes nombraron los casos de los últimos días y de los últimos meses, que son terribles, recordé otros casos que antes quizás no se nombraban en el Congreso. Me refiero a Walter Bulacio, a Sebastián Bordón, a Ezequiel Demonty, a Luciano Arruga, a Mariano Ferreyra, la masacre de Carcova, a Lautaro Bugatto, y así lamentablemente podría estar toda la tarde nombrando casos que en su momento nos hubiera encantado que se nombren en el Congreso y que fuesen parte de la preocupación de todos los partidos políticos, pidiéndoles a todas las autoridades políticas de cada momento y de cada gobierno que vengan a dar explicaciones, pero esa no fue la historia y acá estamos.
Me parece que realmente tenemos que asumir el problema de la violencia institucional como una deuda de la democracia y tenemos que discutirlo con la seriedad que amerita. La violencia institucional es un problema muy complejo y multidimensional, que no solo tiene que ver con las estructuras de las fuerzas de seguridad, porque intervienen numerosos factores, tales como la Justicia, nosotros como sociedad y los medios de comunicación.
A partir del informe que realizó la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos pude ir desarmando numerosas cuestiones y me parece que tenemos que encararlas con esa seriedad.
Sin ánimo de hacer una chicana, quiero recalcar que las políticas de Estado tienen que tener continuidad. Cabe mencionar que hubo un intento de acuerdo de seguridad democrática en 2009 y, de hecho, casi todos los partidos políticos participaron con alguna representación para establecer una serie de propuestas, pero después -por distintos avatares de la realidad- eso no se llevó adelante.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, es la que lleva un registro de casos de violencia institucional, porque no existen este tipo de registros. Cito a la Correpi porque una diputada de la oposición trajo a colación su informe para la presentación de un proyecto ante esta comisión y también se la mencionó en relación con la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En dicha oportunidad, la Correpi dijo que en el gobierno anterior hubo una muerte cada diecinueve horas. Es decir que hubo 1.833 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en 1.435 días de gobierno. La cifra de muertes por violencia policial e institucional durante el gobierno de Macri fue la más alta desde 1983; el 26 por ciento de los casos registrados en la democracia.
Considero que tenemos la oportunidad, por primera vez después de muchísimos años, de debatir la violencia institucional en una reunión conjunta de la Comisión de Seguridad Interior y de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con la presencia de las autoridades nacionales más importantes en la materia, y tenemos que asumir esa responsabilidad. En este sentido, contamos con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, del secretario de Derechos Humanos y del conjunto de las fuerzas políticas que tienen representación en este Congreso preocupados, en buena hora, por la violencia institucional.
Considero que hay que poner un poco de seriedad en el tema porque es un problema histórico en la Argentina y todos y todas aquí lo conocemos, más allá de las discusiones políticas partidarias, las chicanas y las grietas que podamos construir, existe un problema estructural de violencia institucional en la Argentina. Yo lo estoy trabajando desde hace mucho tiempo, lo saben muchos diputados y diputadas de todos los partidos políticos que nos han acompañado con el planteo, allá por 2011, que nombraba el secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien también trabajaba en esto con la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
Cuando los diputados preopinantes nombraron los casos de los últimos días y de los últimos meses, que son terribles, recordé otros casos que antes quizás no se nombraban en el Congreso. Me refiero a Walter Bulacio, a Sebastián Bordón, a Ezequiel Demonty, a Luciano Arruga, a Mariano Ferreyra, la masacre de Carcova, a Lautaro Bugatto, y así lamentablemente podría estar toda la tarde nombrando casos que en su momento nos hubiera encantado que se nombren en el Congreso y que fuesen parte de la preocupación de todos los partidos políticos, pidiéndoles a todas las autoridades políticas de cada momento y de cada gobierno que vengan a dar explicaciones, pero esa no fue la historia y acá estamos.
Me parece que realmente tenemos que asumir el problema de la violencia institucional como una deuda de la democracia y tenemos que discutirlo con la seriedad que amerita. La violencia institucional es un problema muy complejo y multidimensional, que no solo tiene que ver con las estructuras de las fuerzas de seguridad, porque intervienen numerosos factores, tales como la Justicia, nosotros como sociedad y los medios de comunicación.
A partir del informe que realizó la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos pude ir desarmando numerosas cuestiones y me parece que tenemos que encararlas con esa seriedad.
Sin ánimo de hacer una chicana, quiero recalcar que las políticas de Estado tienen que tener continuidad. Cabe mencionar que hubo un intento de acuerdo de seguridad democrática en 2009 y, de hecho, casi todos los partidos políticos participaron con alguna representación para establecer una serie de propuestas, pero después -por distintos avatares de la realidad- eso no se llevó adelante.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, es la que lleva un registro de casos de violencia institucional, porque no existen este tipo de registros. Cito a la Correpi porque una diputada de la oposición trajo a colación su informe para la presentación de un proyecto ante esta comisión y también se la mencionó en relación con la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En dicha oportunidad, la Correpi dijo que en el gobierno anterior hubo una muerte cada diecinueve horas. Es decir que hubo 1.833 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en 1.435 días de gobierno. La cifra de muertes por violencia policial e institucional durante el gobierno de Macri fue la más alta desde 1983; el 26 por ciento de los casos registrados en la democracia.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señor diputado: su tiempo ha concluido.
SR. GROSSO Después tenemos el caso de Rafael Nahuel, fusilado por la espalda, y el de Santiago Maldonado.
No quiero traer esto para chicanear, pero lo cito para contrastar la reacción de los diputados que hoy son oposición y que ayer eran oficialismo. Yo fui parte de una movilización en la puerta del Congreso, en la que un perro de la Policía Federal me mordió después de que un policía me pegara. Dos o tres diputados de ese entonces oficialismo se solidarizaron conmigo; el resto, no lo hizo.
Escuché a diputados del anterior oficialismo y de la actual oposición decir que Santiago Maldonado se ahogó, quitándole todo tipo de responsabilidad a la represión comandada por las fuerzas de seguridad federal.
Pienso que de esta manera y con estas chicanas, si cambiamos nuestras posiciones cuando somos oficialismo y luego cuando somos oposición, no vamos a resolver nunca el problema de la violencia institucional.
Tenemos hoy una posibilidad histórica porque ahora coincidimos todas, todos y "todes" en que hay que resolver el problema de la violencia institucional. Tenemos una posibilidad histórica, porque tenemos a los funcionarios nacionales acá y porque todos y todas estamos de acuerdo en que hay que avanzar con una serie de iniciativas legislativas o reformas para que esto deje de pasar en la Argentina. Por supuesto que no lo vamos a resolver solo con una ley, pero vamos a dar un paso.
Ya termino, y perdónenme que me haya excedido. Cada uno de nosotros y nosotras nombran ejemplos, pero no hay un solo registro institucional en la Argentina de casos de violencia institucional. Es decir, no hay información completa.
Yo puedo traer acá el informe de la Correpi; después podrá venir otro con el informe de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional; luego otra diputada podrá traer el de la Procuración General y otro de la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad. Así podríamos estar discutiendo horas, pero no tenemos información; es imposible pensar política pública sin información ordenada.
También debemos pensar reglas claras -como el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en general y los principios de los organismos internacionales que en su momento trajo Nilda Garré a la hora de actuar en las movilizaciones-, y hacerlas ley. Tenemos que hacerlas ley para que, más allá de quién sea el ministro, la ministra o "le ministre" de Seguridad de la Nación en el futuro, se tenga que cumplir la ley.
Aquí es necesario el consenso de todos los partidos políticos, porque necesitamos construir un acuerdo de la democracia para que las fuerzas de seguridad no sigan violando los derechos humanos. Nuestro compromiso es de antes, durante y también hacia adelante, para que las fuerzas de seguridad no sigan violando los derechos humanos en la Argentina.
Estamos comprometidos en la búsqueda de Facundo y también en exigirle a la Justicia que actúe. De eso también se habló muy poco acá. ¿Qué está haciendo la Justicia al respecto? ¿Cómo puede ser que hace apenas un mes que la desaparición de Facundo es una causa federal? ¿Qué hicieron antes el fiscal y el juez o la jueza, no sé exactamente quiénes eran antes? ¿Qué hacen ahora la jueza y el fiscal? ¿Qué hizo este fiscal antes? ¿Por qué las familias que históricamente sufren violencia institucional sienten que la Justicia les da la espalda? ¿Por qué los policías instruyen las causas con las mismas fuerzas de seguridad que están inculpadas y tenemos que esperar que eso lo decida un juez?
Eso tiene que ser reglamentado, es decir, cómo entrenamos y formamos a nuestros policías. No es que solo hay que darles un curso sobre derechos humanos: debemos enseñarles una mirada integral. La perspectiva en la formación institucional de las fuerzas de seguridad tiene que estar basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Esto debe abarcar a los policías, las policías, las cárceles, los mecanismos de prevención de la tortura de los que hablaba el secretario Pietragalla Corti. La mitad de las muertes por violencia institucional suceden en las cárceles. O sea que se nos mueren en las manos, porque somos el Estado. Las cárceles son el Estado mismo.
Entonces, aprovechemos esta oportunidad...
No quiero traer esto para chicanear, pero lo cito para contrastar la reacción de los diputados que hoy son oposición y que ayer eran oficialismo. Yo fui parte de una movilización en la puerta del Congreso, en la que un perro de la Policía Federal me mordió después de que un policía me pegara. Dos o tres diputados de ese entonces oficialismo se solidarizaron conmigo; el resto, no lo hizo.
Escuché a diputados del anterior oficialismo y de la actual oposición decir que Santiago Maldonado se ahogó, quitándole todo tipo de responsabilidad a la represión comandada por las fuerzas de seguridad federal.
Pienso que de esta manera y con estas chicanas, si cambiamos nuestras posiciones cuando somos oficialismo y luego cuando somos oposición, no vamos a resolver nunca el problema de la violencia institucional.
Tenemos hoy una posibilidad histórica porque ahora coincidimos todas, todos y "todes" en que hay que resolver el problema de la violencia institucional. Tenemos una posibilidad histórica, porque tenemos a los funcionarios nacionales acá y porque todos y todas estamos de acuerdo en que hay que avanzar con una serie de iniciativas legislativas o reformas para que esto deje de pasar en la Argentina. Por supuesto que no lo vamos a resolver solo con una ley, pero vamos a dar un paso.
Ya termino, y perdónenme que me haya excedido. Cada uno de nosotros y nosotras nombran ejemplos, pero no hay un solo registro institucional en la Argentina de casos de violencia institucional. Es decir, no hay información completa.
Yo puedo traer acá el informe de la Correpi; después podrá venir otro con el informe de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional; luego otra diputada podrá traer el de la Procuración General y otro de la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad. Así podríamos estar discutiendo horas, pero no tenemos información; es imposible pensar política pública sin información ordenada.
También debemos pensar reglas claras -como el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en general y los principios de los organismos internacionales que en su momento trajo Nilda Garré a la hora de actuar en las movilizaciones-, y hacerlas ley. Tenemos que hacerlas ley para que, más allá de quién sea el ministro, la ministra o "le ministre" de Seguridad de la Nación en el futuro, se tenga que cumplir la ley.
Aquí es necesario el consenso de todos los partidos políticos, porque necesitamos construir un acuerdo de la democracia para que las fuerzas de seguridad no sigan violando los derechos humanos. Nuestro compromiso es de antes, durante y también hacia adelante, para que las fuerzas de seguridad no sigan violando los derechos humanos en la Argentina.
Estamos comprometidos en la búsqueda de Facundo y también en exigirle a la Justicia que actúe. De eso también se habló muy poco acá. ¿Qué está haciendo la Justicia al respecto? ¿Cómo puede ser que hace apenas un mes que la desaparición de Facundo es una causa federal? ¿Qué hicieron antes el fiscal y el juez o la jueza, no sé exactamente quiénes eran antes? ¿Qué hacen ahora la jueza y el fiscal? ¿Qué hizo este fiscal antes? ¿Por qué las familias que históricamente sufren violencia institucional sienten que la Justicia les da la espalda? ¿Por qué los policías instruyen las causas con las mismas fuerzas de seguridad que están inculpadas y tenemos que esperar que eso lo decida un juez?
Eso tiene que ser reglamentado, es decir, cómo entrenamos y formamos a nuestros policías. No es que solo hay que darles un curso sobre derechos humanos: debemos enseñarles una mirada integral. La perspectiva en la formación institucional de las fuerzas de seguridad tiene que estar basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Esto debe abarcar a los policías, las policías, las cárceles, los mecanismos de prevención de la tortura de los que hablaba el secretario Pietragalla Corti. La mitad de las muertes por violencia institucional suceden en las cárceles. O sea que se nos mueren en las manos, porque somos el Estado. Las cárceles son el Estado mismo.
Entonces, aprovechemos esta oportunidad...
SRA. DIPUTADA Perdón, el tiempo.
SR. GROSSO Tenemos un acuerdo. Avancemos en la necesidad de construir salidas políticas de acuerdo entre todos los partidos, y no utilicemos esto para hacer chicanas políticas berretas. Muchas gracias.
SR. CANO Señora presidenta: pido la palabra para una aclaración.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Si me disculpa un minuto, señor diputado Cano, antes de darle la palabra también yo quisiera hacer una aclaración.
Lo que quiero señalar es que no hay ninguna limitación en cuanto al uso de la palabra ni a la cantidad de oradores. Respecto del funcionamiento de este plenario, hicimos un acuerdo con el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, y entendí que los términos de dicho acuerdo habían sido trasladados también al vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Pero no hay ningún problema; me parece que la forma más sensata de hacerlo es esta.
La verdad es que quisiera preguntar al diputado Álvaro de Lamadrid si tenemos que rearmar ese acuerdo. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Podemos incorporar, además de los ocho oradores de cada uno de los bloques mayoritarios, más otros oradores de otros bloques -que no son ni de Juntos por el Cambio ni del Frente de "Todes"-, a quienes pidan la palabra en el transcurso de la reunión.
Como no me gustaría romper unilateralmente ese acuerdo inicial que hicimos con el diputado Álvaro de Lamadrid, quisiera preguntarle su opinión. Entonces, si me disculpa, señor diputado Cano, antes de darle la palabra para su aclaración, quiero hacerle esta consulta al diputado de Lamadrid.
Obviamente vamos a contar con la buena predisposición de nuestros funcionarios. Ellos también tienen otras tareas y responsabilidades que cumplir. No obstante, acordaron extender un tiempo más su participación en este plenario. Pero, reitero, no me gustaría resolver esto unilateralmente, sino con el diputado del bloque opositor, con quien acordé inicialmente.
Si el señor diputado Álvaro de Lamadrid me escucha y quiere dar su opinión sobre este tema, le cedo la palabra.
Lo que quiero señalar es que no hay ninguna limitación en cuanto al uso de la palabra ni a la cantidad de oradores. Respecto del funcionamiento de este plenario, hicimos un acuerdo con el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, y entendí que los términos de dicho acuerdo habían sido trasladados también al vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Pero no hay ningún problema; me parece que la forma más sensata de hacerlo es esta.
La verdad es que quisiera preguntar al diputado Álvaro de Lamadrid si tenemos que rearmar ese acuerdo. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Podemos incorporar, además de los ocho oradores de cada uno de los bloques mayoritarios, más otros oradores de otros bloques -que no son ni de Juntos por el Cambio ni del Frente de "Todes"-, a quienes pidan la palabra en el transcurso de la reunión.
Como no me gustaría romper unilateralmente ese acuerdo inicial que hicimos con el diputado Álvaro de Lamadrid, quisiera preguntarle su opinión. Entonces, si me disculpa, señor diputado Cano, antes de darle la palabra para su aclaración, quiero hacerle esta consulta al diputado de Lamadrid.
Obviamente vamos a contar con la buena predisposición de nuestros funcionarios. Ellos también tienen otras tareas y responsabilidades que cumplir. No obstante, acordaron extender un tiempo más su participación en este plenario. Pero, reitero, no me gustaría resolver esto unilateralmente, sino con el diputado del bloque opositor, con quien acordé inicialmente.
Si el señor diputado Álvaro de Lamadrid me escucha y quiere dar su opinión sobre este tema, le cedo la palabra.
SR. DE LAMADRID Señora presidenta: más allá de haber llegado a un acuerdo, le hemos manifestado que consideramos que tenían que hablar más diputados. Si bien acordamos este número, se trata de un plenario de dos comisiones. Nos parece que ese número originalmente acordado es razonable para una comisión; pero son dos las que están reunidas.
Entonces, le pido que tenga contemplación con quienes pidan la palabra y les permita hablar. Creo que el diputado Cano quiere hacer una observación y deberíamos permitir que la haga. Luego, podemos seguir rápidamente con la lista de oradores. Pero pido que no vayamos a las corridas, que permitamos a quien necesite plantear alguna cuestión, que lo haga, y que luego continuemos.
Entonces, le pido que tenga contemplación con quienes pidan la palabra y les permita hablar. Creo que el diputado Cano quiere hacer una observación y deberíamos permitir que la haga. Luego, podemos seguir rápidamente con la lista de oradores. Pero pido que no vayamos a las corridas, que permitamos a quien necesite plantear alguna cuestión, que lo haga, y que luego continuemos.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señor diputado de Lamadrid: enseguida le daré la palabra al diputado Cano. Pero si usted está de acuerdo, puede enviarme los nombres del resto de los diputados de su bloque que quieren hacer uso de la palabra y que no fueron incorporados en la lista de ocho oradores que inicialmente habíamos acordado.
¿Le parece bien esta propuesta? ¿Podemos tener este nuevo acuerdo?
¿Le parece bien esta propuesta? ¿Podemos tener este nuevo acuerdo?
SR. DE LAMADRID Perfecto.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchas gracias, diputado de Lamadrid.
Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Cano.
Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Cano.
SR. CANO Señora presidenta: lo que iba a plantear es que de ninguna manera nosotros vamos a desautorizar lo pactado o acordado con quien nos representa como autoridad de la comisión, el vicepresidente Álvaro de Lamadrid.
Mi acotación simplemente apunta -y esto no va para ningún diputado en particular sino para todos en general- a que cuando se acuerda una mecánica y un tiempo, si nosotros nos limitamos en el uso de la palabra y son pocos los diputados que pueden participar de la reunión, que seamos respetuosos de ese tiempo. Simplemente eso.
También quiero decir que la mecánica de trabajo adoptada en este plenario conjunto, donde los funcionarios leen un informe y no desarrollan una idea vinculada a las cuestiones que nos preocupan, a mi juicio no tiene mucho sentido. Directamente podrían enviar a nuestros correos electrónicos lo que han leído y, en todo caso, después podremos debatirlo.
Me parece que esa mecánica en esta reunión conjunta de dos comisiones no es la más conveniente ante un tema tan sensible. Además, todos tenemos una enorme responsabilidad en esta materia a nivel nacional y provincial. Me parece que hay que discutir esto mirando hacia adelante, para no caer en discusiones sobre lo que pasó.
Aquí todos debemos hacer un esfuerzo para mirar hacia adelante y ver de qué manera empezamos a transitar un camino que ponga en valor a las víctimas del delito y a los que día a día sufren la ausencia del Estado, que nos preocupan. De nada sirve que después los convoquemos para darles un resarcimiento económico o para acompañarlos con abogados, sino que todos debemos trabajar en la prevención.
Mi acotación simplemente apunta -y esto no va para ningún diputado en particular sino para todos en general- a que cuando se acuerda una mecánica y un tiempo, si nosotros nos limitamos en el uso de la palabra y son pocos los diputados que pueden participar de la reunión, que seamos respetuosos de ese tiempo. Simplemente eso.
También quiero decir que la mecánica de trabajo adoptada en este plenario conjunto, donde los funcionarios leen un informe y no desarrollan una idea vinculada a las cuestiones que nos preocupan, a mi juicio no tiene mucho sentido. Directamente podrían enviar a nuestros correos electrónicos lo que han leído y, en todo caso, después podremos debatirlo.
Me parece que esa mecánica en esta reunión conjunta de dos comisiones no es la más conveniente ante un tema tan sensible. Además, todos tenemos una enorme responsabilidad en esta materia a nivel nacional y provincial. Me parece que hay que discutir esto mirando hacia adelante, para no caer en discusiones sobre lo que pasó.
Aquí todos debemos hacer un esfuerzo para mirar hacia adelante y ver de qué manera empezamos a transitar un camino que ponga en valor a las víctimas del delito y a los que día a día sufren la ausencia del Estado, que nos preocupan. De nada sirve que después los convoquemos para darles un resarcimiento económico o para acompañarlos con abogados, sino que todos debemos trabajar en la prevención.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchas gracias, diputado Cano. Quiero aclarar que los funcionarios han venido a brindar un informe porque se trata de una reunión informativa. Pero si al final de la reunión surgen cosas que no se plantearon o que estuvieron fuera del interés de los diputados que participan de cualquiera de las comisiones, podrán volver a hacer uso de la palabra para contestar. Esa será la mecánica de funcionamiento de este plenario.
Daremos la palabra al señor diputado Cacace. Pido que también se vaya preparando el señor diputado Koenig.
Daremos la palabra al señor diputado Cacace. Pido que también se vaya preparando el señor diputado Koenig.
SR. CACACE Señor presidenta: en primer lugar, creo que estamos tratando un tema grave. La propia presentación del secretario de Derechos Humanos habla de que durante el aislamiento hubo 531 denuncias por violencia institucional, 25 muertes y una desaparición forzada. Creo que tenemos que discutir estas cosas.
No me parece serio que cuando se buscan explicaciones sobre lo que está aconteciendo se den respuestas apelando al pasado, al gobierno anterior, etcétera. Cada funcionario es responsable de su gestión. Entonces, aprovechemos que están aquí la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos para consultarles sobre la intervención de la que son responsables.
El 28 de mayo tuvimos una primera reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Allí, planteamos varios de los casos que relataba recién el diputado Salvador. Particularmente, pregunté por los casos de la provincia de San Luis, a la que represento, pero también tengo un listado de ocho casos de violencia institucional ocurridos en la provincia de La Pampa y de Córdoba. Me parece que tenemos que discutir estos casos y, en virtud de ello, quiero hacerle algunas preguntas a la señora ministra.
Al comienzo de la reunión, la ministra nos dio un informe a partir del pedido de informes a las provincias y repite algo que dijo en una entrevista del diario Perfil: "Lo que pasó en Chubut, San Luis, Tucumán, escapa a nuestras manos." Y luego dice: "Es de responsabilidad de los gobiernos provinciales."
Entiendo que son las fuerzas de seguridad provinciales las que han perpetrado estos hechos, pero no podemos dejar pasar por alto que somos un Estado federal que adherimos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como a la Convención Americana de Derechos Humanos y que ambos establecen que el gobierno federal es responsable de lo que sucede en las provincias, como un deber de garantía que tienen.
Entonces, permítame discrepar, señora ministra, esto no es algo que escapa a su órbita. Además, ustedes tienen relación con los gobiernos provinciales y debemos hacernos cargo de lo que está pasando como país.
Por esto, a partir de esta ley de violencia institucional, tengo mucho interés en saber.
Esta reunión surgió porque la diputada Banfi hizo un pedido de citación en la sesión del otro día y acordamos hacer esta invitación a los funcionarios y ojalá que podamos producir una ley a partir de esto.
Lo que queremos saber es cómo el gobierno federal va a cumplir con su responsabilidad de garantizar que las provincias cumplan con su cometido.
Me preocupó enormemente leer en la entrevista antes citada que la propia ministra dijo que la comunicación que realizó con los gobiernos de, al menos, Chubut, Sal Luis y Tucumán, no habían sido respondidos. Si los gobernadores no le responden a la propia ministra, estamos en una situación gravísima.
En definitiva, quiero saber acerca de eso y, sobre todo, pedir que no eludamos lo que es responsabilidad de esta gestión.
No me parece serio que cuando se buscan explicaciones sobre lo que está aconteciendo se den respuestas apelando al pasado, al gobierno anterior, etcétera. Cada funcionario es responsable de su gestión. Entonces, aprovechemos que están aquí la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos para consultarles sobre la intervención de la que son responsables.
El 28 de mayo tuvimos una primera reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Allí, planteamos varios de los casos que relataba recién el diputado Salvador. Particularmente, pregunté por los casos de la provincia de San Luis, a la que represento, pero también tengo un listado de ocho casos de violencia institucional ocurridos en la provincia de La Pampa y de Córdoba. Me parece que tenemos que discutir estos casos y, en virtud de ello, quiero hacerle algunas preguntas a la señora ministra.
Al comienzo de la reunión, la ministra nos dio un informe a partir del pedido de informes a las provincias y repite algo que dijo en una entrevista del diario Perfil: "Lo que pasó en Chubut, San Luis, Tucumán, escapa a nuestras manos." Y luego dice: "Es de responsabilidad de los gobiernos provinciales."
Entiendo que son las fuerzas de seguridad provinciales las que han perpetrado estos hechos, pero no podemos dejar pasar por alto que somos un Estado federal que adherimos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como a la Convención Americana de Derechos Humanos y que ambos establecen que el gobierno federal es responsable de lo que sucede en las provincias, como un deber de garantía que tienen.
Entonces, permítame discrepar, señora ministra, esto no es algo que escapa a su órbita. Además, ustedes tienen relación con los gobiernos provinciales y debemos hacernos cargo de lo que está pasando como país.
Por esto, a partir de esta ley de violencia institucional, tengo mucho interés en saber.
Esta reunión surgió porque la diputada Banfi hizo un pedido de citación en la sesión del otro día y acordamos hacer esta invitación a los funcionarios y ojalá que podamos producir una ley a partir de esto.
Lo que queremos saber es cómo el gobierno federal va a cumplir con su responsabilidad de garantizar que las provincias cumplan con su cometido.
Me preocupó enormemente leer en la entrevista antes citada que la propia ministra dijo que la comunicación que realizó con los gobiernos de, al menos, Chubut, Sal Luis y Tucumán, no habían sido respondidos. Si los gobernadores no le responden a la propia ministra, estamos en una situación gravísima.
En definitiva, quiero saber acerca de eso y, sobre todo, pedir que no eludamos lo que es responsabilidad de esta gestión.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchas gracias, diputado Cacace, ha cumplido su tiempo maravillosamente.
Tiene la palabra el señor diputado Koenig, y se prepara el diputado Petri.
Tiene la palabra el señor diputado Koenig, y se prepara el diputado Petri.
SR. KOENIG Señora presidenta: también voy a tratar de ser breve y honrar el tiempo corto que tenemos, así pueden participar todos los diputados y todas las diputadas.
Si nosotros queremos construir una política de Estado de derechos humanos, no podemos usarlos para hacer chicanas y pasar facturas políticas.
A todos nos preocupa el tema y celebro que haya muchos diputados y diputadas de la bancada de la oposición que ahora están preocupados por la cuestión de los derechos humanos. No lo digo como chicana, sino como un punto de encuentro.
Ese punto de encuentro, para todos los que militamos en la Argentina desde hace montones de años es a favor de los derechos humanos. Y muchas veces, sobre todo durante el terrorismo de Estado, fuimos fundamentalmente los que pusimos las víctimas.
Por eso creo que si todos tiramos para adelante podemos elaborar una agenda. Entonces, en lugar de utilizar estas instancias informativas para hacer jueguito para la tribuna, aprovechemos al secretario de Derechos Humanos que históricamente ha sido no solamente víctima de la violencia institucional, sino que ha tenido un enorme compromiso para frenar este flagelo que, como bien dijeron algunos de los diputados y diputadas preopinantes, es una de las grandes deudas de la democracia.
Coincido con que no alcanza, como decía mi compañero Leo, un curso de derechos humanos para las fuerzas de seguridad.
También veo el compromiso de la ministra de Seguridad para pensar desde un lugar distinto cuál tiene que ser el rol de las fuerzas policiales y las fuerzas que tienen en sus manos la prevención del delito.
Me parece que ahí hay un lugar desde donde, todos y todas, podemos construir una agenda que no sea una agenda de facturas, sino una agenda de compromiso del mejoramiento de los instrumentos legales para acabar con la violencia institucional y el mejoramiento de las fuerzas que son las que efectivamente, como dijo el secretario de Derechos Humanos, en muchas ocasiones cometen esas violencias institucionales que todos y todas repudiamos.
Si nosotros queremos construir una política de Estado de derechos humanos, no podemos usarlos para hacer chicanas y pasar facturas políticas.
A todos nos preocupa el tema y celebro que haya muchos diputados y diputadas de la bancada de la oposición que ahora están preocupados por la cuestión de los derechos humanos. No lo digo como chicana, sino como un punto de encuentro.
Ese punto de encuentro, para todos los que militamos en la Argentina desde hace montones de años es a favor de los derechos humanos. Y muchas veces, sobre todo durante el terrorismo de Estado, fuimos fundamentalmente los que pusimos las víctimas.
