En una reunión informativa, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados continuó esta tarde el debate acerca de una nueva ley de ética pública y recibió a especialistas en la temática.

El titular de la Comisión, Pablo Tonelli, recordó que existe un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, impulsado desde la Oficina Anticorrupción, así como diversas iniciativas presentadas por diputados.

Diego Alonso, del Colegio de Abogados de la CABA, fue el primero en tomar la palabra y consideró que se trata de “una norma positiva, que reúne cuestiones dispersas y muy valiosas como nepotismo, conflicto de interés y régimen de obsequios”.

Antes de proponer cambios en algunos artículos, Alonso dijo que la iniciativa “tiene los incentivos para que sea eficaz, porque se prevén mecanismos para poner en ejecución la norma” y la comparó con otros hitos legislativos como la ley de responsabilidad penal de las empresas y el acceso a la información pública.

Por su parte, Ramiro Cabrero, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, la calificó como “un avance importante y necesario”. “En términos de resultados creo que podemos darle más profundidad a la norma actual y a la responsabilidad del funcionario público”, agregó. Cabrero destacó asimismo “el principio rector de la transparencia” del proyecto y reclamó “un buen nivel de seguimiento para los tres poderes del Estado”.

Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, coincidió que “si bien nuestra ley actual fue celebrada, es necesario modificarla y en eso hay un consenso elevado”. Giullitti también señaló avances de la iniciativa como la regulación de conflictos de intereses, la aplicación a los tres poderes y los cambios en declaraciones patrimoniales. No obstante, consideró que le falta “un sistema de sanciones eficaces y requiere una autoridad fuerte”.

En tanto, Alejandra Freire, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, consideró que “es un problema a la hora de las declaraciones juradas” el crecimiento de contrataciones a partir del monotributo en el Estado. Sobre la autoridad de aplicación, cuestionó “dónde se va a ubicar el organismo” y reclamó que debe establecerse la paridad de género en su conformación.

Dalma Parisi, líder del grupo de integridad de IDEA, concordó en que se trata de una ley “superadora”, aunque remarcó que “tiene algunos defectos en lo que hace a definiciones, para evitar la sub-aplicación”.

Del mismo modo, Mercedes de los Santos, de la Fundación Directorio Legislativo, dijo que “es muy importante que estemos discutiendo esta norma, dado que la ley vigente es de 1999”. La integrante de Directorio Legislativo realizó algunas críticas a la redacción de algunos artículos y pidió por la ley de lobby. “Es muy rico en términos de obligaciones, pero queda vacío en cómo se va a cumplir la ley y cómo se va a sancionar a los funcionarios”, resumió.

También hizo aportes Guillermo Grela, del Instituto Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, quien consideró que una nueva ley “es necesaria para los compromisos del país a nivel internacional e indispensable para un marco que regule la transparencia en la función pública, la seguridad jurídica y promueva la inversión privada”.

La doctora Ana Castelani, del Observatorio de Elites Argentinas de la UNSAM, analizó la llegada de ejecutivos de empresas al Estado, en lugares estratégicos relacionados a comunicaciones o energía, que “aumentan la posibilidad de conflictos de interés”.

Por su parte, Daniel García, de FLACSO, pidió “pensar una ética pública para los vulnerables” “¿Qué ética pública señala una concepción donde no hay piedad para los más débiles?”, cuestionó.

Al cierre del debate, la diputada Silvia Lospennato (PRO) remarcó la participación de la sociedad civil en la elaboración del proyecto junto a la Oficina Anticorrupción. “Estamos celebrando esta reunión el día que un funcionario –José López- fue condenado a seis años de prisión y la buena noticia es que esos 9 millones de dólares robados serán dados a hospitales públicos”, recordó Lospennato. La diputada del PRO reclamó además el avance del proyecto de ley de ficha limpia, para que no puedan ser candidatos las personas condenadas por delitos de corrupción.

También en nombre del oficialismo, la diputada Karina Banfi (UCR) celebró el debate y pidió “comprender a la corrupción como un virus en el sistema democrático, el antivirus es la transparencia y la integridad”.

Por último, la diputada Nilda Garré, del Frente para la Victoria – PJ, agradeció el análisis del Observatorio de Elites Argentinas de la UNSAM. Desde el mismo bloque, el diputado Guillermo Carmona pidió ampliar el análisis hacia el resto de los proyectos y consideró que el texto oficial “está por debajo de los estándares internacionales”.