Cómo se instrumenta el derecho de acceso a la información pública; cuáles son las experiencias que se han desarrollado hasta ahora y cuáles los desafíos pendientes. Sobre estos ejes giró una conferencia internacional que se dictó en la Cámara de Diputados de la Nación.

En la primera parte disertaron la doctora Luciana Cañete, responsable de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados de la Nación (Argentina) y Casey Cagley, oficial de programas del Instituto Republicano Internacional – IRI (EEUU).

Al inicio de la exposición, Cañete se mostró muy agradecida por las experiencias compartidas y destacó que el “desafío es seguir avanzando en la transparencia”.
Por su parte, Casey Cagley expresó que “es un logro muy importante para Argentina la ley de Acceso a la Información Pública” y la definió como “un cambio cultural para el país”.

 
Panel internacional

De la conferencia participaron Melanie Ann Pustay, directora de la Oficina de Información Pública del Departamento de Justicia de EEUU; Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán de Chile; Silvio René Gramajo Valdés, investigador y consultor de Transparencia y Acceso a la Información de Guatemala; Sergio Mares Morán, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (México) y Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia de Perú. Actuó como moderador el doctor Juan de Dios Cincunegui, director general de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de la Nación (Argentina).

En el inicio del panel, Juan de Dios Cincunegui puso de relieve la visita de Pustay a la Argentina en 2004, organizada por Marta Oyhanarte, por entonces subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, destacando que “pasaron casi 14 años y volvemos a contar con la colaboración de Melanie, que por entonces era directora adjunta y hoy, desde 2007, es directora titular, pero la Argentina ya cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública”.

Pustay contó su experiencia en EEUU y definió que “la clave de tener una ley de acceso a la información pública es tener una guía a la que puedan acudir los funcionarios”.
En ese sentido, ponderó la capacitación para entender y educar a la población en los beneficios del derecho de acceso a la información. Y recalcó que “el gran desafío tener una información interactiva en la web y un kit de herramientas de autoevaluación”.

Por su parte, Jorge Jaraquemada repasó la experiencia en Chile. Destacó que "la ley chilena cumple con los estándares internacionales en Derechos Humanos" y contó la utilización de la plataforma web, el alto cumplimiento de la ley y la incorporación de nuevos sujetos obligados a dar información”.

Sergio Mares Morán realizó un balance histórico de los procesos de la ley en México y consideró que “la ley está enmarcada en derechos humanos y en la garantía constitucional de los ciudadanos que no puede ser vulnerada”, a la vez que remarcó que la norma mexicana ocupa el primer lugar global en transparencia según organismos internacionales.

También informó sobre la creación de la plataforma virtual como herramienta tecnológica donde se concentra todo el sistema de información y la creación del Sistema Nacional de Protección de datos autónomo. Asimismo, hizo hincapié en las capacitaciones y uso de redes sociales.

A su turno, Diana Chávez expuso sobre los retos comunes a la implementación de la ley en Perú que data del 2002 y que, según afirmó,”ha quedado antigua y debe leerse en el marco del contexto latinoamericano post- gobierno de Fujimori”. Sin embargo, explicó que “ha sido un gran avance en su país fortaleciendo el acceso a la información". Y aseguró que “aún hay déficits en la ley, como la falta de proceso autónomo, la accesibilidad y la adaptación a la comunicación 2.0”.

Con respecto a la experiencia de Guatemala, Silvio René Gramajo Valdés afirmó que “la ley implicó el resquebrajamiento de la corrupción y una democracia más abierta, más participativa y obligó a los funcionarios a dar conocimiento de sus decisiones”.

Los expositores coincidieron en que la ley argentina tiene muy buenos principios de tutela e incorporaciones de sujetos obligados.

Panel legislativo

En representación del parlamento nacional, disertaron los diputados Karina Banfi, Silvia Lospennato y Pablo Tonelli y se contó con la maderación del debate por parte de Patricia de Ferrari Rueda, directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Cámara de Diputados de la Nación.

La diputada Banfi, quien fue impulsora de la ley nacional de Acceso a la Información Pública, enfatizó que “hay que entender la ley como nuevo criterio del uso de la información en la que las sociedades actúan como co-gobierno” y se centró en el objetivo principal de la misma “que es ampliar los derechos de los ciudadanos”.

Por su lado, el diputado Tonelli destacó “el doble propósito de la ley: por un lado amplía derechos a los ciudadanos y por otro, actúa como condicionante, ya que modifica la actitud de los funcionarios que están sujetos al escrutinio del pueblo”.

Finalmente, la diputada Silvia Lopennato consideró que “la clave de la ley está en el quién, cómo, para qué y en democratizar la información que antes estaba en manos de pocos”.

Lospennato enfatizó el rol del Estado al afirmar que “la lucha contra la corrupción es relevante y se mejora este combate cuando se utiliza inteligentemente la información”.

Antes de la apertura de la conferencia, la diputada Banfi, junto a los funcionarios Juan de Dios Cincunegui, Luciana Cañete y Dolores Martínez recibieron a representantes de la sociedad civil: Raquel Munt y Mariana Porta de Women´s Democracy Network; Agustina de Luca de Directorio Legislativo; Torcuato Sozio de la Asociación por los Derechos Civiles; Nicolás Cherny y Natalia Aquilino de CIPPEC; Julián Obiglio de Nuevas Generaciones; Esteban Bicarelli de la FURP y Laura Velázquez de FEPESNA.