Por eso creo que si todos tiramos para adelante podemos elaborar una agenda. Entonces, en lugar de utilizar estas instancias informativas para hacer jueguito para la tribuna, aprovechemos al secretario de Derechos Humanos que históricamente ha sido no solamente víctima de la violencia institucional, sino que ha tenido un enorme compromiso para frenar este flagelo que, como bien dijeron algunos de los diputados y diputadas preopinantes, es una de las grandes deudas de la democracia.
Coincido con que no alcanza, como decía mi compañero Leo, un curso de derechos humanos para las fuerzas de seguridad.
También veo el compromiso de la ministra de Seguridad para pensar desde un lugar distinto cuál tiene que ser el rol de las fuerzas policiales y las fuerzas que tienen en sus manos la prevención del delito.
Me parece que ahí hay un lugar desde donde, todos y todas, podemos construir una agenda que no sea una agenda de facturas, sino una agenda de compromiso del mejoramiento de los instrumentos legales para acabar con la violencia institucional y el mejoramiento de las fuerzas que son las que efectivamente, como dijo el secretario de Derechos Humanos, en muchas ocasiones cometen esas violencias institucionales que todos y todas repudiamos.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Petri, y se prepara el diputado Ramiro Gutiérrez.
Tiene la palabra el señor diputado Petri, y se prepara el diputado Ramiro Gutiérrez.
SR. PETRI Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir que Santiago Maldonado, se ahogó. Así lo testifica el informe de 55 peritos. Esto es una realidad incuestionable.
En segundo lugar, más allá de que es una deuda de la democracia no contar con una ley contra la violencia institucional, fundamentalmente es una deuda de los que hoy gobiernan y que gobernaron 24 de los últimos 30 años.
Por otro lado, aun cuando nos intentan responsabilizar por los hechos de violencia institucional ocurridos en los últimos cuatro años, se olvidan que mayoritariamente las fuerzas de seguridad son fuerzas provincias. Y ustedes, en esos últimos cuatro años, gobernaron 19 de las 24 jurisdicciones.
Entonces, no se saquen rápidamente el sayo respecto de la responsabilidad en relación con la violencia institucional.
Por otro lado, quiero plantearle a la ministra Frederic algo que tiene que ver con los mensajes que se mandan y con las respuestas que dan las fuerzas de seguridad. Particularmente, con los mensajes que se dan tanto adentro como afuera del país.
Hace pocos días, el 3 de agosto, desde Washington, la ministra aseguró en una entrevista que en Argentina no son muchos los robos, lo que pasaba era que los medios de comunicación los hacían visibles.
Claro está, esto llevó a la desautorización del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que dijo que claramente había un aumento de los casos de inseguridad durante la pandemia.
Posteriormente, vino la rectificación de la ministra, que dijo que había habido un aumento del delito, pero sobre todo de la violencia.
Lo que quiero preguntar es cuál es la situación real del delito y la violencia en la República Argentina y si hay dos diagnósticos, uno para afuera y otro para adentro. Le pregunto cuál es la realidad delictual del país y si se pueden conocer las estadísticas delictuales de este año específicamente.
Quiero saber si, en definitiva, los delitos han disminuido o se han incrementado o si no es que han disminuido los delitos sino la violencia o si es que hay una sensación de inseguridad y una amplificación mediática, como lo dijo en el exterior.
También quiero saber si coincide, por ejemplo, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, que dice que estamos igual o peor que en 2001. Incluso Berni dice que es la primera vez en la historia que detenemos gente que tenía un historial limpio, porque son delitos de supervivencia los que se están cometiendo.
En ese sentido, quiero saber si la ministra coincide con estas afirmaciones y, si coincide, cómo se condice con el aumento de la violencia que usted informa cuando estamos hablando de delincuentes primarios. Con lo cual, estaríamos en presencia de una suerte de delincuentes primarios violentos.
Por otro lado, quiero hacer una reflexión previa al exdiputado Pietragalla Corti y actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta que algo ya había manifestado en esta comisión.
Me refiero fundamentalmente a los dichos que hiciera en una entrevista publicada en Tiempo Argentino donde sostuvo: "Venimos de un piso muy bajo, donde durante cuatro años la habilitación política de violar los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad fue muy fuerte." Estas son las palabras textuales del secretario de Derechos Humanos.
Además, reiteró algo que dijo aquí, que este es un gobierno que nunca va a recibir a alguien que mate por la espalda y que sí va a recibir a los familiares de la víctima.
Lo que le quiero decir al secretario de Derechos Humanos de la Nación es que la situación que se vive aquí, en la República Argentina, por los hechos de violencia institucional, no tienen que ver con la gestión anterior. No son los resabios de la gestión anterior los que están generando las desapariciones, las vejaciones y las muertes. Son ustedes los que mandan a reprimir y controlar las violaciones a la cuarentena, y estas son las consecuencias.
En segundo lugar, más allá de que es una deuda de la democracia no contar con una ley contra la violencia institucional, fundamentalmente es una deuda de los que hoy gobiernan y que gobernaron 24 de los últimos 30 años.
Por otro lado, aun cuando nos intentan responsabilizar por los hechos de violencia institucional ocurridos en los últimos cuatro años, se olvidan que mayoritariamente las fuerzas de seguridad son fuerzas provincias. Y ustedes, en esos últimos cuatro años, gobernaron 19 de las 24 jurisdicciones.
Entonces, no se saquen rápidamente el sayo respecto de la responsabilidad en relación con la violencia institucional.
Por otro lado, quiero plantearle a la ministra Frederic algo que tiene que ver con los mensajes que se mandan y con las respuestas que dan las fuerzas de seguridad. Particularmente, con los mensajes que se dan tanto adentro como afuera del país.
Hace pocos días, el 3 de agosto, desde Washington, la ministra aseguró en una entrevista que en Argentina no son muchos los robos, lo que pasaba era que los medios de comunicación los hacían visibles.
Claro está, esto llevó a la desautorización del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que dijo que claramente había un aumento de los casos de inseguridad durante la pandemia.
Posteriormente, vino la rectificación de la ministra, que dijo que había habido un aumento del delito, pero sobre todo de la violencia.
Lo que quiero preguntar es cuál es la situación real del delito y la violencia en la República Argentina y si hay dos diagnósticos, uno para afuera y otro para adentro. Le pregunto cuál es la realidad delictual del país y si se pueden conocer las estadísticas delictuales de este año específicamente.
Quiero saber si, en definitiva, los delitos han disminuido o se han incrementado o si no es que han disminuido los delitos sino la violencia o si es que hay una sensación de inseguridad y una amplificación mediática, como lo dijo en el exterior.
También quiero saber si coincide, por ejemplo, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, que dice que estamos igual o peor que en 2001. Incluso Berni dice que es la primera vez en la historia que detenemos gente que tenía un historial limpio, porque son delitos de supervivencia los que se están cometiendo.
En ese sentido, quiero saber si la ministra coincide con estas afirmaciones y, si coincide, cómo se condice con el aumento de la violencia que usted informa cuando estamos hablando de delincuentes primarios. Con lo cual, estaríamos en presencia de una suerte de delincuentes primarios violentos.
Por otro lado, quiero hacer una reflexión previa al exdiputado Pietragalla Corti y actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta que algo ya había manifestado en esta comisión.
Me refiero fundamentalmente a los dichos que hiciera en una entrevista publicada en Tiempo Argentino donde sostuvo: "Venimos de un piso muy bajo, donde durante cuatro años la habilitación política de violar los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad fue muy fuerte." Estas son las palabras textuales del secretario de Derechos Humanos.
Además, reiteró algo que dijo aquí, que este es un gobierno que nunca va a recibir a alguien que mate por la espalda y que sí va a recibir a los familiares de la víctima.
Lo que le quiero decir al secretario de Derechos Humanos de la Nación es que la situación que se vive aquí, en la República Argentina, por los hechos de violencia institucional, no tienen que ver con la gestión anterior. No son los resabios de la gestión anterior los que están generando las desapariciones, las vejaciones y las muertes. Son ustedes los que mandan a reprimir y controlar las violaciones a la cuarentena, y estas son las consecuencias.
SRA. PRESIDENTA PENNACA Señor diputado: se terminó su tiempo.
SR. PETRI Estoy terminando.
Y fíjese: usted lo acaba de confesar cuando dijo que los casos crecieron un 800 por ciento al pasar de 71 a 534. Guárdese esta placa para cuando le vuelvan a preguntar sobre los hechos de violencia. Esta placa explica por qué han aumentado los hechos de violencia: ha sido por la cuarentena.
No hace falta echarle la culpa al gobierno anterior. Ustedes son los que han escrito los decretos de necesidad y urgencia que establecen que la violación del aislamiento social preventivo y obligatorio es un delito penado por los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
Coincido con el constitucionalista Sabsay en que han creado un delito mediante un decreto de necesidad y urgencia presidencial, que además de ser inconstitucional viola lo expresamente dispuesto por el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional en materia penal.
Al hacerlo, señor presidente, han enviado dos mensajes muy claros. Uno de los destinatarios de ese mensaje es la ciudadanía, donde esperan que a partir de la amenaza de una sanción obedezcan el aislamiento, y aquí opera como disuasivo.
Pero el otro mensaje lo están enviando a las fuerzas de seguridad de todo el país, que han sido educadas y capacitadas toda su vida tras la lógica de que a los delitos se los repele y reprime. Ustedes, con estos decretos, han transformado en delitos hechos humanos y habituales de la vida y derechos y libertades consagradas en la Constitución. Estas son las consecuencias que hoy estamos viviendo.
Le hago tres preguntas cortas al secretario de Derechos Humanos. La primera es: usted responsabilizó a la gestión de Macri por la desaparición de Santiago Maldonado. Ahora, la pregunta es: ¿va a responsabilizar a la gestión de Axel Kicillof por la desaparición de Facundo Astudillo Castro? Si juzgamos todo con la misma vara, ¿no sería similar esa responsabilidad que usted señaló a la que le cabe al gobernador de la provincia de Buenos Aires?
El 7 de febrero de 2018 usted denunciaba penalmente al presidente de la Nación, Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y también a la ministra de seguridad de aquel entonces, Patricia Bullrich, por abusos y excesos policiales.
La pregunta es: ¿piensa denunciar a funcionarios políticos por la desaparición de Facundo? ¿A cuáles va a denunciar?
Como usted es secretario de Derechos Humanos, la última pregunta es: ¿qué acciones y qué denuncias realizó ante las severas restricciones a la libertad y a los derechos humanos con consagración constitucional durante estos 140 días donde se dictaron decretos de necesidad y urgencia que violan las garantías establecidas expresamente en la Constitución Nacional y que usted debe velar?
Y fíjese: usted lo acaba de confesar cuando dijo que los casos crecieron un 800 por ciento al pasar de 71 a 534. Guárdese esta placa para cuando le vuelvan a preguntar sobre los hechos de violencia. Esta placa explica por qué han aumentado los hechos de violencia: ha sido por la cuarentena.
No hace falta echarle la culpa al gobierno anterior. Ustedes son los que han escrito los decretos de necesidad y urgencia que establecen que la violación del aislamiento social preventivo y obligatorio es un delito penado por los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
Coincido con el constitucionalista Sabsay en que han creado un delito mediante un decreto de necesidad y urgencia presidencial, que además de ser inconstitucional viola lo expresamente dispuesto por el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional en materia penal.
Al hacerlo, señor presidente, han enviado dos mensajes muy claros. Uno de los destinatarios de ese mensaje es la ciudadanía, donde esperan que a partir de la amenaza de una sanción obedezcan el aislamiento, y aquí opera como disuasivo.
Pero el otro mensaje lo están enviando a las fuerzas de seguridad de todo el país, que han sido educadas y capacitadas toda su vida tras la lógica de que a los delitos se los repele y reprime. Ustedes, con estos decretos, han transformado en delitos hechos humanos y habituales de la vida y derechos y libertades consagradas en la Constitución. Estas son las consecuencias que hoy estamos viviendo.
Le hago tres preguntas cortas al secretario de Derechos Humanos. La primera es: usted responsabilizó a la gestión de Macri por la desaparición de Santiago Maldonado. Ahora, la pregunta es: ¿va a responsabilizar a la gestión de Axel Kicillof por la desaparición de Facundo Astudillo Castro? Si juzgamos todo con la misma vara, ¿no sería similar esa responsabilidad que usted señaló a la que le cabe al gobernador de la provincia de Buenos Aires?
El 7 de febrero de 2018 usted denunciaba penalmente al presidente de la Nación, Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y también a la ministra de seguridad de aquel entonces, Patricia Bullrich, por abusos y excesos policiales.
La pregunta es: ¿piensa denunciar a funcionarios políticos por la desaparición de Facundo? ¿A cuáles va a denunciar?
Como usted es secretario de Derechos Humanos, la última pregunta es: ¿qué acciones y qué denuncias realizó ante las severas restricciones a la libertad y a los derechos humanos con consagración constitucional durante estos 140 días donde se dictaron decretos de necesidad y urgencia que violan las garantías establecidas expresamente en la Constitución Nacional y que usted debe velar?
SRA. PRESIDENTA PENNACA Tiene la palabra el señor diputado Ramiro Gutiérrez.
SR. GUTIÉRREZ (R.) Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir que fue muy completo el informe de la señora ministra de Seguridad y de sus funcionarios. En verdad, lo siento como un camino de salida en el marco de la pandemia. Se trata de una acción de gestión de gobierno de su ministerio, que además nos permite conocer los principios fundamentales de una norma en gestación, ya que no es un paquete cerrado sobre el cual no podemos discutir.
En ese marco, quiero realizar cuatro sugerencias. Me gustaría que se analice la posibilidad de que la ley sea de orden público, con lo cual los principios rectores pueden ser adheridos por el resto de las provincias o trabajados en función de adecuación.
La segunda cuestión tiene que ver con una expresión a la cual todas las fuerzas de seguridad del mundo le temen: accountability. No es una palabra sino un sistema de trasparencia. Se trata de un sistema de control interno y externo, de supervisión, de control del controlador, de buenas prácticas y de normas anticorrupción. Es muy importante que hoy se haya hablado de accountability, de transparencia y que se esté pensando incorporar eso en el corazón de una norma y no en el último artículo de una legislación policial que luego no se cumple.
También es muy importante incorporar el principio de no militarización. Queremos policías; no soldados. Tiene que ser uno de los principios liminares que van a signar esta reforma.
Por otro lado, quiero decir que nos hemos ocupado respecto a uno de los temas centrales que explicó el subsecretario y también la ministra. Me refiero a la desaparición de Facundo. A través del diputado Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el marco de la Ley de Derecho de Acceso a la información Pública hemos presentado en el expediente todas las preguntas necesarias sobre esa causa para nuestro insumo legislativo.
La Justica es la que tiene que ocuparse de la reconstrucción del hecho, de las pruebas y es la única que puede informar incluso a los ministros y subsecretarios que hoy han hablado. También es la única que atesora la reconstrucción, la verdad y la justicia de lo que hoy está sucediendo.
Para aclararle al diputado preopinante, quiero decir que hemos consultado quiénes son las personas imputadas, y si hay alguna a la fecha. Después de tener ese dato certero informado por la Justicia haremos nuestras acciones legislativas y los demás análisis. Hasta el presente -según nuestro conocimiento- se trata de una investigación federal en curso donde todavía no hay personas imputadas.
Para finalizar, quiero decir que como hombre al que le interesa la seguridad siempre hay que mirar dos datos. Uno de ellos, es el de los prófugos y evadidos de la Justicia. El 7 de octubre de 2019 había 50.467 prófugos en la Argentina, según datos de la CONARC, que es el organismo que se ocupa de esta información respecto a prófugos y evadidos, lo que representa más del 50 por ciento de las personas detenidas.
Hoy, en medio de la pandemia, ese número está bajando y tenemos 39.971 prófugos. Es decir, el Estado está dando respuestas y está yendo a buscar a las personas que se sabía que incumplían con la legislación y las está poniendo nuevamente a disposición de los jueces que habían pedido su captura.
Por eso, creo que el Estado está trabajando. Tenemos una buena propuesta para analizar y para trabajar con todos los que estamos involucrados en lograr una mejor fuerza de seguridad.
En ese marco, quiero realizar cuatro sugerencias. Me gustaría que se analice la posibilidad de que la ley sea de orden público, con lo cual los principios rectores pueden ser adheridos por el resto de las provincias o trabajados en función de adecuación.
La segunda cuestión tiene que ver con una expresión a la cual todas las fuerzas de seguridad del mundo le temen: accountability. No es una palabra sino un sistema de trasparencia. Se trata de un sistema de control interno y externo, de supervisión, de control del controlador, de buenas prácticas y de normas anticorrupción. Es muy importante que hoy se haya hablado de accountability, de transparencia y que se esté pensando incorporar eso en el corazón de una norma y no en el último artículo de una legislación policial que luego no se cumple.
También es muy importante incorporar el principio de no militarización. Queremos policías; no soldados. Tiene que ser uno de los principios liminares que van a signar esta reforma.
Por otro lado, quiero decir que nos hemos ocupado respecto a uno de los temas centrales que explicó el subsecretario y también la ministra. Me refiero a la desaparición de Facundo. A través del diputado Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el marco de la Ley de Derecho de Acceso a la información Pública hemos presentado en el expediente todas las preguntas necesarias sobre esa causa para nuestro insumo legislativo.
La Justica es la que tiene que ocuparse de la reconstrucción del hecho, de las pruebas y es la única que puede informar incluso a los ministros y subsecretarios que hoy han hablado. También es la única que atesora la reconstrucción, la verdad y la justicia de lo que hoy está sucediendo.
Para aclararle al diputado preopinante, quiero decir que hemos consultado quiénes son las personas imputadas, y si hay alguna a la fecha. Después de tener ese dato certero informado por la Justicia haremos nuestras acciones legislativas y los demás análisis. Hasta el presente -según nuestro conocimiento- se trata de una investigación federal en curso donde todavía no hay personas imputadas.
Para finalizar, quiero decir que como hombre al que le interesa la seguridad siempre hay que mirar dos datos. Uno de ellos, es el de los prófugos y evadidos de la Justicia. El 7 de octubre de 2019 había 50.467 prófugos en la Argentina, según datos de la CONARC, que es el organismo que se ocupa de esta información respecto a prófugos y evadidos, lo que representa más del 50 por ciento de las personas detenidas.
Hoy, en medio de la pandemia, ese número está bajando y tenemos 39.971 prófugos. Es decir, el Estado está dando respuestas y está yendo a buscar a las personas que se sabía que incumplían con la legislación y las está poniendo nuevamente a disposición de los jueces que habían pedido su captura.
Por eso, creo que el Estado está trabajando. Tenemos una buena propuesta para analizar y para trabajar con todos los que estamos involucrados en lograr una mejor fuerza de seguridad.
SRA. PRESIDENTA PENNACA Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Realmente es un momento muy delicado y debe ser muy difícil para ustedes porque los números apabullan y asustan. A los ciudadanos nos aterra que tengamos este nivel de persecución policial en el marco de la cuarentena. La violencia institucional constituye un ataque a la democracia y en eso no puede haber grieta.
Como hay poco tiempo, paso directamente a las preguntas. La primera es para el señor Pietragalla Corti. En el caso de Luis Armando Espinoza, de Tucumán, la Secretaría se presentó como querellante. Realmente fue aterrador y nos conmovió mucho porque fue uno de los primeros casos donde se determinó la violencia institucional en esa provincia. Queremos saber cuáles fueron las acciones de la Secretaría.
Acerca de la desaparición forzada de Facundo, usted mencionó que la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional se puso en contacto con la familia. Se trata de una oficina que fue creada por la gestión anterior -nuestra gestión- como parte de las políticas públicas para desterrar la violencia institucional, así que me alegro que la usen.
Quiero preguntar si esta autoridad también habló con los ministerios de Seguridad de las provincias, si tienen acciones coordinadas y, principalmente, cuáles fueron los casos judiciales que se tienen que abrir en este sentido.
Usted mencionaba recién el derrotero que tuvo que llevar adelante la madre de Facundo Astudillo Castro durante un mes, cuando nadie le prestaba atención porque la carátula de la denuncia decía: "Averiguación de paradero". Por ese motivo, no se movía el expediente en la justicia local. Recién durante ese tiempo los abogados consiguieron que los organismos de derechos humanos lograran cambiar la carátula a "Desaparición forzada de persona".
La pregunta es cuál es el protocolo que ustedes utilizan y cómo debe activarse inmediatamente cuando hay una denuncia que menciona una relación directa o indirecta de las fuerzas de seguridad. Porque la madre, cuando hace esta denuncia, dice que la última vez que tuvo novedades de su hijo era cuando estaba en el retén con la Policía de Mayor Buratovich. Eso no me quedó claro, porque usted explicó que no intervino hasta el cambio de carátula, ya que antes estaba en manos de la provincia de Buenos Aires. Me llamó la atención es hecho. El gobernador Kicillof bajó de rango a la Secretaría de Derechos Humanos, que tenía nivel ministerial durante el gobierno de Vidal, a subsecretaría. Me llama la atención que no haya colaborado antes, cuando la realidad institucional de la provincia indica que estas denuncias no fueron atendidas como correspondía.
Voy a las preguntas para la ministra Frederic, también sobre el caso de Facundo. Berni le preguntó a la madre de Facundo qué era lo que ella quería que hiciera con la Policía Bonaerense. Le respondió que no le correspondía a ella decidir sobre eso sino que él tenía que cumplir con la justicia federal, es decir, apartar a la Policía Bonaerense. Ella declaró que sintió que Berni se había ido de Villarino sabiendo todo lo que había pasado con su hijo.
Mi pregunta, señora ministra, es si usted se comunicó con la madre. Y no me diga que el presidente se comunicó, porque eso ya lo sabemos. Quisiera saber si usted puso el Ministerio a disposición para colaborar con la investigación porque, en función de los tiempos que se toman en la causa, la madre está desesperada por encontrar con vida a su hijo, no solo en referencia a la participación de la Policía Federal, sino a los instrumentos tecnológicos y operativos que se han usado para el cruzamiento de pruebas. Hay una sonda que permite identificar objetos ocultos en una parcela donde detectaron que había movimiento de tierra al lado de la comisaría...
Realmente es un momento muy delicado y debe ser muy difícil para ustedes porque los números apabullan y asustan. A los ciudadanos nos aterra que tengamos este nivel de persecución policial en el marco de la cuarentena. La violencia institucional constituye un ataque a la democracia y en eso no puede haber grieta.
Como hay poco tiempo, paso directamente a las preguntas. La primera es para el señor Pietragalla Corti. En el caso de Luis Armando Espinoza, de Tucumán, la Secretaría se presentó como querellante. Realmente fue aterrador y nos conmovió mucho porque fue uno de los primeros casos donde se determinó la violencia institucional en esa provincia. Queremos saber cuáles fueron las acciones de la Secretaría.
Acerca de la desaparición forzada de Facundo, usted mencionó que la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional se puso en contacto con la familia. Se trata de una oficina que fue creada por la gestión anterior -nuestra gestión- como parte de las políticas públicas para desterrar la violencia institucional, así que me alegro que la usen.
Quiero preguntar si esta autoridad también habló con los ministerios de Seguridad de las provincias, si tienen acciones coordinadas y, principalmente, cuáles fueron los casos judiciales que se tienen que abrir en este sentido.
Usted mencionaba recién el derrotero que tuvo que llevar adelante la madre de Facundo Astudillo Castro durante un mes, cuando nadie le prestaba atención porque la carátula de la denuncia decía: "Averiguación de paradero". Por ese motivo, no se movía el expediente en la justicia local. Recién durante ese tiempo los abogados consiguieron que los organismos de derechos humanos lograran cambiar la carátula a "Desaparición forzada de persona".
La pregunta es cuál es el protocolo que ustedes utilizan y cómo debe activarse inmediatamente cuando hay una denuncia que menciona una relación directa o indirecta de las fuerzas de seguridad. Porque la madre, cuando hace esta denuncia, dice que la última vez que tuvo novedades de su hijo era cuando estaba en el retén con la Policía de Mayor Buratovich. Eso no me quedó claro, porque usted explicó que no intervino hasta el cambio de carátula, ya que antes estaba en manos de la provincia de Buenos Aires. Me llamó la atención es hecho. El gobernador Kicillof bajó de rango a la Secretaría de Derechos Humanos, que tenía nivel ministerial durante el gobierno de Vidal, a subsecretaría. Me llama la atención que no haya colaborado antes, cuando la realidad institucional de la provincia indica que estas denuncias no fueron atendidas como correspondía.
Voy a las preguntas para la ministra Frederic, también sobre el caso de Facundo. Berni le preguntó a la madre de Facundo qué era lo que ella quería que hiciera con la Policía Bonaerense. Le respondió que no le correspondía a ella decidir sobre eso sino que él tenía que cumplir con la justicia federal, es decir, apartar a la Policía Bonaerense. Ella declaró que sintió que Berni se había ido de Villarino sabiendo todo lo que había pasado con su hijo.
Mi pregunta, señora ministra, es si usted se comunicó con la madre. Y no me diga que el presidente se comunicó, porque eso ya lo sabemos. Quisiera saber si usted puso el Ministerio a disposición para colaborar con la investigación porque, en función de los tiempos que se toman en la causa, la madre está desesperada por encontrar con vida a su hijo, no solo en referencia a la participación de la Policía Federal, sino a los instrumentos tecnológicos y operativos que se han usado para el cruzamiento de pruebas. Hay una sonda que permite identificar objetos ocultos en una parcela donde detectaron que había movimiento de tierra al lado de la comisaría...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Se cumplió su tiempo, diputada.
SRA. BANFI Ya termino.
El único elemento que puede ayudar a detectar objetos ocultos lo tiene la Gendarmería de Salta. Esto iba a estar disponible para la investigación el lunes pasado. Hoy ya es viernes pero no tienen ninguna novedad. Dijeron que podían tardar un mes. ¿Esto es así?
Lo mismo se advierte en relación con el Departamento de Informática de la Policía Federal Argentina de Bahía Blanca, ya que no tiene suficiente tecnología para obtener resultados precisos sobre la telefonía de Facundo. Es importante que otras dependencias jurisdiccionales puedan colaborar con objetividad y celeridad para obtener resultados rápidamente.
Lo dijo la CIDH en la medida cautelar que expidió: corre peligro la vida de Facundo y tenemos los días contados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo el Estado, que tiene responsabilidad en la desaparición forzada de una persona, puede acelerar este caso? Según el artículo 8º de la ley de seguridad interior, usted es responsable de coordinar las acciones entre los cuerpos federales y las policías provinciales.
Entonces, ¿qué acciones ha tomado concretamente para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué protocolos lleva adelante con los ministerios provinciales para que no le echen la culpa a las provincias de que estas no trabajan coordinadamente?
Raúl Alfonsín decía: una policía sin control se convierte en una banda armada. No hemos escuchado a ningún gobernador repudiar los hechos de violencia institucional en sus provincias. No han hecho ningún comentario. Peor: hemos escuchado a algunos senadores dar justificaciones.
Esto es lo que está pasando ahora en democracia. Hoy hay madres que lloran a sus hijos porque este gobierno no los está pudiendo proteger. Es nuestra responsabilidad hacerlo.
El único elemento que puede ayudar a detectar objetos ocultos lo tiene la Gendarmería de Salta. Esto iba a estar disponible para la investigación el lunes pasado. Hoy ya es viernes pero no tienen ninguna novedad. Dijeron que podían tardar un mes. ¿Esto es así?
Lo mismo se advierte en relación con el Departamento de Informática de la Policía Federal Argentina de Bahía Blanca, ya que no tiene suficiente tecnología para obtener resultados precisos sobre la telefonía de Facundo. Es importante que otras dependencias jurisdiccionales puedan colaborar con objetividad y celeridad para obtener resultados rápidamente.
Lo dijo la CIDH en la medida cautelar que expidió: corre peligro la vida de Facundo y tenemos los días contados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo el Estado, que tiene responsabilidad en la desaparición forzada de una persona, puede acelerar este caso? Según el artículo 8º de la ley de seguridad interior, usted es responsable de coordinar las acciones entre los cuerpos federales y las policías provinciales.
Entonces, ¿qué acciones ha tomado concretamente para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué protocolos lleva adelante con los ministerios provinciales para que no le echen la culpa a las provincias de que estas no trabajan coordinadamente?
Raúl Alfonsín decía: una policía sin control se convierte en una banda armada. No hemos escuchado a ningún gobernador repudiar los hechos de violencia institucional en sus provincias. No han hecho ningún comentario. Peor: hemos escuchado a algunos senadores dar justificaciones.
Esto es lo que está pasando ahora en democracia. Hoy hay madres que lloran a sus hijos porque este gobierno no los está pudiendo proteger. Es nuestra responsabilidad hacerlo.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra la diputada Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Buenas tardes. Un saludo a los funcionarios y a todos los presentes.
Escuché atentamente el informe de la ministra. Quiero pedirle una precisión sobre un tema. Usted dijo, ministra, que entre las acciones que se habían realizado hubo peritajes sobre el teléfono de Facundo. Pido una precisión sobre esto porque llama la atención que se haga un peritaje sobre un teléfono que, entre las informaciones que han trascendido, no parece que estuviera en manos de la investigación. Si se hubiera encontrado el teléfono de Facundo probablemente estaríamos más cerca de encontrarlo a Facundo. Entonces, reitero, quisiera una precisión sobre esto.
