CONSULTA POPULAR VINCULANTE

ARTÍCULO 1°.- Convócase a una Consulta Popular Vinculante a los efectos de que el pueblo de la Nación se pronuncie por la afirmativa o por la negativa respecto a las siguientes preguntas:

a) "¿Está usted a favor de autorizar el pago a los 'Fondos Buitre' que impuso el juez de la Corte del Distrito en Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, y que implica la erogación por parte del Estado Nacional de alrededor de 20.000 millones de dólares, según consta en el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional?

b) "¿Está usted a favor de que el Estado argentino cese en forma definitiva con la totalidad de los pagos de los bonos de la deuda externa, que ha sido caratulada en un fallo del juez de la Nación Jorge Ballestero en el año 2000 como 'ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta'?"

ARTÍCULO 2°.- Esta Consulta Popular será vinculante y deberá realizarse dentro de los 60 días corridos de haberse aprobado la presente Ley.

ARTÍCULO 3°.- La Consulta Popular Vinculante se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 40 de la Constitución Nacional, la ley de Consulta Popular Nº 25.432 y las disposiciones de la Ley N° 19.945 de Código Nacional Electoral y sus modificatorias.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo ha enviado a este Congreso de la Nación el proyecto de Ley N° 01-PE-16 en el cual se buscan derogar los instrumentos legales que impiden cancelar el pago los denominados Fondos Buitre y se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a endeudarse por hasta 20.000 millones de dólares estadounidenses. Se trata de una imposición del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien ha puesto hasta una fecha tan perentoria como extorsiva para que se haga efectivo el pago a los que el mismo Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay, denominó como los "bandidos del capital financiero internacional".

El Poder Ejecutivo Nacional pretende con este proyecto emitir bonos soberanos a 5, 10 y 30 años, por lo que el pago del capital y los intereses de la nueva deuda emitida deberán recaer en las próximas generaciones de argentinos, todo por una imposición de un tribunal extranjero y una posición sumisa y genuflexa del gobierno nacional y de la casi totalidad de los gobernadores provinciales.

Todos los habitantes de la Nación están involucrados entonces en el pago que se pretende realizar, ya que los fondos con los que se pague el capital y los intereses de esta nueva deuda emitida para pagarle a los "buitres" saldrá de los Presupuestos anuales de la Nación, en desmedro de la salud y la educación públicas y de las imprescindibles obras para garantizar la vivienda a más de 3 millones de familias que se encuentran con déficit habitacional, entre otras necesidades fundamentales.

La historia nacional demuestra que nuevos ciclos de endeudamiento, lejos de sostener el desarrollo nacional y elevar el nivel de vida del pueblo trabajador, han hundido a la Nación en la miseria y la sumisión con las potencias imperialistas y sus organismos financieros, favoreciendo siempre a los grupos capitalistas concentrados, nacionales y extranjeros. Desde el primer empréstito tomado por el presidente de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, la Argentina entró en una espiral de dependencia con el capital financiero internacional, pagando las deudas originales varias veces y a su vez endeudando cada vez más a la Nación. "Si es necesario, pagaremos la deuda con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos, pero pagaremos", afirmó el Presidente Nicolás Avellaneda en 1877, cuando aún no se había terminado de cancelar la deuda con el Reino Unido tomada por el empréstito con la Baring Brothers.

La última dictadura militar estatizó la deuda privada mediante un seguro de cambio a favor de los grandes grupos económicos que hoy siguen dominando al país. Más de 70 empresas, entre las principales del país, se beneficiaron de esta medida fraudulenta e ilegal, provocando un aumento exponencial de la deuda externa argentina en el período de la dictadura. Años después, el juez Ballestero llevó adelante una investigación que desenmascaró la trama de esa descomunal estafa. Sevel, la automotriz de Franco Macri, adeudaba 124 millones de dólares en 1983 que fueron licuados por el Estado; Acindar 649 millones de dólares; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, 211 millones de dólares; y Loma Negra, de los Fortabat, 62 millones de dólares. Corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat y el sector financiero, integran el listado. El perjuicio que ocasionaron al Fisco fue calculado en 1983 en 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años. La deuda fue caratulada por el juez Ballestero como "ilegítima, ilegal y fraudulenta".

Desde 1983 los sucesivos planes y canjes, como el Baker, el Brady y el Megacanje, lejos de provocar ciclos de desarrollo, terminaron llevando a la Argentina al default, con catástrofes sociales como las que vivimos en 1989 y 2001.

Entre el año 2003 y el año 2012, la Argentina pagó 173.733 millones de dólares, según informó la propia Presidenta Cristina Fernández autocalificando a su gobierno como al de Néstor Kirchner como "pagadores seriales" (discurso de la ex mandataria del 27/08/13). Los canjes operados en 2005 y 2010 significaron la erogación de más de 30.000 millones de dólares más intereses para bonistas que habían comprado los papeles a precio vil, ganando más del 300 por ciento en dólares, un robo con pocos antecedentes en el mundo.

El gobierno anterior quiso entrar también en un nuevo ciclo de endeudamiento y por eso se le pagó más de 5.000 millones de dólares a la empresa española Repsol, la vaciadora de YPF. Asimismo, y sin pasar siquiera por el Congreso -es decir, violando el artículo 99 de la Constitución Nacional-, el gobierno acordó el pago con el Club de París que implicaba un desembolso de 9.700 millones de dólares en cinco años. Estos ruinosos acuerdos no significaron ningún beneficio para las mayorías populares. Por el contrario, el pago de estos montos se realizó y se continúa realizando con mayores ajustes.

Como si fuera poco, todas las emisiones de bonos que se realizaron en los últimos años se hicieron con la prórroga de jurisdicción en beneficio de Tribunales extranjeros, principalmente de las potencias como Estados Unidos, el Reino Unido o Francia, dejando al arbitrio de esos Estados dominados por el gran capital financiero la decisión sobre cualquier litigio.

Nuestra postura es clara: el desconocimiento y el no pago de la ilegítima deuda externa. El pueblo que verá nuevamente hipotecado su futuro no puede ser un espectador del desfalco que se pretende concretar con el pago a los "Fondos buitre", y por ello debe ser consultado.

Por todo lo expuesto, y por las razones que ampliaremos oportunamente, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.