Los tres candidatos a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación (Jorge Sarghini, Humberto Roggero y Alejandro Amor) expusieron sus propuestas ante la comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo, que preside la senadora Marta Varela, en el marco de una reunión informativa.

La senadora María de los Ángeles Sacnun consultó a los tres candidatos sobre el grado de federalismo que tendría la Defensoría del Pueblo, el plan de gestión, quiénes serían los candidatos a cubrir cargos adjuntos y la independencia de los grupos económicos, pidiéndoles aclarar si han formado parte de algún directorio de empresas de servicios públicos.

Humberto Roggero arrancó la ronda de exposiciones, refiriéndose principalmente al concepto de federalismo: “Hoy el 75% de la estructura de la Defensoría del pueblo está en la ciudad de Buenos Aires. Los problemas nacionales afectan tanto el derecho de los ciudadanos de la capital federal, como al resto de los argentinos”. Y agregó: “Las delegaciones de la defensoría del pueblo debe ser un arma fundamental en las provincias para tener incorporado un sentido federal claro, para lo cual es necesario llegar a acuerdos con las defensorías del pueblo provinciales y/o municipales”.

En relación al rol de la Defensoría del Pueblo dijo que “es un órgano que necesita de la fortaleza de las instituciones más que de los funcionarios que ocupen el cargo. Si fuera designado, voy a trabajar en la despersonalización de la Defensoría”, afirmó.

En referencia a la estructura funcional del organismo, Roggero propuso “mantener las áreas de trabajo que tiene actualmente la defensoría del pueblo, ya que tienen un diseño apropiado que habría que fortalecerlo”.

El candidato planteó como modificación la incorporación de los derechos de los familiares de las víctimas de la inseguridad a los grupos de vulnerabilidad ya existentes (pueblos indígenas, personas con discapacidad, niños y género).

Por último, se refirió a la participación de la Defensoría como único miembro de Argentina en el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconocido por Nacionales Unidas y destacó que “esta situación está atravesando alguna dificultad operativa y debemos poner el máximo empeño para que esto no suceda”.

En cuanto al cupo de participación femenina en la Defensoría del Pueblo, Roggero dijo que “debe haber por ley una participación femenina estable que no invalide la posibilidad de que una mujer sea miembro o defensora del pueblo. Pero para interpretar los cupos femeninos hoy, hasta que se avance en este tema, el Congreso debería incorporar la figura de la adjunta femenina a imagen y semejanza de los cupos en el Congreso, y que tenga la misma participación que el resto de los adjuntos”.

Jorge Sarghini, otro de los candidatos a cubrir el cargo, afirmó que “es necesario resolver la situación de un organismo con 24 años de vida de los cuales 8 años han sido acéfalos”.

En relación al rol del defensor del pueblo, afirmó “la tarea está clara en el artículo 86 de la Constitución Nacional: ha creado un organismo con una clara visión parlamentarista, lo ha dotado de autonomía funcional, le ha dado expresa claridad para que no acate la instrucción de ningún poder, y lo ha dotado de legitimación procesal para actuar cuando fuera conveniente”.

En cuanto al objetivo del organismo, Sarghini destacó que “la misión es defender y proteger los derechos humanos, el resto de los derechos, las garantías y los intereses de los ciudadanos, y por otro lado, controlar los actos de la administración pública. Esas son las dos caras de la defensoría del pueblo: mirando hacia el pueblo y mirando hacia el poder”.

El candidato también se refirió al concepto de federalismo “desde dos perspectivas; una interna, atendiendo a las delegaciones del interior del país, y otra en interacción con otras defensorías provinciales”.

En relación a la cobertura de los cargos de adjuntos, afirmó que es la comisión bicameral la que debe designar a los dos adjuntos que acompañarán al defensor del pueblo.
Para finalizar destacó como necesaria una condición central para el desarrollo sostenido: “Tener instituciones robustas. La decisión de cubrir esta vacante es un gran aporte a la institucionalidad del país”.

El último candidato en exponer fue Alejandro Amor, actual Defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA)

La propuesta central del defensor porteño apuntó a que “se modifique la ley actual 24.284, estableciendo todos los alcances y facultades que tiene la defensoría en la Argentina, ratificando la legitimación procesal frente a cuestiones individuales, colectivas o difusas, estableciendo la iniciativa legislativa, otra herramienta fundamental para el cumplimiento de las actividades de la defensoría del pueblo”.

En ese sentido marcó la necesidad de determinar a la defensoría del pueblo como autoridad de aplicación de la ley de datos personales; estableciéndola como órgano de fiscalización electoral; presentándola como cabeza del Registro único de víctimas de violencia de género; instrumentando un procedimiento claro y transparente abierto a la participación ciudadana que permita el control, evaluación o impugnación o aval de un candidato a Defensor del pueblo”.

En referencia al federalismo, Amor dijo “creo en la necesidad de una defensoría del pueblo presente en todas las provincias, en especial en las cinco provincias que hoy no tienen ni defensoría del pueblo municipal”.

Sobre el cupo femenino, el ombudsman porteño dijo que “debería cumplirse el 50% del cupo para todas las instituciones”, y también agregó le trabajo conjunto con el colectivo Ni una menos “con quienes hemos participado en todas las marchas y hemos presentado cuatro proyectos de ley sobre violencia de género”.

Consultados sobre la posible vinculación de los candidatos con algún grupo económico, todos destacaron no pertenecer a grupos concentrados de poder.

Formaron parte de la reunión los diputados nacionales Diana Conti, Graciela Camaño, Juliana Di Tullio, Silvia Lospennato, José Luis Patiño, Susana Toledo, y los senadores nacionales Juan Manuel Abal Medina, Sandra Giménez, Juan Carlos Marino y María de los Ángeles Sacnun, todos integrantes de la Comisión.

Además, participaron los diputados Victoria Donda, Leonardo Grosso y Remo Carlotto.