En el proceso de debate que viene manteniendo esta comisión para la conformación del Comité Nacional contra la tortura, se debatió la urgencia de dar curso a la conformación plena de este órgano.
Los dos miembros electos, los Dres. Enrique Font (Santa Fe) y Silvina Canteros (Chaco), acompañados por sus pares, Ricardo Nioi (Salta) y Jorge Izeta (Corrientes), hicieron hincapié en la urgencia de que se dé curso a la integración completa del Comité nacional que debería contar representantes miembros de las 24 provincias.
“En nuestro país tenemos una tarea urgente, que es poner en marcha el sistema completo. Fuimos punta de lanza en este proceso y hoy estamos en riesgo de no cumplimentar los requerimientos internacionales”, expresó Font.
Por su parte, Marta Varela, senadora nacional por Cambiemos y presidenta de la bicameral, destacó: “Seguimos trabajando para conformar el Comité contra la tortura después de años de letargo. Estamos convencidos de que más control es más transparencia”.
Actualmente, en Argentina hay seis provincias que han aprobado leyes de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura: Chaco (2009), Rio Negro (2010), Mendoza (2011), Salta (2012), Tucumán (2012), Misiones (2014) y Corrientes (2015).
ANTECEDENTES
Con la ratificación en el año 2004 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, aprobado por Ley Nº 25.932, surge la obligación de crear y sostener Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.
En cumplimiento de esta obligación internacional se sancionó en noviembre de 2012 la Ley Nº 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esta ley fue reglamentada el 9 de abril de 2014 por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 465. La Ley Nº 26.827, en su artículo 32, en concordancia con el artículo 29 del Protocolo, establece que deberán crearse Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura en las provincias y en la CABA.
El proceso que culminó con la sanción de la Ley 26.827 contó con una amplia y sostenida participación de instituciones estatales y, sobre todo, de la sociedad civil de todo el país e internacionales.