La oposición rechazó el decreto que establece la figura de extinción de dominio tras obtener un dictamen de mayoría en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. La discusión sobre el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri ahora continuará en los recintos de ambas Cámaras, donde se debatirá su validez. El decreto, hasta tanto se pronuncien los plenarios de Diputados y el Senado, mantiene su vigencia. 

Anclada en el combate de la corrupción y el crimen organizado, la extinción de dominio es una herramienta legal que establece un mecanismo para que el Estado recupere los bienes que hayan sido obtenidos a partir de la comisión de un delito. El decreto presidencial estableció que, mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos.

En la Bicameral de Trámite Legislativo, el arco opositor, compuesto por el peronismo y el kirchnerismo, también rechazó el decreto 58/2019 sobre asignación de frecuencias en la industria satelital y el decreto 92/19 que crea la Agencia del Deporte Nacional.

A la hora de firmar los dictámenes, tanto el oficialismo como la oposición contaron con ocho votos. No obstante, el desempate en manos del titular de la Bicameral, Marcos Cleri (FpV), le dio la mayoría al rechazo de las iniciativas.

En defensa de los textos dictados por el Poder Ejecutivo, el diputado Pablo Tonelli (PRO) expuso los argumentos del oficialismo durante la reunión realizada en el Salón de las Provincias.

Sobre el decreto 62/2019, que establece el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, Tonelli manifestó que busca “recuperar bienes y dinero que son resultado de ilícitos penales”. Y subrayó que el Congreso no ha podido, en los últimos años, avanzar en la aprobación de una ley que contemple esta herramienta, y en ese sentido justificó la necesidad del decreto que firmó el 21 de enero pasado el presidente Macri. 

“La experiencia, tanto en Argentina como a nivel internacional, ha demostrado que en algunos delitos como trata, narcotráfico y corrupción no alcanza con juzgar a los culpables, en la medida que sus cómplices puedan disponer de los bienes”, explicó.

Además manifestó que el Estado “tiene compromisos internacionales que lo obligan a tomar medidas de este tipo” y recordó “el reclamo de jueces y fiscales de contar con esta herramienta”.

Finalmente el diputado del PRO consideró que la extinción de dominio es “una herramienta de enorme valor en la lucha contra el crimen organizado, las mafias y la corrupción”.

En cuanto a las modificaciones en materia de industria satelital, Tonelli dijo que “no implica que ARSAT se quede sin frecuencias” y agregó que el decreto “está motivado por la necesidad de brindar a los operadores privados de telefonía celular mayores frecuencias que las que disponen hoy día”.

A la hora de argumentar a favor de la Agencia del Deporte Nacional, explicó que “es un organismo descentralizado y autárquico, tiene las mismas atribuciones que el Instituto del Deporte creado en 2015”.

“No tiene atribuciones para vender ningún tipo de inmueble. No hay ninguna posibilidad de que la Agencia venda el CENARD. Sus atribuciones son de administración, solo puede disponer de bienes muebles”, dijo Tonelli.

Desde la oposición, el senador Daniel Lovera (FpV) rechazó los decretos por considerar que “avasallan las atribuciones de este Congreso y la voluntad popular del pueblo que eligió a sus representantes”.

Con respecto a extinción de dominio, Lovera recordó que el proyecto del Senado aún cuenta con estado parlamentario: “Se podría haber incorporado a las sesiones extraordinarias, sin embargo se optó por el DNU y la conveniencia política y mediática”.

En tanto, agregó que el decreto 92/19 “degrada el deporte a la categoría de Agencia y desconoce el rol social que tiene en nuestro país”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (FpV) dijo que la intención del oficialismo “es inconstitucional, porque no hay necesidad ni urgencia para desviar el trámite ordinario de las leyes”.

Luego de criticar el decreto sobre extinción de dominio, Fernández Sagasti dijo también que el DNU sobre producción satelital “es un escalón más hacia la destrucción de la industria nacional”.

Por su parte, la senadora Cristina Fiore (Partido Renovador) también se acopló al rechazo a los decretos. “Me preocupa mucho el precedente que se puede generar: es un avasallamiento al Congreso que no se puede permitir. El DNU tira por tierra un debate parlamentario serio sobre industria satelital que aún está en tratamiento”, recordó.

En cuanto a extinción de dominio, Fiore sostuvo que “la justicia tiene los instrumentos para el decomiso y muchas veces no hace uso de ellos. El problema es que las causas de corrupción y narcotráfico duran, en promedio, 14 años”.

Desde el oficialismo, el diputado Luis Petri (UCR) defendió los DNU dictados por el Poder Ejecutivo y apuntó al arco opositor. “Parece ser que no quieren investigar la corrupción del pasado, el kirchnerismo actúa en defensa propia. No queremos que el transcurso del tiempo sea un obstáculo para investigar el origen de esos bienes”, dijo.

“Hay más de 250.000 millones de pesos que dependen de una acción de extinción de dominio para ser recuperados por el Estado”, aseveró Petri. Y fundamentó técnicamente el hecho de que la extinción de dominio sea de competencia civil (como establece el DNU) y no penal, como propone la oposición.

En el mismo sentido, la senadora Silvia Giacoppo (Cambiemos) dijo que “tenemos la oportunidad de responder a la sociedad frente al mandato que nos dio y que está esperando este cambio de la política”.

El senador Luis Naidenoff (Cambiemos) también argumentó a favor de los decretos. “Poder dar celeridad para apropiarse de dinero o de bienes de delitos aberrantes es un paso y es un mensaje muy fuerte de la política argentina”, resumió sobre la extinción de dominio.

Desde la bancada Justicialista, el senador Guillermo Snopek (Justicialista) y el diputado Juan José Bahillo (Justicialista) criticaron igualmente las normas solicitadas por el gobierno nacional.

El debate seguirá ahora en los recintos del Senado y de Diputados, ya en el marco del periodo de sesiones ordinarias que inaugurará el presidente Macri el próximo 1° de marzo.