Segunda cuestión. Me parece que es completamente inadecuado colocar en un informe sobre las acciones realizadas el hecho de que la familia de Facundo haya demorado la denuncia hasta el 5 de junio. Esto aparece como una especie de acusación, ya que efectivamente, en el período previo, la familia de Facundo -especialmente la madre- debió sortear un montón de acciones de desvío por parte de la propia Policía Bonaerense cada vez que fue a consultar, preguntar y averiguar sobre el paradero de Facundo. Eso me parece completamente inadecuado.
Pero se suman otros casos. Entre los casos que se han mencionado, quisiera hacer especial énfasis en el de Lucas Verón, de La Matanza, y en el caso del pasado 6 de agosto en Córdoba, de Valentino Blas Correa. Este último nos recuerda al caso de Monte, aquella persecución policial automovilística a jóvenes que terminaron acribillados. Otra vez el mismo tipo de actuación que se ha cobrado la vida de un joven y otra vez el intento de introducir acusaciones sobre las víctimas, algo que a esta altura no va más.
Pero quiero decir que ha habido un especial esfuerzo durante todo este tiempo que llevamos de reunión -dos horas y treinta y cinco minutos- de no mencionar a uno de los funcionarios responsables de esta situación, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien ha tenido una presencia protagónica al hablarle a la madre y decirle que iba a devolverle a su hijo con vida, mientras por otro lado protege y justifica el accionar de la Bonaerense.
Cuando se hace tanto hincapié de que hay que juzgar a los individuos y no al Estado, yo quiero decir que van a fracasar, porque el accionar de las fuerzas de seguridad no se puede escindir del Estado al que representan. Si el gobernador está tan preocupado sería bueno que empiece por desplazar a semejante ministro de Seguridad, que repite la doctrina Chocobar. Este mismo ministro le dice todos los días a la Policía Federal que actúe e intervenga con manos libres. Al mismo tiempo, ha prejuzgado sobre la no responsabilidad de la Policía y ha permitido que siguieran en sus cargos los responsables.
No han desplazado a nadie durante este tiempo para que no se pudiera identificar a los involucrados. Por tanto, efectivamente, no hay posibilidad de escindir ambas cosas.
En ese sentido, el énfasis puesto en el debate de este proyecto de ley sobre la violencia institucional frente a semejantes denuncias sobre lo que está pasando merece una respuesta y un enjuiciamiento no solo de los responsables materiales, sino de todos los responsables políticos. Hay que poner freno de inmediato a este accionar, ya que es un desvío frente a lo que está ocurriendo en la realidad.
Por último, si según el secretario de Derechos Humanos hay poca gente trabajando, el asunto es muy sencillo: reincorporen a todos los despedidos del macrismo. De ese modo probablemente vuelvan a tener el personal necesario para intervenir.
Escuché atentamente el informe de la ministra. Quiero pedirle una precisión sobre un tema. Usted dijo, ministra, que entre las acciones que se habían realizado hubo peritajes sobre el teléfono de Facundo. Pido una precisión sobre esto porque llama la atención que se haga un peritaje sobre un teléfono que, entre las informaciones que han trascendido, no parece que estuviera en manos de la investigación. Si se hubiera encontrado el teléfono de Facundo probablemente estaríamos más cerca de encontrarlo a Facundo. Entonces, reitero, quisiera una precisión sobre esto.
Segunda cuestión. Me parece que es completamente inadecuado colocar en un informe sobre las acciones realizadas el hecho de que la familia de Facundo haya demorado la denuncia hasta el 5 de junio. Esto aparece como una especie de acusación, ya que efectivamente, en el período previo, la familia de Facundo -especialmente la madre- debió sortear un montón de acciones de desvío por parte de la propia Policía Bonaerense cada vez que fue a consultar, preguntar y averiguar sobre el paradero de Facundo. Eso me parece completamente inadecuado.
Pero se suman otros casos. Entre los casos que se han mencionado, quisiera hacer especial énfasis en el de Lucas Verón, de La Matanza, y en el caso del pasado 6 de agosto en Córdoba, de Valentino Blas Correa. Este último nos recuerda al caso de Monte, aquella persecución policial automovilística a jóvenes que terminaron acribillados. Otra vez el mismo tipo de actuación que se ha cobrado la vida de un joven y otra vez el intento de introducir acusaciones sobre las víctimas, algo que a esta altura no va más.
Pero quiero decir que ha habido un especial esfuerzo durante todo este tiempo que llevamos de reunión -dos horas y treinta y cinco minutos- de no mencionar a uno de los funcionarios responsables de esta situación, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien ha tenido una presencia protagónica al hablarle a la madre y decirle que iba a devolverle a su hijo con vida, mientras por otro lado protege y justifica el accionar de la Bonaerense.
Cuando se hace tanto hincapié de que hay que juzgar a los individuos y no al Estado, yo quiero decir que van a fracasar, porque el accionar de las fuerzas de seguridad no se puede escindir del Estado al que representan. Si el gobernador está tan preocupado sería bueno que empiece por desplazar a semejante ministro de Seguridad, que repite la doctrina Chocobar. Este mismo ministro le dice todos los días a la Policía Federal que actúe e intervenga con manos libres. Al mismo tiempo, ha prejuzgado sobre la no responsabilidad de la Policía y ha permitido que siguieran en sus cargos los responsables.
No han desplazado a nadie durante este tiempo para que no se pudiera identificar a los involucrados. Por tanto, efectivamente, no hay posibilidad de escindir ambas cosas.
En ese sentido, el énfasis puesto en el debate de este proyecto de ley sobre la violencia institucional frente a semejantes denuncias sobre lo que está pasando merece una respuesta y un enjuiciamiento no solo de los responsables materiales, sino de todos los responsables políticos. Hay que poner freno de inmediato a este accionar, ya que es un desvío frente a lo que está ocurriendo en la realidad.
Por último, si según el secretario de Derechos Humanos hay poca gente trabajando, el asunto es muy sencillo: reincorporen a todos los despedidos del macrismo. De ese modo probablemente vuelvan a tener el personal necesario para intervenir.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra la diputada Brawer.
SRA. BRAWER Buenas tardes.
Los derechos humanos son el corazón de nuestra fuerza política. No puedo concebir nuestra trayectoria y nuestra historia, que es la de muchas diputadas y diputados que veo acá, sin la centralidad que tuvo en nuestras vidas y en nuestra ideología la lucha por los derechos humanos.
Nosotros, como otras fuerzas políticas, como la izquierda -entre otras- siempre estuvimos desde el primer día con las Madres pidiendo por la aparición con vida de los desaparecidos, y luego acompañándolas en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
También estuvimos exigiendo justicia por los asesinatos de Kosteki y Santillán del 20 y 21 de diciembre, por Santiago, por Rafael Nahuel y por muchos otros. Ahora bien, los que nunca nos acompañaron en esta lucha son los diputados del PRO.
Otra cosa que nos enorgullece es lo que ya dijeron nuestros funcionarios y el presidente. Nosotros somos coherentes. No vamos a ocultar ni a proteger a ningún funcionario ni a ninguna persona cercana a nuestra fuerza política que cometa un delito de estas características. Es lo que hizo claramente Néstor Kirchner en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra.
Ahora bien, a mí me asombra que los diputados de Juntos por el Cambio se quejen de que nuestra ministra y nuestro secretario hayan hablado una hora y media. Me hubiera encantado que Patricia Bullrich y Claudio Avruj hubieran venido a hablar de violencia institucional, de la muerte de Santiago Maldonado, de la muerte de Rafael Nahuel, del gas picante que le tiraron a la cara a Mayra Mendoza, de los centenares de periodistas heridos y reprimidos en las manifestaciones o de los miles de detenidos en las manifestaciones durante el gobierno de ustedes. Por eso agradezco a Sabina y a Horacio el informe que nos dieron.
Acá escuché hablar de violencia institucional, investigación, sanción, acompañamiento y apoyo a los familiares. La verdad es que nunca escuché a Patricia Bullrich hablar de eso; todo lo contrario. ¿Saben lo que dijo luego del asesinato de Rafael Nahuel? "Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos el carácter de verdad. Su versión es la verdad. No necesitamos prueba." ¿Y ustedes se rasgan las vestiduras porque dos funcionarios hablan durante una hora y media dando explicaciones? ¡Un poco de coherencia, por favor!
A las personas se las conoce más por lo que hacen que por lo que dicen. Entonces, si quieren tener coherencia en materia de derechos humanos les pido que nos pongamos a trabajar juntos por una buena ley de violencia institucional, para que la lucha contra esa violencia sea una política de Estado y que no volvamos a tener retrocesos en esta materia. Gracias.
Los derechos humanos son el corazón de nuestra fuerza política. No puedo concebir nuestra trayectoria y nuestra historia, que es la de muchas diputadas y diputados que veo acá, sin la centralidad que tuvo en nuestras vidas y en nuestra ideología la lucha por los derechos humanos.
Nosotros, como otras fuerzas políticas, como la izquierda -entre otras- siempre estuvimos desde el primer día con las Madres pidiendo por la aparición con vida de los desaparecidos, y luego acompañándolas en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
También estuvimos exigiendo justicia por los asesinatos de Kosteki y Santillán del 20 y 21 de diciembre, por Santiago, por Rafael Nahuel y por muchos otros. Ahora bien, los que nunca nos acompañaron en esta lucha son los diputados del PRO.
Otra cosa que nos enorgullece es lo que ya dijeron nuestros funcionarios y el presidente. Nosotros somos coherentes. No vamos a ocultar ni a proteger a ningún funcionario ni a ninguna persona cercana a nuestra fuerza política que cometa un delito de estas características. Es lo que hizo claramente Néstor Kirchner en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra.
Ahora bien, a mí me asombra que los diputados de Juntos por el Cambio se quejen de que nuestra ministra y nuestro secretario hayan hablado una hora y media. Me hubiera encantado que Patricia Bullrich y Claudio Avruj hubieran venido a hablar de violencia institucional, de la muerte de Santiago Maldonado, de la muerte de Rafael Nahuel, del gas picante que le tiraron a la cara a Mayra Mendoza, de los centenares de periodistas heridos y reprimidos en las manifestaciones o de los miles de detenidos en las manifestaciones durante el gobierno de ustedes. Por eso agradezco a Sabina y a Horacio el informe que nos dieron.
Acá escuché hablar de violencia institucional, investigación, sanción, acompañamiento y apoyo a los familiares. La verdad es que nunca escuché a Patricia Bullrich hablar de eso; todo lo contrario. ¿Saben lo que dijo luego del asesinato de Rafael Nahuel? "Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos el carácter de verdad. Su versión es la verdad. No necesitamos prueba." ¿Y ustedes se rasgan las vestiduras porque dos funcionarios hablan durante una hora y media dando explicaciones? ¡Un poco de coherencia, por favor!
A las personas se las conoce más por lo que hacen que por lo que dicen. Entonces, si quieren tener coherencia en materia de derechos humanos les pido que nos pongamos a trabajar juntos por una buena ley de violencia institucional, para que la lucha contra esa violencia sea una política de Estado y que no volvamos a tener retrocesos en esta materia. Gracias.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Wolff. Se prepara el diputado del Caño.
Tiene la palabra el diputado Wolff. Se prepara el diputado del Caño.
SR. WOLFF Gracias, diputada. Uso mi cronómetro aunque ya voy aprendiéndome el tiempo del stand up que tenemos los diputados en esta institucionalidad devaluada donde solo disponemos de tres minutos.
Agradezco a los funcionarios presentes. Después les voy a hacer llegar mis preguntas porque, de lo contrario, no tengo tiempo para hacer algunas consideraciones políticas.
Respecto a lo que dijo la diputada preopinante, le comento que recordamos muy bien lo de Kosteki y Santillán, así como el ministro Felipe Solá también lo debe recordar, y la izquierda no tiene las mismas concepciones respecto del ferroviario precarizado que murió durante el gobierno anterior al nuestro.
Pero al margen de eso quiero decirles que a nosotros nos van a ver comprometidos con la institucionalidad. Tengo diferencias con el secretario Pietragalla y con la ministra Frederic, pero no creo que ellos sean culpables de la desaparición de nadie.
Sin embargo, muchos de los que hoy dicen no usar chicanas son los que estaban con un cartel acusando a Patricia Bullrich de haber puesto en un freezer a Santiago Maldonado quien, como dijo el diputado Petri, la Justicia determinó que se ahogó. Creo que sí son responsables; no culpables. Por eso no estoy con ningún cartel y ninguno de nosotros va a estarlo.
Pero con las políticas que hoy están llevando a cabo son responsables, como dijo el diputado Petri, de que hayan aumentado un 500 por ciento los hechos de violencia. ¿Saben por qué? Porque cuando sale el ministro Berni con su moto en el puente Pueyrredón a cruzar a la ministra de Seguridad diciéndole que tiene que sacar las fuerzas federales les está dando un mensaje de que no se metan. Cuando sale el jefe de Gabinete de Ministros a contradecir a la ministra Frederic diciendo que hay más casos de inseguridad mientras ella sostiene que no, está mandando el mensaje de que las fuerzas de seguridad no saben qué hacer. Lo mismo ocurre cuando la ministra dice que bajaron los casos de seguridad y después sale a desdecirse, cuando liberan a 4.500 presos o cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, se hace amicus curiae para liberar a Jaime o al hijo de Báez, detenidos por cuestiones vinculadas a la corrupción.
Entonces, les pido que asuman la responsabilidad que tienen con los mensajes cruzados que les mandan a las fuerzas de seguridad porque eso hace que aumenten los casos de inseguridad, tal como lo confesó el secretario Pietragalla.
Por último -y voy a terminar justo a los tres minutos, diputada-, como también dijo el diputado Petri -quien casi me ha copiado lo que pensaba decir, es decir que tenemos una misma visión de lo que está ocurriendo-, se está dando un mensaje cuando el presidente de la Nación decreta en materia penal generando que las fuerzas de seguridad se vean con autoridad casi como en la época en que salían a cazar gente dentro de sus casas sin ejercer el derecho de defensa de los ciudadanos. Y se trata de un mensaje que sobreejercen las fuerzas de seguridad de las provincias.
Por eso tenemos casos sin reprimir por parte de los gobernantes de provincias como el Chaco, Tucumán o Santiago del Estero que permiten que sus fuerzas de seguridad literalmente salgan a cazar civiles. Gracias, presidenta.
Agradezco a los funcionarios presentes. Después les voy a hacer llegar mis preguntas porque, de lo contrario, no tengo tiempo para hacer algunas consideraciones políticas.
Respecto a lo que dijo la diputada preopinante, le comento que recordamos muy bien lo de Kosteki y Santillán, así como el ministro Felipe Solá también lo debe recordar, y la izquierda no tiene las mismas concepciones respecto del ferroviario precarizado que murió durante el gobierno anterior al nuestro.
Pero al margen de eso quiero decirles que a nosotros nos van a ver comprometidos con la institucionalidad. Tengo diferencias con el secretario Pietragalla y con la ministra Frederic, pero no creo que ellos sean culpables de la desaparición de nadie.
Sin embargo, muchos de los que hoy dicen no usar chicanas son los que estaban con un cartel acusando a Patricia Bullrich de haber puesto en un freezer a Santiago Maldonado quien, como dijo el diputado Petri, la Justicia determinó que se ahogó. Creo que sí son responsables; no culpables. Por eso no estoy con ningún cartel y ninguno de nosotros va a estarlo.
Pero con las políticas que hoy están llevando a cabo son responsables, como dijo el diputado Petri, de que hayan aumentado un 500 por ciento los hechos de violencia. ¿Saben por qué? Porque cuando sale el ministro Berni con su moto en el puente Pueyrredón a cruzar a la ministra de Seguridad diciéndole que tiene que sacar las fuerzas federales les está dando un mensaje de que no se metan. Cuando sale el jefe de Gabinete de Ministros a contradecir a la ministra Frederic diciendo que hay más casos de inseguridad mientras ella sostiene que no, está mandando el mensaje de que las fuerzas de seguridad no saben qué hacer. Lo mismo ocurre cuando la ministra dice que bajaron los casos de seguridad y después sale a desdecirse, cuando liberan a 4.500 presos o cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, se hace amicus curiae para liberar a Jaime o al hijo de Báez, detenidos por cuestiones vinculadas a la corrupción.
Entonces, les pido que asuman la responsabilidad que tienen con los mensajes cruzados que les mandan a las fuerzas de seguridad porque eso hace que aumenten los casos de inseguridad, tal como lo confesó el secretario Pietragalla.
Por último -y voy a terminar justo a los tres minutos, diputada-, como también dijo el diputado Petri -quien casi me ha copiado lo que pensaba decir, es decir que tenemos una misma visión de lo que está ocurriendo-, se está dando un mensaje cuando el presidente de la Nación decreta en materia penal generando que las fuerzas de seguridad se vean con autoridad casi como en la época en que salían a cazar gente dentro de sus casas sin ejercer el derecho de defensa de los ciudadanos. Y se trata de un mensaje que sobreejercen las fuerzas de seguridad de las provincias.
Por eso tenemos casos sin reprimir por parte de los gobernantes de provincias como el Chaco, Tucumán o Santiago del Estero que permiten que sus fuerzas de seguridad literalmente salgan a cazar civiles. Gracias, presidenta.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado del Caño. Después seguirá en el uso de la palabra la diputada Macha.
Tiene la palabra el diputado del Caño. Después seguirá en el uso de la palabra la diputada Macha.
SR. DEL CAÑO Gracias, presidenta. Buenas tardes a la ministra Sabina Frederic y a Horacio Pietragalla.
En primer lugar, quiero señalar la hipocresía del bloque Juntos por el Cambio en mostrarse ahora preocupados por la violencia institucional cuando, como mencionaron algunos diputados, según la Correpi, bajo su gobierno tuvieron el triste récord de asesinatos de gatillo fácil por parte de las policías y fuerzas de seguridad, para no hablar de los crímenes de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado o del encarcelamiento por una protesta social de Milagros Sala.
Me parece que esa hipocresía es la misma con la que ahora nos vienen a decir que están preocupados. Por supuesto, cuando Patricia Bullrich decía que no iba a tirar gendarmes por la ventana, recibieron a Chocobar y reivindicaron la ejecución sumaria por parte de la Policía.
Por otro lado, quiero decir que quienes hoy están en el gobierno y estaban también antes no son los que denunciaron el "Proyecto X" por el que la Gendarmería hacía espionaje. Los que estaban en el gobierno anterior también nombraron a Sergio Berni como secretario de Seguridad, quien nos reprimió doce veces en la Panamericana. Yo mismo recibí balazos de goma y la saqué barata porque algún trabajador casi sufrió la pérdida de un brazo.
La represión que hubo en aquel momento fue brutal. Siempre escuchamos a este funcionario, que ahora es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires -y luego me voy a referir al caso de Facundo Castro,- decir que está orgulloso de haber participado en 2.500 desalojos de movilizaciones, piquetes y de familias humildes que habían puesto sus casillas en pie como podían en distintos terrenos. Ese es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, creo que el gráfico que mostró el secretario Pietragalla sobre lo que estamos viviendo hoy fue claro y es lo que venimos diciendo: desde que empezó la cuarentena y el aislamiento el gobierno nacional empoderó a las fuerzas de seguridad porque les dio un papel primordial en una crisis sanitaria. Inclusive mandó al ejército a los barrios cuando en la Argentina existen múltiples organizaciones sociales, sindicales, movimientos de lucha de las mujeres, etcétera, que podrían organizar tareas vinculadas a garantizar alimentos en los barrios. Aun así, se decidió poner al ejército.
Entonces, ese empoderamiento es lo que trajo el aumento de las denuncias. Hubo casi setenta crímenes, según revelan organismos de derechos humanos. El Observatorio Social (inaudible) que recogió distintos datos, al igual que la Correpi, el CELS o la Comisión Provincial por la Memoria. Es esta política y este rol que le han dado a las fuerzas de seguridad lo que hoy trae estas consecuencias.
Por otro lado, en el caso de Facundo Astudillo Castro, lo que dice Cristina -su mamá-, la familia y los abogados defensores -que son querellantes de la familia de Facundo- es muy claro. Ellos están denunciando que hubo encubrimiento, que se actuó tarde. Y en estas situaciones sabemos que el tiempo da lugar a que se limpien las pruebas, en este caso, por parte de la bonaerense, que está denunciada por participar en la desaparición de Facundo. Esta situación es la que denuncia la familia, así como la complicidad de la Justicia y del poder político, en particular del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.
Digo esto porque nosotros planteamos recibir a la mamá de Facundo y no tuvimos respuesta. Yo soy secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y no tuvimos respuesta de su presidente, Hugo Yasky. Esa comisión no se reunió hasta el día de hoy desde la desaparición de Facundo Castro. De hecho, tuvimos solo una reunión en toda la cuarentena.
Entonces, ya que hay muchas denuncias, quisiera preguntarle a la señora ministra por qué no se apartó de la investigación a la delegación de la Policía Federal del lugar. Justamente, integrantes de esa fuerza ubicada en dicha localidad están sospechados de tener una actuación en línea con el encubrimiento que vienen denunciando en la causa...
En primer lugar, quiero señalar la hipocresía del bloque Juntos por el Cambio en mostrarse ahora preocupados por la violencia institucional cuando, como mencionaron algunos diputados, según la Correpi, bajo su gobierno tuvieron el triste récord de asesinatos de gatillo fácil por parte de las policías y fuerzas de seguridad, para no hablar de los crímenes de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado o del encarcelamiento por una protesta social de Milagros Sala.
Me parece que esa hipocresía es la misma con la que ahora nos vienen a decir que están preocupados. Por supuesto, cuando Patricia Bullrich decía que no iba a tirar gendarmes por la ventana, recibieron a Chocobar y reivindicaron la ejecución sumaria por parte de la Policía.
Por otro lado, quiero decir que quienes hoy están en el gobierno y estaban también antes no son los que denunciaron el "Proyecto X" por el que la Gendarmería hacía espionaje. Los que estaban en el gobierno anterior también nombraron a Sergio Berni como secretario de Seguridad, quien nos reprimió doce veces en la Panamericana. Yo mismo recibí balazos de goma y la saqué barata porque algún trabajador casi sufrió la pérdida de un brazo.
La represión que hubo en aquel momento fue brutal. Siempre escuchamos a este funcionario, que ahora es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires -y luego me voy a referir al caso de Facundo Castro,- decir que está orgulloso de haber participado en 2.500 desalojos de movilizaciones, piquetes y de familias humildes que habían puesto sus casillas en pie como podían en distintos terrenos. Ese es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, creo que el gráfico que mostró el secretario Pietragalla sobre lo que estamos viviendo hoy fue claro y es lo que venimos diciendo: desde que empezó la cuarentena y el aislamiento el gobierno nacional empoderó a las fuerzas de seguridad porque les dio un papel primordial en una crisis sanitaria. Inclusive mandó al ejército a los barrios cuando en la Argentina existen múltiples organizaciones sociales, sindicales, movimientos de lucha de las mujeres, etcétera, que podrían organizar tareas vinculadas a garantizar alimentos en los barrios. Aun así, se decidió poner al ejército.
Entonces, ese empoderamiento es lo que trajo el aumento de las denuncias. Hubo casi setenta crímenes, según revelan organismos de derechos humanos. El Observatorio Social (inaudible) que recogió distintos datos, al igual que la Correpi, el CELS o la Comisión Provincial por la Memoria. Es esta política y este rol que le han dado a las fuerzas de seguridad lo que hoy trae estas consecuencias.
Por otro lado, en el caso de Facundo Astudillo Castro, lo que dice Cristina -su mamá-, la familia y los abogados defensores -que son querellantes de la familia de Facundo- es muy claro. Ellos están denunciando que hubo encubrimiento, que se actuó tarde. Y en estas situaciones sabemos que el tiempo da lugar a que se limpien las pruebas, en este caso, por parte de la bonaerense, que está denunciada por participar en la desaparición de Facundo. Esta situación es la que denuncia la familia, así como la complicidad de la Justicia y del poder político, en particular del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.
Digo esto porque nosotros planteamos recibir a la mamá de Facundo y no tuvimos respuesta. Yo soy secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y no tuvimos respuesta de su presidente, Hugo Yasky. Esa comisión no se reunió hasta el día de hoy desde la desaparición de Facundo Castro. De hecho, tuvimos solo una reunión en toda la cuarentena.
Entonces, ya que hay muchas denuncias, quisiera preguntarle a la señora ministra por qué no se apartó de la investigación a la delegación de la Policía Federal del lugar. Justamente, integrantes de esa fuerza ubicada en dicha localidad están sospechados de tener una actuación en línea con el encubrimiento que vienen denunciando en la causa...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Se cumplió su tiempo, señor diputado Del Caño.
SR. DEL CAÑO Ya termino, señora presidenta.
Por otra parte, me quiero referir a la denuncia que han hecho sobre el caso de Santiago Maldonado. Puede suceder que esto quede limitado a la propia Gendarmería. Por eso considero que hay que avanzar no solo con Noceti sino también con Patricia Bullrich, quien ha sido la responsable política. Hubo un hecho muy concreto relacionado con un operativo dirigido por el Ministerio de Seguridad y creo que hay una responsabilidad muy clara. Me refiero a los gendarmes -que son cerca de un centenar- que estuvieron involucrados en aquel momento en la desaparición y muerte de Santiago y, sin embargo, siguen patrullando las calles.
La otra cuestión tiene que ver con una respuesta que nos brindó el señor jefe de Gabinete en relación con una consulta que le formulamos sobre las actividades de inteligencia ilegal a los mineros de la localidad de Andacollo, en la provincia del Neuquén. Hemos recibido una respuesta de que se abrió un sumario administrativo y que el personal del centro de reunión de información de Gendarmería fue pasado a disponibilidad. En tal sentido, quiero consultarle a la señora ministra si esto involucra a todo ese centro de reunión de información, de cuánto personal se compone y si ha habido algún resultado de esos sumarios dado el paso de un tiempo ya considerable respecto a los hechos denunciados.
Asimismo, quiero mencionar la causa de Sergio Maldonado -mi compañera Myriam Bregman es su abogada- en lo relativo al espionaje que realizaron sobre la familia. Quienes se preocupan ahora por los familiares de las víctimas de la violencia institucional ejercida a través de los crímenes de las fuerzas de seguridad, en aquel momento espiaban a la familia de Santiago Maldonado.
Por otra parte, me quiero referir a la denuncia que han hecho sobre el caso de Santiago Maldonado. Puede suceder que esto quede limitado a la propia Gendarmería. Por eso considero que hay que avanzar no solo con Noceti sino también con Patricia Bullrich, quien ha sido la responsable política. Hubo un hecho muy concreto relacionado con un operativo dirigido por el Ministerio de Seguridad y creo que hay una responsabilidad muy clara. Me refiero a los gendarmes -que son cerca de un centenar- que estuvieron involucrados en aquel momento en la desaparición y muerte de Santiago y, sin embargo, siguen patrullando las calles.
La otra cuestión tiene que ver con una respuesta que nos brindó el señor jefe de Gabinete en relación con una consulta que le formulamos sobre las actividades de inteligencia ilegal a los mineros de la localidad de Andacollo, en la provincia del Neuquén. Hemos recibido una respuesta de que se abrió un sumario administrativo y que el personal del centro de reunión de información de Gendarmería fue pasado a disponibilidad. En tal sentido, quiero consultarle a la señora ministra si esto involucra a todo ese centro de reunión de información, de cuánto personal se compone y si ha habido algún resultado de esos sumarios dado el paso de un tiempo ya considerable respecto a los hechos denunciados.
Asimismo, quiero mencionar la causa de Sergio Maldonado -mi compañera Myriam Bregman es su abogada- en lo relativo al espionaje que realizaron sobre la familia. Quienes se preocupan ahora por los familiares de las víctimas de la violencia institucional ejercida a través de los crímenes de las fuerzas de seguridad, en aquel momento espiaban a la familia de Santiago Maldonado.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra la señora diputada Macha. Luego, será el turno de la señora diputada Frade.
SRA. MACHA Señora presidenta: quiero retomar algunas cuestiones que plantearon diputados y diputadas de mi bloque. La violencia institucional es un problema y una situación que arrastramos en democracia. Como decía el señor diputado Grosso, es fundamental poder pensar en un modo distinto de capacitación de todas las fuerzas de seguridad de nuestro país, ya sean nacionales o provinciales. En ese caso, me parece que lo que marca la diferencia está vinculado a la impunidad. Concretamente, ha habido impunidad y se ha querido tapar las cosas que sucedieron, como fue el caso de Santiago Maldonado o en el de Rafael Nahuel.
