En el marco de una reunión informativa, la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibió a jóvenes y especialistas en la jornada “Mandate propuestas: Diálogo con jóvenes para una agenda de gobierno”.

Jóvenes de las provincias de Tucumán, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que viven o vivieron separados de su medio familiar, presentaron sus propuestas ante la bicameral para mejorar su calidad de vida y el egreso en los hogares convivenciales.

En Argentina, 10 mil niñas, niños y adolescentes viven separados de su medio familiar, en su mayoría en hogares convivenciales, por estar alcanzados por una medida excepcional para preservar y restituir sus derechos. Al cumplir los 18 años, deben egresar de estos hogares.

En 2017, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.364, que amplía la protección del Estado para que este grupo de jóvenes no vuelva a sufrir vulneraciones. Para eso, la Ley de Egreso establece nuevos derechos para adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales hasta los 21 años y extensible hasta los 25 (si estudia): el derecho a percibir una asignación económica y el derecho a contar con un referente que lo acompañe en esta etapa.

El evento estuvo organizado en conjunto con UNICEF Argentina, y la organización DONCEL, que promueve la participación de la juventud -a partir del colectivo de Guía Egreso- que reúne a jóvenes que egresaron del sistema de cuidado alternativo. Son quienes impulsaron el debate del proyecto de ley y, en esta oportunidad, presentaron sus propuestas.

Los jóvenes coincidieron en que se “necesitan cambios concretos en el sistema de promoción y protección de derechos de la niñez y la adolescencia para que el Estado efectivamente nos cuide mejor”.

Jazmín Pérez, de 19 años, miembro de Guía Egreso, contó el trabajo que se realizó con 150 chicos y chicas que trabajaron en seis propuestas. Expresó que “es muy difícil planificar un egreso y cómo continúa la vida si dentro del hogar no nos enseñan” y rescató el acompañamiento de referentes. “Por eso –subrayó- la ley de egreso es tan importante”.

Las propuestas –que fueron leídas por los participantes- son las siguientes: Prevenir la institucionalización a través de programas de fortalecimiento familiar y un sistema nacional de acogimiento familiar;  implementar un sistema de estándares de calidad de cuidado y aumentar la inversión presupuestaria para el sistema de cuidado alternativo; mejorar las condiciones laborales del personal a cargo del cuidado y garantizar su capacitación; convocar al espacio de participación de niñas, niños y adolescentes establecido para el Consejo Federal de Niñez y Adolescencia; garantizar el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) en todas las provincias y revisar la reglamentación de la ley para incluir a todos; crear un sistema de casas de pre-egreso o viviendas asistidas, garantizar facilidades para alquilar una vivienda y cupos para créditos de vivienda propia.

La diputada Carla Carrizo, autora del proyecto de Ley de Egreso, agradeció a las organizaciones presentes y recordó que aquella ley “fue el ejercicio de la autonomía progresiva y un punto de partida para aquellos jóvenes que no miramos tanto y deberíamos cuidar desde el Estado”.

En el mismo sentido, la diputada Brenda Austin dijo que “esa ley se ganó por el trabajo de ustedes y las organizaciones; eso muestra el poder que los jóvenes que tienen como ciudadanos”.

Mariana Incarnato, directora ejecutiva de la organización DONCEL, hizo un repaso de la situación de acogimiento familiar en Argentina, que sólo representa el 10% del total del alojamiento, lo que significa “una vulneración de los derechos”.

Luego de pedir por un sistema residencial especializado y mencionar los principales factores que sufre la juventud como la pobreza, la falta de cuidados y la falta de estudios, consideró que “los jóvenes aquí presentes han desafiado muchos destinos para lograr que su voz sea oída y para proponer soluciones que resuelvan estos temas urgentes”.

Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, se mostró crítica con la situación en la ciudad, donde hay 750 chicos institucionalizados. “Los hogares no funcionan en buenas condiciones, es una situación traumática”, afirmó. Asimismo, se comprometió al impulso de legislación en la materia.

Desde la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia recolectaron todas las propuestas e informaron a los jóvenes presentes que hay “590 referentes capacitados para que se implemente el programa”. Destacaron que “todavía falta mucho por hacer para saldar lo pendiente, pero hay que generar herramientas, y para ello creamos comisiones y apoyamos estas iniciativas”.

Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos de UNICEF Argentina, compartió el “entusiasmo de estas iniciativas que toman relevancia, crecen y pueden ser llevadas a la política pública. Es una oportunidad para que se fortalezca el sistema de derechos e ir hacia un sistema integral”, dijo.

El especialista, además, pidió que el rol central del Estado sea garantizar el derecho a la vida en familia como un eje priorizado.