La comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, presidida por la senadora de Cambiemos Marta Varela, designó a los seis referentes parlamentarios para integrar el Comité de Lucha contra la Tortura. Ahora resta la aprobación de ambas cámaras legislativas.

El Comité tendrá como objetivo "garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Los diputados nacionales Jorge D´agostino y Alex Ziegler fueron los elegidos en representación de Cambiemos, postulados por el presidente del interbloque, Mario Negri.

Por parte del bloque FPV-PJ, fueron designados María Laura Leguizamón y Juan Manuel Irrazábal, propuestos por el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, y la actual diputada Diana Conti, postulada por Héctor Recalde.

El sexto integrante parlamentario que completa la nómina es Rocío Alconada Alfonsín, nieta del expresidente Raúl Alfonsín, en nombre del bloque UCR, quien fue elegida por el senador Ángel Rozas.

Todos los candidatos propuestos mostraron orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad por ser quiénes están dando el puntapié fundacional, que nos va a posicionar en la agenda mundial con respecto a la lucha contra la tortura. En esa línea, valoraron la interdisciplinariedad en la elección de los miembros del Comité.

Además, abogaron por un trabajo mancomunado, mediante el diálogo constructivo con todos los sectores involucrados y construyendo consensos, para que los tratos sean humanos en la Argentina y poder lograr garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, para cambiarles y mejorarles la vida.

En la búsqueda prioritaria de lograr erradicar definitivamente la tortura del sistema carcelario argentino, precisaron que la base fundamental es el monitoreo permanente de las unidades penitenciarias de nuestro país, para luego formar, capacitar y proteger a las personas privadas de la libertad, siempre con un carácter federal.

De los trece representantes que van a conformar el Comité, ya se habían elegido siete: en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, Alberto José Lucchetti; de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), María Josefina Ignacio (Asociación Pensamiento Penal), Gustavo Federico Palmieri (CELS) y Diego Jorge Lavado (XUMEK); el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, y dos representantes por los mecanismos locales.

Cabe recordar que el organismo fue creado por ley en noviembre de 2012, pero nunca se constituyó.