Sin ir más lejos, pienso en los hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los siete pibes que murieron quemados en la comisaría de Pergamino o en los once chicos que fallecieron en la comisaría de Esteban Echeverría. ¿Alguien vio a Ritondo o a María Eugenia Vidal preocupados, yendo a ver a las familias y tratando de generar instancias para que hubiera justicia? En absoluto. Todas las instancias que se pudieron realizar fueron a partir de la movilización de las familias y por el acompañamiento de distintas organizaciones. Entonces, me parece que el punto fundamental está en esto. Las situaciones son irreparables y muy serias.
Entonces, me parece fundamental que el hoy bloque opositor de Juntos por el Cambio no utilice estas circunstancias tan dolorosas de un modo oportunista. La idea es que se puedan plantear con honestidad las situaciones que tenemos en la Argentina y que necesitamos cambiar.
Entiendo que tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner tuvieron elementos concretos y reales para poder terminar con la impunidad. Tuvimos un bache de cuatro años que significaron la aparición de la idea de la doctrina Chocobar. Es decir, el ex presidente Macri recibiendo a Chocobar en la Casa de Gobierno. Son símbolos y definiciones políticas muy fuertes que marcan, para las fuerzas de seguridad, un modo de hacer y de plantear qué es lo que está permitido.
Por ello, hoy retomamos un gobierno popular que, además, busca la justicia. Y esto se encuentra representado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, y por el señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Quiero remarcar esto porque ahí está el punto: cortar con la impunidad y poder generar otras instancias de formación y capacitación para las fuerzas de seguridad.
En esa línea, quisiera saber si la señora ministra nos puede informar acerca de la denuncia que hizo contra Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, y cuáles fueron las causas para llevar adelante esta acción.
Sin ir más lejos, pienso en los hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los siete pibes que murieron quemados en la comisaría de Pergamino o en los once chicos que fallecieron en la comisaría de Esteban Echeverría. ¿Alguien vio a Ritondo o a María Eugenia Vidal preocupados, yendo a ver a las familias y tratando de generar instancias para que hubiera justicia? En absoluto. Todas las instancias que se pudieron realizar fueron a partir de la movilización de las familias y por el acompañamiento de distintas organizaciones. Entonces, me parece que el punto fundamental está en esto. Las situaciones son irreparables y muy serias.
Entonces, me parece fundamental que el hoy bloque opositor de Juntos por el Cambio no utilice estas circunstancias tan dolorosas de un modo oportunista. La idea es que se puedan plantear con honestidad las situaciones que tenemos en la Argentina y que necesitamos cambiar.
Entiendo que tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner tuvieron elementos concretos y reales para poder terminar con la impunidad. Tuvimos un bache de cuatro años que significaron la aparición de la idea de la doctrina Chocobar. Es decir, el ex presidente Macri recibiendo a Chocobar en la Casa de Gobierno. Son símbolos y definiciones políticas muy fuertes que marcan, para las fuerzas de seguridad, un modo de hacer y de plantear qué es lo que está permitido.
Por ello, hoy retomamos un gobierno popular que, además, busca la justicia. Y esto se encuentra representado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, y por el señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Quiero remarcar esto porque ahí está el punto: cortar con la impunidad y poder generar otras instancias de formación y capacitación para las fuerzas de seguridad.
En esa línea, quisiera saber si la señora ministra nos puede informar acerca de la denuncia que hizo contra Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, y cuáles fueron las causas para llevar adelante esta acción.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra la señora diputada Frade. Luego, será el turno del señor diputado Germán Martínez.
SR. RITONDO Fui aludido, señora presidenta.
SRA. FRADE Señora presidenta: en primer lugar, saludo a la señora ministra de Seguridad de la Nación, al señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación y al resto de los integrantes de esta comisión.
He escuchado con mucha atención el informe de la señora ministra y me preguntaba cómo sería posible trasladar a la provincia de Buenos Aires, o a las provincias de los feudos del interior de nuestro país, esos postulados y protocolos -tan románticos por momentos- y con aspectos muy obvios que ya están normados. No es necesario plantear o escribir que las fuerzas de seguridad deben tratar educadamente y sin abuso a los ciudadanos argentinos.
Hay que tener cuenta que en la provincia de Buenos Aires el ministro de Seguridad acaba de decir: "Yo tuve que matar a un delincuente y nunca tuve ningún problema."
Nosotros pretendemos que no haya violencia institucional con un ministro de Seguridad que incluso hace apología de la muerte y no tiene ningún empacho en portar armas, violar competencias o irrumpir en procedimientos que hacen las fuerzas federales de la Nación.
En ese contexto, y en función de lo que han señalado los funcionarios invitados, voy a plantear preguntas concretas.
A continuación, voy a detallar tres episodios que se produjeron en el término de un mes y medio en un radio de cien kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires.
El primero de ellos tuvo lugar el día 20 de junio, cuando integrantes de la Comisaria 10ª de Ingeniero Bugde, que buscaban elementos robados de una escuela, allanaron e irrumpieron equivocadamente en una vivienda, donde se encontraba un matrimonio con sus tres hijos menores.
Los doce policías irrumpen en los veinte metros cuadrados, le disparan en la cara de uno de los hijos -Ignacio Seijas, de 17 años- y le vuelan el ojo, provocándole su pérdida, además de una parálisis facial.
El día 23 de julio desaparece en Ingeniero Budge -repito, desaparece-, en el partido de Lomas de Zamora, Franco Martínez González, de 21 años. En este momento, la familia está detrás de su paradero. Se ha interpuesto un hábeas corpus en la Fiscalía Número 16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. A partir del hábeas corpus se activan mecanismos, estructuras y oficinas del gobierno nacional, es decir, Fronteras, Migraciones y el Renaper. Nadie sabe nada de este joven de 21 años que desapareció aquel día.
Voy a insistir en un tercer caso que pertenece al partido de Quilmes. Históricamente, en esa localidad han desaparecido personas sin consecuencias. Es como si hubiera un hilo conductor que hace desaparecer personas y que siempre encuentra una pata en la Policía y otra en la política. Este caso no tiene que ver con un desaparecido pobre, como han venido planteando. Parece que, para el oficialismo, sin son pobres o militantes, las desapariciones tienen una connotación, y tienen otra distinta si cuentan con una determinada condición económica o no militan.
Con prescindencia de las razones o de la actividad de cada uno, el 13 de julio desaparece en el centro de Quilmes un abogado, Salvador Altamura, de quien tampoco se sabe nada. También hay un trámite judicial.
En función de estos tres casos concretos...
He escuchado con mucha atención el informe de la señora ministra y me preguntaba cómo sería posible trasladar a la provincia de Buenos Aires, o a las provincias de los feudos del interior de nuestro país, esos postulados y protocolos -tan románticos por momentos- y con aspectos muy obvios que ya están normados. No es necesario plantear o escribir que las fuerzas de seguridad deben tratar educadamente y sin abuso a los ciudadanos argentinos.
Hay que tener cuenta que en la provincia de Buenos Aires el ministro de Seguridad acaba de decir: "Yo tuve que matar a un delincuente y nunca tuve ningún problema."
Nosotros pretendemos que no haya violencia institucional con un ministro de Seguridad que incluso hace apología de la muerte y no tiene ningún empacho en portar armas, violar competencias o irrumpir en procedimientos que hacen las fuerzas federales de la Nación.
En ese contexto, y en función de lo que han señalado los funcionarios invitados, voy a plantear preguntas concretas.
A continuación, voy a detallar tres episodios que se produjeron en el término de un mes y medio en un radio de cien kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires.
El primero de ellos tuvo lugar el día 20 de junio, cuando integrantes de la Comisaria 10ª de Ingeniero Bugde, que buscaban elementos robados de una escuela, allanaron e irrumpieron equivocadamente en una vivienda, donde se encontraba un matrimonio con sus tres hijos menores.
Los doce policías irrumpen en los veinte metros cuadrados, le disparan en la cara de uno de los hijos -Ignacio Seijas, de 17 años- y le vuelan el ojo, provocándole su pérdida, además de una parálisis facial.
El día 23 de julio desaparece en Ingeniero Budge -repito, desaparece-, en el partido de Lomas de Zamora, Franco Martínez González, de 21 años. En este momento, la familia está detrás de su paradero. Se ha interpuesto un hábeas corpus en la Fiscalía Número 16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. A partir del hábeas corpus se activan mecanismos, estructuras y oficinas del gobierno nacional, es decir, Fronteras, Migraciones y el Renaper. Nadie sabe nada de este joven de 21 años que desapareció aquel día.
Voy a insistir en un tercer caso que pertenece al partido de Quilmes. Históricamente, en esa localidad han desaparecido personas sin consecuencias. Es como si hubiera un hilo conductor que hace desaparecer personas y que siempre encuentra una pata en la Policía y otra en la política. Este caso no tiene que ver con un desaparecido pobre, como han venido planteando. Parece que, para el oficialismo, sin son pobres o militantes, las desapariciones tienen una connotación, y tienen otra distinta si cuentan con una determinada condición económica o no militan.
Con prescindencia de las razones o de la actividad de cada uno, el 13 de julio desaparece en el centro de Quilmes un abogado, Salvador Altamura, de quien tampoco se sabe nada. También hay un trámite judicial.
En función de estos tres casos concretos...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Se termina su tiempo, señora diputada.
SRA. FRADE Voy a concluir cuando termine la idea.
Con respecto a estos tres casos, y en función de lo que plantearon recién -sobre todo el secretario, que manifiesta que están activos en las causas judiciales y que se han contactado con la familia, a la que han prestado apoyo; vemos que apelan al cumplimiento de la norma, más allá de haber liberado en abril a dos mil pesos en la provincia de Buenos Aires-, quisiera consultarles si, en este caso puntual, los funcionarios nacionales presentes también se han contactado con la familia, si han hecho este acompañamiento y han cumplido todos los protocolos que activaron con el caso Astudillo. Este caso lo hemos planteado nosotros en momentos en que aún no estaba instalado en los medios; aunque moleste lo que digo, es lo que también activa a los funcionarios.
Quisiera saber si conocen cómo están las causas judiciales o si, en estos casos, por alguna razón, no se han querido involucrar.
Por supuesto, a la ministra de Seguridad le quiero preguntar, concretamente, si cree que estos protocolos -que pone en funcionamiento y que son maravillosos- pueden tener algún correlato con el accionar del ministro de Seguridad de la provincia, que tiene un discurso absolutamente opuesto, lo que genera que las fuerzas de seguridad estén completamente desmadradas.
Muchísimas gracias a todos.
Con respecto a estos tres casos, y en función de lo que plantearon recién -sobre todo el secretario, que manifiesta que están activos en las causas judiciales y que se han contactado con la familia, a la que han prestado apoyo; vemos que apelan al cumplimiento de la norma, más allá de haber liberado en abril a dos mil pesos en la provincia de Buenos Aires-, quisiera consultarles si, en este caso puntual, los funcionarios nacionales presentes también se han contactado con la familia, si han hecho este acompañamiento y han cumplido todos los protocolos que activaron con el caso Astudillo. Este caso lo hemos planteado nosotros en momentos en que aún no estaba instalado en los medios; aunque moleste lo que digo, es lo que también activa a los funcionarios.
Quisiera saber si conocen cómo están las causas judiciales o si, en estos casos, por alguna razón, no se han querido involucrar.
Por supuesto, a la ministra de Seguridad le quiero preguntar, concretamente, si cree que estos protocolos -que pone en funcionamiento y que son maravillosos- pueden tener algún correlato con el accionar del ministro de Seguridad de la provincia, que tiene un discurso absolutamente opuesto, lo que genera que las fuerzas de seguridad estén completamente desmadradas.
Muchísimas gracias a todos.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra el diputado Ritondo, quien me solicita hacer una intervención.
SR. RITONDO No quiero polemizar, solo deseo responderle a la señora diputada Macha.
Quiero contarle que, efectivamente, junto con María Eugenia Vidal hemos recibido a los familiares de los muertos, tanto de Pergamino como de Esteban Echeverría. No lo hicimos ante las cámaras porque nos parecía que era volver a victimizar a las víctimas.
Quiero agregar, además, que también he recibido denuncias penales de parte del actual secretario de Derechos Humanos. Quiero aclarar entonces que siempre hemos recibido a las víctimas en la provincia de Buenos Aires y que he estado a su lado, junto a distintas organizaciones, siempre que me lo han solicitado.
Solo quería aclarar esto, sin ánimo de polemizar, ya que creo que el tema es serio y que, de acá en más, debemos discutir si la democracia puede saldar este tipo de deudas.
Quiero contarle que, efectivamente, junto con María Eugenia Vidal hemos recibido a los familiares de los muertos, tanto de Pergamino como de Esteban Echeverría. No lo hicimos ante las cámaras porque nos parecía que era volver a victimizar a las víctimas.
Quiero agregar, además, que también he recibido denuncias penales de parte del actual secretario de Derechos Humanos. Quiero aclarar entonces que siempre hemos recibido a las víctimas en la provincia de Buenos Aires y que he estado a su lado, junto a distintas organizaciones, siempre que me lo han solicitado.
Solo quería aclarar esto, sin ánimo de polemizar, ya que creo que el tema es serio y que, de acá en más, debemos discutir si la democracia puede saldar este tipo de deudas.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra el señor diputado Germán Martínez.
Luego continuará el diputado Enríquez, a quien le pido que se vaya preparando.
Luego continuará el diputado Enríquez, a quien le pido que se vaya preparando.
SR. MARTÍNEZ (G.) Agradezco la oportunidad de participar en este plenario de comisiones y, particularmente, la descripción pormenorizada que han hecho la ministra Frederic y el secretario Pietragalla sobre la problemática que estamos atravesando. Conocemos el compromiso histórico y cotidiano que tienen en la búsqueda de soluciones para esta temática.
Voy a hacer un breve paréntesis para agradecer a la ministra -veo al secretario Fuks, que la acompaña- por las tareas que están realizando las fuerzas nacionales federales en las proximidades de Rosario debido a los incendios producidos en las islas.
En general, lo que vivimos hoy aquí es la expresión de un cambio de rol que se da en el ámbito parlamentario. En general, como estas cuestiones incomodan, los distintos oficialismos de turno resisten los posibles embates que se dan por el posicionamiento de estas temáticas por parte de los espacios opositores. Sin embargo, acá tenemos a un oficialismo que -esto quedó en claro con la actitud de los funcionarios- visibiliza el problema, informa, propone y debate.
Me parece que esta es una novedad institucional, a la que se suma el hecho de que algunos planteos que hace la oposición -tengo la obligación de creer que se hacen de buena fe y con honestidad intelectual- son asumidos por el oficialismo, que los transforma en cursos de acción parlamentaria, lo que no ocurría en la política argentina, menos en el Parlamento.
Entonces, creo que tenemos que aprovechar el ámbito y que, realmente, estamos ante una oportunidad histórica. Hay mucho valor, al menos en la Cámara de Diputados, de parte de las generaciones de compañeros y compañeras, de diputados y diputadas que han tenido un compromiso histórico con estos temas en los setenta y los ochenta, en tiempos de recuperación de la democracia.
En los noventa estas cuestiones fueron absolutamente invisibilizadas en protestas a lo largo y ancho del país, durante el final del gobierno de De la Rúa y a lo largo de los últimos veinte años.
Acá hay un compromiso histórico. ¿Cómo no aprovecharlo? Me parece que se equivocan quienes quieren hacer un debate sobre la violencia institucional sin tener en cuenta esta línea histórica, sin encadenar los procesos históricos que nos traen hasta acá. Y esto no es discutir del pasado, sino discutir del futuro porque, en algún lugar, significa caracterizar por qué tenemos este problema hoy en la Argentina.
Me parece que estamos ante una enorme oportunidad, y creo que debemos buscar una solución legislativa -obviamente, no será una solución plena, sino que requerirá de un montón de implementaciones a nivel federal y provincial- de una magnitud proporcional al enorme problema que atravesamos.
Sinceramente, acá hay un oficialismo dispuesto a proponer, a debatir, a no ocultar y a informar. Creo que es una novedad y una oportunidad para avanzar.
En particular, aprovechando la presencia de la ministra, le quiero preguntar si observa en las autoridades presentes en el Consejo de Seguridad Interior una intensidad similar en las respuestas a los casos de violencia institucional. Sabemos que hay un compromiso de parte del Ministerio de Seguridad al respecto y, como ya el Consejo ha tenido dos reuniones, me gustaría tener una mirada amplia sobre este tema. Muchísimas gracias.
Voy a hacer un breve paréntesis para agradecer a la ministra -veo al secretario Fuks, que la acompaña- por las tareas que están realizando las fuerzas nacionales federales en las proximidades de Rosario debido a los incendios producidos en las islas.
En general, lo que vivimos hoy aquí es la expresión de un cambio de rol que se da en el ámbito parlamentario. En general, como estas cuestiones incomodan, los distintos oficialismos de turno resisten los posibles embates que se dan por el posicionamiento de estas temáticas por parte de los espacios opositores. Sin embargo, acá tenemos a un oficialismo que -esto quedó en claro con la actitud de los funcionarios- visibiliza el problema, informa, propone y debate.
Me parece que esta es una novedad institucional, a la que se suma el hecho de que algunos planteos que hace la oposición -tengo la obligación de creer que se hacen de buena fe y con honestidad intelectual- son asumidos por el oficialismo, que los transforma en cursos de acción parlamentaria, lo que no ocurría en la política argentina, menos en el Parlamento.
Entonces, creo que tenemos que aprovechar el ámbito y que, realmente, estamos ante una oportunidad histórica. Hay mucho valor, al menos en la Cámara de Diputados, de parte de las generaciones de compañeros y compañeras, de diputados y diputadas que han tenido un compromiso histórico con estos temas en los setenta y los ochenta, en tiempos de recuperación de la democracia.
En los noventa estas cuestiones fueron absolutamente invisibilizadas en protestas a lo largo y ancho del país, durante el final del gobierno de De la Rúa y a lo largo de los últimos veinte años.
Acá hay un compromiso histórico. ¿Cómo no aprovecharlo? Me parece que se equivocan quienes quieren hacer un debate sobre la violencia institucional sin tener en cuenta esta línea histórica, sin encadenar los procesos históricos que nos traen hasta acá. Y esto no es discutir del pasado, sino discutir del futuro porque, en algún lugar, significa caracterizar por qué tenemos este problema hoy en la Argentina.
Me parece que estamos ante una enorme oportunidad, y creo que debemos buscar una solución legislativa -obviamente, no será una solución plena, sino que requerirá de un montón de implementaciones a nivel federal y provincial- de una magnitud proporcional al enorme problema que atravesamos.
Sinceramente, acá hay un oficialismo dispuesto a proponer, a debatir, a no ocultar y a informar. Creo que es una novedad y una oportunidad para avanzar.
En particular, aprovechando la presencia de la ministra, le quiero preguntar si observa en las autoridades presentes en el Consejo de Seguridad Interior una intensidad similar en las respuestas a los casos de violencia institucional. Sabemos que hay un compromiso de parte del Ministerio de Seguridad al respecto y, como ya el Consejo ha tenido dos reuniones, me gustaría tener una mirada amplia sobre este tema. Muchísimas gracias.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra el señor diputado Enríquez.
Se prepara para seguir en el uso de la palabra la diputada Mounier.
Se prepara para seguir en el uso de la palabra la diputada Mounier.
SR. ENRÍQUEZ Muchísimas gracias, señora presidente. Por su intermedio, agradezco la presencia de la ministra Frederic y del secretario Pietragalla.
Lamentablemente, uno a veces debe contestar algunas cosas cuando preferiría no hacerlo.
Permanentemente hablaron de chicanas. Creo que esta tarde la palabra que más escuché fue "chicanas". Sin embargo, al mismo tiempo que nos dicen que hacemos chicanas, nos piden, como siempre, que acompañemos con políticas de Estado claras. Nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo porque somos una oposición constructiva, y por eso venimos a denunciar todos estos casos.
Los diputados que me precedieron en el uso de la palabra hablaron del caso Facundo Estudillo, que pareciera que es el único que le preocupa al gobierno, pero me gustaría también que hablemos de cómo atacaron a una familia de la comunidad qom en plena cuarentena.
La Policía, que estuvo siempre alineada con el mismo régimen político que el gobierno nacional actual -el peronismo-, dijo que eran unos indios infectados y que había que matarlos a todos.
Pero puedo mencionar otros casos. El de Espinoza es el caso típico de manual sobre la forma en que operan estas policías feudales.
Lamentablemente, uno a veces debe contestar algunas cosas cuando preferiría no hacerlo.
Permanentemente hablaron de chicanas. Creo que esta tarde la palabra que más escuché fue "chicanas". Sin embargo, al mismo tiempo que nos dicen que hacemos chicanas, nos piden, como siempre, que acompañemos con políticas de Estado claras. Nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo porque somos una oposición constructiva, y por eso venimos a denunciar todos estos casos.
Los diputados que me precedieron en el uso de la palabra hablaron del caso Facundo Estudillo, que pareciera que es el único que le preocupa al gobierno, pero me gustaría también que hablemos de cómo atacaron a una familia de la comunidad qom en plena cuarentena.
La Policía, que estuvo siempre alineada con el mismo régimen político que el gobierno nacional actual -el peronismo-, dijo que eran unos indios infectados y que había que matarlos a todos.
Pero puedo mencionar otros casos. El de Espinoza es el caso típico de manual sobre la forma en que operan estas policías feudales.
-Se interrumpe el audio.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señor diputado: tiene problemas de conexión; no se lo escucha.
SR. ENRÍQUEZ Apago la cámara para ver si se me escucha mejor.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Ahí se lo escucha bien. Si quiere, pruebe una vez más con la cámara. Lo ideal es que pueda hablar con la cámara prendida, pero recién no se le escuchaba nada. Si quiere, haga un intento más.
SR. ENRÍQUEZ Prefiero seguir así, para no distraer el tiempo de mis colegas que quieren hacer uso de la palabra, tanto de uno como de otro sector.
Hablamos también de otro caso que nos preocupa, el de un chico de 16 años, Franco Maranguello, quien aparece ahorcado en la cárcel, en San Luis -otro feudo del justicialismo-.
Hablamos también de Mauro Coronel, en Santiago del Estero.
Hablamos, también, por supuesto, de Luciano González.
Hablamos también de que la Gendarmería que se mete la villa, en el barrio 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace hacer salto de rana a gente que había cometido el pecado de sacar a pasear el perro en plena cuarentena. Pero, claro, todo esto es consecuencia del cercenamiento brutal de las libertades individuales que vienen haciendo desde que comenzó la pandemia, mejor dicho, desde que comenzó la cuarentena. No confundamos la pandemia con la cuarentena.
Y esto, ¿motivo de qué es? Motivo de que se ha dado un bill de indemnidad a las fuerzas policiales y se quieren desentender diciendo "Tiramos por este lado el tema Astudillo, donde la culpa la tiene la Justicia"; por el otro lado, son policías provinciales. Lo dijo muy bien la diputada Banfi: la ley de seguridad interior habla de una coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales en cada uno de los sectores.
Quiero hablar hacia el futuro, pero no puedo dejar de señalar que mucho se denuesta el período anterior -y, como dijo alguien, teléfono para el actual canciller Solá, por Kosteki y Santillán- pero tiraron una andanada de casos que realmente no ocurrieron durante nuestro gobierno sino en épocas pretéritas. ¡Háganse cargo, por Dios, háganse cargo!
La historia no tiene esa concepción "adanística", que no me canso de repetir. Pareciera que la historia comienza cuando ustedes llegan al gobierno y que todo lo que pasó antes no sucedió. Recuerden una cosa muy bien, ¿quién puso a la víctima como centro en el proceso? Nuestro gobierno, con la ley 27.372, sancionada en el año 2017. Esa ley no se respetó para las excarcelaciones masivas, que impulsó como amicus curiae el secretario Pietragalla. En realidad, más que como amicus curiae -amigo del tribunal-, yo diría "amicus delincuenti", cuando impetró la liberación tanto de Jaime como de otros que se encontraban en la misma situación: creo que también fue el caso de Lázaro Báez o del hijo de Lázaro Báez.
Esa no es función de un ministro de Derechos Humanos. Un ministro de Derechos Humanos tiene que estar con las víctimas. Así lo estableció la ley que fue sancionada durante nuestro gobierno.
A mayor abundamiento, cuando hablan de los temas de la exministra Patricia Bullrich, les recuerdo que ese protocolo que ella implementó encuentra su anclaje nada más y nada menos que en la Constitución más progresista que tiene la Argentina, que es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese protocolo se determina lo mismo que establecimos nosotros en la Constitución local. Aunque no me gusta leer, voy a hacerlo. A propósito de esto, voy a hacer una mención...
Hablamos también de otro caso que nos preocupa, el de un chico de 16 años, Franco Maranguello, quien aparece ahorcado en la cárcel, en San Luis -otro feudo del justicialismo-.
Hablamos también de Mauro Coronel, en Santiago del Estero.
Hablamos, también, por supuesto, de Luciano González.
Hablamos también de que la Gendarmería que se mete la villa, en el barrio 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace hacer salto de rana a gente que había cometido el pecado de sacar a pasear el perro en plena cuarentena. Pero, claro, todo esto es consecuencia del cercenamiento brutal de las libertades individuales que vienen haciendo desde que comenzó la pandemia, mejor dicho, desde que comenzó la cuarentena. No confundamos la pandemia con la cuarentena.
Y esto, ¿motivo de qué es? Motivo de que se ha dado un bill de indemnidad a las fuerzas policiales y se quieren desentender diciendo "Tiramos por este lado el tema Astudillo, donde la culpa la tiene la Justicia"; por el otro lado, son policías provinciales. Lo dijo muy bien la diputada Banfi: la ley de seguridad interior habla de una coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales en cada uno de los sectores.
Quiero hablar hacia el futuro, pero no puedo dejar de señalar que mucho se denuesta el período anterior -y, como dijo alguien, teléfono para el actual canciller Solá, por Kosteki y Santillán- pero tiraron una andanada de casos que realmente no ocurrieron durante nuestro gobierno sino en épocas pretéritas. ¡Háganse cargo, por Dios, háganse cargo!
La historia no tiene esa concepción "adanística", que no me canso de repetir. Pareciera que la historia comienza cuando ustedes llegan al gobierno y que todo lo que pasó antes no sucedió. Recuerden una cosa muy bien, ¿quién puso a la víctima como centro en el proceso? Nuestro gobierno, con la ley 27.372, sancionada en el año 2017. Esa ley no se respetó para las excarcelaciones masivas, que impulsó como amicus curiae el secretario Pietragalla. En realidad, más que como amicus curiae -amigo del tribunal-, yo diría "amicus delincuenti", cuando impetró la liberación tanto de Jaime como de otros que se encontraban en la misma situación: creo que también fue el caso de Lázaro Báez o del hijo de Lázaro Báez.
Esa no es función de un ministro de Derechos Humanos. Un ministro de Derechos Humanos tiene que estar con las víctimas. Así lo estableció la ley que fue sancionada durante nuestro gobierno.
A mayor abundamiento, cuando hablan de los temas de la exministra Patricia Bullrich, les recuerdo que ese protocolo que ella implementó encuentra su anclaje nada más y nada menos que en la Constitución más progresista que tiene la Argentina, que es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese protocolo se determina lo mismo que establecimos nosotros en la Constitución local. Aunque no me gusta leer, voy a hacerlo. A propósito de esto, voy a hacer una mención...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señor diputado, le aviso que se terminó su tiempo.
SR. ENRÍQUEZ Ya termino. Dice así: "El comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas." Discúlpeme que haya leído, es la primera vez que lo hago. Los funcionarios critican mucho que los nuestros no venían, pero al menos mandaban informes. Hubiera sido mejor que ustedes mandaran un informe y no que hicieran este -para mí- sainete de venir a leer un informe, cuando pensábamos que iban a decir algo más que simplemente el verbo escrito.
La próxima vez, ahórrense el trámite de venir, manden directamente el informe y nosotros hacemos las preguntas por escrito, porque, total, las preguntas que hagamos no las van a contestar.
La próxima vez, ahórrense el trámite de venir, manden directamente el informe y nosotros hacemos las preguntas por escrito, porque, total, las preguntas que hagamos no las van a contestar.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Igual le hago una aclaración, señor diputado. Los funcionarios vienen convocados por el cuerpo, no es una decisión que se pueda resolver unilateralmente a partir de la opinión de un diputado.
Tiene la palabra la diputada Mounier.
Tiene la palabra la diputada Mounier.
SRA. MOUNIER Señora presidenta: en principio, agradezco la presencia de la ministra Frederic y del compañero Horacio Pietragalla.
Si hubo una política clara de vulneración de los derechos humanos fue sin dudas la del gobierno anterior. Como legisladora, proveniente además del movimiento obrero y de tantos años de marchas, movilizaciones y reclamos por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, vi claramente que en el gobierno anterior hubo una profunda criminalización de la protesta social, que empezó ya en diciembre de 2015, cuando el propio Horacio Pietragalla y la compañera Mayra Mendoza fueron víctimas de esa represión.
