Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación le dio dictamen al proyecto de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas y será tratado en la sesión de hoy que comenzará a las 11.45.

El proyecto de autoría del Poder Ejecutivo fue aprobado en Diputados y modificado en el Senado, razón por la cual volvió a ser debatido en la Cámara baja.

El texto busca establecer un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la Administración Pública y por cohecho transnacional, tipificado en el artículo 258 bis del Código Penal.

La titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, explicó que las modificaciones extienden el objeto de la ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.

Según Burgos, el Senado “mejoró la redacción del texto” y eliminó la denominada “cláusula Odebrecht”, que había generado un acalorado debate en el recinto de Diputados el pasado 29 de junio.

Por su parte, el diputado Daniel Lipovetzky, presidente de Legislación General, dijo que se trata de una ley “revolucionaria en materia penal” y recordó que es “un compromiso internacional” del país ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Desde el bloque Unidos por una Nueva Argentina, Juan Fernando Brügge puso reparos al texto venido del Senado y explicó que su bancada apoyaría el dictamen en disidencia parcial.

“Nos parece un retroceso la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ya que tiene una base constitucional”, dijo Brügge. El proyecto aprobado en la Cámara baja establecía la imprescriptibilidad de los delitos, pero el Senado lo disminuyó a un plazo de seis años.

Brügge también mostró sus diferencias respecto al cálculo de las sanciones a las empresas comprometidas en actividades ilícitas en base a la “ganancia obtenida indebidamente”.

En tanto, el Frente para la Victoria, en nombre del diputado Luis Rodolfo Tailhade, adelantó que no acompañaría el dictamen y definirá su postura antes de la sesión de mañana.

Tailhade especificó que el artículo 9 del texto “deja abierta una válvula de escape para la impunidad encubierta”, en relación a que la empresa puede eximirse de la pena en caso de detectar el delito.

Sobre el cierre del debate, desde el Frente de Izquierda, el diputado Pablo López criticó el proyecto al calificarlo como “un salvoconducto de las empresas para zafar de sus responsabilidades” y adelantó que su bancada firmaría un dictamen de rechazo de la iniciativa.

La iniciativa busca avanzar en la investigación y la sanción de la “otra parte” de la corrupción, la de los privados. En las leyes actuales las penas recaen sobre las personas físicas -directivos, gerentes o quienes tienen responsabilidad por los delitos- pero no sobre las organizaciones, como sí sucede en otros países.