En esta ocasión, el plenario realizó una reunión informativa para escuchar a diversas asociaciones de la sociedad civil, quienes dieron su postura sobre la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. La semana pasada expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior de la Nación, en defensa del proyecto del Poder Ejecutivo.

El primero en exponer hoy fue Alejandro Díaz, CEO de AmCham, quien dejó en claro que “Amcham respalda firmemente toda iniciativa que fortalezca la transparencia y la calidad institucional, en particular aquellas relacionadas con la interacción pública y privada”.

“Con respecto al tema específico, lo que buscamos es que haya una ley que de alguna manera logre que el resultado sea sólido, equilibrado y de aplicación efectiva. En primera instancia, un factor clave para que un proyecto de ley alcance su objetivo es contar con consenso político sobre la necesidad de regular este tema”, dijo Díaz.

En ese sentido, el CEO de AmCham fundamentó que “una buena ley de gestión de intereses o de lobby, como informalmente la llamamos, debe apoyarse en tres pilares fundamentales: la claridad conceptual, la viabilidad operativa y la proporcionalidad y la promoción de las buenas prácticas”.

Díaz también sugirió “la aclaración de conceptos” en el proyecto del Poder Ejecutivo, comparó las legislaciones similares aplicadas en Estados Unidos y Chile y advirtió que “un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”.

Posteriormente, Ángeles Naveyra, Presidente de la Fundación Barbechando, quien explicó que su organización colabora “para que la agenda pública incorpore información acerca de todos los impactos que tienen las distintas normas en la producción, en el empleo, en el arraigo, en el agro, en el verdadero desarrollo federal”.

“Para nosotros esta interlocución con funcionarios es una actividad legítima, necesaria y propia de una democracia representativa. Las decisiones públicas se enriquecen cuando las partes alcanzadas por una norma pueden ser escuchadas”, continuó.

Asimismo, Naveyra manifestó que “una regulación de esta naturaleza tiene que ser equilibrada y proporcional para lograr ser cumplible”. “Una norma de gestión de intereses debe transparentar la actividad, pero sin generar barreras totalmente innecesarias. La transparencia no debe convertirse en un obstáculo para que los ciudadanos, las organizaciones, las empresas, las instituciones técnicas o los sectores productivos puedan y vengan a acercarse al Estado”, aclaró.

En tanto, Alejandra García, Presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, comenzó argumentando que “la regulación del lobby es necesaria y la Argentina mantiene una deuda pendiente en esta materia”.

“Sin embargo, el mensaje del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto presenta deficiencias estructurales graves. El primer problema del proyecto se encuentra en la definición de gestión de intereses contenida en el artículo 2. Su redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública”, dijo García.

Asimismo, la titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal observó que el proyecto “constituye una forma de criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. “El título octavo del proyecto en los artículos 39 y 42 introduce tipos penales de una severidad sin precedentes en materia de regulación de lobby”, observó.

Por su parte, María Barón, Directora Ejecutiva Global de Directorio Legislativo, analizó que “el mensaje adjuntado del Presidente al proyecto de lobby cumple en espíritu básicamente sobre lo que venimos trabajando hace varios años”. “Quizás el articulado entra un poco en conflicto con ese espíritu”, comparó.

Asimismo, Barón sostuvo que “este proyecto tiene varias definiciones que necesitan un poco más de taxatividad”. “Y después hay un gran claroscuro no definido que tiene que ver con intereses, intereses privados, colectivos, comerciales, sectoriales, etc. Y me gustaría que no repitamos lo que pasa hoy en día con la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde hay algún tipo de deficiencia en los actores obligados”, argumentó la Directora Ejecutiva Global de Directorio Legislativo.

Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, se preguntó “si esta es una ley que busca regular el lobby o controlar las agendas de las organizaciones de la sociedad civil y de los legisladores”.

“Esta ley a nuestro entender está mal diseñada o quizás algo peor, busca el control estatal sobre la sociedad civil, y muy especialmente sobre los legisladores que van a tener que pedirle permiso e informar de cada movimiento que haga a las autoridades de la Cámara”, sostuvo Secchi.

En este aspecto, el Director Ejecutivo de Poder Ciudadano manifestó que “es un proyecto que regula demasiado y que coarta bastante la libertad de las organizaciones de la sociedad civil generando muchísima burocracia: esto es una preocupación muy grande que tenemos”.

Posteriormente, Andrés Napoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), opinó que “este proyecto no distingue lo que es el lobby corporativo financiero económico de aquellas actividades que realizan las organizaciones en general o las personas”. “La diferencia ya no diría que es lobby corporativo versus lobby cívico, es lobby versus participación ciudadana”, dijo.

“El proyecto le calza arriba a la participación ciudadana porque las organizaciones de la sociedad civil realizan actividades que tienen que ver con situaciones de lobby o de diálogo legislativo con la gestión. Hacen muchas otras cosas. Representan intereses colectivos que no encuentran expresión en la agenda pública, colaboran con el Estado y donde el Estado no puede llegar, generan conocimiento especializado, aportan en muchas cuestiones que van mucho más allá del lobby. Por eso es muy complejo que este proceso las concentre en un espacio determinado”, alegó el Director Ejecutivo de FARN.