Esa política siguió con los docentes y las docentes, cuando se pretendió movilizarnos e instalar la escuela itinerante. Allí hubo represión. Asimismo, cada una de las movilizaciones y protestas sindicales fue cuestionada, avasallada, criminalizada y reprimida por el gobierno anterior, además de la persecución y el espionaje que sufrieron muchos de los dirigentes y "dirigentas" gremiales. El caso del compañero Roberto Baradel fue un ejemplo claro de eso, fue una persecución sistemática durante los cuatro años de gobierno del macrismo.
Si los juicios de lesa humanidad continuaron fue también por la lucha de los gremios que pedimos permanentemente que se sostuviera esa actividad y esa acción, y lo hemos acompañado. Los propios organismos de derechos humanos no fueron recibidos, lo dijeron claramente nuestras madres y nuestras abuelas, fueron absolutamente ignorados.
También vimos el propio desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Casualmente, el año pasado, con motivo de un encuentro de derechos humanos que hicimos en la ex ESMA, recorríamos con Horacio el predio y veíamos el desmantelamiento edilicio que hubo de la secretaría, incluso del propio personal, que fue derivado a otros sectores. Así no funciona una secretaría. Ese es el trabajo que también se le ha dado a Horacio desde que ha asumido: tener que reconstruir una secretaría que fue absolutamente desmantelada.
Creo que está clara la intención del gobierno de Cambiemos en cuanto a esa criminalización de la protesta social, que continúa incluso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó en el acto de homenaje a Santiago Maldonado la semana pasada? ¿Qué hizo el gobierno de Larreta en ese sentido? Volvieron a reprimir una protesta y un reclamo absolutamente legítimos, porque seguimos pidiendo justicia por Santiago Maldonado.
Los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones sociales y gremiales y toda nuestra fuerza política seguimos reclamando justicia por todos los casos que hemos planteado. Pero también queremos poder reclamar, poder movilizarnos y poder expresar nuestros reclamos en absoluta libertad.
Así es como pretendemos hacerlo con nuestro gobierno, que obviamente está complicado en medio de la pandemia...
Si hubo una política clara de vulneración de los derechos humanos fue sin dudas la del gobierno anterior. Como legisladora, proveniente además del movimiento obrero y de tantos años de marchas, movilizaciones y reclamos por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, vi claramente que en el gobierno anterior hubo una profunda criminalización de la protesta social, que empezó ya en diciembre de 2015, cuando el propio Horacio Pietragalla y la compañera Mayra Mendoza fueron víctimas de esa represión.
Esa política siguió con los docentes y las docentes, cuando se pretendió movilizarnos e instalar la escuela itinerante. Allí hubo represión. Asimismo, cada una de las movilizaciones y protestas sindicales fue cuestionada, avasallada, criminalizada y reprimida por el gobierno anterior, además de la persecución y el espionaje que sufrieron muchos de los dirigentes y "dirigentas" gremiales. El caso del compañero Roberto Baradel fue un ejemplo claro de eso, fue una persecución sistemática durante los cuatro años de gobierno del macrismo.
Si los juicios de lesa humanidad continuaron fue también por la lucha de los gremios que pedimos permanentemente que se sostuviera esa actividad y esa acción, y lo hemos acompañado. Los propios organismos de derechos humanos no fueron recibidos, lo dijeron claramente nuestras madres y nuestras abuelas, fueron absolutamente ignorados.
También vimos el propio desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Casualmente, el año pasado, con motivo de un encuentro de derechos humanos que hicimos en la ex ESMA, recorríamos con Horacio el predio y veíamos el desmantelamiento edilicio que hubo de la secretaría, incluso del propio personal, que fue derivado a otros sectores. Así no funciona una secretaría. Ese es el trabajo que también se le ha dado a Horacio desde que ha asumido: tener que reconstruir una secretaría que fue absolutamente desmantelada.
Creo que está clara la intención del gobierno de Cambiemos en cuanto a esa criminalización de la protesta social, que continúa incluso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó en el acto de homenaje a Santiago Maldonado la semana pasada? ¿Qué hizo el gobierno de Larreta en ese sentido? Volvieron a reprimir una protesta y un reclamo absolutamente legítimos, porque seguimos pidiendo justicia por Santiago Maldonado.
Los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones sociales y gremiales y toda nuestra fuerza política seguimos reclamando justicia por todos los casos que hemos planteado. Pero también queremos poder reclamar, poder movilizarnos y poder expresar nuestros reclamos en absoluta libertad.
Así es como pretendemos hacerlo con nuestro gobierno, que obviamente está complicado en medio de la pandemia...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señora diputada: se cumplió su tiempo.
SRA. MOUNIER Reprimen el homenaje a Santiago Maldonado pero no han reprimido -ni siquiera han cuestionado- las convocatorias que han hecho los que comúnmente llamamos "anticuarentena". Ahí no ha habido ningún tipo de reclamo ni de cuestionamiento.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra -le pido disculpas porque no le avisé con anterioridad- el señor diputado Quetglas. Sigue en el orden la señora diputada Cecilia Moreau.
SR. QUETGLAS Señora presidenta: gracias a los funcionarios que han venido a la Cámara.
Quisiera centrar mis tres minutos en una cuestión. Se está hablando de la construcción colectiva por parte del cuerpo de una legislación contra la violencia institucional en un diálogo que pretendemos que sea fecundo. La señora ministra ha empezado su presentación con una especie de definición de la violencia institucional, remarcando la idea de acciones indebidas, descontextualizadas, uso innecesario o excesivo de la fuerza, etcétera.
Claramente, estamos hablando de un estándar, un estándar en términos de calidad del procedimiento. Esto es, cuando las fuerzas efectivamente desarrollan los procedimientos bajo un estándar de cierta calidad, la violencia institucional no ocurre, pero cuando se sale de ese estándar de calidad, sí ocurre. ¿Cómo se garantiza en políticas públicas un estándar? Se garantiza con un conjunto de acciones: algunas que precisan soporte legal, por supuesto, y otras tienen que ver con la gestión cotidiana, la transparencia, la calidad del reclutamiento, la jerarquización de la fuerza, las normas de funcionamiento, etcétera. Lo resalto porque esto es justamente todo lo contrario a lo que hizo la gestión del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en el período del gobernador Scioli, cuando respondió al clamor popular mediante la creación de policías en seis meses, armando a personas sin la calificación efectiva y poniéndolas en las calles. Esta es la verdad histórica de lo que sucedió. Hubo un proceso de desjerarquización del sector público que desalentó la posibilidad de un trabajo colaborativo. Si tenemos una mirada rigurosa, tenemos que saber que este tema debe salir de los criterios oportunistas.
Hay una forma de violencia institucional que no ha sido señalada por la ministra sobre la que me gustaría reflexionar. Cuando las fuerzas de seguridad no atienden un barrio, cuando son quitadas de un día para el otro por un hecho emergente, cuando hay un uso excesivo del poder político en materia de manejo de las fuerzas de seguridad, cuando quedan las periferias urbanas abandonadas a su suerte, existe una especie de violencia institucional por omisión. La demanda de seguridad pública por parte de los ciudadanos es legítima, y es imprescindible que las fuerzas de seguridad tengan instrumentos tecnológicos, normas adecuadas, apoyo, equipamiento y un cierto contexto para poder funcionar. Así como existe una violación institucional por exceso cuando las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza indebidamente, existe una violencia institucional por omisión cuando las fuerzas no garantizan seguridad a los argentinos en el espacio público, que es la condición para el ejercicio de todos los derechos. Sin seguridad en el espacio público, no hay derechos a reunión, de propiedad, de asociación ni de tránsito.
Debemos comprometernos con una seguridad de calidad, y eso significa cambiar la mirada. Este estándar de calidad tiene que salir del criterio oportunista. Cuando un ministro de Seguridad provincial se exhibe con armas frente a la angustia de la gente porque pretende que eso le sume un puntito a su imagen pública, utiliza un criterio oportunista. Abandonemos los criterios oportunistas y discutamos seriamente sobre seguridad pública y violencia institucional.
Quisiera centrar mis tres minutos en una cuestión. Se está hablando de la construcción colectiva por parte del cuerpo de una legislación contra la violencia institucional en un diálogo que pretendemos que sea fecundo. La señora ministra ha empezado su presentación con una especie de definición de la violencia institucional, remarcando la idea de acciones indebidas, descontextualizadas, uso innecesario o excesivo de la fuerza, etcétera.
Claramente, estamos hablando de un estándar, un estándar en términos de calidad del procedimiento. Esto es, cuando las fuerzas efectivamente desarrollan los procedimientos bajo un estándar de cierta calidad, la violencia institucional no ocurre, pero cuando se sale de ese estándar de calidad, sí ocurre. ¿Cómo se garantiza en políticas públicas un estándar? Se garantiza con un conjunto de acciones: algunas que precisan soporte legal, por supuesto, y otras tienen que ver con la gestión cotidiana, la transparencia, la calidad del reclutamiento, la jerarquización de la fuerza, las normas de funcionamiento, etcétera. Lo resalto porque esto es justamente todo lo contrario a lo que hizo la gestión del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en el período del gobernador Scioli, cuando respondió al clamor popular mediante la creación de policías en seis meses, armando a personas sin la calificación efectiva y poniéndolas en las calles. Esta es la verdad histórica de lo que sucedió. Hubo un proceso de desjerarquización del sector público que desalentó la posibilidad de un trabajo colaborativo. Si tenemos una mirada rigurosa, tenemos que saber que este tema debe salir de los criterios oportunistas.
Hay una forma de violencia institucional que no ha sido señalada por la ministra sobre la que me gustaría reflexionar. Cuando las fuerzas de seguridad no atienden un barrio, cuando son quitadas de un día para el otro por un hecho emergente, cuando hay un uso excesivo del poder político en materia de manejo de las fuerzas de seguridad, cuando quedan las periferias urbanas abandonadas a su suerte, existe una especie de violencia institucional por omisión. La demanda de seguridad pública por parte de los ciudadanos es legítima, y es imprescindible que las fuerzas de seguridad tengan instrumentos tecnológicos, normas adecuadas, apoyo, equipamiento y un cierto contexto para poder funcionar. Así como existe una violación institucional por exceso cuando las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza indebidamente, existe una violencia institucional por omisión cuando las fuerzas no garantizan seguridad a los argentinos en el espacio público, que es la condición para el ejercicio de todos los derechos. Sin seguridad en el espacio público, no hay derechos a reunión, de propiedad, de asociación ni de tránsito.
Debemos comprometernos con una seguridad de calidad, y eso significa cambiar la mirada. Este estándar de calidad tiene que salir del criterio oportunista. Cuando un ministro de Seguridad provincial se exhibe con armas frente a la angustia de la gente porque pretende que eso le sume un puntito a su imagen pública, utiliza un criterio oportunista. Abandonemos los criterios oportunistas y discutamos seriamente sobre seguridad pública y violencia institucional.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra la señora diputada Moreau.
SRA. MOREAU Señora presidenta: en primer lugar, repudio la represión que sufrió la marcha por Santiago Maldonado la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires.
En segundo lugar, desde el bloque Frente de Todos no intentamos revivir el pasado. Simplemente, muchos de los que estamos acá durante cuatro años integramos la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y sabemos que en el último año, el señor diputado Toti Flores -quien la presidía- hizo dos reuniones: una informativa y la constitutiva, es decir, cuando se repartieron los cargos. Cuando ocurrió lo de Santiago Maldonado, no solo no concurrió la ministra Bullrich, sino que tampoco concurrió Avruj, el secretario de Derechos Humanos, porque para ellos en definitiva los derechos humanos eran un curro, como lo dijeron públicamente varios funcionarios en distintas oportunidades.
Cuando hablamos de Santiago Maldonado, todos recordamos que desapareció el 1° de agosto de 2017 en un operativo ilegal de Gendarmería en el medio de la nada, en Cushamen. ¿Sabe qué pasa? Ahí estaba Nocetti, el jefe de Gabinete de la ministra Bullrich, la actual presidenta de Cambiemos, del PRO o no sé de qué. Nocetti, además, había sido abogado defensor de represores en la dictadura. Nunca se supo que hacía Nocetti y nunca se supo si estaba ahí de casualidad en el medio de la nada; si era por orden de la ministra Bullrich, o por orden de la ministra Bullrich y el presidente Macri, que sabemos que quería hacer un negocio con las tierras que Lewis tenía en esa región.
Ellos vieron por última vez a Santiago y sabían que a Santiago lo dejaron tirado en un río. Sabían qué había pasado. Nosotros queremos saber qué pasó con Maldonado. En el caso de que la Justicia establezca que hubo alguna implicancia o algún implicado de las fuerzas policiales en el tema, lo vamos a castigar con toda la severidad de la ley. Bullrich, Nocetti y todos los cómplices de la desaparición forzada de Santiago recién ahora están siendo investigados, y conseguimos que esta Cámara abra un debate que estuvo cerrado durante casi tres años.
En segundo lugar, desde el bloque Frente de Todos no intentamos revivir el pasado. Simplemente, muchos de los que estamos acá durante cuatro años integramos la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y sabemos que en el último año, el señor diputado Toti Flores -quien la presidía- hizo dos reuniones: una informativa y la constitutiva, es decir, cuando se repartieron los cargos. Cuando ocurrió lo de Santiago Maldonado, no solo no concurrió la ministra Bullrich, sino que tampoco concurrió Avruj, el secretario de Derechos Humanos, porque para ellos en definitiva los derechos humanos eran un curro, como lo dijeron públicamente varios funcionarios en distintas oportunidades.
Cuando hablamos de Santiago Maldonado, todos recordamos que desapareció el 1° de agosto de 2017 en un operativo ilegal de Gendarmería en el medio de la nada, en Cushamen. ¿Sabe qué pasa? Ahí estaba Nocetti, el jefe de Gabinete de la ministra Bullrich, la actual presidenta de Cambiemos, del PRO o no sé de qué. Nocetti, además, había sido abogado defensor de represores en la dictadura. Nunca se supo que hacía Nocetti y nunca se supo si estaba ahí de casualidad en el medio de la nada; si era por orden de la ministra Bullrich, o por orden de la ministra Bullrich y el presidente Macri, que sabemos que quería hacer un negocio con las tierras que Lewis tenía en esa región.
Ellos vieron por última vez a Santiago y sabían que a Santiago lo dejaron tirado en un río. Sabían qué había pasado. Nosotros queremos saber qué pasó con Maldonado. En el caso de que la Justicia establezca que hubo alguna implicancia o algún implicado de las fuerzas policiales en el tema, lo vamos a castigar con toda la severidad de la ley. Bullrich, Nocetti y todos los cómplices de la desaparición forzada de Santiago recién ahora están siendo investigados, y conseguimos que esta Cámara abra un debate que estuvo cerrado durante casi tres años.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra el señor diputado De Lamadrid.
SR. DE LAMADRID Señora presidenta: hoy estamos convocados para hablar de violencia institucional, pero es un contrasentido. Ayer he denunciado al presidente de la Nación por abuso de autoridad, por el decreto 641, inciso 9, que prohíbe las reuniones en los domicilios en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, un decreto que viola los artículos 14, 18, 23 y 28 de la Constitución Nacional. Además, viola el artículo 99, inciso 3, porque el presidente legisla por decreto, lo que está prohibido expresamente por la Constitución Nacional. Además, crea tipos penales que no existen en el Código Penal y aplica sanciones, y -como si fuera poco- viola el artículo 109, porque se arroga funciones judiciales.
Empiezo por aquí porque me toca y porque tiene que ver con la denuncia que formulé ayer al presidente de la Nación: el decreto no es solamente inconstitucional ni una mala idea. El presidente de la Nación ha cometido un delito, y ese delito se llama "abuso de autoridad". Le pregunto a la ministra: ¿usted fue consultada por este decreto? ¿Usted también piensa violar la Constitución Nacional? ¿Va a aplicar este decreto y le va a pedir a las fuerzas de seguridad que irrumpan en las casas de los argentinos para sacar a la fuerza a la gente y llevarla presa? ¿Estamos en un hiperestado de sitio con hiperfacultades policiales por fuera de la Constitución?
Le pregunto todo eso a la ministra porque todo esto se da en un contexto en el cual han liberado cuatro mil presos. ¿Usted cree, ministra, que los presos están cumpliendo la cuarentena? ¿No cree que esto tiene que ver con el aumento de los delitos que estamos viviendo en el país?
Le pregunto también a la ministra: ¿van a seguir avalando las patotas sindicales o van a asegurar los derechos de los trabajadores? ¿Van a ocuparse de los derechos de las víctimas o de los derechos de los delincuentes? Los trabajadores y los argentinos tienen inseguridad. Para ir a trabajar son víctimas de abuso, y ahora se les suma la inseguridad dentro de sus casas. Tienen inseguridad en la calle y en la casa, por los delincuentes; y tienen inseguridad en la calle y en la casa, por el Estado. Pareciera que la gente en la Argentina no es cuidada por el Estado, sino que se tiene que cuidar del Estado. La actitud que están teniendo frente a todos estos casos de abuso es la misma de la vicepresidenta de la Nación, que todavía sigue hablando de Maldonado y que no ha dicho nada de la situación que se está viviendo en todo el territorio del país.
Señora ministra: si hablamos de violencia institucional, ¿existe un lugar en el globo terráqueo donde haya más violencia institucional y violación a los derechos humanos que en Venezuela? Si una vida no tiene valor, ninguna tiene valor.
Hemos tenido desaparecidos como Julio López. Lo quisieron usar para echarle la culpa a la dictadura y Etchecolatz; cuando eso se cayó, no lo buscaron más. Con Maldonado intentaron echarle la culpa a Patricia Bullrich -una gran ministra-, pero cuando eso se cayó con las pericias que ha dicho el diputado...
Empiezo por aquí porque me toca y porque tiene que ver con la denuncia que formulé ayer al presidente de la Nación: el decreto no es solamente inconstitucional ni una mala idea. El presidente de la Nación ha cometido un delito, y ese delito se llama "abuso de autoridad". Le pregunto a la ministra: ¿usted fue consultada por este decreto? ¿Usted también piensa violar la Constitución Nacional? ¿Va a aplicar este decreto y le va a pedir a las fuerzas de seguridad que irrumpan en las casas de los argentinos para sacar a la fuerza a la gente y llevarla presa? ¿Estamos en un hiperestado de sitio con hiperfacultades policiales por fuera de la Constitución?
Le pregunto todo eso a la ministra porque todo esto se da en un contexto en el cual han liberado cuatro mil presos. ¿Usted cree, ministra, que los presos están cumpliendo la cuarentena? ¿No cree que esto tiene que ver con el aumento de los delitos que estamos viviendo en el país?
Le pregunto también a la ministra: ¿van a seguir avalando las patotas sindicales o van a asegurar los derechos de los trabajadores? ¿Van a ocuparse de los derechos de las víctimas o de los derechos de los delincuentes? Los trabajadores y los argentinos tienen inseguridad. Para ir a trabajar son víctimas de abuso, y ahora se les suma la inseguridad dentro de sus casas. Tienen inseguridad en la calle y en la casa, por los delincuentes; y tienen inseguridad en la calle y en la casa, por el Estado. Pareciera que la gente en la Argentina no es cuidada por el Estado, sino que se tiene que cuidar del Estado. La actitud que están teniendo frente a todos estos casos de abuso es la misma de la vicepresidenta de la Nación, que todavía sigue hablando de Maldonado y que no ha dicho nada de la situación que se está viviendo en todo el territorio del país.
Señora ministra: si hablamos de violencia institucional, ¿existe un lugar en el globo terráqueo donde haya más violencia institucional y violación a los derechos humanos que en Venezuela? Si una vida no tiene valor, ninguna tiene valor.
Hemos tenido desaparecidos como Julio López. Lo quisieron usar para echarle la culpa a la dictadura y Etchecolatz; cuando eso se cayó, no lo buscaron más. Con Maldonado intentaron echarle la culpa a Patricia Bullrich -una gran ministra-, pero cuando eso se cayó con las pericias que ha dicho el diputado...
SRA. MOREAU ¡Cerrame la ocho...!
SR. DE LAMADRID ...insisten con el tema.
Le pregunto a la ministra: ¿a quién le van a echar la culpa ahora por los muertos en democracia a manos de las fuerzas policiales?
Le pregunto a la ministra: ¿a quién le van a echar la culpa ahora por los muertos en democracia a manos de las fuerzas policiales?
SRA. PRESIDENTA PENACCA Se cumplió su tiempo, señor diputado.
SR. DE LAMADRID Redondeo la idea.
SRA. MOREAU ¿Puedo decir algo?
SR. DE LAMADRID Termino, por favor.
SRA. MOREAU Usted está afirmando que murió en manos de...
SR. DE LAMADRID Termino...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Está en uso de la palabra el señor diputado De Lamadrid.
SR. DE LAMADRID Termino, señora presidenta.
Por último, se está intentando hablar mucho de escuchas, porque no se puede hablar de la obra pública, porque la obra pública se hizo en la anterior gestión. No se puede hablar de corrupción, y entonces se habla de escuchas. Seamos sinceros: ¿quiénes hablan de escuchas? ¿Los que eran amigos de Stiuso, hasta que se pelearon?
Tramo 20SI
Dante Rinaldi
Estas son las preguntas que tengo para la ministra.
Por último, se está intentando hablar mucho de escuchas, porque no se puede hablar de la obra pública, porque la obra pública se hizo en la anterior gestión. No se puede hablar de corrupción, y entonces se habla de escuchas. Seamos sinceros: ¿quiénes hablan de escuchas? ¿Los que eran amigos de Stiuso, hasta que se pelearon?
Tramo 20SI
Dante Rinaldi
Estas son las preguntas que tengo para la ministra.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra la señora diputada María Rosa Martínez.
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) Señora presidenta: estoy emocionada y honrada por la presencia de Sabina y Horacio, porque esta es una oportunidad histórica en la que este Congreso se pone a disposición para sancionar la mejor ley para acompañar la lucha contra la violencia institucional, sin duda una de las rémoras de la democracia.
Es necesario hablar y caracterizar la historia posdictadura de la violencia institucional. Porque en esta reunión hemos escuchado términos sustanciosos cuando la ministra de Seguridad decía que pensaba en la seguridad democrática -no la seguridad en otros términos-, que implica una fuerza policial que esté al servicio de la ciudadanía y que pueda ser de alguna manera transparentada y pedida su responsabilidad por la ciudadanía y por las organizaciones sociales. Estamos hablando de la posibilidad de tener no solamente el auxilio sino el registro de quiénes incurren en violencia institucional por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Se han puesto a disposición todos los mecanismos institucionales y es imprescindible hablar de nuestra historia. En el gobierno de Alfonsín la Conadep y la posibilidad de que los organismos de derechos humanos fueran escuchados llevó a juicio a las juntas militares, pero las leyes de obediencia debida y punto final retrasaron enormemente la posibilidad de memoria, verdad y justicia.
El presidente Néstor Kirchner en 2004, en la ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo: "Vengo a pedir disculpas por la responsabilidad del Estado." Esa es nuestra identidad y nuestra historia. A partir de los hechos de violencia ocurridos en la toma del Indoamericano, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un concepto de la seguridad y de la participación ciudadana que nos honran hasta hoy. No podemos desconocer que cada uno de los organismos de derechos humanos de este país ha tenido origen en el acompañamiento a las víctimas, en la defensa de los derechos humanos y en el respaldo democrático que cada fuerza política ha militado y acompañado a lo largo de la historia.
Sin dudas, generan retrocesos los hechos que implican hablar de "curro" de los derechos humanos, de alguna manera recibir a los victimarios y decir que el gobierno se pone a disposición con su fuerza de abogados para defenderlos, como en el caso Chocobar.
Quiero hablar de Chocobar en particular porque me tocó directamente. Chocobar es un policía del Conurbano Bonaerense, un muchacho desconocido inclusive en su barrio, que hoy no es aceptado ni por su familia. Chocobar fue utilizado mediáticamente para enarbolar una figura que institucionalmente iba a ser respaldada, de tirar un tiro a un pibe por la espalda, aunque podría haberle dado la voz de alto. No lo quieren ni las fuerzas ni la familia ni la comunidad. Esa es la obra maravillosa que ha hecho la gestión anterior, que vinculó a un servidor público con un hecho de violencia inusitado, innecesario e irresponsable.
Nosotros hemos escuchado durante toda esta reunión un montón de acusaciones, pero no hemos hablado de los dichos de la ministra y del secretario. Desde nuestro espacio político, compañeros, estamos a total disposición para que esta Cámara genere las condiciones objetivas y la posibilidad de colaborar de manera más eficiente en contra de la violencia institucional. Eso es lo que queremos ofrecer y decir. Seguramente, como plantearon los compañeros, pondremos a disposición la posibilidad de recibir organismos de derechos humanos en nuestra casa, así como a personas profesional y técnicamente respetables en estos temas para que nos ayuden a pensar en la mejor ley. Este es el desafío de esta Cámara.
Escuché que el señor diputado De Lamadrid presentó una causa contra el presidente. Me parece inusitado pues estamos viviendo una pandemia a nivel global y es necesario ubicarnos en ese plano. En el contexto de una pandemia a nivel global, vi hoy a la mañana a un periodista que festejaba que hubiera más casos en las próximas semanas, un periodista que responde sin duda a una irresponsabilidad enorme, porque en el medio de todo esto hay vidas. Si leemos los diarios a nivel internacional, en algunos países esta medida que se acaba de determinar de prohibir las reuniones sociales está condenada con cárcel.
Nosotros estamos hablando desde el primer día de la cuarentena de una responsabilidad enorme del Estado nacional vinculada a poner de pie el sistema de salud, que estaba destruido. En la provincia de Buenos Aires claramente había setecientas camas de terapia intensiva, y ahora hay mil cuatrocientas. Quiere decir que ese tiempo de meseta pudimos utilizarlo para mejorar las condiciones de sustentabilidad del sistema de salud, que estaba destruido.
Estamos hablando de una Cámara que quiere escuchar a los funcionarios y de un bloque que repele escucharlos.
Finalmente, quiero decir que la realidad es la única verdad, y nosotros no queremos estar como en el tango Cambalache: "en un mismo lodo todos manoseaos". Queremos poder hablar de hechos y de números; se ha hablado de presos liberados en unas sumas enormes con una irresponsabilidad total y de pedidos de liberación por parte del secretario que nunca ocurrieron. Creo que no nos merecemos esto como pueblo.
Muchos de nosotros fuimos víctimas de la dictadura. Horacio mismo, a quien realmente admiro...
Es necesario hablar y caracterizar la historia posdictadura de la violencia institucional. Porque en esta reunión hemos escuchado términos sustanciosos cuando la ministra de Seguridad decía que pensaba en la seguridad democrática -no la seguridad en otros términos-, que implica una fuerza policial que esté al servicio de la ciudadanía y que pueda ser de alguna manera transparentada y pedida su responsabilidad por la ciudadanía y por las organizaciones sociales. Estamos hablando de la posibilidad de tener no solamente el auxilio sino el registro de quiénes incurren en violencia institucional por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Se han puesto a disposición todos los mecanismos institucionales y es imprescindible hablar de nuestra historia. En el gobierno de Alfonsín la Conadep y la posibilidad de que los organismos de derechos humanos fueran escuchados llevó a juicio a las juntas militares, pero las leyes de obediencia debida y punto final retrasaron enormemente la posibilidad de memoria, verdad y justicia.
El presidente Néstor Kirchner en 2004, en la ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo: "Vengo a pedir disculpas por la responsabilidad del Estado." Esa es nuestra identidad y nuestra historia. A partir de los hechos de violencia ocurridos en la toma del Indoamericano, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un concepto de la seguridad y de la participación ciudadana que nos honran hasta hoy. No podemos desconocer que cada uno de los organismos de derechos humanos de este país ha tenido origen en el acompañamiento a las víctimas, en la defensa de los derechos humanos y en el respaldo democrático que cada fuerza política ha militado y acompañado a lo largo de la historia.
Sin dudas, generan retrocesos los hechos que implican hablar de "curro" de los derechos humanos, de alguna manera recibir a los victimarios y decir que el gobierno se pone a disposición con su fuerza de abogados para defenderlos, como en el caso Chocobar.
Quiero hablar de Chocobar en particular porque me tocó directamente. Chocobar es un policía del Conurbano Bonaerense, un muchacho desconocido inclusive en su barrio, que hoy no es aceptado ni por su familia. Chocobar fue utilizado mediáticamente para enarbolar una figura que institucionalmente iba a ser respaldada, de tirar un tiro a un pibe por la espalda, aunque podría haberle dado la voz de alto. No lo quieren ni las fuerzas ni la familia ni la comunidad. Esa es la obra maravillosa que ha hecho la gestión anterior, que vinculó a un servidor público con un hecho de violencia inusitado, innecesario e irresponsable.
Nosotros hemos escuchado durante toda esta reunión un montón de acusaciones, pero no hemos hablado de los dichos de la ministra y del secretario. Desde nuestro espacio político, compañeros, estamos a total disposición para que esta Cámara genere las condiciones objetivas y la posibilidad de colaborar de manera más eficiente en contra de la violencia institucional. Eso es lo que queremos ofrecer y decir. Seguramente, como plantearon los compañeros, pondremos a disposición la posibilidad de recibir organismos de derechos humanos en nuestra casa, así como a personas profesional y técnicamente respetables en estos temas para que nos ayuden a pensar en la mejor ley. Este es el desafío de esta Cámara.
