La problemática de la infancia
08 de septiembre de 2017
OTRO PASO PARA DESIGNAR AL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Se reunió la comisión bicameral en la segunda audiencia pública para cubrir ese cargo creado por ley
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Un nuevo paso se dio en el Congreso para designar al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; un cargo que fue creado por ley y que hasta ahora no ha sido cubierto. Para eso se realizó una segunda audiencia pública de la que participaron distintas organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otros representantes de la sociedad civil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento interno, la comisión bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por la diputada nacional Carla Carrizo, citó a tres jornadas de audiencias públicas cuyo objetivo principal es poder recabar las mayores y mejores características y responsabilidades que debe tener el funcionario designado, cargo vacante desde su creación en 2005.

El puntapié inicial de la segunda jornada lo dio la diputada nacional Samanta Acerenza, quien bregó para que “las audiencias públicas nos nutran y enriquezcan con conocimientos y experiencias para elegir al mejor defensor de niñas, niños y adolescentes posible y así dar un paso más para saldar esta importante deuda que tenemos con la infancia”.

La diputada Verónica Mercado celebró el proceso para la definición de los mecanismos del llamado a concurso de antecedentes para la elección del Defensor, ratificando que “estamos en el marco de un proceso histórico y queremos hacerlo con responsabilidad, ya que el Parlamento es el ámbito natural de debate para discutir junto a los referentes de la niñez”.

Participó también Horacio Lejarraga, presidente de la subcomisión de Derechos del Niño de la Sociedad Argentina de Pediatría, que agrupa a los 17.000 pediatras de nuestro país, quien detalló que “los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo etario que en su mayoría no vota, no tiene representación parlamentaria, gremial, ni partidaria”, y en ese sentido agregó: “Somos los adultos quienes debemos defenderlos. Ellos no han elegido venir al mundo, los trajimos nosotros y tenemos el deber de garantizarles un futuro, ya que son el punto de partida y protagonistas necesarios de las próximas generaciones”.

El doctor Norberto Liwski, presidente de Defensa de Niños Internacional, sección Argentina, afirmó que “la independencia es una condición ´sine qua non´ para que el funcionario pueda llevar adelante su misión correctamente”. También sostuvo que tenemos una “responsabilidad de fortalecer la visión federal para que no se constituya en un Defensor metropolitano y logre promover las condiciones para articular con cada una de las provincias argentinas”.

A su turno, el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, subrayó que “el rol que tendrá el designado Defensor será clave, pero si el compromiso no lo asumimos entre todos en la construcción de políticas de Estado, que generen una sociedad que los integre en la plenitud absoluta de los derechos, lo que habremos hecho es designar un funcionario sólo para cumplir con la Ley, ya que la Argentina puede, debe, necesita y tiene la capacidad de construir una nación mejor y más inclusiva”.

Como en la primera jornada, los expositores coincidieron en destacar que “los niños no son objetos, son sujetos de derechos” y que el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes “es una figura muy esperada y por consiguiente debe ser funcional a los intereses de la infancia; no estar involucrado en ninguno de los tres poderes del Estado, ya que los niños no pueden quedar atados a las decisiones políticas de turno; contar con independencia; disponer de un presupuesto suficiente acorde a la responsabilidad y rendir cuentas de lo hecho”.

Las audiencias públicas tendrán su tercera y última jornada el próximo miércoles 13 de septiembre.

La figura del Defensor fue creada en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061) y su designación debía implementarse en el plazo de 90 días desde su entrada en vigencia hace doce años.