La Comisión Bicameral de los derechos de niñas, niños y adolescentes presentó esta tarde el Informe de Gestión del Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) en una reunión informativa que contó con la participación de funcionarios nacionales y provinciales.

Asimismo, la Bicameral a cargo de la diputada Samanta Acerenza (PRO) firmó un convenio de cooperación conjunta con la Secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para el seguimiento sistematizado del Plan ENIA.

Al comienzo de la reunión, la senadora Norma Durango (Partido Justicialista) manifestó que “el embarazo adolescente pone de relieve la falta de acceso a servicios para ejercer los derechos sexuales y reproductivos y es un freno para que las adolescentes puedan insertarse en el sistema educativo”.

“Hay que fortalecer estas políticas públicas. El camino es fomentar el trabajo conjunto de todos los sectores del Estado”, enfatizo la senadora, quien se refirió a los programas que aplica La Pampa para enfrentar la problemática.

Por su parte Gabriel Castelli, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se mostró optimista sobre la aplicación del Plan: “Hemos avanzado en una política pública tan necesaria para nuestro país, parece mentira que no la hayamos aplicado hace 30 años”.

El secretario de Niñez dijo también que “el embarazo adolescente es uno de los graves problemas sociales que enfrenta nuestro país” e hizo hincapié en la coordinación entre Nación y provincias, remarcando que en 12 provincias se firmaron acuerdos inter-ministeriales.

El coordinador del Plan ENIA, Guillermo Badino, realizó un diagnóstico del Plan y dijo que “lo importante para seguir mejorando dependerá de seguir mejorando la interacción interjurisdiccional”. “Hemos avanzado enormemente y el plan está instalado, seguir adelante significa trabajar más: las pibas están esperando que las asistamos como corresponde”, resumió.

Silvina Ramos, coordinadora técnica del Plan ENIA, relató las estrategias llevadas a cabo a partir de la política pública: fortalecer el programa de la Educación Sexual Integral, crear asesorías en las escuelas y en la comunidad y consejerías en centros de salud, generar acceso efectivo a métodos anticonceptivos y patrocinio jurídico gratuito para adolescentes que hayan sido abusadas.

En cuanto a los números, mencionó que más de 10400 docentes fueron capacitados a través del Plan ENIA, lo que implica un “80% de la meta que el plan se había propuesto”, y hay 1300 escuelas que, a través de la ESI, fortalecen el contenido educativo sobre métodos anticonceptivos. El Plan alcanzó además a más de 50 mil adolescentes que se acercaron a asesorías en salud integral y más de 30 mil adolescentes que fueron asesorados en las consejerías.

Ramos también solicitó al Senado que apruebe la ley de ejercicio profesional de las obstetras, con media sanción de Diputados. “Es un colectivo que merece ser dignificado y nuestro Plan sólo podrá ser exitoso si contamos con el acompañamiento de las obstetras”, resumió.

Desde Fundación Huésped, Leandro Cahn, integrante del Consejo Consultivo del Plan, consideró que se trata de “una política de Estado que nos tenemos que sentir orgullosos; mirar de frente un problema y encontrar la forma de solucionarlo es el primer paso para abordarlo”.

A la hora de dar a conocer las experiencias provinciales, expusieron Marisa Álvarez, subsecretaria de Medicina Social de Salta; Marisa Paira, del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia de Entre Ríos; y Pilar Molina, del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires.

Al cierre de la jornada, la senadora Gladys González (PRO) felicitó a los impulsores del Plan ENIA por “su criterio de federalismo y origen intersectorial”. También se comprometió a impulsar el dictamen sobre la ley obstétrica en el Senado para “poder convertirlo en ley prontamente”.

En tanto, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) reflexionó que “una política de Estado es algo que produce resultados y es respetado por los tres poderes, ese es el consenso que estamos logrando”. “Este plan tiene que seguir, aquí no importan los gobiernos, importan los derechos. El Congreso Nacional debe aportar el presupuesto para que este plan continúe”, concluyó.