Escuché que el señor diputado De Lamadrid presentó una causa contra el presidente. Me parece inusitado pues estamos viviendo una pandemia a nivel global y es necesario ubicarnos en ese plano. En el contexto de una pandemia a nivel global, vi hoy a la mañana a un periodista que festejaba que hubiera más casos en las próximas semanas, un periodista que responde sin duda a una irresponsabilidad enorme, porque en el medio de todo esto hay vidas. Si leemos los diarios a nivel internacional, en algunos países esta medida que se acaba de determinar de prohibir las reuniones sociales está condenada con cárcel.
Nosotros estamos hablando desde el primer día de la cuarentena de una responsabilidad enorme del Estado nacional vinculada a poner de pie el sistema de salud, que estaba destruido. En la provincia de Buenos Aires claramente había setecientas camas de terapia intensiva, y ahora hay mil cuatrocientas. Quiere decir que ese tiempo de meseta pudimos utilizarlo para mejorar las condiciones de sustentabilidad del sistema de salud, que estaba destruido.
Estamos hablando de una Cámara que quiere escuchar a los funcionarios y de un bloque que repele escucharlos.
Finalmente, quiero decir que la realidad es la única verdad, y nosotros no queremos estar como en el tango Cambalache: "en un mismo lodo todos manoseaos". Queremos poder hablar de hechos y de números; se ha hablado de presos liberados en unas sumas enormes con una irresponsabilidad total y de pedidos de liberación por parte del secretario que nunca ocurrieron. Creo que no nos merecemos esto como pueblo.
Muchos de nosotros fuimos víctimas de la dictadura. Horacio mismo, a quien realmente admiro...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Diputada: se terminó su tiempo.
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) El tema de los derechos humanos y el respeto de la libertad no solo está instalado en nuestro bloque, en nuestra Cámara y en otras fuerzas políticas, sino también en el pueblo argentino, que le pudo decir no masivamente al dos por uno y expresó su voluntad de que vivamos en democracia sin violencia institucional. Si escuchamos minuciosamente cada una de las palabras de la ministra y del secretario, sabremos que estamos en las puertas de la mejor ley para nuestro pueblo, si entre todos ponemos las mejores palabras y decisiones, y si nos ponemos a disposición total de ambos.
No debemos olvidarnos que un elemento fundamental en esta lucha contra la violencia institucional es la Justicia. Lo vemos claramente con el caso de Facundo, cuyo fiscal ha sido recusado por la familia. Creemos que ahí también nuestro gobierno va a estar a disposición para pensar una reforma judicial en función de los derechos y, sobre todo, de la democracia.
No debemos olvidarnos que un elemento fundamental en esta lucha contra la violencia institucional es la Justicia. Lo vemos claramente con el caso de Facundo, cuyo fiscal ha sido recusado por la familia. Creemos que ahí también nuestro gobierno va a estar a disposición para pensar una reforma judicial en función de los derechos y, sobre todo, de la democracia.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Le voy a pedir al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que haga nuevamente uso de la palabra para contestar las preguntas que le han hecho los diputados y diputadas.
SR. DE LAMADRID Pido la palabra por treinta segundos, porque he sido aludido.
SRA. CAMPAGNOLI Yo pedí la palabra hace cuarenta minutos y no me han respondido.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señora diputada: discúlpeme, lo que pasa es que en el transcurso de esta misma reunión, rompiendo con el acuerdo inicial, acordamos que los nuevos oradores que se incorporaran para el uso de la palabra iban a llegar a esta Presidencia a través de las autoridades de cualquiera de las comisiones, y ni el diputado De Lamadrid ni el diputado Salvador me han pedido que la anote en el uso de la palabra.
Estamos extendidos en cuarenta minutos. Si no podemos respetar ni los acuerdos que hacemos públicamente con la sociedad...
Estamos extendidos en cuarenta minutos. Si no podemos respetar ni los acuerdos que hacemos públicamente con la sociedad...
SRA. CAMPAGNOLI Soy respetuosa, señora presidenta, tranquila. No pediré la palabra, entonces.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Tiene la palabra el señor diputado De Lamadrid.
SR. DE LAMADRID Voy a utilizar treinta segundos porque he sido aludido por la diputada Martínez.
No estamos en estado de sitio. El presidente no ha declarado el estado de sitio porque justamente sabe que no están dadas las condiciones: no hay ataque exterior ni conmoción interior. La pandemia no se puede asemejar a una conmoción interior.
Ahora bien, es una paradoja porque no estamos en estado de sitio, pero se ha sacado una medida que, aun en el estado de sitio, hubiese sido extremadamente discutible. La pandemia no puede dar para cualquier cosa. La pandemia no puede dar para llevarse puesta la Constitución.
Quiero citar unas palabras de Churchill para la diputada Martínez, haciendo un paralelismo con esta situación. Churchil decía: "La guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los coroneles."
Yo le digo a la diputada Martínez que la pandemia es demasiado importante para dejarla en manos de los abusos de una sola persona, en este caso, el presidente de la Nación.
No estamos en estado de sitio. El presidente no ha declarado el estado de sitio porque justamente sabe que no están dadas las condiciones: no hay ataque exterior ni conmoción interior. La pandemia no se puede asemejar a una conmoción interior.
Ahora bien, es una paradoja porque no estamos en estado de sitio, pero se ha sacado una medida que, aun en el estado de sitio, hubiese sido extremadamente discutible. La pandemia no puede dar para cualquier cosa. La pandemia no puede dar para llevarse puesta la Constitución.
Quiero citar unas palabras de Churchill para la diputada Martínez, haciendo un paralelismo con esta situación. Churchil decía: "La guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los coroneles."
Yo le digo a la diputada Martínez que la pandemia es demasiado importante para dejarla en manos de los abusos de una sola persona, en este caso, el presidente de la Nación.
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) Es una irresponsabilidad total...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Gracias, diputado. Le pido a los diputados que se muteen.
Vamos a escuchar la palabra del secretario Horacio Pietragalla Corti y luego de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
Vamos a escuchar la palabra del secretario Horacio Pietragalla Corti y luego de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
SR. PIETRAGALLA CORTI Repitiendo lo que dije al principio, el espíritu para juntarnos hoy -más allá de algunas cuestiones puntuales y chicanas que pueda haber, aunque la verdad, no es la intención, sinceramente- es trabajar transversalmente para que realmente se pueda visibilizar esta problemática.
Ayer sí denunciábamos porque era nuestro rol, éramos opositores y denunciábamos casos de violencia institucional que estaban muy lejos de ser tratados de esta manera. Esto no es chicana, son datos reales. Como dije antes, la idea es que a partir de ahora todos podamos trabajar en este proyecto de ley, y es importante que la oposición también pueda hacer aportes.
Hay compañeros que hicieron mucho esfuerzo para poder sancionar esta ley rápidamente, y seguro necesitará ser reforzada. Creo que el aporte de todos va a sumar para sancionar la mejor ley que se merezca nuestra democracia para los casos de violencia institucional.
Hay algo que a mí me llama la atención y quiero que tengamos responsabilidad en este aspecto, lo digo humildemente, espero que no se me malinterprete.
Nos citaron para hablar de violencia institucional, y a veces sucede también que los medios de comunicación -y lo digo respetando su autonomía- mezclan el tema de la inseguridad con los casos de violencia institucional.
Lamentablemente, muchas veces los medios de comunicación al exponer los reiterados casos de violencia e inseguridad, generan una sensación y una presión a los distintos poderes políticos para que den una respuesta. Desde nuestra visión, ello también alimenta que se fomenten los casos de violencia institucional.
Pensar que el marco de pandemia generó casos de violencia institucional, como me decía el diputado Petri, es incorrecto. El gráfico lo estoy mostrando porque nos hacemos cargo. No vamos a encubrir ningún caso de violencia institucional, y por eso lo muestro.
Yo te mostré el gráfico, no entiendo por qué vos me lo mostrás a mí. Sí, es una realidad, no escondemos nada; nadie le dio la orden a un funcionario de seguridad para que cometa ilegalidades. Como dije al principio: por dentro de la legalidad, todo, por fuera de la legalidad, nada.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay marcos normativos, nos referimos por ejemplo, al protocolo de actuación de seguridad de la Nación, que es el que usamos como modelo.
Nosotros tuvimos que presentar dos hábeas corpus colectivos, en la provincia del Chubut y en la de Salta, porque las normativas que habían aplicado las provincias eran violatorias, daban autodeterminación a las fuerzas de seguridad, que tienen que estar conducidas por la política. Eso está clarísimo.
Tuvimos que intervenir con dos hábeas corpus colectivos para que esas provincias adapten las medidas al protocolo de actuación de la Nación.
En ningún momento el protocolo de actuación de Nación dice que la policía tiene que actuar arbitrariamente, pegarle a alguien, menos matar y desaparecer. Eso está claro. Creo que ninguno de los funcionarios que tenemos responsabilidades avalamos ese accionar. Si bien creo que tampoco lo avalan los funcionarios provinciales, a veces las policías cometen estas arbitrariedades que fueron explicadas acá.
Quería aclarar este punto porque desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se pensó en armar un protocolo, que lo elaboró la ministra aquí presente, Sabina Frederic. Como Secretaría de Derechos Humanos, nosotros lo recomendamos para aplicarlo en las distintas provincias.
En relación con una denuncia penal a la que hizo referencia el diputado Luis Petri, quiero aclarar que yo no hice una denuncia penal de encubrimiento, sino que llevé adelante una denuncia penal por apología del delito contra los funcionarios a los que el diputado aludió.
Cuando Macri recibió a Chocobar -quien disparó por la espalda a una persona que huía, y es un acto ilegal, lo dice la Justicia que lo procesó y hoy ese proceso se lleva adelante- dijo: "Estoy orgulloso de que hay un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente. Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación."
Esas fueron las declaraciones de Macri, y la verdad es que es peligroso. En eso tampoco hay chicana.
Si nosotros hoy estamos reunidos para hablar de violencia institucional, tenemos que considerar un caso tan claro de violencia institucional como fue el de Chocobar: una persona que no generaba ninguna amenaza y el funcionario lo seguía corriendo y le dispara por la espalda. La verdad es que no hay que dejarlo pasar como si nada; necesita la sanción de la política y la sanción judicial.
Porque lo primero, que es doctrinario para que no tengamos nuevos casos, es la sanción. No puede haber impunidad y esto creo que ya lo dijimos muy claramente en todo lo hablado, y se refleja en lo que estamos llevando adelante.
Quiero hacer dos referencias en cuanto a los casos del interior. Voy a nombrar alguno de los que más escuché porque están preocupados, y por suerte, en lo trágico de todo esto y en el pesar que tenemos después de estos casos, nosotros actuamos en todos los casos que nos llegan a la Secretaría de Derechos Humanos. No encubrimos nada, tenemos la definición política de Alberto y de Cristina de que seamos implacables contra los casos de violencia institucional. Fueron explícitos en esto.
En Tucumán, en el homicidio de Espinoza, cuando se comete su desaparición un día viernes, el fin de semana hay un corte de rutas, y el lunes siguiente el abogado de Derechos Humanos de Tucumán, que es un compañero de la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos, Carlos Garmendia -muy conocido porque todavía sigue asesorando a la fundación de Susana Trimarco-, estuvo al lado de la familia desde el primer momento.
Es más, había un expediente que no se lo dejaban ver a la abogada de la familia, la querella e hicimos una presentación, una nota a la fiscalía para que a la familia le den acceso al expediente. Y cuando, lamentablemente, aparece el cuerpo sin vida de Espinoza, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo al lado del hermano en ese momento.
Nosotros estuvimos desde el primer momento. Dicen que no comunicamos; la verdad es que no sabemos cómo comunicar. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, estamos comunicando a través de las redes constantemente todos los casos en los que tenemos intervención. Por favor, sigan nuestras redes y ayuden a difundir esos casos.
Lo que pasa es que si nada más se van a guiar por lo que expresan los medios masivos, no van a hablar bien de nosotros. Ustedes saben que no nos quieren. Sigan las redes de la Secretaría y los comunicados que elaboramos. Nosotros estamos actuando en todos los casos.
Hoy, para la causa lamentable de Espinoza -que fue en Tucumán-, nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades provinciales. Los policías se pasaron a disponibilidad y hoy están procesados.
Se está llevando a cabo un juicio en el cual la Secretaría de Derechos Humanos asesora a la abogada. Se está acompañando integralmente a la familia. Es una familia muy humilde.
La verdad es que la abogada tiene mucha experiencia y no necesita tanto el asesoramiento de la secretaría.
Los dos casos de San Luis son complejos. Las denuncias en la secretaría fueron por supuestos suicidios pero las familias dicen que no se suicidaron. En el caso de Florencia Morales, la denuncia llegó a la Dirección Nacional contra la Violencia Institucional apenas ocurrido el hecho. Desde el primer momento nos pusimos en contacto con una de sus hermanas que vive en Mendoza, mientras que la delegación de San Luis se puso en contacto con la otra hermana, que vive en esa provincia. En ambos casos pusimos todo a disposición de la familia, incluso a la abogada de la secretaría que está allá. Dicha profesional ya está en contacto con la abogada de la familia.
Se pidió una nueva autopsia, porque la primera no tuvo peritos de parte, pero fue demorada por la Justicia. Entendimos que había que repetir la autopsia con un perito de parte y se está llevando adelante esa nueva autopsia por pedido y recomendación de la secretaría. También hicimos llegar ese mensaje a la Justicia y nos pusimos en contacto con las autoridades políticas de la provincia.
El otro caso de la provincia de San Luis es el de Franco Maranguello, ocurrido en una comisaría de Villa Mercedes. En este caso la secretaría también se puso en contacto con la familia del joven y con su abogado, pero no porque ahora estamos acá dando explicaciones sino porque apenas ocurren los hechos y nos llega la información nos ponemos en contacto.
Como dije antes, si bien recibimos denuncias, nuestro equipo también está observando las redes sociales y absorbiendo casos en virtud de las publicaciones allí efectuadas. Hay muchos casos que no nos llegan por denuncias sino por redes personales como Facebook. Cuando vemos uno de estos casos en alguna de las redes sociales, actuamos, empezamos a investigar y nos ponemos en contacto con los compañeros y las compañeras de las provincias. Lo primero que hacemos es tratar de contactarnos con las familias.
No queremos que haya casos impunes porque entendemos que esa es la primera herramienta para erradicar esta problemática.
En relación con el caso de Franco, como dije antes, hasta el día de hoy la secretaría sigue en contacto permanente con el abogado de la familia y la causa está avanzando bien, pero estamos observando que no haya encubrimiento. Se tiene que investigar qué pasó.
También escuché un pedido sobre otros casos sucedidos en el país. Yo había armado un listado de los veintisiete casos -ocurridos en todo el país- en los que tenemos intervención y estamos presentes.
La represión dentro de la casa de la familia Qom en el Chaco fue vista por todes. Fue terrible lo que hizo la policía de la provincia. Por eso, no me queda más que felicitar la decisión de Capitanich, ya que lo primero que hizo fue pasar a disponibilidad a todos los policías que actuaron en ese operativo, constituyéndose la provincia en querellante contra esos miembros de la fuerza.
Celebro esto porque demuestra lo que dije antes en el sentido de que no se malinterprete. Es obvio que el Estado es responsable y que los funcionarios tenemos responsabilidades en cada caso que ocurre -no le sacamos la cola a la jeringa sino que, por el contrario, nos hacemos cargo de esto-, pero cuando dije que lo que queremos es que cada vez que haya un caso de violencia institucional en el futuro se señale al miembro de la fuerza y no al Estado, tiene que ver con construir herramientas y políticas y que, de una vez por todas, sean excepciones. Por supuesto que falta tiempo para que esto suceda y necesitamos del acompañamiento de todos.
A partir de esa decisión que tomó el gobernador del Chaco, hubo un levantamiento o un enojo de las fuerzas policiales, por lo que "Coqui" Capitanich corrió a la cúpula policial y la reemplazó. Además, actualizó el protocolo de actuación contra la tortura provincial dando todas las facultades a los organismos locales de derechos humanos. Quiero destacar esto porque la provincia del Chaco fue la primera en llevar adelante el protocolo y el mecanismo de acción contra la tortura.
Obviamente, estuvimos en contacto con la familia agredida a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que actuó de manera rápida y eficiente.
También nos preguntaron sobre el homicidio de Lucas Nahuel Verón en La Matanza. Quiero decir que la Comisión Provincial por la Memoria -a la que conocemos y con la cual trabajamos en muchos casos de forma conjunta- y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires -a cargo de un compañero de la agrupación H.I.J.O.S. regional La Plata, Matías Moreno- se pusieron en contacto con la familia. El municipio también participó; la directora de Derechos Humanos del Municipio de La Matanza también se puso a disposición de la familia. De más está decir que el policía fue pasado a disponibilidad y hoy la investigación continúa. Entendemos que fue un claro caso de violencia institucional que merece toda la sanción del Poder Judicial.
Aclaro que primero voy a hablar de todos los casos de violencia institucional y luego responderé otro tipo de preguntas.
El homicidio de Blas Correa en Córdoba ocurrió en la noche del miércoles. El jueves a la mañana ya estábamos en contacto con su familia. Los abogados de la filial de Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos se están peleando -positivamente- para tomar el caso.
Esto quiere decir que nosotros actuamos en los casos de violencia institucional. Por suerte, en el interior tenemos muchos abogados comprometidos -algunos de los cuales también llevan adelante causas de lesa humanidad- que no dudan en tomar casos como estos. No estamos mirando si ese gobierno es amigo o enemigo; estamos buscando erradicar la violencia institucional. Reitero: la violencia institucional tiene que ser sancionada porque esa es la primera acción que debe llevar adelante el Estado.
El homicidio de Blas Correa, quien fue asesinado por la espalda, es muy parecido al caso que vivimos hace muy poco en el pueblo de Montes, en el que un auto lleno de chicos fue acribillado por la policía.
Como dije antes, la diferencia es que nosotros nos hacemos cargo, y esto no es chicana. Nosotros no escondemos datos, sino que mostramos todo porque queremos cambiarlo. El hecho de que hoy estemos hablando de esto demuestra que queremos cambiarlo. Obviamente tenemos responsabilidades que asumimos cuando juramos en nuestros cargos, pero ellas no van de la mano con esconder y con solamente decir que somos defensores de derechos humanos y no hacer nada. Por el contrario, tenemos que trabajar rotundamente y cortar con estas contradicciones políticas de creer que actuar en casos de violencia institucional y llevar adelante acciones legales contra los miembros de las fuerzas tiene que ver con ir en contra de un gobierno provincial o municipal, etcétera.
Quiero aclarar algo con respecto a lo que me planteó la compañera diputada Del Plá, y pido por favor que no se malinterprete. Quiero que quede claro que lo que dije es un dato objetivo. La denuncia de Facundo nos llegó el 3 de julio. Toda la investigación anterior fue realizada por la policía de la provincia porque se estaba llevando adelante una búsqueda de paradero de persona, como ocurre cuando se denuncian casos de personas que desaparecen de golpe y no hay vinculación con las fuerzas.
Cuando aparecieron tres testigos que dijeron que vieron a Facundo subirse a un patrullero, empezó la vinculación con la fuerza. Esa denuncia ingresó el 3 de julio y fue ahí cuando nosotros entramos en acción. Lo que quise decir antes es que pasó un mes desde la última noticia, no se sospechó que fuera un caso de violencia institucional y se continuó como búsqueda de paradero un mes más. Luego, tuvimos la denuncia por desaparición forzada.
Quiero ser claro en esto: lo que dije es que se perdió tiempo para la investigación pero no por la responsabilidad de alguien sino porque antes no había datos para vincular este caso con una fuerza. Por favor, no quisiera que se malinterprete. Como dije, todos estamos en contacto con la familia y con la madre; hay que ser muy respetuosos de sus pedidos y de su dolor. Por eso los acompañamos, y aclaro que no estamos especulando políticamente sino que lo hacemos porque lo sentimos. La mayoría de las madres de víctimas de violencia institucional lo saben porque siempre las acompañamos. Siempre estamos al lado de ellas y de la familia.
Vamos a exigir justicia por Facundo y no vamos a encubrir a nadie si la investigación determina que miembros de la fuerza policial tuvieron responsabilidad en su desaparición. Por favor, que eso quede clarísimo para despejar cualquier tipo de duda.
Por otro lado, con respecto a una de las preguntas que hizo el diputado Waldo Wolff sobre funcionarios que dijeron que había que cazar a quienes incumplan con la pandemia, fue un funcionario del Chubut. En este caso, nosotros interpusimos un hábeas corpus colectivo para que se aplique el protocolo de actuación de Nación a la provincia, porque entendemos que es modelo.
En ese documento que firmamos con las distintas secretarías de Derechos Humanos del país, cuando hablamos de normativa, hay normativas municipales y provinciales que son arcaicas y le dan una autodeterminación a las fuerzas de seguridad que no pueden tener hoy en día.
Entonces, en eso tenemos que trabajar todos. Las normativas tienen que estar atadas a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Eso tiene que estar clarísimo. Es más, nosotros respondimos tanto a la ONU como a la CIDH, en el caso de Facundo, explicando transparentemente las acciones que llevó a cabo el Estado. No tenemos nada que esconder. Por el contrario, creemos que los organismos internacionales de derechos humanos son una guía para todos los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas.
Por otra parte, de más está decirles que desde la Secretaría de Derechos Humanos no se pidió la libertad de nadie, ni de 4.000 presos ni de ex funcionarios políticos en el marco del COVID-19. Aclaro esto aunque creo que ya quedó claro, pues lo aclaró hasta el presidente.
En el marco de esta pandemia, vinieron a hacer denuncias varios abogados defensores, tanto de personas que anteriormente habían tenido el cargo de funcionario como de personas no conocidas, como Flavia Saganías, de Córdoba, una mamá que estaba en prisión y tenía cinco hijos en su casa. En este caso también actuamos de la misma manera: presentamos un amicus curiae para el arresto domiciliario; no pedimos la libertad porque no tenemos injerencia para pedirla. Era un arresto domiciliario en el contexto del COVID-19. Fueron muy poquitos casos, pero muchos también fueron de personas que no son conocidas públicamente. Quiero aclarar esto.
Con respecto al tema de excarcelaciones masivas, que instalaron los medios de comunicación, la verdad es que ni la Secretaría de Derechos Humanos ni el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -doy fe- tuvieron intervención alguna en ese sentido.
Lo único que se hizo fue seguir recomendaciones de organismos internacionales. Naciones Unidas hizo recomendaciones a los Estados parte en el marco del COVID en relación con las personas que estaban en situación de encierro y que tenían problemas de salud, por el riesgo de contagio.
Es más, aclararon que con respecto a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad -no dirigido a la Argentina, sino a toda la región- se tomen los recaudos máximos para garantizar que sigan detenidos y, en todo caso, después sí generar un arresto domiciliario. Nadie habla de libertades acá. No hubo conmutación de penas en el Estado argentino. Entonces, comuniquemos bien porque eso no pasó.
Quiero seguir aclarando otras intervenciones que se hicieron. Por ejemplo, la diputada Frade habló de unos casos en Ingeniero Budge. El caso de Franco Martínez está denunciado como búsqueda de paradero; no hay ninguna vinculación con las fuerzas de seguridad. Se está investigando. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires está articulando con el Ministerio de Seguridad y se está buscando a esa persona.
Después tenemos otro caso -al que se refirió la misma diputada- de un chico que perdió el ojo en Ingeniero Budge el 20 de junio. Ese caso también está intervenido por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El policía que llevó adelante esa acción está detenido, y obviamente realizamos todo un abordaje integral hacia la familia. Este es un caso que repudiamos también. Creo que más o menos traté de contestar todos los casos.
Estamos viviendo un momento particular. En esta secretaría teníamos pensado llevar adelante distintas acciones pero claramente se vieron interrumpidas por la pandemia. Ningún argentino ni argentina quiere vivir la situación que estamos viviendo hoy, y creo que todo el esfuerzo del presidente de la Nación, de la vicepresidenta y del gobernador Axel Kicillof fue para cuidar a los argentinos y a las argentinas.
En Latinoamérica, de acuerdo a los números que se están viendo en otros países de la región, si nosotros no hubiéramos tomado las medidas que se tomaron en el marco del COVID, la cantidad de muertes de argentinos y argentinas sería mayor. El dolor de esas familias es terrible y no se puede especular con eso.
La verdad es que creo que hoy somos uno de los países de la región que debe tener cuidado, ya que está aumentando la cantidad de contagios. Todavía no estamos liberados de este virus. Sabemos que eso va a llevar tiempo, pero también sabemos que la Argentina, en la región, tomó las decisiones que fueron ejemplo en casi todos los medios mundiales. Los grandes medios del mundo pusieron a la Argentina como ejemplo de cómo había que tomar las decisiones. Muchos países de Latinoamérica no lo hicieron y lamentablemente hoy están teniendo números exorbitados de pérdidas de vidas humanas. No tenemos que olvidar, por favor, que son pérdidas de vidas humanas.
Quiero que quede claro que este Estado nunca va a habilitar la violencia institucional ni la persecución a personas. En el marco del COVID, el Estado intentó que se cumplieran las normativas para el bien del conjunto de la sociedad. Ahora, si hay individuos de las fuerzas que cometieron actos ilegales en este marco de pandemia, tienen que caer todos presos de la Justicia, y no les quepa duda de que la Secretaría de Derechos Humanos va a estar atrás para que eso pase.
Ayer sí denunciábamos porque era nuestro rol, éramos opositores y denunciábamos casos de violencia institucional que estaban muy lejos de ser tratados de esta manera. Esto no es chicana, son datos reales. Como dije antes, la idea es que a partir de ahora todos podamos trabajar en este proyecto de ley, y es importante que la oposición también pueda hacer aportes.
Hay compañeros que hicieron mucho esfuerzo para poder sancionar esta ley rápidamente, y seguro necesitará ser reforzada. Creo que el aporte de todos va a sumar para sancionar la mejor ley que se merezca nuestra democracia para los casos de violencia institucional.
Hay algo que a mí me llama la atención y quiero que tengamos responsabilidad en este aspecto, lo digo humildemente, espero que no se me malinterprete.
Nos citaron para hablar de violencia institucional, y a veces sucede también que los medios de comunicación -y lo digo respetando su autonomía- mezclan el tema de la inseguridad con los casos de violencia institucional.
Lamentablemente, muchas veces los medios de comunicación al exponer los reiterados casos de violencia e inseguridad, generan una sensación y una presión a los distintos poderes políticos para que den una respuesta. Desde nuestra visión, ello también alimenta que se fomenten los casos de violencia institucional.
Pensar que el marco de pandemia generó casos de violencia institucional, como me decía el diputado Petri, es incorrecto. El gráfico lo estoy mostrando porque nos hacemos cargo. No vamos a encubrir ningún caso de violencia institucional, y por eso lo muestro.
Yo te mostré el gráfico, no entiendo por qué vos me lo mostrás a mí. Sí, es una realidad, no escondemos nada; nadie le dio la orden a un funcionario de seguridad para que cometa ilegalidades. Como dije al principio: por dentro de la legalidad, todo, por fuera de la legalidad, nada.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay marcos normativos, nos referimos por ejemplo, al protocolo de actuación de seguridad de la Nación, que es el que usamos como modelo.
Nosotros tuvimos que presentar dos hábeas corpus colectivos, en la provincia del Chubut y en la de Salta, porque las normativas que habían aplicado las provincias eran violatorias, daban autodeterminación a las fuerzas de seguridad, que tienen que estar conducidas por la política. Eso está clarísimo.
Tuvimos que intervenir con dos hábeas corpus colectivos para que esas provincias adapten las medidas al protocolo de actuación de la Nación.
En ningún momento el protocolo de actuación de Nación dice que la policía tiene que actuar arbitrariamente, pegarle a alguien, menos matar y desaparecer. Eso está claro. Creo que ninguno de los funcionarios que tenemos responsabilidades avalamos ese accionar. Si bien creo que tampoco lo avalan los funcionarios provinciales, a veces las policías cometen estas arbitrariedades que fueron explicadas acá.
Quería aclarar este punto porque desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se pensó en armar un protocolo, que lo elaboró la ministra aquí presente, Sabina Frederic. Como Secretaría de Derechos Humanos, nosotros lo recomendamos para aplicarlo en las distintas provincias.
En relación con una denuncia penal a la que hizo referencia el diputado Luis Petri, quiero aclarar que yo no hice una denuncia penal de encubrimiento, sino que llevé adelante una denuncia penal por apología del delito contra los funcionarios a los que el diputado aludió.
Cuando Macri recibió a Chocobar -quien disparó por la espalda a una persona que huía, y es un acto ilegal, lo dice la Justicia que lo procesó y hoy ese proceso se lleva adelante- dijo: "Estoy orgulloso de que hay un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente. Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación."
