En el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que presiden los radicales Gabriela Burgos y Diego Mestre, respectivamente, expusieron distintos especialistas sobre la aplicación del régimen de implementación en todo el territorio nacional del juicio por jurados, método establecido por la Constitución Nacional, que ya se aplica en algunas provincias del país, entre ellas las de Córdoba y Buenos Aires.

Antes de las exposiciones, la diputada jujeña Gabriela Burgos consideró que la figura del juicio por jurados implica “un cambio de paradigma que será fundamental para contar con una nueva forma de ver y administrar la justicia y así amigarla con la sociedad”. Por su parte, el diputado Mestre destacó “la importancia de dar el debate y la discusión sobre un tema trascendente, previsto en la Constitución Nacional”, consideró que “es una deuda del Congreso poder avanzar en ese sentido”.

Uno lo de los expositores fue Gonzalo Romero, coordinador de la oficina de jurados del Tribunal de Justicia de Córdoba, provincia pionera en la implementación de los juicios por jurados, quien subrayó que “la ciudadanía se compromete; realmente quiere participar, ya que toma contacto directamente con quien imparte justicia”, y en esa línea afirmó que “esta herramienta es el mejor ejemplo para democratizar la justicia y así saldar la deuda que tiene el Congreso con la Nación”.

La fiscal de San Isidro Laura Zyseskynd coincidió en valorar “el compromiso de la gente cuando se la convoca y cómo modifican la primera impresión sobre esta herramienta”, destacando que “no hay que tenerle miedo a la deliberación y así lograr elevar los estándares de la justicia”.

El doctor Jorge Rohde, profesor de la materia Juicio por Jurados en la Universidad de Buenos Aires, manifestó que “todos los proyectos en debate generan una contradicción evidente: por un lado reconocemos derechos, pero por otro los cercenamos”, y esto se da por que “estamos exportando un sistema extranjero (Estados Unidos) que parte de bases y principios distintos a los que rigen en nuestro sistema procesal penal”. Con respecto a la unanimidad del veredicto, consideró que “es una reminiscencia histórica que de alguna manera obstaculizaría y pondría en riesgo el sistema frente a la posibilidad de estancamiento de los jurados”.

Luego, y en contrapartida, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Andrés Harfuch, ratificó que con la gran cantidad de ejemplos de juicios por jurados desarrollados en nuestro país “tenemos bases sólidas, prácticas y empíricas de Argentina, y no de Estados Unidos, para poner sobre la mesa de discusión”. Además, afirmó que “en el 95% de los casos en todo el mundo, los jurados arriban a resultados unánimes, ya sea para condenar o absolver, dejando una sensación de certeza de la decisión muy fuerte y brindando confianza popular”.

La jueza del Tribunal Criminal 6 de San Martín, María Inés Piñeiro Bertot, destacó que “los juicios por jurados maximizan todas las bondades del sistema acusatorio, de la oralidad, llevando a un nivel superior la inmediación con la prueba”, al tiempo que agregó: “Esta herramienta asegura, como ningún otro juicio, la imparcialidad del juzgador, que es el jurado”.

Por otra parte, la fiscal bonaerense Carolina Carballido señaló que "en la deliberación del jurado reina el sentido común y eso es lo destacable”. Además, el juez de Casación bonaerense Daniel Carral, sostuvo que "el juicio por jurados le otorga a la ciudadanía la posibilidad de que participe”. En la misma línea, Fernando Zvilling, juez de juicio por jurados de Neuquén, manifestó que en esa provincia “más del 80 por ciento de los ciudadanos han podido expresar su opinión en los juicios".