La comisión de las Personas Mayores, encabezada por la diputada nacional Mirta Tundis, aprobó una serie de proyectos con propuestas concretas para mejorar la situación actual de los jubilados y pensionados.

El proyecto de ley unificado, presentado por las diputadas Tundis (Frente Renovador) y Samanta Acerenza (Pro), obtuvo dictamen favorable. Se trata de la creación del “Programa Mayor + Inclusión”, que apunta a posibilitar el acceso a toda persona mayor de 60 años a la educación, formación, acceso y participación en informática y nuevas tecnologías, a los efectos de fomentar la integración social.

Tundis destacó que “se trata de facilitarle a la tercera edad el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación”. Y afirmó que “no hay colaboración ni compromiso de las entidades bancarias para ayudar a los adultos mayores, respecto a los trámites que deben realizar”.

Por su parte, la diputada Graciela Ocaña (Pro) indicó que “este proyecto mejora la inclusión digital de los adultos mayores”.

Además, pasó a la firma la norma presentada por la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) para derogar la resolución 956/17, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que aprueba la constitución de la fundación PAMI -INSSJP.

En ese sentido, Mariana Morales (Frente Renovador) sostuvo que desde su bloque consideran que dicha resolución “es ilegal”, por lo cual se solicita su derogación. La diputada del FPV Luana Volnovich manifestó su acompañamiento. En cambio, la diputada radical Estela Regidor rechazó el proyecto.

Desde Cambiemos, Graciela Ocaña sostuvo: "Vamos a derogar una resolución interna que no existe, por eso acompaño el dictamen que rechaza el proyecto”.

Otros de los temas tratados en la reunión fue el que proyecto de resolución que expresa preocupación por las políticas asumidas por el Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados - INSSJP - en relación a la prestación por cápita. Sobre ese tema, los diputados coincidieron en la importancia de “preservar los recursos de los jubilados”, de manera tal de realizar “auditorías y controles para que las personas mayores tengan lo que se merecen”.