Esas fueron las declaraciones de Macri, y la verdad es que es peligroso. En eso tampoco hay chicana.
Si nosotros hoy estamos reunidos para hablar de violencia institucional, tenemos que considerar un caso tan claro de violencia institucional como fue el de Chocobar: una persona que no generaba ninguna amenaza y el funcionario lo seguía corriendo y le dispara por la espalda. La verdad es que no hay que dejarlo pasar como si nada; necesita la sanción de la política y la sanción judicial.
Porque lo primero, que es doctrinario para que no tengamos nuevos casos, es la sanción. No puede haber impunidad y esto creo que ya lo dijimos muy claramente en todo lo hablado, y se refleja en lo que estamos llevando adelante.
Quiero hacer dos referencias en cuanto a los casos del interior. Voy a nombrar alguno de los que más escuché porque están preocupados, y por suerte, en lo trágico de todo esto y en el pesar que tenemos después de estos casos, nosotros actuamos en todos los casos que nos llegan a la Secretaría de Derechos Humanos. No encubrimos nada, tenemos la definición política de Alberto y de Cristina de que seamos implacables contra los casos de violencia institucional. Fueron explícitos en esto.
En Tucumán, en el homicidio de Espinoza, cuando se comete su desaparición un día viernes, el fin de semana hay un corte de rutas, y el lunes siguiente el abogado de Derechos Humanos de Tucumán, que es un compañero de la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos, Carlos Garmendia -muy conocido porque todavía sigue asesorando a la fundación de Susana Trimarco-, estuvo al lado de la familia desde el primer momento.
Es más, había un expediente que no se lo dejaban ver a la abogada de la familia, la querella e hicimos una presentación, una nota a la fiscalía para que a la familia le den acceso al expediente. Y cuando, lamentablemente, aparece el cuerpo sin vida de Espinoza, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo al lado del hermano en ese momento.
Nosotros estuvimos desde el primer momento. Dicen que no comunicamos; la verdad es que no sabemos cómo comunicar. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, estamos comunicando a través de las redes constantemente todos los casos en los que tenemos intervención. Por favor, sigan nuestras redes y ayuden a difundir esos casos.
Lo que pasa es que si nada más se van a guiar por lo que expresan los medios masivos, no van a hablar bien de nosotros. Ustedes saben que no nos quieren. Sigan las redes de la Secretaría y los comunicados que elaboramos. Nosotros estamos actuando en todos los casos.
Hoy, para la causa lamentable de Espinoza -que fue en Tucumán-, nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades provinciales. Los policías se pasaron a disponibilidad y hoy están procesados.
Se está llevando a cabo un juicio en el cual la Secretaría de Derechos Humanos asesora a la abogada. Se está acompañando integralmente a la familia. Es una familia muy humilde.
La verdad es que la abogada tiene mucha experiencia y no necesita tanto el asesoramiento de la secretaría.
Los dos casos de San Luis son complejos. Las denuncias en la secretaría fueron por supuestos suicidios pero las familias dicen que no se suicidaron. En el caso de Florencia Morales, la denuncia llegó a la Dirección Nacional contra la Violencia Institucional apenas ocurrido el hecho. Desde el primer momento nos pusimos en contacto con una de sus hermanas que vive en Mendoza, mientras que la delegación de San Luis se puso en contacto con la otra hermana, que vive en esa provincia. En ambos casos pusimos todo a disposición de la familia, incluso a la abogada de la secretaría que está allá. Dicha profesional ya está en contacto con la abogada de la familia.
Se pidió una nueva autopsia, porque la primera no tuvo peritos de parte, pero fue demorada por la Justicia. Entendimos que había que repetir la autopsia con un perito de parte y se está llevando adelante esa nueva autopsia por pedido y recomendación de la secretaría. También hicimos llegar ese mensaje a la Justicia y nos pusimos en contacto con las autoridades políticas de la provincia.
El otro caso de la provincia de San Luis es el de Franco Maranguello, ocurrido en una comisaría de Villa Mercedes. En este caso la secretaría también se puso en contacto con la familia del joven y con su abogado, pero no porque ahora estamos acá dando explicaciones sino porque apenas ocurren los hechos y nos llega la información nos ponemos en contacto.
Como dije antes, si bien recibimos denuncias, nuestro equipo también está observando las redes sociales y absorbiendo casos en virtud de las publicaciones allí efectuadas. Hay muchos casos que no nos llegan por denuncias sino por redes personales como Facebook. Cuando vemos uno de estos casos en alguna de las redes sociales, actuamos, empezamos a investigar y nos ponemos en contacto con los compañeros y las compañeras de las provincias. Lo primero que hacemos es tratar de contactarnos con las familias.
No queremos que haya casos impunes porque entendemos que esa es la primera herramienta para erradicar esta problemática.
En relación con el caso de Franco, como dije antes, hasta el día de hoy la secretaría sigue en contacto permanente con el abogado de la familia y la causa está avanzando bien, pero estamos observando que no haya encubrimiento. Se tiene que investigar qué pasó.
También escuché un pedido sobre otros casos sucedidos en el país. Yo había armado un listado de los veintisiete casos -ocurridos en todo el país- en los que tenemos intervención y estamos presentes.
La represión dentro de la casa de la familia Qom en el Chaco fue vista por todes. Fue terrible lo que hizo la policía de la provincia. Por eso, no me queda más que felicitar la decisión de Capitanich, ya que lo primero que hizo fue pasar a disponibilidad a todos los policías que actuaron en ese operativo, constituyéndose la provincia en querellante contra esos miembros de la fuerza.
Celebro esto porque demuestra lo que dije antes en el sentido de que no se malinterprete. Es obvio que el Estado es responsable y que los funcionarios tenemos responsabilidades en cada caso que ocurre -no le sacamos la cola a la jeringa sino que, por el contrario, nos hacemos cargo de esto-, pero cuando dije que lo que queremos es que cada vez que haya un caso de violencia institucional en el futuro se señale al miembro de la fuerza y no al Estado, tiene que ver con construir herramientas y políticas y que, de una vez por todas, sean excepciones. Por supuesto que falta tiempo para que esto suceda y necesitamos del acompañamiento de todos.
A partir de esa decisión que tomó el gobernador del Chaco, hubo un levantamiento o un enojo de las fuerzas policiales, por lo que "Coqui" Capitanich corrió a la cúpula policial y la reemplazó. Además, actualizó el protocolo de actuación contra la tortura provincial dando todas las facultades a los organismos locales de derechos humanos. Quiero destacar esto porque la provincia del Chaco fue la primera en llevar adelante el protocolo y el mecanismo de acción contra la tortura.
Obviamente, estuvimos en contacto con la familia agredida a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que actuó de manera rápida y eficiente.
También nos preguntaron sobre el homicidio de Lucas Nahuel Verón en La Matanza. Quiero decir que la Comisión Provincial por la Memoria -a la que conocemos y con la cual trabajamos en muchos casos de forma conjunta- y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires -a cargo de un compañero de la agrupación H.I.J.O.S. regional La Plata, Matías Moreno- se pusieron en contacto con la familia. El municipio también participó; la directora de Derechos Humanos del Municipio de La Matanza también se puso a disposición de la familia. De más está decir que el policía fue pasado a disponibilidad y hoy la investigación continúa. Entendemos que fue un claro caso de violencia institucional que merece toda la sanción del Poder Judicial.
Aclaro que primero voy a hablar de todos los casos de violencia institucional y luego responderé otro tipo de preguntas.
El homicidio de Blas Correa en Córdoba ocurrió en la noche del miércoles. El jueves a la mañana ya estábamos en contacto con su familia. Los abogados de la filial de Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos se están peleando -positivamente- para tomar el caso.
Esto quiere decir que nosotros actuamos en los casos de violencia institucional. Por suerte, en el interior tenemos muchos abogados comprometidos -algunos de los cuales también llevan adelante causas de lesa humanidad- que no dudan en tomar casos como estos. No estamos mirando si ese gobierno es amigo o enemigo; estamos buscando erradicar la violencia institucional. Reitero: la violencia institucional tiene que ser sancionada porque esa es la primera acción que debe llevar adelante el Estado.
El homicidio de Blas Correa, quien fue asesinado por la espalda, es muy parecido al caso que vivimos hace muy poco en el pueblo de Montes, en el que un auto lleno de chicos fue acribillado por la policía.
Como dije antes, la diferencia es que nosotros nos hacemos cargo, y esto no es chicana. Nosotros no escondemos datos, sino que mostramos todo porque queremos cambiarlo. El hecho de que hoy estemos hablando de esto demuestra que queremos cambiarlo. Obviamente tenemos responsabilidades que asumimos cuando juramos en nuestros cargos, pero ellas no van de la mano con esconder y con solamente decir que somos defensores de derechos humanos y no hacer nada. Por el contrario, tenemos que trabajar rotundamente y cortar con estas contradicciones políticas de creer que actuar en casos de violencia institucional y llevar adelante acciones legales contra los miembros de las fuerzas tiene que ver con ir en contra de un gobierno provincial o municipal, etcétera.
Quiero aclarar algo con respecto a lo que me planteó la compañera diputada Del Plá, y pido por favor que no se malinterprete. Quiero que quede claro que lo que dije es un dato objetivo. La denuncia de Facundo nos llegó el 3 de julio. Toda la investigación anterior fue realizada por la policía de la provincia porque se estaba llevando adelante una búsqueda de paradero de persona, como ocurre cuando se denuncian casos de personas que desaparecen de golpe y no hay vinculación con las fuerzas.
Cuando aparecieron tres testigos que dijeron que vieron a Facundo subirse a un patrullero, empezó la vinculación con la fuerza. Esa denuncia ingresó el 3 de julio y fue ahí cuando nosotros entramos en acción. Lo que quise decir antes es que pasó un mes desde la última noticia, no se sospechó que fuera un caso de violencia institucional y se continuó como búsqueda de paradero un mes más. Luego, tuvimos la denuncia por desaparición forzada.
Quiero ser claro en esto: lo que dije es que se perdió tiempo para la investigación pero no por la responsabilidad de alguien sino porque antes no había datos para vincular este caso con una fuerza. Por favor, no quisiera que se malinterprete. Como dije, todos estamos en contacto con la familia y con la madre; hay que ser muy respetuosos de sus pedidos y de su dolor. Por eso los acompañamos, y aclaro que no estamos especulando políticamente sino que lo hacemos porque lo sentimos. La mayoría de las madres de víctimas de violencia institucional lo saben porque siempre las acompañamos. Siempre estamos al lado de ellas y de la familia.
Vamos a exigir justicia por Facundo y no vamos a encubrir a nadie si la investigación determina que miembros de la fuerza policial tuvieron responsabilidad en su desaparición. Por favor, que eso quede clarísimo para despejar cualquier tipo de duda.
Por otro lado, con respecto a una de las preguntas que hizo el diputado Waldo Wolff sobre funcionarios que dijeron que había que cazar a quienes incumplan con la pandemia, fue un funcionario del Chubut. En este caso, nosotros interpusimos un hábeas corpus colectivo para que se aplique el protocolo de actuación de Nación a la provincia, porque entendemos que es modelo.
En ese documento que firmamos con las distintas secretarías de Derechos Humanos del país, cuando hablamos de normativa, hay normativas municipales y provinciales que son arcaicas y le dan una autodeterminación a las fuerzas de seguridad que no pueden tener hoy en día.
Entonces, en eso tenemos que trabajar todos. Las normativas tienen que estar atadas a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Eso tiene que estar clarísimo. Es más, nosotros respondimos tanto a la ONU como a la CIDH, en el caso de Facundo, explicando transparentemente las acciones que llevó a cabo el Estado. No tenemos nada que esconder. Por el contrario, creemos que los organismos internacionales de derechos humanos son una guía para todos los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas.
Por otra parte, de más está decirles que desde la Secretaría de Derechos Humanos no se pidió la libertad de nadie, ni de 4.000 presos ni de ex funcionarios políticos en el marco del COVID-19. Aclaro esto aunque creo que ya quedó claro, pues lo aclaró hasta el presidente.
En el marco de esta pandemia, vinieron a hacer denuncias varios abogados defensores, tanto de personas que anteriormente habían tenido el cargo de funcionario como de personas no conocidas, como Flavia Saganías, de Córdoba, una mamá que estaba en prisión y tenía cinco hijos en su casa. En este caso también actuamos de la misma manera: presentamos un amicus curiae para el arresto domiciliario; no pedimos la libertad porque no tenemos injerencia para pedirla. Era un arresto domiciliario en el contexto del COVID-19. Fueron muy poquitos casos, pero muchos también fueron de personas que no son conocidas públicamente. Quiero aclarar esto.
Con respecto al tema de excarcelaciones masivas, que instalaron los medios de comunicación, la verdad es que ni la Secretaría de Derechos Humanos ni el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -doy fe- tuvieron intervención alguna en ese sentido.
Lo único que se hizo fue seguir recomendaciones de organismos internacionales. Naciones Unidas hizo recomendaciones a los Estados parte en el marco del COVID en relación con las personas que estaban en situación de encierro y que tenían problemas de salud, por el riesgo de contagio.
Es más, aclararon que con respecto a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad -no dirigido a la Argentina, sino a toda la región- se tomen los recaudos máximos para garantizar que sigan detenidos y, en todo caso, después sí generar un arresto domiciliario. Nadie habla de libertades acá. No hubo conmutación de penas en el Estado argentino. Entonces, comuniquemos bien porque eso no pasó.
Quiero seguir aclarando otras intervenciones que se hicieron. Por ejemplo, la diputada Frade habló de unos casos en Ingeniero Budge. El caso de Franco Martínez está denunciado como búsqueda de paradero; no hay ninguna vinculación con las fuerzas de seguridad. Se está investigando. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires está articulando con el Ministerio de Seguridad y se está buscando a esa persona.
Después tenemos otro caso -al que se refirió la misma diputada- de un chico que perdió el ojo en Ingeniero Budge el 20 de junio. Ese caso también está intervenido por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El policía que llevó adelante esa acción está detenido, y obviamente realizamos todo un abordaje integral hacia la familia. Este es un caso que repudiamos también. Creo que más o menos traté de contestar todos los casos.
Estamos viviendo un momento particular. En esta secretaría teníamos pensado llevar adelante distintas acciones pero claramente se vieron interrumpidas por la pandemia. Ningún argentino ni argentina quiere vivir la situación que estamos viviendo hoy, y creo que todo el esfuerzo del presidente de la Nación, de la vicepresidenta y del gobernador Axel Kicillof fue para cuidar a los argentinos y a las argentinas.
En Latinoamérica, de acuerdo a los números que se están viendo en otros países de la región, si nosotros no hubiéramos tomado las medidas que se tomaron en el marco del COVID, la cantidad de muertes de argentinos y argentinas sería mayor. El dolor de esas familias es terrible y no se puede especular con eso.
La verdad es que creo que hoy somos uno de los países de la región que debe tener cuidado, ya que está aumentando la cantidad de contagios. Todavía no estamos liberados de este virus. Sabemos que eso va a llevar tiempo, pero también sabemos que la Argentina, en la región, tomó las decisiones que fueron ejemplo en casi todos los medios mundiales. Los grandes medios del mundo pusieron a la Argentina como ejemplo de cómo había que tomar las decisiones. Muchos países de Latinoamérica no lo hicieron y lamentablemente hoy están teniendo números exorbitados de pérdidas de vidas humanas. No tenemos que olvidar, por favor, que son pérdidas de vidas humanas.
Quiero que quede claro que este Estado nunca va a habilitar la violencia institucional ni la persecución a personas. En el marco del COVID, el Estado intentó que se cumplieran las normativas para el bien del conjunto de la sociedad. Ahora, si hay individuos de las fuerzas que cometieron actos ilegales en este marco de pandemia, tienen que caer todos presos de la Justicia, y no les quepa duda de que la Secretaría de Derechos Humanos va a estar atrás para que eso pase.
SRA. FRADE Secretario...
SR. PIETRAGALLA CORTI Quiero que eso les quede claro a todos.
SRA. FRADE Secretario, por favor...
SR. PIETRAGALLA CORTI Sí.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Diputada: para ordenar el funcionamiento de la comisión, le voy a pedir que se remita a la Presidencia. No vamos a poder hacer repreguntas porque todavía faltan las respuestas de la ministra de Seguridad.
Entiendo que puede haber quedado alguna pregunta sin contestar a pesar del esfuerzo que está haciendo el secretario. En todo caso, sugiero que después enviemos las preguntas que hayan quedado sin responder y que nos las contesten por escrito.
De todos modos, señor secretario, si usted quiere escuchar a la diputada le doy la palabra.
Entiendo que puede haber quedado alguna pregunta sin contestar a pesar del esfuerzo que está haciendo el secretario. En todo caso, sugiero que después enviemos las preguntas que hayan quedado sin responder y que nos las contesten por escrito.
De todos modos, señor secretario, si usted quiere escuchar a la diputada le doy la palabra.
SR. PIETRAGALLA CORTI En ese espíritu, si quedó alguna duda sobre los casos de Ingeniero Budge, que la compañera Mónica Frade se comunique con nosotros y le daremos todas las respuestas. Estamos abiertos para eso totalmente.
Incluso, si otros diputados de Cambiemos me quieren hacer alguna consulta o manifestar algún enojo, estamos para eso, sinceramente. Pero, como dije antes y para cerrar, jamás avalaremos el actuar ilegal de las fuerzas de seguridad; por el contrario, desde hace años tenemos un compromiso con respecto a este tema. Muchos fuimos víctimas de esto en los 90 cuando éramos adolescentes y vivíamos en barrios. Sabemos que esto es algo que siempre pasó.
Por lo tanto, me pongo a disposición. Están todos los teléfonos de la secretaría y mi teléfono personal a disposición para que se comuniquen y podamos despejar cualquier duda que tengan sobre el rol de la Secretaría de Derechos Humanos.
Incluso, si otros diputados de Cambiemos me quieren hacer alguna consulta o manifestar algún enojo, estamos para eso, sinceramente. Pero, como dije antes y para cerrar, jamás avalaremos el actuar ilegal de las fuerzas de seguridad; por el contrario, desde hace años tenemos un compromiso con respecto a este tema. Muchos fuimos víctimas de esto en los 90 cuando éramos adolescentes y vivíamos en barrios. Sabemos que esto es algo que siempre pasó.
Por lo tanto, me pongo a disposición. Están todos los teléfonos de la secretaría y mi teléfono personal a disposición para que se comuniquen y podamos despejar cualquier duda que tengan sobre el rol de la Secretaría de Derechos Humanos.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchas gracias, secretario Horacio Pietragalla Corti.
Le damos entonces la palabra a la ministra de Seguridad.
Le damos entonces la palabra a la ministra de Seguridad.
SRA. BANFI Señora presidenta: me gustaría...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Diputada: vamos a instrumentar un mecanismo claro y transparente para que todas las preguntas, que fueron muchas, puedan ser respondidas. Creo que los funcionarios han hecho un esfuerzo grande para poder...
Se producen problemas de conectividad y se interrumpe momentáneamente el audio.
Luego de unos instantes:
SRA. BANFI Discúlpeme, necesito aclarar este punto.
Si yo hubiese querido que las preguntas fueran en torno a una instancia privada, hubiera mandado un pedido de informes o de acceso a la información. En cambio, si solicitamos una audiencia pública, me gustaría que me respondiera las preguntas sobre Facundo Astudillo Castro de manera pública. Reitero que ese es mi pedido porque aún no respondió ninguna de las tres preguntas que formulé.
Si yo hubiese querido que las preguntas fueran en torno a una instancia privada, hubiera mandado un pedido de informes o de acceso a la información. En cambio, si solicitamos una audiencia pública, me gustaría que me respondiera las preguntas sobre Facundo Astudillo Castro de manera pública. Reitero que ese es mi pedido porque aún no respondió ninguna de las tres preguntas que formulé.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señora diputada: le pido que seamos respetuosos. Insisto en los términos que acordamos para el desarrollo de la reunión, porque todos...
SRA. BANFI Pero...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Señora diputada: si puede intentar no interrumpirme, se lo agradezco, porque yo la dejé hablar y la escuché. Todos queremos cosas individualmente, pero somos un cuerpo colegiado. La verdad es que no terminaremos la reunión sin escuchar a los funcionarios, que fueron muy respetuosos. Todos los oradores tuvieron la oportunidad de hablar todo lo que quisieron, hasta extendiéndose en el tiempo acordado.
Entonces, si queremos escuchar a los funcionarios, a veces lo que tenemos que hacer es no hablar para que ellos puedan hacerlo. Si quedan preguntas pendientes, podemos formularlas en otra comisión, por escrito o mediante cualquier otro mecanismo que existe en democracia. El secretario de Derechos Humanos y la ministra de Seguridad en sus exposiciones iniciales dieron un montón de información sobre el caso al que usted se está refiriendo. Seguramente respondieron muchísimas dudas y probablemente otras no, pero llevamos más de cuatro horas de reunión y me parece que alguna respuesta habrá recibido.
Tiene la palabra la señora ministra de Seguridad.
Entonces, si queremos escuchar a los funcionarios, a veces lo que tenemos que hacer es no hablar para que ellos puedan hacerlo. Si quedan preguntas pendientes, podemos formularlas en otra comisión, por escrito o mediante cualquier otro mecanismo que existe en democracia. El secretario de Derechos Humanos y la ministra de Seguridad en sus exposiciones iniciales dieron un montón de información sobre el caso al que usted se está refiriendo. Seguramente respondieron muchísimas dudas y probablemente otras no, pero llevamos más de cuatro horas de reunión y me parece que alguna respuesta habrá recibido.
Tiene la palabra la señora ministra de Seguridad.
SRA. BANFI Por favor...
SRA. PRESIDENTA PENACCA Esto no es algo para...
SRA. BANFI Entonces, le pido la palabra y una breve interrupción para responder lo que usted está diciendo.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Ya habló tres veces, diputada. Me parece que es un poco injusto en comparación con lo que habló el resto de los participantes, porque tendría más intervenciones que los ministros y los funcionarios. ¿Le parece que usted tiene que tener más intervenciones que los funcionarios que vinieron a dar el informe?
SRA. BANFI ¿Puedo hacer una aclaración?
SRA. PRESIDENTA PENACCA ¿Quiere que lo sometamos a votación?
SRA. BANFI ¿Puedo hacer una aclaración? Le estoy pidiendo la palabra.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Si usted ya está haciendo uso de la palabra, diputada. Además, no ha pedido la palabra sino que ha hecho uso de la palabra cuando se le antojó. Así que hable tranquila. La escuchamos todos y todas.
SRA. BANFI Le agradezco mucho, señora presidenta.
Quiero aclarar que no se trata de que el señor secretario asistió y respondió las preguntas que quiso o que pudo. Lamentablemente, las tres preguntas que le hice sobre Facundo Astudillo Castro no las contestó. Entonces, pido por favor que los taquígrafos dejen asentado que las tres preguntas que hice sobre Facundo Astudillo Castro en el marco de una audiencia informativa oral no han sido respondidas. Nada más.
Quiero aclarar que no se trata de que el señor secretario asistió y respondió las preguntas que quiso o que pudo. Lamentablemente, las tres preguntas que le hice sobre Facundo Astudillo Castro no las contestó. Entonces, pido por favor que los taquígrafos dejen asentado que las tres preguntas que hice sobre Facundo Astudillo Castro en el marco de una audiencia informativa oral no han sido respondidas. Nada más.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Le agradezco mucho, diputada. Si a usted le parece bien, daremos continuidad al funcionamiento de la comisión. Le pido que no vuelva a interrumpir porque ya hizo uso de la palabra cuatro veces.
Tiene la palabra la señora ministra de Seguridad.
Tiene la palabra la señora ministra de Seguridad.
SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD Gracias, diputados y diputadas, por las preguntas formuladas.
Quedó claro en el informe, y también en nuestra tarea diaria, que tenemos el compromiso inclaudicable de prevenir y sancionar los hechos de violencia institucional, sobre todo los relativos a las fuerzas de seguridad que dependen de nosotros, es decir, sobre las que tenemos mando y capacidad de sanción.
La diputada Marziotta no hizo ninguna pregunta pero mencionó la propuesta de una ley nacional contra la violencia institucional, que por supuesto celebramos porque da cuenta de que faltan herramientas para prevenir y sancionar los casos de violencia institucional a nivel estatal.
La diputada también mencionó el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego, creado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré y desactivado durante los años de gestión de la ex ministra Bullrich, aunque paradójicamente fue sostenido por las propias fuerzas de seguridad, que siguieron manteniendo el protocolo y contando los casos sin que la ex ministra lo hubiera pedido.
Nosotros reactivamos ese programa, restablecimos el sistema estadístico y estamos trabajando en ofrecer un acompañamiento tanto a los efectivos de las fuerzas que dependen de nosotros como a las víctimas. La idea es brindar algún tipo de reparación a las víctimas y acompañar durante el proceso a los efectivos acusados de violencia institucional hasta que se compruebe efectivamente su culpabilidad.
Trataré de responder todas las preguntas siguiendo el orden de las intervenciones. A pesar de que algunas no tienen que ver con el tema que nos ocupa, las voy a responder porque creo que son pertinentes, sobre todo para la Comisión de Seguridad Interior.
El señor diputado Angelini preguntó sobre las coordinaciones entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Santa Fe. Efectivamente, si bien hubo alguna interrupción producto de la emergencia sanitaria, las fuerzas federales colaboraron con la policía de la provincia de Santa Fe en los dispositivos de control de la circulación, para dar cumplimiento al decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Cabe remarcar que hace diez días retomamos el trabajo de coordinación in situ y esta semana tuvimos una reunión virtual con el gobernador y el ministro de Seguridad provincial para reforzar las coordinaciones. Efectivamente en abril hubo una baja en el número de homicidios y delitos en todo el país, incluso en Santa Fe, pero comenzó a subir en mayo. Por supuesto, estamos preocupados y ocupados en el tema.
Por otro lado, los efectivos de las fuerzas federales en Santa Fe son aproximadamente tres mil quinientos en este momento. No está prevista su ampliación, pero sí tenemos previsto trabajar en mesas de coordinación sobre temas de investigación criminal, coordinación, articulación y cooperación con la Justicia, que es una de las demandas de los funcionarios de Santa Fe.
Pasando al tema del combate de los incendios que desde hace varias semanas están azotando el delta del Paraná, en la provincia de Entre Ríos -frente a la costa de Rosario, provincia de Santa Fe-, estamos trabajando desde hace veintiséis días mediante la aplicación del Plan Nacional de Manejo del Fuego, a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil, que está bajo nuestra jurisdicción. Además, en la última semana se sumó el grupo Albatros. También están trabajando brigadas. Nosotros pusimos a disposición tecnología y helicópteros, y contamos con el patrullaje de la Prefectura Naval en las costas de las zonas donde están los focos de incendio, que entiendo que hoy han disminuido respecto de los días anteriores.
En cuanto a la pregunta del diputado Cacace sobre el alcance de nuestra competencia como Ministerio de Seguridad de la Nación en los hechos cometidos por policías provinciales, creo que la propia iniciativa de generar una ley contra la violencia institucional da cuenta de que nuestras herramientas son limitadas. Como ministra de Seguridad de la Nación no puedo entrenar, capacitar, formar, transferir protocolos ni sancionar a las policías provinciales. Eso está fuera de mi competencia. Lo que nosotros hacemos, a través del Consejo de Seguridad Interior, es pedir -mediante notas- información sobre las actuaciones de la policía a los ministerios de Seguridad de cada provincia o al gobernador o gobernadora, según el caso.
Debemos decir que en casi todas las provincias los gobiernos han tomado medidas, ya sea apartando o sancionando al personal policial, con lo cual en la mayoría de los casos no fue necesario insistir con notas pidiendo explicaciones.
Aprovecho esta oportunidad para aclarar algo que ya se mencionó dos veces, pues lo planteó el diputado Petri y otro diputado que ahora no recuerdo. En realidad, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no me contradijo.
El problema fue que los medios de alcance nacional levantaron un fragmento de esa entrevista y lo utilizaron fuera de contexto. Invito a los diputados a escuchar la entrevista completa que di en el Wilson Center; verán que en ningún momento dije que bajaron los delitos, sino que bajaron respecto del mismo período del año pasado. O sea, si uno hace el análisis de los hechos delictivos de todo el período comprendido entre enero y junio de 2019 y de 2020, verá que hay un descenso del 26 por ciento en la tasa de hechos delictivos.
Ese descenso claramente está asociado a la diminución inédita de los delitos que se produjo en el mes de abril, con el inicio de la pandemia. Tal como bien dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los delitos aumentaron en mayo respecto del mes de abril y lo siguieron haciendo aún más en junio.
También dije algo que es cierto. No son lo mismo los robos y los robos agravados que los homicidios. Lo que muestran las estadísticas preliminares que tenemos del período enero-junio es que aumentaron levemente los homicidios si comparamos junio de 2019 contra el mismo mes del año anterior.
De todas maneras, como es mucha información y entiendo que con esta velocidad no queda clara, pongo a disposición de la presidenta de la comisión la información preliminar que tenemos a fin de que puedan analizar los datos del material que produce el Sistema Nacional de Información Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa información muestra los hechos que el Ministerio de Seguridad colecta de todas las jurisdicciones del fuero ordinario y del federal.
Quiero que quede claro que el jefe de Gabinete no me contradijo, sino que estamos hablando de la misma información, pero depende del parámetro que uno tome, los hechos bajaron o subieron.
De todas maneras, los hechos delictivos están subiendo y tienden a ser más violentos que los del año pasado. Esto nos ocupa porque somos al menos responsables de la seguridad respecto de los delitos federales.
Hubo dos preguntas similares de las diputadas Banfi y Del Pla. A través del SIFEBU nos pusimos a disposición de la Justicia Federal porque, como mencioné en el informe, este sistema es una herramienta muy valiosa para coordinar los vacíos que a veces se producen entre agencias provinciales, nacionales y las que dependen del Ministerio de Salud o de la Justicia. El Sistema Federal de Búsqueda rápidamente activa la información de búsqueda en todas las agencias que puedan tener alguna información que pueda ser de utilidad para la causa.
Una pregunta de la diputada Banfi se refería a los medios para realizar las pericias y la distancia entre el lugar donde se lleva a cabo la investigación, el terreno, y el lugar donde se pueden hacer las pericias. También pusimos tecnología, helicópteros y todos los medios necesarios para que las pericias se hagan en tiempo y forma en el lugar que deben hacerse. Si hay demora, tiene que ver con el mismo tratamiento que requiere el material que se recoge como, por ejemplo, las muestras de ADN que a veces llevan más tiempo para analizar. La demora en la información sobre los resultados de la pericia no se debe a la falta de medios.
Respecto de la pregunta de la diputada Del Pla -pido disculpas si no lo dije correctamente-, no está pendiente el peritaje sobre el teléfono de Facundo Astudillo Castro, sino sobre las comunicaciones, es decir, sobre la línea telefónica y de Whatsapp que captan las antenas. La Policía Federal está desarrollando pericias sobre eso, pero necesita la intervención de la empresa Claro para terminar de obtener la información de la conexión entre el teléfono de Facundo y el de las personas que han dicho que se han comunicado con él. Por ahora, se tiene la comunicación de quienes lo llamaron o se comunicaron por Whatsapp, pero falta la otra parte, el otro tramo de la información. Esto es muy valioso para determinar si efectivamente los testimonios son ciertos o no, y esa información está faltando.
Con respecto a la pregunta del diputado del Caño sobre los oficiales y suboficiales de Gendarmería que fueron pasados a disponibilidad por el informe que se hizo sobre los mineros de Andacollo, hay tres gendarmes del Centro de Reunión de Información pasados a disponibilidad, que son los que estuvieron vinculados con la producción del informe. O sea, fueron pasados a disponibilidad solo los responsables en toda la cadena de mando, hasta un comandante principal, pero no todo el Centro de Reunión de Información.
La diputada Frade consultó sobre los protocolos de uso racional de la fuerza. En las dos reuniones que hicimos del Consejo de Seguridad Interior sobre el tema puntual de violencia institucional, invitamos a las provincias a sumarse a los protocolos que tememos para el uso de la fuerza, pero queda librado a la decisión de los ministerios de Seguridad de cada provincia establecer si los adoptan. No podemos obligar a las provincias a adoptar las medidas que tomamos a nivel nacional.
También la diputada preguntó sobre otros casos de violencia y de desaparición. Intervinimos a través del SIFEBU tanto con la puesta a disposición de perros para la búsqueda como también con la difusión de afiches con imágenes de Franco Martínez González, el muchacho de Villa Albertina, Lomas de Zamora. A su vez, intervinimos en el caso de Salvador Altamura, poniendo a disposición perros de búsqueda, material y tecnología.
El diputado Martínez consultó sobre la intensidad de la participación de los ministros en el Consejo de Seguridad sobre el tema. Cabe señalar que no todos participan con la misma intensidad. Hay ministros que han participado y respondido a algunas de nuestras notas, como el ministro de Seguridad de Tucumán, cuando se produjo el caso Espinoza. En algunas oportunidades, cuando quisimos tratar hechos de violencia institucional de otras provincias, no hemos contado con la participación del ministro de Seguridad correspondiente a esa jurisdicción.
Quiero hacer mención a un planteo del diputado Quetglas. Nosotros tenemos un Programa de Uso Racional de la Fuerza, una Subsecretaría de Control y Transparencia, una Dirección Nacional de Violencia Institucional y muchas veces articulamos con el trabajo que hace la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No obstante, creemos que una política de prevención de la violencia institucional debe ser integral e incluir no solo el dictado de cursos de derechos humanos, que también son parte de la formación, sino también una política de bienestar hacia la fuerza, de contemplación de las condiciones de trabajo y de las herramientas necesarias como chalecos antibala, chalecos de protección fosforescentes, armas en buen estado y entrenamiento adecuado para su uso. Es decir, se trata de una serie de elementos que, por supuesto, es parte de la prevención de la violencia institucional que hace a los objetivos de la política que desarrolla nuestro ministerio y en la que estamos comprometidos y comprometidas.
Además, invitamos a los diputados y diputadas a interiorizarse sobre las políticas de bienestar que desarrollamos para la fuerza ya que consideramos son un elemento central.
Asimismo, debo decir que en este tiempo de cuarentena se hace difícil que las fuerzas de seguridad federales sostengan el reentrenamiento y esa es una limitación que lamentablemente no podemos sortear.
Por último, nuestro compromiso contra la violencia institucional se vio reflejado -creo yo- en el pedido que se hiciera a las autoridades de la Gendarmería Nacional para que realizara la investigación disciplinaria, que no se había efectuado y debió haberse hecho en 2017, sobre el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado.
En tal sentido, dicha investigación disciplinaria era una deuda con la sociedad argentina y con la familia de Maldonado, pero también con la propia Gendarmería Nacional porque su actuación en el contexto del operativo del 1º de agosto fue a todas luces innecesaria, no fue urgente, fue desmedida y no contó con los recursos y capacidades del personal que allí se desempeñaba. Es decir, la Gendarmería en su conjunto sabía que ese operativo se había desarrollado por fuera de cualquier protocolo y doctrina de la institución.
De manera que todo eso debe ser considerado porque era una deuda del Estado nacional con la institución además de con la sociedad, y fue lo que derivó en la denuncia penal contra el exjefe de gabinete Pablo Noceti.
Aquí me están acercando, para responder a la diputada Banfi, lo que está pendiente más técnicamente en las pericias de las comunicaciones de Facundo. La pericia que hace falta y que requiere la colaboración de la empresa prestadora del servicio de comunicación es para saber dónde impactaron las últimas comunicaciones, en qué antenas y también para saber la ubicación del celular de Facundo en ese momento. Eso es lo que falta y sería muy importante para avanzar y descartar algunas líneas de investigación.
Por mi parte, esto es todo y cualquier otra inquietud que quede sin responder la hacemos llegar a través de la Presidencia de la comisión.
Quedó claro en el informe, y también en nuestra tarea diaria, que tenemos el compromiso inclaudicable de prevenir y sancionar los hechos de violencia institucional, sobre todo los relativos a las fuerzas de seguridad que dependen de nosotros, es decir, sobre las que tenemos mando y capacidad de sanción.
La diputada Marziotta no hizo ninguna pregunta pero mencionó la propuesta de una ley nacional contra la violencia institucional, que por supuesto celebramos porque da cuenta de que faltan herramientas para prevenir y sancionar los casos de violencia institucional a nivel estatal.
La diputada también mencionó el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego, creado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré y desactivado durante los años de gestión de la ex ministra Bullrich, aunque paradójicamente fue sostenido por las propias fuerzas de seguridad, que siguieron manteniendo el protocolo y contando los casos sin que la ex ministra lo hubiera pedido.
Nosotros reactivamos ese programa, restablecimos el sistema estadístico y estamos trabajando en ofrecer un acompañamiento tanto a los efectivos de las fuerzas que dependen de nosotros como a las víctimas. La idea es brindar algún tipo de reparación a las víctimas y acompañar durante el proceso a los efectivos acusados de violencia institucional hasta que se compruebe efectivamente su culpabilidad.
Trataré de responder todas las preguntas siguiendo el orden de las intervenciones. A pesar de que algunas no tienen que ver con el tema que nos ocupa, las voy a responder porque creo que son pertinentes, sobre todo para la Comisión de Seguridad Interior.
El señor diputado Angelini preguntó sobre las coordinaciones entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Santa Fe. Efectivamente, si bien hubo alguna interrupción producto de la emergencia sanitaria, las fuerzas federales colaboraron con la policía de la provincia de Santa Fe en los dispositivos de control de la circulación, para dar cumplimiento al decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Cabe remarcar que hace diez días retomamos el trabajo de coordinación in situ y esta semana tuvimos una reunión virtual con el gobernador y el ministro de Seguridad provincial para reforzar las coordinaciones. Efectivamente en abril hubo una baja en el número de homicidios y delitos en todo el país, incluso en Santa Fe, pero comenzó a subir en mayo. Por supuesto, estamos preocupados y ocupados en el tema.
Por otro lado, los efectivos de las fuerzas federales en Santa Fe son aproximadamente tres mil quinientos en este momento. No está prevista su ampliación, pero sí tenemos previsto trabajar en mesas de coordinación sobre temas de investigación criminal, coordinación, articulación y cooperación con la Justicia, que es una de las demandas de los funcionarios de Santa Fe.
Pasando al tema del combate de los incendios que desde hace varias semanas están azotando el delta del Paraná, en la provincia de Entre Ríos -frente a la costa de Rosario, provincia de Santa Fe-, estamos trabajando desde hace veintiséis días mediante la aplicación del Plan Nacional de Manejo del Fuego, a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil, que está bajo nuestra jurisdicción. Además, en la última semana se sumó el grupo Albatros. También están trabajando brigadas. Nosotros pusimos a disposición tecnología y helicópteros, y contamos con el patrullaje de la Prefectura Naval en las costas de las zonas donde están los focos de incendio, que entiendo que hoy han disminuido respecto de los días anteriores.
En cuanto a la pregunta del diputado Cacace sobre el alcance de nuestra competencia como Ministerio de Seguridad de la Nación en los hechos cometidos por policías provinciales, creo que la propia iniciativa de generar una ley contra la violencia institucional da cuenta de que nuestras herramientas son limitadas. Como ministra de Seguridad de la Nación no puedo entrenar, capacitar, formar, transferir protocolos ni sancionar a las policías provinciales. Eso está fuera de mi competencia. Lo que nosotros hacemos, a través del Consejo de Seguridad Interior, es pedir -mediante notas- información sobre las actuaciones de la policía a los ministerios de Seguridad de cada provincia o al gobernador o gobernadora, según el caso.
Debemos decir que en casi todas las provincias los gobiernos han tomado medidas, ya sea apartando o sancionando al personal policial, con lo cual en la mayoría de los casos no fue necesario insistir con notas pidiendo explicaciones.
Aprovecho esta oportunidad para aclarar algo que ya se mencionó dos veces, pues lo planteó el diputado Petri y otro diputado que ahora no recuerdo. En realidad, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no me contradijo.
El problema fue que los medios de alcance nacional levantaron un fragmento de esa entrevista y lo utilizaron fuera de contexto. Invito a los diputados a escuchar la entrevista completa que di en el Wilson Center; verán que en ningún momento dije que bajaron los delitos, sino que bajaron respecto del mismo período del año pasado. O sea, si uno hace el análisis de los hechos delictivos de todo el período comprendido entre enero y junio de 2019 y de 2020, verá que hay un descenso del 26 por ciento en la tasa de hechos delictivos.
Ese descenso claramente está asociado a la diminución inédita de los delitos que se produjo en el mes de abril, con el inicio de la pandemia. Tal como bien dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los delitos aumentaron en mayo respecto del mes de abril y lo siguieron haciendo aún más en junio.
También dije algo que es cierto. No son lo mismo los robos y los robos agravados que los homicidios. Lo que muestran las estadísticas preliminares que tenemos del período enero-junio es que aumentaron levemente los homicidios si comparamos junio de 2019 contra el mismo mes del año anterior.
De todas maneras, como es mucha información y entiendo que con esta velocidad no queda clara, pongo a disposición de la presidenta de la comisión la información preliminar que tenemos a fin de que puedan analizar los datos del material que produce el Sistema Nacional de Información Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa información muestra los hechos que el Ministerio de Seguridad colecta de todas las jurisdicciones del fuero ordinario y del federal.
Quiero que quede claro que el jefe de Gabinete no me contradijo, sino que estamos hablando de la misma información, pero depende del parámetro que uno tome, los hechos bajaron o subieron.
De todas maneras, los hechos delictivos están subiendo y tienden a ser más violentos que los del año pasado. Esto nos ocupa porque somos al menos responsables de la seguridad respecto de los delitos federales.
Hubo dos preguntas similares de las diputadas Banfi y Del Pla. A través del SIFEBU nos pusimos a disposición de la Justicia Federal porque, como mencioné en el informe, este sistema es una herramienta muy valiosa para coordinar los vacíos que a veces se producen entre agencias provinciales, nacionales y las que dependen del Ministerio de Salud o de la Justicia. El Sistema Federal de Búsqueda rápidamente activa la información de búsqueda en todas las agencias que puedan tener alguna información que pueda ser de utilidad para la causa.
Una pregunta de la diputada Banfi se refería a los medios para realizar las pericias y la distancia entre el lugar donde se lleva a cabo la investigación, el terreno, y el lugar donde se pueden hacer las pericias. También pusimos tecnología, helicópteros y todos los medios necesarios para que las pericias se hagan en tiempo y forma en el lugar que deben hacerse. Si hay demora, tiene que ver con el mismo tratamiento que requiere el material que se recoge como, por ejemplo, las muestras de ADN que a veces llevan más tiempo para analizar. La demora en la información sobre los resultados de la pericia no se debe a la falta de medios.
Respecto de la pregunta de la diputada Del Pla -pido disculpas si no lo dije correctamente-, no está pendiente el peritaje sobre el teléfono de Facundo Astudillo Castro, sino sobre las comunicaciones, es decir, sobre la línea telefónica y de Whatsapp que captan las antenas. La Policía Federal está desarrollando pericias sobre eso, pero necesita la intervención de la empresa Claro para terminar de obtener la información de la conexión entre el teléfono de Facundo y el de las personas que han dicho que se han comunicado con él. Por ahora, se tiene la comunicación de quienes lo llamaron o se comunicaron por Whatsapp, pero falta la otra parte, el otro tramo de la información. Esto es muy valioso para determinar si efectivamente los testimonios son ciertos o no, y esa información está faltando.
Con respecto a la pregunta del diputado del Caño sobre los oficiales y suboficiales de Gendarmería que fueron pasados a disponibilidad por el informe que se hizo sobre los mineros de Andacollo, hay tres gendarmes del Centro de Reunión de Información pasados a disponibilidad, que son los que estuvieron vinculados con la producción del informe. O sea, fueron pasados a disponibilidad solo los responsables en toda la cadena de mando, hasta un comandante principal, pero no todo el Centro de Reunión de Información.
La diputada Frade consultó sobre los protocolos de uso racional de la fuerza. En las dos reuniones que hicimos del Consejo de Seguridad Interior sobre el tema puntual de violencia institucional, invitamos a las provincias a sumarse a los protocolos que tememos para el uso de la fuerza, pero queda librado a la decisión de los ministerios de Seguridad de cada provincia establecer si los adoptan. No podemos obligar a las provincias a adoptar las medidas que tomamos a nivel nacional.
También la diputada preguntó sobre otros casos de violencia y de desaparición. Intervinimos a través del SIFEBU tanto con la puesta a disposición de perros para la búsqueda como también con la difusión de afiches con imágenes de Franco Martínez González, el muchacho de Villa Albertina, Lomas de Zamora. A su vez, intervinimos en el caso de Salvador Altamura, poniendo a disposición perros de búsqueda, material y tecnología.
El diputado Martínez consultó sobre la intensidad de la participación de los ministros en el Consejo de Seguridad sobre el tema. Cabe señalar que no todos participan con la misma intensidad. Hay ministros que han participado y respondido a algunas de nuestras notas, como el ministro de Seguridad de Tucumán, cuando se produjo el caso Espinoza. En algunas oportunidades, cuando quisimos tratar hechos de violencia institucional de otras provincias, no hemos contado con la participación del ministro de Seguridad correspondiente a esa jurisdicción.
Quiero hacer mención a un planteo del diputado Quetglas. Nosotros tenemos un Programa de Uso Racional de la Fuerza, una Subsecretaría de Control y Transparencia, una Dirección Nacional de Violencia Institucional y muchas veces articulamos con el trabajo que hace la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No obstante, creemos que una política de prevención de la violencia institucional debe ser integral e incluir no solo el dictado de cursos de derechos humanos, que también son parte de la formación, sino también una política de bienestar hacia la fuerza, de contemplación de las condiciones de trabajo y de las herramientas necesarias como chalecos antibala, chalecos de protección fosforescentes, armas en buen estado y entrenamiento adecuado para su uso. Es decir, se trata de una serie de elementos que, por supuesto, es parte de la prevención de la violencia institucional que hace a los objetivos de la política que desarrolla nuestro ministerio y en la que estamos comprometidos y comprometidas.
Además, invitamos a los diputados y diputadas a interiorizarse sobre las políticas de bienestar que desarrollamos para la fuerza ya que consideramos son un elemento central.
Asimismo, debo decir que en este tiempo de cuarentena se hace difícil que las fuerzas de seguridad federales sostengan el reentrenamiento y esa es una limitación que lamentablemente no podemos sortear.
Por último, nuestro compromiso contra la violencia institucional se vio reflejado -creo yo- en el pedido que se hiciera a las autoridades de la Gendarmería Nacional para que realizara la investigación disciplinaria, que no se había efectuado y debió haberse hecho en 2017, sobre el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado.
En tal sentido, dicha investigación disciplinaria era una deuda con la sociedad argentina y con la familia de Maldonado, pero también con la propia Gendarmería Nacional porque su actuación en el contexto del operativo del 1º de agosto fue a todas luces innecesaria, no fue urgente, fue desmedida y no contó con los recursos y capacidades del personal que allí se desempeñaba. Es decir, la Gendarmería en su conjunto sabía que ese operativo se había desarrollado por fuera de cualquier protocolo y doctrina de la institución.
De manera que todo eso debe ser considerado porque era una deuda del Estado nacional con la institución además de con la sociedad, y fue lo que derivó en la denuncia penal contra el exjefe de gabinete Pablo Noceti.
Aquí me están acercando, para responder a la diputada Banfi, lo que está pendiente más técnicamente en las pericias de las comunicaciones de Facundo. La pericia que hace falta y que requiere la colaboración de la empresa prestadora del servicio de comunicación es para saber dónde impactaron las últimas comunicaciones, en qué antenas y también para saber la ubicación del celular de Facundo en ese momento. Eso es lo que falta y sería muy importante para avanzar y descartar algunas líneas de investigación.
Por mi parte, esto es todo y cualquier otra inquietud que quede sin responder la hacemos llegar a través de la Presidencia de la comisión.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchísimas gracias, señora ministra, por su exposición. Reitero que esta es la segunda vez que contamos con su presencia y sabemos que así será cada vez que necesitemos tener un intercambio con ella y, por su intermedio, con todo su ministerio.
No quiero abusar del tiempo de nuestros funcionarios porque hemos tenido un encuentro muy fructífero, enriquecedor y de muchas horas de debate. Solamente voy a utilizar diez minutos del tiempo de todos, para leer las preguntas que la señora diputada Banfi hizo en su intervención inicial con respecto a Facundo, ya que el secretario quiere responderlas.
Según el registro audiovisual, la diputada Banfi preguntó cuál es el protocolo que se utiliza cuando existe una denuncia en la que hay una relación directa o indirecta con las fuerzas de seguridad, y si la Secretaría de Derechos Humanos no intervino antes del cambio de jurisdicción y de carátula -nos referimos al caso de Facundo Astudillo.
Pido disculpas por la extensión en el tiempo pero considero que, teniendo en cuenta la buena voluntad de nuestro gobierno y de nuestros funcionarios, a nadie va a molestar que nos tomemos unos minutos más.
Tiene la palabra el secretario de Derechos Humanos.
No quiero abusar del tiempo de nuestros funcionarios porque hemos tenido un encuentro muy fructífero, enriquecedor y de muchas horas de debate. Solamente voy a utilizar diez minutos del tiempo de todos, para leer las preguntas que la señora diputada Banfi hizo en su intervención inicial con respecto a Facundo, ya que el secretario quiere responderlas.
Según el registro audiovisual, la diputada Banfi preguntó cuál es el protocolo que se utiliza cuando existe una denuncia en la que hay una relación directa o indirecta con las fuerzas de seguridad, y si la Secretaría de Derechos Humanos no intervino antes del cambio de jurisdicción y de carátula -nos referimos al caso de Facundo Astudillo.
Pido disculpas por la extensión en el tiempo pero considero que, teniendo en cuenta la buena voluntad de nuestro gobierno y de nuestros funcionarios, a nadie va a molestar que nos tomemos unos minutos más.
Tiene la palabra el secretario de Derechos Humanos.
SR. PIETRAGALLA En primer lugar, pido disculpas si no se entendieron algunas respuestas.
En el protocolo de actuación, cuando nos llegan casos de violencia institucional relacionados con las fuerzas -lo dijimos antes-, hacemos el registro en la Secretaría. Lo primero que se hace es indagar un poco en lo actuado, hablamos con la familia y nos ponemos en contacto con los abogados -si ya los tienen.
En los casos graves claramente lo primero que necesitamos es que los peritos de parte estén en función de la familia. Además, cuando nos ponemos en contacto con los abogados querellantes, comenzamos a indagar si tienen todos los requisitos para que ningún caso quede impune, ya que sabemos que las primeras horas son fundamentales.
Durante la presentación del Powerpoint expliqué cómo era el procedimiento del área de denuncias de violencia institucional y cómo es nuestro protocolo de actuación. En el caso de Facundo, como dije, antes de la denuncia por desaparición forzada no teníamos ninguna intervención porque no se asociaba con que podía ser un caso de violencia institucional. Sin embargo, cuando hay una desaparición o un desconocimiento del paradero y se hace una denuncia, en ese caso sí actúan las fuerzas provinciales.
Esto es lo que denuncia la madre de Facundo, que las fuerzas tuvieron tiempo para encubrir. Inicialmente, la denuncia había sido por búsqueda de paradero y no por desaparición forzada y fue por ese carril hasta que aparecieron los tres testigos -reitero- que dijeron que vieron a Facundo en un patrullero.
A partir de ese momento cambió la carátula, fuimos notificados, tenemos intervención, nos ponemos en contacto con los abogados, comenzamos a escuchar los reclamos de la familia y a actuar con coherencia en sus pedidos ya que siempre nos ponemos a disposición de las víctimas. En ese sentido, sabemos que potenciar y empoderar a la víctima en los requisitos que necesite, tanto con un perito de parte, con abogados o en situaciones puntuales, es lo primero que se debe hacer para que los casos no queden impunes.
Sinceramente, diputada Karina Banfi, nos conocemos porque hemos sido compañeros en la Cámara y sé que le interesa puntualmente este tema porque fue una de las legisladoras que más solicitó pedidos de acceso a la información que hemos respondido desde la Secretaría. Quisiera invitarla a la Secretaría de Derechos Humanos para hablar sobre el tema y, por supuesto, serán bienvenidos los aportes que pueda hacer porque sé que conoce la temática.
En lo personal, estoy aquí dando explicaciones y jamás escondería ninguna pregunta, todo lo contrario. Le pido que no se enoje, creí que su pregunta estaba respondida. En este sentido, le pido que cuente con nosotros, la Secretaría está abierta para que tomemos un té -porque mate no se puede- y podamos hablar de esta problemática en la que, como dije antes, todos debemos poner sinceridad y trabajar para erradicar la violencia institucional.
Aquí no importa el partido político que gobierne, ya que es una responsabilidad de todos los que desempañamos un rol para combatirla y se debe incluir siempre a las fuerzas. Debemos romper con la idea de que los derechos humanos defienden delincuentes, que tanto se usa y aparece en la discusión pública cuando hay un caso de inseguridad.
Como parte del Estado, ante estas situaciones tenemos responsabilidades en la política de derechos humanos y con los organismos internacionales. Por lo tanto, bienvenido sea el aporte de todos... (inaudible) ...queremos transformar esta problemática y nuestra democracia porque para eso estamos.
Gracias por la atención y espero que sigamos viéndonos.
En el protocolo de actuación, cuando nos llegan casos de violencia institucional relacionados con las fuerzas -lo dijimos antes-, hacemos el registro en la Secretaría. Lo primero que se hace es indagar un poco en lo actuado, hablamos con la familia y nos ponemos en contacto con los abogados -si ya los tienen.
En los casos graves claramente lo primero que necesitamos es que los peritos de parte estén en función de la familia. Además, cuando nos ponemos en contacto con los abogados querellantes, comenzamos a indagar si tienen todos los requisitos para que ningún caso quede impune, ya que sabemos que las primeras horas son fundamentales.
Durante la presentación del Powerpoint expliqué cómo era el procedimiento del área de denuncias de violencia institucional y cómo es nuestro protocolo de actuación. En el caso de Facundo, como dije, antes de la denuncia por desaparición forzada no teníamos ninguna intervención porque no se asociaba con que podía ser un caso de violencia institucional. Sin embargo, cuando hay una desaparición o un desconocimiento del paradero y se hace una denuncia, en ese caso sí actúan las fuerzas provinciales.
Esto es lo que denuncia la madre de Facundo, que las fuerzas tuvieron tiempo para encubrir. Inicialmente, la denuncia había sido por búsqueda de paradero y no por desaparición forzada y fue por ese carril hasta que aparecieron los tres testigos -reitero- que dijeron que vieron a Facundo en un patrullero.
A partir de ese momento cambió la carátula, fuimos notificados, tenemos intervención, nos ponemos en contacto con los abogados, comenzamos a escuchar los reclamos de la familia y a actuar con coherencia en sus pedidos ya que siempre nos ponemos a disposición de las víctimas. En ese sentido, sabemos que potenciar y empoderar a la víctima en los requisitos que necesite, tanto con un perito de parte, con abogados o en situaciones puntuales, es lo primero que se debe hacer para que los casos no queden impunes.
Sinceramente, diputada Karina Banfi, nos conocemos porque hemos sido compañeros en la Cámara y sé que le interesa puntualmente este tema porque fue una de las legisladoras que más solicitó pedidos de acceso a la información que hemos respondido desde la Secretaría. Quisiera invitarla a la Secretaría de Derechos Humanos para hablar sobre el tema y, por supuesto, serán bienvenidos los aportes que pueda hacer porque sé que conoce la temática.
En lo personal, estoy aquí dando explicaciones y jamás escondería ninguna pregunta, todo lo contrario. Le pido que no se enoje, creí que su pregunta estaba respondida. En este sentido, le pido que cuente con nosotros, la Secretaría está abierta para que tomemos un té -porque mate no se puede- y podamos hablar de esta problemática en la que, como dije antes, todos debemos poner sinceridad y trabajar para erradicar la violencia institucional.
Aquí no importa el partido político que gobierne, ya que es una responsabilidad de todos los que desempañamos un rol para combatirla y se debe incluir siempre a las fuerzas. Debemos romper con la idea de que los derechos humanos defienden delincuentes, que tanto se usa y aparece en la discusión pública cuando hay un caso de inseguridad.
Como parte del Estado, ante estas situaciones tenemos responsabilidades en la política de derechos humanos y con los organismos internacionales. Por lo tanto, bienvenido sea el aporte de todos... (inaudible) ...queremos transformar esta problemática y nuestra democracia porque para eso estamos.
Gracias por la atención y espero que sigamos viéndonos.
SRA. PRESIDENTA PENACCA Muchas gracias, señor secretario.
Reitero el agradecimiento a todos y todas, diputados y diputadas y, fundamentalmente, a nuestros ministros que nos han dedicado muchísimo tiempo.
Este es el inicio de un debate y seguiremos convocando una agenda nutrida, en la que podamos profundizar esta discusión, para finalmente sancionar la ley contra la violencia institucional que como sociedad nos merecemos. Desde este gobierno debemos dar ese paso y esta Cámara puede llevar adelante la iniciativa.
Gracias a todos y todas. Los volveremos a convocar.
Reitero el agradecimiento a todos y todas, diputados y diputadas y, fundamentalmente, a nuestros ministros que nos han dedicado muchísimo tiempo.
Este es el inicio de un debate y seguiremos convocando una agenda nutrida, en la que podamos profundizar esta discusión, para finalmente sancionar la ley contra la violencia institucional que como sociedad nos merecemos. Desde este gobierno debemos dar ese paso y esta Cámara puede llevar adelante la iniciativa.
Gracias a todos y todas. Los volveremos a convocar.
- Se da por finalizada la reunión a las 17 y 39.